amanda
Abuso y opacidad
El manejo de la deuda pública en los últimos 13 años estuvo marcado por secretismo y corrupción. En términos de la Contraloría General del Estado: “discrecional, subjetivo, informal, sin normativa de respaldo, sin establecer su uso, sin sustento legal, no hubo registro o se rebajó artificialmente”. Como el hecho de considerar que los créditos que el Estado tenía con otras instituciones públicas -los préstamos que hizo a la banca china a cambio de petróleo, por ejemplo- no eran deuda, sino las denominadas preventas petroleras.
La Contraloría en su informe de abril de 2018 determinó indicios de responsabilidad penal en contra de Rafael Correa y funcionarios del Ministerio de Finanzas por encontrar el desvío de recursos de inversión a gasto corriente, además de maquillar deuda por preventas petroleras. Dijo también que el correísmo derogó normas legales que establecían en forma clara la composición y el destino del endeudamiento, y las reemplazó por leyes y reglamentos que permitieron «una aplicación discrecional de los conceptos relativos al endeudamiento y su utilización«.
“Correa creó su propia definición de “infraestructura” para poder destinar recursos de deuda a gastos que no eran inversión”, indicó la Contraloría.
Se las ingenió además para contratar deuda “sin requerir de la aprobación de la Asamblea, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, dijo la Contraloría cuando presentó los hallazgos de su examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública.
La Secretaría de Planificación, Senplades, les llamó «Planes del Buen Vivir» para decir que eso era inversión. Esos Planes Anuales de Inversión, que los modificaban todo el tiempo con aprobación de SENPLADES, fueron sustento de la deuda que no tiene destino específico”, explica María Laura Patiño, abogada especializada en mercados internacionales.
De ese selecto grupo fue Andrés Arauz Galarza cuando estuvo en la Senplades. Primero como subsecretario de Inversiones Públicas (enero 2012-agosto 2013) donde se encargó del diseño del modelo del buen vivir, del cambio de la matriz productiva y de una nueva matriz energética.
Trece años después no hay cambio de la matriz productiva y menos de la matriz energética, seguimos exportando petróleo e importando combustibles, las obras emblemáticas no generan el ahorro que aseguró la revolución ciudadana y su sostenibilidad económica es frágil al punto de que sus ingresos no permiten cubrir los valores adeudados.
De la revolución a la no república
Como subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir (septiembre 2013-febrero 2015) Arauz se encargó de elaborar el Plan Anual Macro de Inversiones, que se traducía en los proyectos que respondían a las necesidades territoriales, según la normativa de la Senplades.
Antes Arauz había sido parte de la arquitectura internacional del Banco del Sur, un organismo para enfrentar al Banco Mundial, y del sistema SUCRE para crear una moneda paralela al dólar. El Banco del Sur no existe y el sistema SUCRE se convirtió en el mayor mecanismo de lavado del continente.
Al dar prioridad a los programas de inversión e infraestructura económica, Arauz abrió la puerta para que el país se endeude desmedidamente en proyecto con sobreprecio y sobornos, con evidencias de problemas técnicos o son obras fallidas.
Antes de abandonar el poder Rafael Correa ordenó al Ministerio de Finanzas levantar un respaldo de toda la información de la deuda externa e interna que se contrató en su gobierno, una copia de esa misma información está en manos de PI y Plan V; todos esos informes permiten concluir porqué Andrés Arauz fue elegido por Correa para correr en las presidenciales: son corresponsables del modelo que endeudó en decenas de miles e millones al país.
Refinería Esmeraldas
El nombre de Andrés Arauz aparece en el acta resolutiva “confidencial y reservada” 12, del 25 de agosto de 2012, cuando autorizó un convenio de crédito por $ 514, 6 millones a Pedro Delgado (representante del presidente), el ministro de finanzas Patricio Rivera y Patricio Barrionuevo, subsecretario de Financiamiento Público subrogante, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, para “asegurar el acceso a recursos financieros y solventar el efecto de la paralización programada de la Refinería Estatal Esmeraldas (REE), aproximadamente de once meses, distribuidos en los años 2012 y 2013”.
El préstamo fue entregado a 3 años plazo y fue incluido en el Programa de Inversión del 2012.
A esa fecha la REE ya estaba en “rehabilitación integral”. $2.300 millones gastó el Gobierno de la Revolución Ciudadana en ese proyecto que tuvo un incremento del 1.710% y que dio paso a uno de los casos de corrupción más grandes del país. Hoy esa refinería no funciona ni está reparada y se requieren $3000 millones mas para que sea operable al 100%. Caso similar ocurrió con el crédito maquillado de 1000 millones con Noble Americas que supuestamente fue dirigido a la REE y Poliducto cuando a esa fecha las dos obras ya estaban terminadas o por terminar.
