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Con aplausos, festejos y abrazos entre los miembros de las bancadas de ADN, PSC y Revolución Ciudadana concluyó este jueves 29 de febrero la sesión de juicio político en contra de Fausto Murillo, quien hasta ahora se desempeñaba como vocal del Consejo de la Judicatura y de Juan José Morillo ex vocal de la misma institución.
En el discurso del correísmo, lo sucedido equivale a que el país recupera la justicia, que estaba secuestrada por los vocales del Consejo de la Judicatura, o al menos así lo dijo Viviana Veloz (RC) presidente encargada de la Legislatura, tras la ausencia de Henry Kronfle (PSC). Sin embargo, en los hechos se convierte en la materialización del objetivo que hace más de un año y medio ya lo habían conversado el capo Leandro Norero (+) y Daniel Salcedo, quien ahora guarda prisión, sobre justamente destituir al vocal Fausto Murillo y con ello, conseguir manejar la justicia a su conveniencia. La destitución de Murillo abre la posibilidad de que su reemplazo actúe acorde con los intereses de este pacto, que ya apunta al nuevo nombramiento de jueces.
Lo sucedido entre la mañana y noche del jueves, parece haber robustecido el acuerdo entre las tres bancadas, al cual se lo conoce como El Pacto de la Impunidad, luego de un aparente resquebrajamiento al no haberse concretado la aprobación de las reformas del COIP. Es que este 29 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión N°907 avocó conocimiento del informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba la censura y destitución delvocal Fausto Murillo Fierro, y la censura del ex vocal Juan José Morillo.
Murillo fue acusado de cuatro cargos: presunto tráfico de influencias, supuesta arrogación de funciones, la no entrega del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo y por la no homologación salarial de servidores judiciales; a Morillo, por su parte, le imputaron un cargo por tráfico de influencias que se desprende de la causa penal en su contra por los audios filtrados en los que, presuntamente, habría gestionado la concesión de medidas cautelares para evitar la destitución de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
El ahora ex vocal Murillo desvirtuó todas las acusaciones en virtud de que la Corte Constitucional, en sentencia 1219-22-EP/22, de 26 de septiembre de 2022, lo ratificó como presidente encargado del organismo, estableció que Álvaro Román sería suplente y dispuso a la Corte Nacional de Justicia que envíe la terna correspondiente para la inmediata selección del titular de la Judicatura.
A su turno, Morillo aseguró que el tráfico de influencias no es causal para enjuiciamiento político, por lo que solicitó el archivo del proceso.
Al término del debate e interpelación, la única moción presentada por el socialcristiano Carlos Vera Mora, proponente del juicio, fue aprobada con 102 votos a favor, 2 en contra y 28 abstenciones. Así, el Legislativo superó con holgura los 92 votos necesarios para su ajuste de cuentas.
#ATENCIÓN | Con 102 votos, la Asamblea aprueba la censura y destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y la censura del ex vocal, Juan José Morillo. https://t.co/GglYeenXWe pic.twitter.com/a94sqCf5UC
— Primicias (@Primicias) February 29, 2024
Con la salida de Murillo, la búsqueda de impunidad para la lista de prontuariados correístas -con el prófugo ex presidente Rafael Correa a la cabeza- toma otra dirección: van, probablemente, por el concurso de jueces nacionales.
La jugarreta de último momento y el ajuste de cuentas del correísmo contra Murillo
El miércoles 28 de febrero, pocos minutos antes de que la correista Viviana Veloz, presidente encargada, suspendiera la sesión, que continuaría al día siguiente, trascendió a través de redes sociales la renuncia irrevocable de Elcy Celi, ex vocal suplente de Murillo en el Consejo de la Judicatura.
Celi, al igual que Murillo, fue parte de la terna que la Asamblea escogió en 2019 para integrar la Judicatura en el periodo transitorio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Murillo, durante la exposición de sus alegatos de defensa, reveló la filiación de Celi con el PSC. En respuesta a esa acusación, su alterna emitió un oficio dirigido a Nicole Bonifaz, presidenta del CPCCS, informando su decisión de dar un paso al costado para desmentir las imputaciones de Murillo.
