El papel de Mera –según evidencian los chats– fue proteger a Correa de posibles complicaciones legales por el manejo desmedido de la deuda pública que, en 2016, excedió el límite máximo de endeudamiento (41,84%), y sirvió para dar “liquidez” al presupuesto comprometiendo recursos naturales. Según un informe de la Contraloría General del Estado, publicado en 2018, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, ni Petroecuador pudieron explicar el destino y uso del dinero de esos créditos. Tampoco hubo, en la mayoría de los acuerdos, informes técnicos para establecer la cantidad de petróleo que se enviaría a cambio del anticipo.

Las conversaciones –como la del 19 de septiembre de 2017– dejan al descubierto la responsabilidad de Correa y Mera en el manejo de la deuda pública.

• –¿Por qué tenía que emitir yo decretos para deuda con China?, pregunta Correa a su exsecretario.
• – “Era necesario para toda deuda hasta que hicimos el Código de finanzas públicas”, responde Mera.
• –Correa: Pero si autorizó operaciones entre Petroecuador y Petrochina.
• –Mera: Eso no dice el decreto. No es así creo. ¿Quieres que lo vuelva a revisar?”
• –Correa: Sí. Al final sí dice.
• –Mera: Sí. Te contesto en 5 minutos.

Alexis Mera, no solo definía las líneas matrices del endeudamiento pagado con petróleo, tenía además el control directo de las operaciones en la empresa petrolera a través de personas de alta confianza como Mauricio Jaramillo, nombrado Procurador de Petroecuador y los hermanos Diego y Andrés Racines Tobar, al frente del área legal y comercio internacional, respectivamente. Los Racines Tobar, sobrevivieron al morenismo y siguen con mayor poder que en el régimen anterior.

Petrochina es uno de los mayores despojos que ha sufrido el país. Un sistema fraudulento de comercialización de crudo que le permitió al correísmo contratar líneas de créditos con China por alrededor de $ 19.000 mil millones y perjudicó las arcas del Estado en más de $2.000 millones.

Los préstamos –con los intereses más altos de la región– fueron respaldados con la venta anticipada de petróleo; que comprometió alrededor de 1.204 millones de barriles crudo Oriente y Napo hasta el 2024.

Primera línea de crédito maquillada de preventa

 Las líneas de crédito, algunas maquilladas como preventas, empezaron en julio de 2009, cuando el Gobierno buscó a China para conseguir recursos. El contacto fueron los intermediarios que a ese entonces ya habían consolidado el control del terminal de almacenamiento y trasiego en Panamá: Taurus, Castor, Gunvor, empresas vinculadas a Ben Pollner y Enrique Cadena Marín.

Después de las conversaciones con el país asiático, Correa ordenó a Petroecuador que responda de “forma positiva” a la propuesta de Petrochina y los intermediarios, que consistía en entregar crudo a cambio de 1.000 millones de dólares. Para emitir esa respuesta favorable, Petroecuador pidió, el 20 de julio de 2009, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y del exsecretario jurídico Alexis Mera. Tres días después, se firmó el primer contrato. Correa dijo que era una “venta anticipada… con Petrochina”, en realidad era el primer crédito que se pedía a China con intereses altos.

El 27 de agosto de 2010, Correa firmó el decreto 466. La firma del entonces presidente abrió la puerta a ilimitadas preventas de crudo con China y Tailandia. El mandato ejecutivo ordenó al Ministerio de Finanzas y Petroecuador establecer un convenio de cuatro partes con Petrochina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para obtener préstamos con ventas de petróleo a largo plazo. Los precios del crudo son establecidos fuera de mercado, a través de fórmulas propuestas por los compradores.

Rafael Correa, sabía que con el decreto 466 había metido las manos en el estiércol del diablo y muy pronto eso le pasaría factura. Por ello, apenas dos meses después, en octubre de 2010, llegaría el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas –al que se refiere Mera en el chat– que tuvo como objetivo facultar al Ministerio de Finanzas a suscribir operaciones de endeudamiento público, además de ampliar el límite del monto de la deuda (40%).

Según el propio Mera, esto permitiría seguir endeudándose sin la necesidad de que el presidente emita nuevos decretos. Así, el Código de finanzas públicas se convertía en el escudo protector de Rafael Correa. El error había sido subsanado, al menos por un tiempo.

Luego, en 2014, se suscribiría el convenio entre el ministerio de Finanzas y Petroecuador con el que se obligaba a la petrolera pública a negociar directamente las líneas de crédito. En 2018, la Contraloría cuestionó este mecanimo de endeudamiento y recomendó eliminar el referido convenio.