Un desastre llamado Manduriacu
El 25 de marzo del 2014, como subsecretario de Planificación para el buen vivir, de la Senplades, Andrés Arauz, autorizó la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Manduriacu.
Sus razones fueron: “Considerando que el proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de Gobierno «Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017”, concretamente con el Objetivo 11: «Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica» y la Política 11.1 «Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación», la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de conformidad a lo establecido en los artículos 6 incisos 3 y 4, y 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas actualiza la prioridad emitida para el «Proyecto hidroeléctrico Manduriacu» mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-746 de 15 diciembre de 2011, para el año 2014.
El documento firmado por Arauz también disponía que “el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, debe actualizar la información del mencionado proyecto en el banco de proyectos a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública utilizando la clave de usuario asignada.
Finalmente, decía Arauz, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC EP- y su unidad de negocio ENERNORTE, es la entidad responsable de documentar y justificar las variaciones producidas en la ejecución del proyecto y del uso eficiente y correcto de los recursos solicitados.
El informe de Senplades del 2011, al que se refiere Arauz detallaba que “el objetivo fundamental de la propuesta es contribuir con la generación de 62,5 MW de energía, mediante la construcción y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, localizado en el norte del Ecuador sobre el Rio Guayllabamba, en el tramo que fluye entre las provincias de Pichincha e lmbabura
“En cuanto al costo, la ejecución de la propuesta demanda de una inversión total de USD 132.888.619.75. que se financiarán en un 77.3% (USD 102.606.577) con crédito externo y la diferencia del 22.7% (USD 30.192 042) con recursos del presupuesto del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Según lo aprobado por Arauz en el 2014, se puede indicar que “la ejecución del proyecto permitirá la generación de energía renovable para el desarrollo de la zona de influencia y del país en general, reducción del consumo de derivados de petróleo para la generación termoeléctrica e ingresos por la venta de energía.
El 22 de diciembre del 2011 se suscribió el Contrato Comercial principal para la construcción del proyecto Manduriacu de 60 MW de potencia instalada, entre la Empresa Pública CELEC y la Constructora Odebrecht, por USD 124,8 millones.
El 14 de noviembre de 2012, el gobierno de Correa y el BNDES, de Brasil, suscribieron el contrato de colaboración financiera para el financiamiento parcial de bienes y servicios brasileños, requeridos para la ejecución del contrato de construcción con Odebrecht hasta por USD 90,2 millones.
El 30 de enero del 2014, CELEC y Odebrecht firmaron un contrato complementario con el fin de ejecutar “obras complemetarias” consideradas “imprescindibles” para mitigar las deficiencias técnicas del diseño del proyecto y las variaciones de carácter geológico, así como garantizar la funcionalidad y durabilidad del proyecto Manduriacu.
Para este contrato complementario se usaron los préstamos por USD 50 millones, otorgados por los bancos Société Générale y Deutsche Bank. El ministro de Finanzas autorizó el endeudamiento, por autorización expresa del Comité de Deuda, conformado por Patricio Rivera, William Vásconez y Katiushka King para que el ministro pueda autorizar la contratación o novación de operaciones de endeudamiento público, cualquiera que sea la fuente de endeudamiento, que no superen el 0,15% del presupuesto general del Estado.
Así, con el financiamiento de estos dos bancos europeos por USD 50 millones, el de BNDES por USD 90 millones y con recursos fiscales “estimados” en USD 87.1 millones, el proyecto Manduriacu costaba inicialmente USD 227.389.96
A este “contrato de obras complementarias” fue que dio el aval el entonces subsecretario del Senplades, Andrés Arauz.
Las Denuncias
El proyecto Manduriacu fue el primer gran contrato de Odebrecht en su retorno al país luego de que fuera expulsada en el 2008 por el propio presidente Correa, tras revelaciones de la prensa (Expreso y El Comercio) de daños irreversibles en la hidroeléctrica San Francisco.
Manduriacu fue objeto del primer informe y denuncia penal presentada por la recientemente conformada Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, coordinada entonces por el Ec. Jorge Rodríguez (ya fallecido).
La CNA denunció sobreprecio en la construcción de dicha hidroeléctrica, a cargo de la transnacional brasileña Odebrecht. La denuncia sostuvo que el contrato original se suscribió por USD 124.881.250, pero al final se habría “duplicado a USD 227.389.966,63”. Jorge Rodríguez aseveró entonces que esto representaba un “82% adicional”, en su costo. Denunció, además, que la represa apenas estaría produciendo 10 megavatios, de 60 que se ofreció.