Dejo aclarado que no soy afiliada a ningún partido político como lo ha afirmado maliciosamente el vocal Murillo, por lo tanto, no pertenezco ni he pertenecido al PSC, escribió Celi.
La renuncia de Celi fue leída por Veloz, el jueves 29 de enero, al momento de la reinstalación de la sesión N° 907.
Para que se les acabe el pretexto y con la finalidad de que se dé paso a una renovación profesional y seria del Consejo de la Judicatura, por tal motivo la decisión que he tomado es por la transparencia y el respeto que se merecen todos los ecuatorianos, indicó Celi.
Esta maniobra, precisamente, propició el apoyo de último momento de ADN, pues, en los pasillos de la Asamblea, se rumoraba que la terna nominada por la mayoría legislativa y que irá al CPCCS para la selección del reemplazo de Murillo incluiría nombres de candidatos con agenda dividida y supuestamente alineado a las tres fuerzas políticas del pacto.
La mayoría legislativa, sin embargo, afirma que esta será una oportunidad para escoger a profesionales del más alto nivel.
En una comunicación con La Fuente – Periodismo de Investigación, Adrián Castro, asambleísta de ADN, dijo que, en mérito de lo expuesto durante la interpelación, la bancada oficialista encontró suficientes elementos probatorios para apoyar la censura y destitución.
Luego de escuchar a las partes tanto interpelantes como interpelados consideramos que durante la etapa de sustanciación y, recogiendo los argumentos planteados en la interpelación, las réplicas y contrarréplicas, existieron argumentos suficientes que nos permitieron identificar de manera inequívoca la responsabilidad política de las dos personas, aseguró.
Entre tanto, el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel disiente con este criterio y refiere que el reemplazo de Murillo provendrá de una terna cuyos selectores serán los miembros de la agenda de impunidad.
Lo que está detrás de esta censura y destitución no es precisamente lo que sucedió en el juicio, sino el interés de controlar el Consejo de la Judicatura a través del nombramiento de un nuevo vocal que sustituirá al vocal Fausto Murillo, explicó.
Lo cierto es que se avecina el concurso de jueces nacionales y las bancadas no disimulan su interés por echar mano en la justicia.
A este respecto, Solanda Goyes y Merck Benavides, los flamantes vocales principalizados, ya anunciaron su interés de reformar el reglamento al concurso de jueces. Murillo, en este sentido, era un obstáculo para estos fines cuestionables.
Una conversación entre Leandro Norero, narcotraficante asesinado en octubre de 2022, y Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria y procesado en el caso Metástasis, revela que ambos tenían expectativa sobre el juicio que en agosto de 2022 el correísmo seguía contra Murillo.
En esa ocasión, los interpelantes fueron Viviana Veloz y Luis Almeida, ex asambleísta socialcristiano:
«Ñaño, es que en 10 días sacamos al Consejo de la Judicatura. Ya con eso olvídate. Salimos porque salimos», les decía Salcedo a Norero.
Ambos delincuentes concluían en que Murillo no quería que salgan y por eso debían quitarlo del camino. Finalmente, esa coordinación entre la política y el narcotráfico ayer se materializó.
Construye remueve de sus filas a Díaz y pide explicación a Castillo
La bancada de Construye también sufrió fricciones a la interna por la votación de Francisco Díaz, asambleísta suplente de la legisladora Alexandra Castillo.
Pocas horas después, la Lista 25 anunció la remoción de Díaz porque votó a favor de meterle las manos a la Judicatura.
Quien coincida con la agenda de la impunidad y las mafias no puede ser parte de Construye. pic.twitter.com/Gr8lMh2Izm
— Construye_Ecu (@Construye_Ecu) February 29, 2024
Además, Construye exhortó a Castillo a dar explicaciones por su repentina ausencia. Según Peñafiel, su compañera de bancada será sometida a un proceso disciplinario en el Comité de Ética del movimiento.