En septiembre de 2019 los apuros fiscales del morenismo obligaron a los operadores de Finanzas a retomar los cuestionados créditos chinos. Ahora, Finanzas asumiría directamente la línea de crédito pero obligaba a Petroecuador a suscribir un contrato comercial, al amparo de los cuestionados convenios multipartes (cuatro partes) inaugurados por Rafael Correa en 2010.

Bajo el Código de Finanzas Públicas, el Ministerio de Finanzas guardó en secreto las negociaciones de los créditos entregados por China. Aunque Mera dijo que la consideración de reservadas se debió a que un funcionario del Gobierno actual, del Ministerio de Finanzas “es el que comete el error de decir que son reservados”, “debe ser sancionado por no haber entregado la documentación a Contraloría”, dijo Mera.

Para terminar de blindar a Correa, llegó el decreto ejecutivo 822, expedido en 2015, que trasladó responsabilidades de la contratación de créditos o líneas de créditos a las gerencias y directorios de las empresas públicas. Es decir, Petroecuador sería el responsable del endeudamiento financiado con petróleo.

Y en eso basó su justificación, en febrero de 2018, cuando acudió a la Fiscalía General del Estado a dar su versión dentro de la investigación previa que esa institución lleva adelante por el caso Petrochina. Correa señaló que solo firmó un decreto en el 2010, “pero de ahí en adelante cambió la ley. Yo no he firmado más. Me acusan de unas preventas petroleras del 2016”.  “Yo firmo una sola operación y me acusan desde 2011 hasta 2016. No conozco detalles técnicos como cuánto era el descuento o cuánto el costo del flete”, aseguró.

En abril de 2018, la Contraloría General del Estado presentó un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Rafael Correa e indicios de responsabilidad administrativa contra los exministros de Economía Fausto Herrera y Patricio Rivera.

La auditoría que analizó los contratos suscritos entre 2012 y 2017 con PetroChina, Unipec y PetroTailandia, señala que $ 8.200 millones no se registraron como deuda pública sino como “contratos comerciales” y que el dinero chino que recibió el país, sirvió para financiar el gasto del Gobierno de Correa. El organismo de control concluyó que, en 2016, el endeudamiento alcanzó el 41,84%, excediendo el límite máximo de endeudamiento que, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es del 40%.

Contraviniendo la Ley que ellos mismos crearon, pues el artículo 126 de Código de Finanzas prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas y proyectos de inversión para infraestructura.

Cuatro fiscales y una eterna indagación previa

 Pese a informes que revelan que los negocios con China se dieron en condiciones financieras y comerciales no favorables para el país, la justicia no ha logrado identificar a los responsables por las pérdidas millonarias que sufrió el país, aun cuando los Papeles de Panamá, de 2016, revelaron que los ecuatorianos Vidal Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar recibieron comisiones de $ 1 por cada barril que se comercializó en la primera venta anticipada de crudo a Petrochina, en 2009. Aunque, como se ha revelado los niveles de subfacturación del crudo ecuatoriano oscilan entre los 2 y 4 dólares por barril. Recursos que fueron a cuentas bancarias de compañías intermediarias y a los bolsillos de operadores privados vinculados al régimen correísta. La cifra aproximada de comisiones a favor de los intermediarios, entre 2009 y 2017, supera los 2.000 millones de dólares en pérdidas para Petroecuador. Mientras la cifra pagada por intereses solo en preventas supera los $823 millones.

Actualmente, Juan Baquerizo, hermano de Jaime Baquerizo, cumple una sentencia de tres años de prisión en Estados Unidos, por la red de sobornos pagados a funcionarios de Petroecuador, en el caso refinería Esmeraldas. Entre tanto Jaime, corrió con mejor suerte, tras su detención en Perú a finales de 2016, fue liberado por la negativa del gobierno de Ecuador de solicitar su extradición. Desde entonces vive en un lujoso barrio de Lima.

Desde febrero de 2017, por segunda ocasión (la primera fue abandonda en 2012), la Fiscalía ecuatoriana investiga la negociación y venta de crudo a Petrochina, Unipec y PetroTailandia. El caso, luego de casi tres años, continúa en indagación previa. Cuatro fiscales han pasado: Carlos Baca, Paúl Pérez, Ruth Palacios y Diana Salazar. Ninguno ha llegado más allá de solicitar que los acusados rindan su versión y unas cuantas diligencias secundarias. La última vez que la Fiscalía relacionó públicamente a Cadena con el caso, fue el 25 de enero de 2018, cuando rindió su versión mediante videoconferencia desde México.