Además de la suscripción de tres contratos complementarios por USD 45.046.496, que “excedería el 35%” que permite la Ley de Contratación Pública, y que existiría un monto no auditado por la Contraloría de $ 57’462.220.
Manduriacu fue uno de los cinco proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa en los que Fiscalía determinó que Odebrecht entregó recursos a modo de sobornos a funcionarios públicos y particulares.
Asociación ilícita fue el delito investigado y por el que se condenó a seis años al exvicepresidente Jorge Glas. Se lo vinculó con la red de Odebrecht, pues según el entonces fiscal Carlos Baca, Glas “ejerció directa influencia en el ámbito de sus funciones facilitando la consumación” de ese delito.
Manduriacu también fue mencionada en el juicio por concusión en el que fue sentenciado a seis años el excontralor Carlos Pólit. De él Fiscalía dijo que pidió a Odebrecht USD 6 millones por el desvanecimiento de glosas y USD 4,1 millones por entregar informes favorables a cinco proyectos estratégicos, entre ellos, Manduriacu.
José Santos y las coimas para el proyecto Manduriacu
El 27 de septiembre de 2017, José Santos, ahora exdirector de Odebrecht, relató en cuatro horas de testimonio anticipado, dentro del caso por asociación ilícita en el que fue sentenciado Jorge Glas, los mecanismos para la entrega de coimas por más de USD 50 millones a cambio de contratos.
Y contó que en 2011 se le acercó el empresario Ricky D. (Ricky Dávalos), quien se mantiene prófugo en el caso por asociación ilícita, para mencionarle que tenía un conocido que quería que la constructora brasileña se haga cargo del proyecto Manduriacu.
Para obtener el contrato de construcción de la hidroeléctrica, señaló Santos, Odebrecht debía pagar a Ricky D. y a su gente USD 6,4 millones. La constructora le dio USD 3,8 millones, entre 2012 y 2014.
Ese pago le garantizaba a Odebrecht la entrega anticipada de las bases de licitación para que ellos las modifiquen. Según el testimonio de Santos, la licitación original hablaba de un proceso internacional.
“Cambiamos de una licitación internacional a una para empresas brasileras (…) que estuviesen operando y que no tuvieran problemas en Ecuador”. “…Salimos vencedores y vale resaltar que para viabilizar los financiamientos de ese proyecto fueron enviados varios oficios de Jorge Glas, que era el ministro coordinador de los Sectores Estratégicos, al Ministerio de Industrias y Comercio de Brasil, con el fin de viabilizar el financiamiento de Odebrecht”, dijo Santos. (FUENTE, El Universo)
En 2019 el embalse de la hidroeléctrica presentó problemas de inestabilidad de los taludes. Para ese mismo año, el Estado se congratulaba de que la central, que arrancó en abril del 2015 supuestamente con potencia para producir 65MW al día, había producido en todo ese año 335,8 MWh.
Metro de Quito
El 22 de noviembre del 2012, el entonces Comité Permanente de Deuda y Financiamiento, presidido por Pedro Delgado, como delegado del Presidente de la República y conformado además por Andrés Arauz Galarza, delegado del secretario del Senplades; William Vásconez, subsecretario de Financiamiento Público y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, resolvieron autorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones financieras particulares y generales del Contrato de Financiación entre Ecuador y el Banco Europeo de Inversiones, BEI, en calidad de prestamista, por un monto hasta EUR 200.000.000.00 destinados a financiar parcialmente el costo de la ejecución del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito, cuyo Organismo Ejecutor será el Municipio de Quito y/o la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante Oficio No. SENPLADES- SENPLADES-SNPD-2012-0787-0F de 22 de noviembre de 2012, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, actualiza el dictamen de prioridad del proyecto Metro de Quito condicionado a:
- a) la sostenibilidad operacional del proyecto.
- b) que cualquier inversión adicional o erogación de recursos no implicarán transferencias directas ni indirectas (salvo las dispuestas legalmente) por parte del Gobierno Central.
- c) que los recursos adicionales requeridos para la integración del proyecto con el Metro y Sistema Integrado de Pasajeros de Quito serán cubiertos por el margen operacional positivo del proyecto o por el presupuesto municipal.
- d) que el Municipio de Quito deberá adoptar las recomendaciones contenidas en el criterio técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Finalmente, específica que el proyecto consta en el PAI del 2012 conforme a oficio No. SENPLADES-SGPBV-2012-0204 de 26 de marzo de 2012.
