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El 16 de agosto de 2019, ocurrieron dos hechos simultáneos: mientras en Quito la fiscal Fátima Vélez, llamaba a rendir versión a Michael Andrew Bentley, representante de la compañía DP World Investments B.V, y al Sultán Ahmad Bin Sulayem, apoderado de DP World Posorja, por el delito de falso testimonio; en medio de una estruendosa algarabía arribaba al puerto de aguas profundas de Posorja, la primera embarcación que bautizaría el millonario proyecto. Pero, el festejo duró muy poco: el gigante post Panamax (Tanya) se quedó varado alrededor de 3 horas, hasta que subió la marea y pudo zarpar. La inauguración resultó una tomadura de pelo.

A los delitos de error de hecho y falso testimonio, cometidos por Michael Bentley (accionista minoritario de DP World Investments B.V.) al asegurar, durante la firma del contrato para la construcción del puerto de aguas profundas de Posorja en Guayas, que DP World Investments B.V. “es una empresa de propiedad estatal del Gobierno de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos”, cuando no lo es (DP World Investments B.V.es una compañía privada de origen holandés), se suma otra infracción: la simulación del Grupo Nobis (socio y representante de DPW) en un concurso público.

El papel de Vinicio Alvarado Espinel, fue crucial para la adjudicación del contrato del puerto de Posorja a la empresa DP World. El hombre fuerte del correísmo, estuvo al frente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público–Privadas, un órgano creado en diciembre de 2015, que tenía como objetivo la aprobación de los proyectos públicos y la aplicación del régimen de incentivos tributarios. Y fue justamente este comité el que autorizó adjudicar el proyecto de forma directa (sin licitación) a favor de una empresa privada violando la normativa.

La empresa Dubái Port World (DP World) necesitó ayuda de decenas de funcionarios estatales y lobistas privados para adjudicarse la contratación de la construcción del puerto de aguas profundas de Posorja. El papel que jugaron las autoridades fue crucial porque allanaron el camino para que la empresa DP World (DPW) se adjudicase la contratación de forma directa y sin contratiempos.

La entrega de la concesión del Puerto de Aguas Profundas de Posorja a DP World fue sin licitación internacional e impuso restricciones a la participación del Estado. En 50 años Ecuador recibirá solo el 5% del ingreso bruto de las operaciones del Puerto. Hace pocos días se presentó a la Fiscalía una denuncia penal y a la Contraloría un pedido de examen especial a la concesión del Puerto debido al perjuicio económico, riesgo ambiental y posible peculado e ilegal contrato con DPW. La denuncia además señala un evidente tráfico de influencias en el que involucra a Rafael Correa Delgado y Alexis Mera Giler.

El 16 de diciembre del 2016 el gobierno de Rafael Correa concretó el último de los contratos lesivos para el país. Fue la delegación del puerto de Manta a manos de la empresa chilena Agencias Universales S.A., Agunsa, por un periodo de 40 años. Desde que esa empresa atracó en Manta recibe millonarias ganancias sin realizar mayores inversiones; de hecho por contrato no está obligada de aumentar el número contenedores a movilizar en la terminal portuaria y eso provocará el aislamiento de la provincia con el resto del mundo. Contraloría General del Estado entregó un informe que enumeró decenas de irregularidades en la delegación del puerto a privados.

“Solo falta que me asignen el código 007 de James Bond”, dijo el reo exVicepresidente de la República Jorge Glas, en su comparecencia ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012 – 2016), mientras cuestionaba las evidencias que lo vinculan con los códigos L1 y JG utilizados por él, como parte de una “estructura criminal” que gestionaba sobornos a compañías contratistas del Estado. Insistía que siempre ha sido honesto.

La Contraloría General del Estado descubrió que las autoridades responsables de adjudicar la construcción del Puerto de Posorja, provocaron graves perjuicios al Estado al haber disminuido millonarios ingresos a favor del tesoro nacional. Se trata de un hecho sin precedentes porque representa la expoliación de un puñado de funcionarios en contra de Guayaquil, la provincia del Guayas y todo el país porque rompieron las reglas de la libre y justa competencia además de perjudicar en casi 400 millones las arcas del Estado.

A ellos les da un poco igual que sea un tema de legalidad, ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura, en el período. En base a eso cuantifican. Ellos cuantifican. A ellos no les importa mucho que sea legítimo”. Así, Christian Aguilera no se anduvo por las ramas, sabía lo que decía y lo dijo, sin ningún reparo, a los allegados de la Vice prefecta de Pastaza, Cumandá Guevara, el 3 de septiembre de 2019, cuando empezó a cotizar la salida del actual Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke. Y la cosa no es difícil, solo hay que hacer la ecuación “de cuanto produce la prefectura” y listo.

Con perfil bajo, uno por uno, algunos detenidos acusados de haber participado en hechos de corrupción en la Refinería de Esmeraldas, han recuperado su libertad. La justicia cambió rápido su criterio respecto a estos involucrados. “Déjame ver que puedo hacer”, le escribió el expresidente Correa a la hija de uno de ellos.

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