El magnate petrolero y sus contactos en el poder

Hasta antes de 2007, Enrique Cadena era un empresario poco próspero. A partir de ese año, se dedicó a asesorar firmas petroleras y de telecomunicaciones. Estuvo involucrado en el caso de las operaciones fraudulentas y los negociados entre las desaparecidas empresas telefónicas Telecsa y Pacifictel, a cargo de ViaAdvisor Ecuador (Viadvi), empresa de papel vinculada a una red de compañías en las que figuraba junto a sus hijos Vidal y Gabriela Cadena Vedova.

En 2007, Cadena Marín asesoró a la compañía suiza Castor Petroleum en la compra de crudo a Petroecuador, de quien se conocería años después que también fue una intermediaria del crudo ecuatoriano.

Pero sus buenos contactos con el Gobierno de Correa lo llevarían a convertirse en el operador principal de una red de empresas privadas intermediarias del crudo ecuatoriano (Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Gunvor, Core Petroleum, Ursa Shipping) que actúan tras las fachadas de las estatales Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

Al interior de Petroecuador, Enrique Cadena, directamente o a través de sus empleados mantenía y mantiene contacto con altos funcionarios de la petrolera. Fuentes oficiales coinciden que las tratativas incluían a exgerentes de comercio internacional, como Nilsen Arias y otros ejecutivos como José Ordóñez. Según información revisada, el 7 de enero de 2011, bajo el asunto “valores pendientes”, Ordóñez, remitió una comunicación a José San Martín, empleado de Naparina, con copia a Viviana Velásquez, contadora de Enrique Cadena, en la cual dice: “He estado recibiendo presiones de mi amigo referente a los valores pendientes en el tema de Petrochina, puesto que inclusive no se canceló valor alguno en las fiestas navideñas. Te solicito realizar las gestiones pendientes a fin de regularizar los pagos de manera continua.”. Remitimos una consulta a José Ordóñez, quien ofreció responderla. Hasta el cierre de nuestra edición seguimos esperando una respuesta.

En nuestra mesa de redacción existe abundante información que pone en evidencia las operaciones de Enrique Cadena y una red de empresas relacionadas con la intermediación del petróleo ecuatoriano adjudicado a China y Tailandia, así como sus vínculos con la alta nomenclatura administrativa del sector petrolero.

Los Papeles de Panamá confirmaron la relación comercial que existía entre Taurus Petroleum y Naparina Corp S.A, la empresa guayaquileña de Cadena.

Fue Castor, la firma asesorada por Cadena en 2007, la que dos años después le pagaría la comisión por cada barril, a él y a su socio Jaime Baquerizo, aunque Castor solo actuaba como enlace con Waterway, subsidiaria de Gunvor.

Esta compañía pagó la comisión de un dólar por barril a los ecuatorianos a través de Waterway Petroleum Ltd., Eston Trading Limited (Nevada, EE. UU) y Livinstong Financial Corp (Dubai). Estas dos últimas fueron creadas con dinero de Naparina Corp. S.A.

Eston Trading, creada en 2008, era manejada desde una cuenta de ahorros del banco panameño de la vivienda (Banvivienda). Seis años después, Banvivienda cerró Eston por considerar que la cuenta no tenía los argumentos suficientes para justificar millonarias entradas de dinero.

De Livinstong no existe mayor información, sin embargo, los archivos de Mossack Fonseca señalan a Cadena y Baquerizo como beneficiarios de la empresa.

A Cadena Marín, la justicia de Estados Unidos lo tiene en la mira por el origen de su fortuna y por su relación con empresarios enjuiciados por corrupción en ese país. Los tribunales de USA también le han puesto el ojo al ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval, domiciliado en Florida.

Como el caso de su cercano colaborador Frank Chatburn Ripalda, acusado por la justicia de ese país de pagar $ 3.2 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador a nombre de la empresa Galileo Energy, que obtuvo $ 38.7 millones en contratos para obras en la Refinería Esmeraldas. Así como de ocultar el dinero usado en los sobornos y de participar en actividades de lavado de dinero.

El Departamento de Justicia pide a la Corte de Florida 20 años de cárcel por lavado de activos y otros 20 por asociarse para blanquear dinero.