En estas condiciones técnicas, el Comité Permanente de Deuda aceptó el proceso de endeudamiento: El costo total del proyecto de acuerdo al Distrito Metropolitano del Municipio de Quito, asciende a USO 1.499.020.835 más IVA, de los cuales aproximadamente USD 250 millones son financiaron por el BEI.
El proyecto fue delegado a la empresa Odebrecht en consorcio con la española Acciona. Información del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht dio cuenta de actos de corrupción y pago de sobornos por la costosa obra que nunca se investigaron en la justicia. A la fecha el proyecto ha visto pasar a tres alcaldes y tiene retraso de un año; tampoco se ha logrado adjudicar a la empresa que debe operar el servicio.
Arauz y el Falcon de Correa
En julio de 2013, Arauz puso su firma en el acta resolutiva que aprobó un crédito de $50 millones para la compra de un lujoso avión ejecutivo (Falcon 7x) para uso de Correa. En el documento también constan las firmas de Patricio Rivera, delegado del presidente de la República, Fausto Herrera, ministro de Finanzas y Luis Villafuerte Chávez, subsecretario de Financiamiento Público, subrogante. El prestatario fue BNP Paribas y Societe Generale de Francia. El crédito fue entregado de 5 años plazo, con un interés Libor a 6 meses + 2.38% anual, más una comisión de estructuración del 0,15% del monto total del crédito y una comisión inicial del 2,35% sobre el valor del crédito. Fausto Herrera, de Finanzas y Román Escolano, vicepresidente del BEI, firmaron el contrato de préstamo.
El Gobierno manifestó que la compra del Falcon X obedecía a la necesidad de reducir gastos, pues el incremento de los viajes internacionales de las comisiones presidenciales generaba gastos por contrataciones de naves privadas. Diario El Comercio reveló que después de esta compra, los gastos no disminuyeron, al contrario: aumentaron.
En 2018, la Contraloría General del Estado indicó que los aviones presidenciales, Legacy 600 y Falcon X, volaron a paraísos fiscales sin detalles de pasajeros.
Andrés Arauz también priorizó la compra de tres aviones Modelo C-295, para el Ministerio de Defensa. Lo hizo en agosto de 2013, dijo que la adquisición de esas naves se enmarcaba en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y su objetivo de garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”. El monto del proyecto ascendió a $ 146.320.240, según el funcionario de Senplades y sería financiado con recursos fiscales.
En septiembre de 2013, continuó dando prioridad a los programas de inversión, esta vez para el período 2013-2014, por $ 10.722 millones. Esa prioridad fue actualizada por el mismo Arauz el 10 enero de 2014, el programa se incrementó a $ 10.981 millones. $259 millones más para “atender los requerimientos presupuestarios y las obligaciones que permitan mantener el patrimonio del Estado y evitar su deterioro”.
2014: Arauz participa en la contratación de más deuda
Bajo la prioridad emitida por Arauz, ese mismo 10 de enero de 2014, el Comité de Deuda (Patricio Rivera, Fausto Herrera, Anabel Salazar Castillo, de Senplades, Carlos Barrionuevo Toasa) aprobó, una emisión interna de bonos por $ 2.000 millones, con un plazo de 20 años. Cuatro meses después, en mayo de 2014, aprobó otra por $ 1.000 millones adicionales.
El 25 de agosto de 2014 autorizaron un nuevo crédito con el FLAR por $ 617 millones para “asegurar el acceso a recursos suficientes para dar cobertura a las necesidades generadas por el incremento de importaciones relacionadas con el gasto en inversión derivado de la ejecución del programa”; a un plazo de tres años. Esta acta fue firmada por Patricio Rivera, delegado del presidente, Fausto Herrera Nicolalde, ministro de Finanzas, Anabel Salazar Castillo, delegada de Senplades y Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento Público, subrogante. En el mismo documento autorizaron el pago anticipado de $ 257.3 millones de un crédito vigente con el FLAR, contraído en agosto de 2012.
Arauz también actualizó la prioridad del plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica del Ministerio de Energía Eléctrica, emitida por Senplades en 2011 por $ 298.6 millones. El plan fue actualizado a $ 404 millones para el 2014. El monto total de ese programa se estimó en $ 1.125 millones y consideraba un total de 2208 proyectos, según Senplades, aunque de eso tampoco hay datos.
