Ambos, que se podría pensar distantes por su postura política (supuestamente de izquierda y derecha) ahora más juntos que nunca por los escándalos de corrupción, de la mano de bandas narcodelincuenciales, que protagonizan sus cuadros representativos: el ex asambleísta Ronny Aleaga, quien ha huido del Ecuador y Pablo Muentes, quien acaba de recibir prisión preventiva acusado de delincuencia organizada.  

Aleaga y Muentes, no sólo coinciden por la similitud de las tramas mafiosas en las que han venido participando según revelan los chats expuestos por las investigaciones de Fiscalía (con la participación de Mayra Salazar, Norero, Salcedo, entre otros), sino también por las amenazas que profirieron contra Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado el 9 agosto de 2023 a la salida de un mitin político.

De hecho, ambos, junto a Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, fueron denunciados por el propio Villavicencio, el 13 de abril de 2023, precisamente por tramar un atentado bajo la modalidad de sicariato en su contra.

Hay amplia evidencia de la animadversión que ambos ex legisladores le profesaban a Villavicencio, al punto en que su nombre es mencionado de manera recurrente en las conversaciones de sus secuaces. No por nada, la sabiduría popular ha dicho que “Muentes es al nebotismo, lo que Ronny Aleaga es al correísmo”. 

Ambas tiendas políticas han venido coincidiendo desde hace años en una suerte de maridaje oscuro, que ahora junto a la bancada oficialista se traduce en el denominado Pacto de la Impunidad. Tal vez por ello, y pese a que la bancada socialcristiana le ha dado la espalda a su hombre fuerte: Muentes, ha sido el propio ex presidente de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y la incondicional Mónica Palacios quienes lo han salido a defender, argumentando que se trata de una venganza de Diana Salazar.

¡La fiscal Diana Salazar está desesperada por mostrar su poder y cobrar venganza por la destitución de su operador favorito y servil de la Judicatura! Luego de que la @AsambleaEcuador destituyera a Fausto Murillo y le impidiera seguir haciendo de las suyas al interior del CJ,…

— Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) March 4, 2024

Los procesados van a directo a prisión

De nada le valieron los argumentos de un supuesto cuadro depresivo, ansiedad e hipertensión arterial que expuso la defensa del ex asambleísta Muentes; la noche de este 5 de marzo, el juez Javier de la Cadena  acogió la solicitud de prisión preventiva que presentó la Fiscalía.

Existe un riesgo procesal, toda vez que Muentes dirige una estructura criminal, “por lo que este juzgador considera a la prisión preventiva la medida más idónea”, dijo.

A Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, señalados por el Ministerio Público en calidad de autores del delito de delincuencia organizada, el juez también dictó prisión preventiva.

En el grupo de los colaboradores del grupo delincuencial organizado, el magistrado dispuso la prisión preventiva para los jueces Guillermo Valarezo, Henry Taylor Terán, Nelson Ponce, Alberto Lino Tumbaco. La Fiscalía, en el caso de estos procesados, solicitó la medida a efectos de garantizar su comparecencia al proceso, además de impedir que sigan actuando en los tribunales.

Asimismo, a la procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano, le dictó prisión preventiva, pues la mujer demostró que “puede comprar decisiones judiciales”

En el caso del primo y testaferro de Muentes, Fausto Alarcón, su defensa adujo que dictarle prisión preventiva sería “condenarlo a la muerte”, sin embargo, el juez determinó que no padece ninguna enfermedad catastrófica, crónica, rara o huérfana, por lo que desestimó ese argumento y también le impuso prisión preventiva.

En cambio, a Mónica Alvarado, esposa de Muentes, y al funcionario administrativo del Consejo de la Judicatura de Guayas, Saul Mero Zambrano, les dictó prohibición de salida del país y presentación periódica en la Fiscalía de Guayas todos los días lunes, entre las 08h00 y las 17h00.

A Reinaldo Cevallos, por su rol de juez provincial, y su relación con el resto de la estructura, el arresto a Ciudadela Alborada decimotercer etapa. Bajo vigilancia policial periódica y uso de grillete electrónico.

Con la resolución del juez, se inicia la instrucción fiscal que durará 90 días. Dentro de su sentencia, además, el juez dispuso la retención de cuentas del sistema financiero nacional, salvo sueldos, alimentos y jubilación. Prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, acciones o fideicomisos.

