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Contradicciones y narrativas diametralmente opuestas se manejan desde el lado del Gobierno, de las familias y de expertos en el tema de la desaparición de los cuatro menores, ocurrida el 8 de diciembre, en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil. Mientras las familias de Josue Arroyo (14), Ismael Arroyo (15), Steven Medina (11) y Saúl Arboleda (15) claman por justicia, el silencio gubernamental y las contradicciones de las autoridades refuerzan un patrón alarmante de impunidad. El día de hoy se espera la formulación de cargos en este caso.
El Gobierno tiene una versión distinta cada día: que los niños habían estado robando, que deberían ser declarados héroes nacionales, que los militares los dejaron con vida… Un desatinado abogado de los militares también aseguró que los militares que participaron en el operativo nunca se dieron cuenta que eran niños.
Unos testimonios de supuestos militares apuntan a que se los dejó con vida, mientras también se ha dicho que se han encontrado cuerpos calcinados, presumiblemente de los niños.
Todo ello, en medio de la desesperación de las familias por saber de su destino.
El caso ha puesto en evidencia la fragilidad institucional de Ecuador y la indiferencia estatal frente a crímenes de lesa humanidad.
Este artículo recoge las perspectivas de actores como el abogado penalista Pablo Encalada, el académico Arduino Tomasi y el defensor de derechos humanos Milton Castillo, quienes analizan el problema desde diferentes ángulos.
“La responsabilidad del Estado no admite excusas”: Pablo Encalada
En una entrevista con La Fuente – Periodismo de Investigación, el abogado penalista Pablo Encalada calificó la desaparición forzada como uno de los delitos más graves del derecho internacional. Según Encalada, este caso cumple con los dos requisitos fundamentales: “la detención por agentes del Estado y la negativa de información sobre el paradero de los detenidos”.
“Si el gobierno no toma medidas claras y contundentes, el mensaje es que este tipo de crímenes son posibles bajo su administración”, afirmó el abogado. Para él, la responsabilidad no solo recae en los autores directos, sino también en las autoridades que, con su inacción, perpetúan la impunidad.
Además, criticó la falta de confianza en las instituciones judiciales: “Es casi imposible confiar en un poder judicial considerado uno de los más corruptos del mundo”.
El caso de Las Malvinas no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico de violaciones a los derechos humanos en Ecuador. “La negligencia estatal crea barreras insuperables para las familias que buscan verdad y justicia”, concluyó.
“Una crisis estructural”: Arduino Tomasi y el avance del crimen organizado
El académico guayaquileño Arduino Tomasi situó la desaparición forzada dentro de un contexto más amplio de transformaciones estructurales y expansión del crimen organizado en Ecuador. Tomasi identifica un punto de inflexión en 2010, tras la salida de la base militar estadounidense en Manta, cuando los casos de desaparición comenzaron a aumentar de manera alarmante.
“En los últimos 13 años, Ecuador ha registrado más de 8.000 casos sin resolver. Esto evidencia no solo la ineficiencia estatal, sino también la conexión directa entre estas desapariciones y el narcotráfico”, explicó Tomasi.
Entre las principales fallas sistémicas del Estado, señaló:
- Deficiencias institucionales: Ausencia de protocolos efectivos para la búsqueda y resolución de casos.
- Revictimización: La negligencia investigativa, como en el caso de David Romo, expone un sistema de justicia incapaz de brindar respuestas.
“Las desapariciones no son casos aislados, sino una manifestación del control territorial y la intimidación ejercida por organizaciones criminales”, afirmó Tomasi, advirtiendo que la inacción del Estado solo agrava el problema.
“Una verdad pendiente”: Milton Castillo y la lucha por la transparencia
Milton Castillo, abogado y defensor de derechos humanos, subrayó la importancia de evitar que el caso caiga en el olvido. “La desaparición forzada es un crimen que no prescribe. Cada día que pasa sin respuestas es un día más de sufrimiento para las familias y de erosión para la confianza ciudadana”, afirmó.
Castillo cuestionó el manejo del caso por parte de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. “La versión de que los menores fueron liberados con vida en Taura no puede ser el punto final de la investigación. Necesitamos pruebas contundentes y un compromiso real con la verdad”, añadió.
El defensor también advirtió sobre el peligro de la militarización en contextos civiles: “La intervención militar no puede ser excusa para violar derechos humanos. Si el Estado no controla adecuadamente a sus fuerzas, estamos ante una democracia en peligro”.
El hallazgo de cuerpos y la necesidad de justicia
El reciente hallazgo de cuerpos calcinados cerca de Taura ha añadido una nueva capa de horror al caso. Aunque aún no se confirma si corresponden a los niños desaparecidos, Pablo Encalada advirtió que, de ser así, el delito pasaría de desaparición forzada a ejecución extrajudicial, una muestra extrema de abuso de poder estatal.
“El presidente Daniel Noboa se está demorando en tomar una decisión clara. Necesitamos destituciones inmediatas para enviar un mensaje contundente”, señaló Encalada. La falta de acción por parte del Ejecutivo ha sido calificada por muchos como un acto de complicidad.
Sin embargo, las recientes declaraciones del alto mando militar: Jaime Vela y Celiano Cevallos y del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, en la comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, dejan entrever una clara intención de desviar la responsabilidad del Estado en la desaparición de los cuatro menores de edad en Guayaquil.
Calificar los hechos como un «malhadado incidente» y enfatizar que los militares actuaron por “deber social” sin órdenes previas, suena más a un intento de justificar acciones irregulares que a asumir responsabilidades claras.
Resulta alarmante que las sanciones disciplinarias se enfoquen únicamente en la falta de entregar a los menores a la Policía, dejando de lado la gravedad de su desaparición, mientras se insiste en que los niños fueron liberados “con vida” en Taura, pese a que no hay evidencia contundente que respalde esta versión.
Más preocupante aún es que el ministro de Defensa descarte la declaratoria de desaparición forzada y utilice su intervención en la Comisión de Niñez para escudarse tras el argumento de que la detención fue imprevista. Esto parece más un intento de proteger su gestión y la de las Fuerzas Armadas que de buscar justicia para las víctimas y sus familias.
Al tiempo que se resalta la supuesta formación militar en Derechos Humanos, se ignora el hecho de que cuatro niños están desaparecidos bajo la custodia de uniformados del Estado. Todo esto deja una fuerte impresión de que las autoridades prefieren «lavarse las manos» en lugar de comprometerse a esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.
Un llamado a la acción colectiva
Este caso refleja el mismo patrón de impunidad que prevaleció en casos emblemáticos como el asesinato de Jorge Gabela, Los Hermanos Restrepo, El silencio gubernamental contamina la verdad y perpetúa la injusticia.
La desaparición forzada en el sector de Las Malvinas es un recordatorio brutal de la fragilidad de las garantías fundamentales en Ecuador. Como ocurrió con los hermanos Restrepo, este caso debe convertirse en un llamado colectivo a erradicar la impunidad y fortalecer las instituciones.
“Lo que está en juego es más que la justicia para las familias; es la credibilidad del sistema de justicia y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos”, concluyó Pablo Encalada.
La lucha por la verdad no puede limitarse a los afectados directos. Resolver esta crisis requiere voluntad política, reformas integrales y un compromiso inquebrantable con los derechos humanos.
Solo así se podrá garantizar que casos como el de Las Malvinas no se repitan y que las próximas generaciones vivan en un país donde la justicia prevalezca sobre la impunidad.