Arauz justificó el incremento señalando que se debía al propósito de “cumplir con los objetivo y metas de disminuir las interrupciones programadas y no programadas a nivel de la red de distribución y de alimentador primario de medio voltaje” y también por considerarlo que se enmarcaba en el Plan Nacional del Buen Vivir, al asegurar la soberanía energética.
El 22 de septiembre de 2014, Arauz actualizó la prioridad del «Programa de inversión para infraestructura económica a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, período 2013 – 2014», a $ 11.593 millones.
Acorde a esa prioridad el Comité de Deuda y Financiamiento, integrado por Patricio Rivera, ministro Coordinador de la Política Económica, Madeleine Abarca, ministra de Finanzas subrogante, Anabel Salazar, delegada de Senplades y Luis Villafuerte, subsecretario de Financiamiento Público subrogante, autorizó una nueva emisión de bonos de deuda interna por $ 1.700 millones.
En noviembre de 2014, ARAUZ, como subsecretario general de planificación para el Buen Vivir actualizó la prioridad de dos carreteras por $ 30.6 millones, en Loja y Esmeraldas
Arauz: el maestro de la emisión de bonos
El economista Andrés Arauz se presentó como el mayor crítico de la renegociación de bonos que realizó el Ministerio de Finanzas en julio de 2020 con los tenedores internacionales. “Manifestamos que esta “renegociación”, antes de ser beneficiosa para el país, constituiría un atentado contra los intereses y derechos de la población ecuatoriana”, escribió.
Lo que se le olvidó manifestar es que fue él quien emitió esos bonos años atrás y que en el mercado internacional son considerados como “Bonos Basura”.
El 24 de septiembre de 2012 Andrés Arauz suscribió la autorización que permitió vender los Bonos Global 2015 en el mercado local o extranjero, o entregados en dación de pagos, para financiar el “programa de inversión para infraestructura económica, a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, periodo 2011 – 2012, tercera actualización 2012″, valorado en $ 8.052 millones. La resolución también fue firmada por el delegado y primo del presidente, Pedro Delgado; el ministro de finanzas Patricio Rivera y William Vásconez, subsecretario de financiamiento público.
Los Bonos 2015 fueron colocados en el mercado en el año 2005 por $ 650 millones. Luego, en 2008, Correa y el Comité de Deuda aprobaron la recompra de los bonos 2012, 2015 y 2030 a un precio máximo del 30%. Para ello contrató a la Casa de Valores del Pacífico-Valpacífico. En 2009, Valpacífico informó que recompró Bonos Globales 2015 por un valor nominal de $ 160.9 millones. La firma Clifford Chance (asesora internacional del Ministerio de Finanzas) indicó que el Ecuador podía usar los Bonos 2015 para hacer frente a sus obligaciones de pagos derivadas de contratos suscritos para financiar los programas de inversión.
El Memorando Reservado No. MINFIN-SFP-2012-146 del 18 de septiembre de 2012, señala que a esa fecha la tasa de interés de los Bonos Global 2015 era del 9,375%, mayor a la tasa de interés de la deuda pública total que era del 5,37%.
Recomendó que en caso de usar los bonos en dación de pagos el costo financiero de esas operaciones no debía sobrepasar el 5,37% para no perjudicar al Estado. Es decir, “para que el costo financiero de la operación sea inferior habrá que entregar, por cada valor a pagar, bonos por un valor nominal menor”, con un plazo máximo de 3 años y con fecha de vencimiento en diciembre de 2015, dice el memorando.
Las recomendaciones del documento de la Subsecretaría de Financiamiento Público, establecían que en el caso de vender los bonos 2015, el Estado debía negociarlos con un rendimiento menor a la tasa de interés de los bonos y que el precio de venta (clean Price) debería ser mayor al 100% y no podía ser inferior a los precios del mercado internacional.
Con los Bonos Global 2015 se contempló financiar el 50% del proyecto “Parque Samanes”, cuya ejecución de la Fase 1 ascendía a $131.7 millones, obra que se adjudicó la empresa Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. (DSME).
En octubre de 2012, el apoderado de DSME le informó a Patricio Rivera que el valor entregado -$43 millones- por concepto de anticipo en bonos internacionales varió, pues al aplicar en valor de cambio equivalente, resultó la cantidad de $ 37.3 millones.
Emisión interna de bonos
El 20 de noviembre de 2012, el Comité de Deuda y Financiamiento (Pedro Delgado, Patricio Rivera, Andrés Arauz y William Vásconez) firmó el acta resolutiva 016 que autorizó una ampliación de bonos internos por $ 1.000 millones a 12 años plazo, con un interés del 8%. Esos recursos también se utilizaron para financiar el “Programa de Inversión para Infraestructura económica y el manejo de las finanzas públicas 2011-2012. Tercera Actualización”, priorizado por Ana María Larrea, subsecretaria general de Planificación de Senplades.