Todos los procesados que cumplirán prisión preventiva, según el magistrado, deberán guardar arresto en la cárcel 4 de Quito, sin embargo, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó que no sean enviados a los mismos centros de reclusión donde se encuentran los procesados por el caso Metástasis.

Para ese efecto, el juez de la Cadena aclaró que se está coordinando con el SNAI para determinar la disponibilidad de otros recintos carcelarios.

#ATENCIÓN | #CasoPurga: #FiscalíaEc formuló cargos contra 12 detenidos. Juez dictó prisión preventiva para 9, medidas alternativas para 2 y arresto domiciliario para uno.

Más información ⬇️https://t.co/BWBiguj8le pic.twitter.com/4XCZ2RIz7d

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 6, 2024

Los Lobos viralizados por Mayra Salazar

Horas después del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, dos videos de los presuntos autores materiales del hecho se viralizaron en redes sociales.

Era la madrugada del 10 de agosto, y el primer video fue compartido entre otros por el medio digital La Posta. En el audiovisual, un grupo de hombres de negro con el rostro cubierto y portando fusiles se adjudicaban el crimen de Villavicencio por una supuesta deuda que él tenía para financiar su campaña con ese grupo terrorista.

“Nosotros la organización, Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra”, advirtió uno de sus supuestos líderes.

El expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, fue uno de los primeros en reaccionar, vanagloriándose del falso descubrimiento.

¿Cómo la inteligencia del Estado -CIEC o como se llame ahora- no puede detectar una reunión tan grande de delincuentes, y con armas largas?
Destrozaron TODO el sistema de seguridad, por odio, ineptitud y corrupción.
Muchos aplaudieron, y hoy lloramos lágrimas de sangre.
Debemos… https://t.co/m3AZNloqiP

— Rafael Correa (@MashiRafael) August 10, 2023

El portal Ecuador Chequea lo sometió a un análisis de autenticidad, sin embargo, lo declaró “inverificable”. Se presume que se trataría de un video antiguo, grabado en México, con voces superpuestas. 

Al cabo de varias horas, el segundo clip empezó a circular en redes sociales. En contraste con el anterior, en esta ocasión aparecen presuntos miembros de Los Lobos vestidos de blanco, con el rostro descubierto y desarmados.

#URGENTE La organización "Los Lobos" se pronuncia tras el asesinato de Fernando Villavicencio y manifiestan que el video que circula en redes sociales donde dicen que se atribuyen la muerte del candidato, es FALSO. pic.twitter.com/u0YVRtcVLj

— CENTRO Digital (@radiocentroec) August 10, 2023

“No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de la delincuencia organizada) Los Lobos. No nos tapamos la cara, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado a personas del Gobierno o civiles”, mencionó uno de sus voceros.

Este segundo video, según consta en el expediente del caso Purga, fue enviado por Daniel Salcedo, alias “Bellito”, a Mayra Salazar para que lo viralizara en redes sociales, a través de un troll center que ella manejaba. Tanto Salazar como Salcedo son procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis y guardan arresto preventivo. 

Como resultado de la explotación del celular de Salazar, el Ministerio Público identificó esta estructura criminal.

Según expuso la fiscal general Diana Salazar, Salcedo le pidió a Mayra Salazar que publicara el video y lo difundiera en redes sociales:

“Usted tiene calientita la nota. Vea, con eso usted corona. Súbale a las redes para que la reposteen”, decía el también sentenciado por corrupción hospitalaria.

“Jajajaja, vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo”, contestó Mayra.

Daniel Salcedo en esta conversación revelada por la fiscal, habla de que se reúne con un asesor de Cristina Reyes y le pide que divulgue un vídeo de Los Lobos el 10 de agosto del 2023, diciendo que ellos no tienen que ver con la muerte de Villavicencio. Mayra Salazar lo ayuda. pic.twitter.com/aQDv5urxbN

— ¡ÚLTIMA HORA! (@UltimahoraE) March 5, 2024

Según explicó la fiscal, el video fue generado desde el celular de Salcedo y enviado a Mayra Salazar para que lo difundiera en grupos de prensa de los que era miembro por su trabajo como relacionista pública institucional en la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

“¿Cómo así uno de los partícipes de esta estructura criminal tiene conversaciones para tratar de limpiar la imagen de este grupo delictivo Los Lobos?”, cuestionó la fiscal.