Para mover el dinero de los funcionarios de Petroecuador y de Enrique Cadena –dueño del negocio de la intermediación–, Chatburn tramitó, a través del bufete panameño Mossack Fonseca, la creación de empresas de papel en paraísos fiscales. Lo hizo usando dos empresas con las que estaba relacionado: Sentinel Mandate and Scrow Limited (Islas Vírgenes Británicas) y Biscayne Capital (con sede en Ecuador, EE.UU., Uruguay y Bahamas).

Frank Chatburn mueve dinero de Cadena

En mayo de 2016, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sancionó por fraude a los socios de Byscaine Capital (Roberto G. Cortés, Ernesto H. Weisson, Juan Carlos Cortés y Frank R. Chatburn). En ese proceso la justicia norteamericana también mencionó, por anomalías en sus inversiones, a la empresa SG Strategic Income, Ltd., que fue creada por Byscane Capital en las Islas Caimán. La justicia norteamericana mencionó que hubo anomalías en las operaciones de inversión realizadas entre SG Strategic Income y Sentinel Investment, que fueron manejadas por Chatburn. El proceso terminó con un acuerdo que prohibió a los implicados desarrollar ciertas actividades financieras en Estados Unidos y la imposición de multas.

SG Strategic Income Ltd es una compañía privada de inversión cerrada. Ese mismo nombre aparece en un reporte, de 2012, de una cuenta personal de Cadena y su esposa Cynthia Vedova.

En el detalle de “Condensed Holdings”, el nombre SG Strategic Income Ltd está acompañado de un código de identificación internacional para el manejo de valores e instrumentos financieros. El documento detalla los valores de las acciones corporativas de esa empresa negociadas en el mercado.

La relación de Cadena con Chatburn no se limitó a esta coincidencia. Documentos revisados por este medio, dan cuenta de los pagos que hizo Cadena a Chatburn, a través de Sentinel Mandate and Scrow Limited para la creación de otras empresas y manejar su dinero en paraísos fiscales.

Cadena estuvo, en 2012, junto a contratistas chinos, detrás de varios negocios en la Refinería Esmeraldas. La venta de aditivos era uno de ellos. Además de que querían hacer otra refinería en Ecuador. Cadena pensaba en grande.

También estuvo en conversaciones con empresarios coreanos para ensamblar equipos médicos en Ecuador y posteriormente venderlos. Lo buscó, además, en noviembre de 2012, la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), constructora de puertos, carreteras y puentes, para que les ayude a buscar “oportunidades en Ecuador”.

A esa fecha, ya pesaba sobre esa compañía una sanción de ocho años de inhabilitación por prácticas colusivas en un contrato para carreteras en Filipinas, impuesta en 2009 por el Banco Mundial. En 2016, CRBC compró el hotel Quito por apenas $30 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Desde 2012, esta empresa ha acumulado más de $ 100 millones de dólares en obras de infraestructura vial (el túnel de Guayasamín, el intercambiador de la Plaza Argentina en Quito), la construcción, ampliación y rehabilitación de puentes y carreteras en ocho provincias de la Sierra, Costa y Oriente del Ecuador. Algunos de estos contratos, especialmente los de Quito, no han comenzado su construcción.

Adicionalmente, CRBC, en consorcio con China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), ejecuta la construcción de la nueva terminal aérea de Manta que cuesta más de $25 millones, así como dos puentes en la provincia de Manabí. Las obras incluyen además la vía Quinindé-Las Golondrinas, entre Esmeraldas e Imbabura.

Las buenas relaciones de Cadena, también llegaron al siguiente Gobierno, el de Lenín Moreno por medio de su ex consejero presidencial Santiago Cuesta, su buen amigo. En 2016, por medio de este, Cadena se acercó a Moreno quien ya se perfilaba como candidato a la Presidencia de la República. Cuesta insistió a Moreno reciba en Ginebra a tres visitantes, “fanáticos suyos que quieren apoyar la causa”.  En abril de 2016, Cuesta le dijo a Moreno que los donantes eran Mauro Toscanini -ex ministro del Interior del morenismo-, Enrique Cadena Marín y Fernando Zambrano.

Cadena y su corporación offshore

Periodismo de Investigación siguió la pista a varias de las empresas y cuentas que son o están relacionadas con el “zar” petrolero. Encontró que alrededor de 35 están directamente relacionadas con él, sus hijos y/o amigos. La mayoría de esas compañías están domiciliadas en el extranjero.

La búsqueda identificó nombres, números de cuentas, accionistas, ejecutivos y representantes, cargos, teléfonos, de las empresas que usa el empresario para mover el dinero mal habido de la reventa petrolera entre sus cuentas personales en EE. UU, Suiza, Holanda, Panamá y otros territorios offshore.