Esta ampliación se deriva de una emisión de abril de 2011 (con posterior ampliación en abril de 2012) cuyo monto total fue de $ $3.283 millones, que se utilizó para financiar el Programa de Inversión de 2012 su primera y segunda actualización.
El programa de inversión ($8.052 millones) sería financiado, según documentos de Senplades, con deuda interna (emisión de bonos) $ 3.136 millones, deuda externa (organismos multilaterales, bancos, Gobiernos) $4.186 millones y Contraparte local y otras fuentes no reembolsables $ 729,05 millones.
Sistema Nacional de Distribución Eléctrica, deuda por $300 millones
En el gobierno de Rafael Correa se comprometieron miles de millones de dólares en deudas con organismos internacionales para el desarrollo de centenares de proyectos. Una de las áreas para las que Ecuador se endeudó apuntaba a mejorar la calidad del servicio eléctrico.
Para ello hace 6 años se firmaron contratos por $300’725.000. Sin embargo, hasta cuando finalizó la era correista, apenas se ejecutó el 15% de esa deuda. Se trata del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador, que de acuerdo con los cálculos de las autoridades del gobierno de Rafael Correa demandaba recursos por un total de $1.125 millones.
Se lo catalogó como un programa de inversión en infraestructura encaminado a cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
Como parte de las fuentes de financiamiento de ese programa se planificó la contratación de deuda externa con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Agencia Francesa para el Desarrollo.
Entre junio y julio de 2014, el Ministerio de Finanzas solicitó a la CAF $200’725.000 para el «Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución del Ecuador«, a ser ejecutados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), distribuidos en $100.725.000 con cargo al año 2014 y $100 millones con cargo al cupo del año 2015.
Senplades debía proveer de uno de los documentos habilitantes para continuar dentro de este proceso. Y fue Arauz, como Subsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo quien actualizó la prioridad del «Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica -PMD- 2011», mediante Oficio Nro.SENPLADES-SGPBV-2014-0095-0F de 24 de enero de 2014.
Esto implica que Senplades debía analizar la relevancia del proyecto y verificar que esté justificada su necesidad. Con este dictamen de prioridad Arauz dio un paso fudamental en el proceso.
Luego de ello el comité de deuda emitió el Acta Resolutiva 024, con fecha 28 de noviembre de 2014 que aprobó las condiciones del crédito, autorizó su contratación y determinó que el Ministerio de Finanzas como Prestatario y el Ministerio de Electricidad firmen un Convenio Subsidiario a través del cual se transferirán los recursos.
Esto culminó con aprobación del crédito por parte de la CAF el 27 de octubre de 2014 y su posterior firma en diciembre de ese año.
Luego con la Agencia Francesa de desarrollo se firma otro contrato de crédito por $100 millones, siendo también uno de los documentos habilitantes claves
Banca China incumplió plazos de desembolso de crédito para 13 carreteras
En 2013 las autoridades económicas y de finanzas del Ecuador iniciaron negociaciones con el Bank of China para el financiamiento de más del 80% del valor de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 13 carreteras.
Luego de casi un año de negociaciones, el 20 de noviembre de 2014 Patricio Rivera, entonces delegado del presidente Rafael Correa, al Comité de Deuda y Financiamiento; Fausto Herrera, ministro de Finanzas; Anabel Salazar, delegada de SENPLADES; William Vásconez, Subsecretario de Financiamiento Público firmaron el Acta resolutiva N° 22, uno de los principales documentos habilitantes que dio paso al endeudamiento externo con la banca china.
En principio, el gobierno había considerado contraer deudas para 16 carreteras, sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) suscribió, primero, un contrato de obra para sólo 10 carreteras, para lo cual el Bank of China Limited y el Deutsche Bank aprobaron el financiamiento para este número de vías por hasta $311 ‘964.433,63. Más tarde esos mismos bancos firmaron con Ecuador otro contrato de crédito por $85’710,077.90 para 3 carreteras más.
Entre los procedimientos que debían cumplirse para el proyecto de 10 vías en 6 provincias del país, de acuerdo con el Art. 56 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, está la certificación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (con oficio No. MTOP-DM-14-1334-0F) de 17 de julio de 2014 de que contaba con los respectivos estudios técnicos de las carreteras a ser financiadas con el crédito chino.