La fiscal Diana Salazar, asimismo, anunció al juez de la causa que incorporará este elemento a la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Muentes, el zar de las sentencias en la Corte de Guayas

La organización criminal de Muentes le sirvió para beneficiarse económicamente al menos en tres casos clave: Banco del Pacífico, caso tráfico de tierras y caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El 13 de julio de 2020, el socialcristiano Pablo Muentes y su esposa, Mónica Alvarado, interpusieron una acción de habeas data contra el Banco del Pacífico para que registrara en sus asientos contables 13 notas de pago falsificadas que corresponden a un crédito de $314.800 que solicitaron en 1999 a la institución financiera.

El juez Reinaldo Cevallos, también procesado en el caso Purga, acogió el recurso de Muentes y ordenó al banco el registro del pago de la deuda. A cambio, el magistrado fue promovido, tres días después de su fallo, de la Unidad Judicial Norte 2 a la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

El Banco del Pacífico no pagó ese valor, pues las auditorías y análisis a las notas de pago presentadas por Muentes arrojaron múltiples inconsistencias. En represalia, Muentes acudió ante el juez Cevallos, alegando una supuesta vulneración a sus derechos, y el magistrado ordenó el pago de $4 millones como indemnización. 

Esa millonaria estafa tampoco ha sido cancelada por el Banco del Pacífico, ya que actualmente existen dos procesos en curso en contra de Muentes y que fueron presentados por Ricardo Noboa, abogado del Pacífico: el habeas data y el juicio civil por falsedad y nulidad. El primero está en fase de ejecución y con una acción extraordinaria de protección pendiente de trámite en la Corte Constitucional, mientras que el segundo se encuentra en etapa de casación en la Corte Nacional de Justicia.

La misma dinámica se manejó para la apropiación de tierras. Otro de los casos en los que la Corte de Guayas favoreció a Muentes involucra a su primo y también procesado en el caso Purga, Fausto Alarcón Gómez. Según expuso la fiscal en la audiencia, Alarcón se apropió ilegalmente de un predio de 12 hectáreas, ubicado en Durán, valorado en $200.000 que le pertenece a la familia Ramírez Nieto. Sin embargo, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Impuesto a la Renta causado desde el 2012 al 2022 ha sido de cero.

La propiedad, sin ninguna transacción de por medio, pasó a manos de Alarcón, mediante sentencia de la jueza Andrea Manosalvas. En su fallo, la magistrada dispuso la inscripción de la ficha catastral N° 31 y la eliminación de la ficha inicial, sin soporte documental de la compra del terreno ni juicio civil que lo autorice. 

Alarcón es un empresario cuya actividad principal es la venta de sánduches de chancho. Es gerente de Producarnes S.A., empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos cárnicos. También es representante legal de la Empresa SANDUCHONCORP S.A. Para la fiscal Salazar, las actividades del primo de Muentes difícilmente le habrían permitido comprar una propiedad a ese precio.

Eric Ramírez, miembro de la familia afectada y ciudadano ecuatoriano- estadounidense, denunció el traspaso ilegal de su propiedad ante la Embajada de Estados Unidos y solicitó la intervención de la UAFE y el SRI.

Asimismo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a través de su procuradora, Ruth Solano, presentó una acción de protección contra la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas y Movilidad por $30 millones dólares por un contrato de repavimentación. 

En principio, la jueza Larissa Ibarra declaró el no a lugar de la acción, sin embargo, los jueces procesados Henry Taylor y Guillermo Valarezo aceptaron una acción de protección “a cambio de una dádiva”. 

Según la fiscal, Fabiola Gallardo, expresidente de la Corte de Guayas y también acusada en el caso Purga, negoció la remodelación del piso de las oficinas de la magistratura y fue su relacionista pública, Mayra Salazar, quien seleccionó el modelo de piso.

Es decir, “por la mísera cantidad de $1.400 para ahorrarse la mano de obra”, Gallardo favoreció a la estructura criminal por $30 millones. En Guayas todo era posible”, dijo Salazar. 