Otro de los eslabones claves en la cadena de trámites eran los dictámenes de prioridad para cada una de las carreteras que debían ser emitidos por SENPLADES. En este punto aparece el actual candidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, como el funcionario responsable de emitir, en representación de SENPLADES, el dictamen de prioridad para 3 de los 10 proyectos viales incluidos en estas negociaciones para acceder al financiamiento de China.
Arauz consideró que esos proyectos se enmarcan dentro del «Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017», concretamente en una de sus estrategias: “fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y telecomunicaciones para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas…»
Los dos primeros casos a los que Arauz dio luz verde fueron el de la Reconstrucción de la carretera Celica-Cruzpamba- Y del Muerto, de 27,8 kilómetros, ubicada en el cantón Celica, provincia de Loja y el de la Reconstrucción de la carretera Tonchigue-Galera-Bunche, de 54,51 kilómetros, ubicada en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.
En oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1148-0F dirigido a la Ministra de Obras Públicas, Paola Carvajal, del 18 de noviembre de 2014, Arauz bajo el cargo de Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, emitió el dictamen de actualización de la prioridad del Programa de liquidación y ejecución de obras por concluir (Fase 1) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas Ex CORPECUADOR, específicamente a los proyectos arriba mencionados, por un valor de $30,666.241.09, a ser financiados con crédito externo, durante el periodo 2014-2017.
En la misma fecha, con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1147-0F dirigido a la ex ministra Carvajal, el entonces Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, Andrés Arauz, dictaminó la prioridad del proyecto “Mantenimiento vial de la provincia del Guayas” para el periodo 2014-2015, por un monto de $6.641,865,31, de los cuales $2,698.838,03 se financiarán con crédito externo. El argumento para tal resolución fue que el proyecto está diseñado para cubrir requerimientos de infraestructura de primer nivel en la provincia del Guayas.
Luego de los avales jurídicos del Ministerio de Finanzas y de la Procuraduría General del Estado, la Subsecretaría de Financiamiento Público, a través de informes técnicos recomendó al Ministro de Finanzas continuar con el trámite de endeudamiento y para ello convocar al Comité de Deuda y Financiamiento, pues según el Código de Finanzas Públicas (último inciso del numeral 2 del Art. 140), dado que el monto del crédito supera el 0,15% del Presupuesto del Estado, esta contratación debía ser analizada y aprobada por el mencionado Comité, que es corresponsable de las condiciones financieras de los procesos de endeudamiento que autoriza (Art. 139 del Código de Finanzas Públicas).
Este trámite se cumplió el 20 de noviembre de 2014, fecha en la que el Comité de Deuda aprobó los términos y condiciones financieras del Convenio de Línea de Crédito, a suscribirse con el Bank of China Limited, sucursal de Pekín; el Bank of China Limited, sucursal Panamá; y el Deutsche Bank AG, sucursal Hong Kong por un monto de hasta $311’964.433,63, destinados a financiar parcialmente la ejecución de 10 carreteras a cargo del MTOP.
El servicio de la deuda generada por este Convenio debe pagarse con cargo al Presupuesto del Gobierno Central.
Sobre esta base se firmó el contrato de crédito el 24 de noviembre de 2014 con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank AG. El primero se comprometió a entregar $218’375,103.63 y el segundo, $93,589,330, con el fin de financiar el pago de hasta el 85% del valor total de la ejecución de 10 carreteras, a un plazo de 13 años, con una tasa de interés LIBOR a 6 meses más un margen de 3.50 % anual, un interés por mora del 2% anual. Otras de las condiciones fueron una tasa de seguro SINOSURE del 7.01% del monto del capital y de los intereses proyectados.
Mientras se negociaba y concretaba el crédito con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank AG, los trámites para contratar la ejecución de las obras habían iniciado el 31 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Obras Públicas, bajo la modalidad de Régimen Especial invitó a la estatal Sinohydro para que presente su oferta. Ya para el segundo semestre de ese año, Carvajal, Ministra de Obras Públicas, y WuYu apoderado de Sinohydro Corporation Limited habían firmado un contrato para ejecutar estas obras (2 de julio de 2014), por $367’016.980,74 más IVA, a un plazo de tres años.
Pero el desarrollo de estos proyectos viales, cuyos perfiles fueron aprobados y considerados prioritarios por SENPLADES y en especial por Andrés Arauz, no estuvieron exentos de irregularidades.
A pesar de que el 27 de enero de 2015, Fausto Herrera, entonces ministro de Finanzas firmó un Convenio Subsidiario con Paola Carvajal, Ministra de Obras Públicas para, entre otras cosas, establecer las condiciones que aseguren la debida ejecución de los proyectos de inversión, no se cumplieron los plazos acordados ni las condiciones técnicas, tanto en el desembolso de los recursos por parte de la banca china, como en la ejecución de las obras por parte de la contratista Sinohydro, de acuerdo con informes de la Contraloría General del Estado y evaluaciones de avances de obra del propio Gobierno.
El informe de Contraloría DADSySS-036-2015 concluyó que a la fecha de corte de su auditoría (31 de diciembre de 2015) “la prestamista no desembolsó recurso alguno, a pesar de haber transcurrido 402 y 275 días desde la fecha de suscripción de los contratos”. Se refiere a los dos convenios de préstamo firmados por Ecuador para 10 carreteras, por $311,9 millones; y para 3 carreteras más por $85,7 millones, el 24 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, respectivamente.
También observó que en los contratos de préstamo se comprometió el pago de una prima de seguro antes del primer desembolso de las dos líneas de crédito, lo cual no se concretó a la fecha de corte de la auditoría. Eso significa que no se dio un uso efectivo de los recursos comprometidos para la ejecución de 13 carreteras; pero Ecuador sí tuvo que desembolsar $2´698.999,21 por comisión de compromiso, una de las obligaciones contraídas en el contrato. Esto, según las autoridades del Ministerio de Finanzas se debió a “factores externos, no previsibles en los procesos de negociación, pues pese a las gestiones de alto nivel, la prima del seguro no se concretó oportunamente”.
Ante ello, el organismo de control recomendó a los miembros del Comité de Deuda que antes de aprobar el endeudamiento público deben evitar que se incluyan cláusulas que generen gastos financieros al país sin que este se haya beneficiado del crédito. También ordenó incluir una cláusula contractual que establezca que cuando el prestamista cause retrasos en los desembolsos no se generen comisiones de compromiso al país.
En el informe de Contraloría DNA8-0002-2019 (4 de febrero de 2019), derivado del examen especial realizado a la ejecución de 10 carreteras, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, se identificaron varias irregularidades: para la contratación de las obras el MTOP modificó, sin respaldo técnico, las cantidades de obra a ejecutar y los precios unitarios establecidos en los estudios de esa cartera de Estado, lo que ocasionó el pago de $29’255.590,12 adicionales a Sinohydro por la diferencia en los precios unitarios; los subcontratos superaron los montos estipulados en el contrato de obra; no se aplicaron multas a Sinohydro por incumplimiento de cláusulas contractuales como el no haber iniciado la construcción de las obras en la fecha prevista. Se pagó $652.830,36 por rubros no ejecutados y que no cumplen las especificaciones técnicas, beneficiando injustificadamente a Sinohydro. No se publicaron documentos relevantes de la fase precontractual, contractual, ejecución del contrato suscrito con Sinohydro, en el portal compras públicas y la documentación física no corresponde a la constante en el Sistema de Información Integrado de Transporte y Obras Públicas — SITOP.
En el proyecto correspondiente a la carretera Tonchigüe-Galera-Bunche, obra que contó con el dictamen de prioridad de Arauz, la Contraloría identificó que hubo cambios en los estudios y diseños sin justificación técnica, pues se dispuso modificar la estructura del tramo Quingue-Bunche de la vía Tonchigüe-Bunche, lo que ocasionó que Sinohydro deseche el material apto como material de mejoramiento, y lo reemplace por otro de diferente espesor, dando lugar al pago del material reemplazado, su transporte y el reajuste de precios, que suman $5.202 827,52.
Sinohydro recibió del MTOP pagos en exceso por $789.512,62 porque el material colocado en el tramo Quingue – Bunche no corresponde al especificado en el contrato. Además las autoridades permitieron que la empresa china no aplique los estudios y diseños contratados por el MTOP para la carretera Tonchigüe-Galera-Bunche de 54 km de longitud, reduciendo los trabajos de reconstrucción al tramo Quingue-Bunche en aproximadamente en 20 km, dejando el tramo Tonchigüe-Quingue de 34,2 km sin intervenir.
Por si esto fuera poco, de acuerdo con una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los desembolsos de los contratos de crédito externos, durante 3 años no se usaron los recursos de la deuda con el Bank of China Limited, por casi $400 millones, contraída para la ejecución de 13 proyectos viales, incumpliendo contratos de crédito y generando costos y gastos financieros para el Ecuador.
Es decir, hasta el 30 de noviembre de 2017, no se había desembolsado ni un solo centavo por parte de los acreedores, el Bank of China Limited y el Deutsche Bank AG.
Contenidos La Fuente
amanda