La fiscal también se refirió a la presunta participación de Elcy Celi, ex vocal suplente de Fausto Murillo, en este chanchullo, no obstante, no precisó qué rol jugó. Celi fue señalada por el propio Murillo por su cercanía con las filas del PSC.

Fabiola Gallardo, la alta jueza que buscaba a Fito

El 12 de agosto de 2023, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue trasladado desde la cárcel Regional a la cárcel La Roca. La medida fue ejecutada en cumplimiento al Decreto 823, expedido por el expresidente Guillermo Lasso, tras varios hechos violentos como los asesinatos del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, y del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, ocurridos en julio y agosto de 2023 respectivamente.

Esta madrugada en seguimiento del Decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad.
De generarse reacciones violentas, actuaremos con toda la fuerza… pic.twitter.com/N2cwoEH2zp

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 12, 2023

Sin embargo, al cabo de un mes, un fallo judicial revirtió la decisión del gobierno y dispuso el retorno de Fito a la cárcel Regional, donde vivía a cuerpo de rey, con todo tipo de privilegios.

Fue el juez Diego Poma, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, quien ordenó el inmediato traslado del líder de los Choneros -prófugo de la justicia desde el 8 de enero de 2024- a su suite en el CRS 4, en virtud de que el SNAI “no presentó informes que justifiquen su traslado a La Roca”.

«Es indignante la decisión del juez Diego Poma, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en el cantón Guayaquil, de ordenar el traslado» de «Fito» desde La Roca a la Regional de Guayaquil, señaló la Presidencia en un comunicado.

Poma, además, había liberado, con registros adulterados, a Dritan Rexhepi, el líder de la mafia albanesa. Además, también favoreció a Junior Roldán, alias Junior, narcotraficante asesinado en Colombia el 6 de mayo de 2023. Esto fue denunciado por Villavicencio, en abril del año pasado.

.@VillaFernando_ pide a la fiscal @DianaSalazarM2 que inicie una acción penal en contra del juez, Diego Poma, por otorgar libertad ilegal a #DritanRexhepi narcotraficante albanés buscado por la #PoliciaEuropea. Solicita al @CJudicaturaEc destituir al juez. @eluniversocom pic.twitter.com/g5PUwxlcL1

— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) April 24, 2023

Villavicencio, asimismo, advirtió que Fabiola Gallardo y Johan Marfetán dictaron el sobreseimiento del narcotraficante Álvaro Pulido, accionista de FOGLOCONS y socio de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. El ex candidato asesinado dio esta alerta a propósito de la inclusión de Gallardo en la tercera terna propuesta por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, para la selección del titular del Consejo de la Judicatura.

Gallardo se acercó a Fito con motivo del trámite de la apelación presentada por el SNAI al fallo del juez Poma que dispuso su retorno a la Regional. 

Según el Ministerio Público, “la amiga” trató de contactar al líder de los Choneros, “en procura de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo”. Además de Gallardo, Henry Morán y Reinaldo Cevallos también integraron el tribunal de apelación.

“Lo que más llama la atención a Fiscalía es que no es el líder de Los Choneros el que se acerca a la expresidente de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, sino que es ella quien – mediante un abogado– busca a Fito, prófugo de la justicia ecuatoriana”, contó Diana Salazar.

Gallardo, según la fiscal, reculó de último momento por los operativos del caso Metástasis y las advertencias de Mayra Salazar.

“Se fija la audiencia para el miércoles 20 de diciembre a las 8:10 a fin de resolver la situación penitenciaria de alias Fito, sin embargo, luego de haberse dado el operativo del caso Metástasis, la diligencia no se instaló porque Mayra Salazar le mandó a decir que no haga la audiencia porque en los teléfonos está la evidencia que la vinculan a ella con esa causa. La trataba de proteger, pero de manera tardía”.

En virtud de que la audiencia no se instaló, fue reprogramada para el 20 de abril de 2024. Gallardo se anticipó y, el 12 de enero, presentó su excusa a la causa. Como evidencia de su inhabilitación, “la amiga” (como llamaba Mayra Salazar a Gallardo en sus conversaciones con Salcedo) adjuntó una entrevista televisiva en la que expresaba “su indignación” por el retorno de Fito a la cárcel Regional. Paradójicamente, Gallardo negociaba beneficios para ese narco a cambio de dinero.