1111 Asamblea deja en el camino al IVA, pero abrió la puerta al inmediato veto de Noboa

Asamblea deja en el camino al IVA, pero abrió la puerta al inmediato veto de Noboa



Asamblea deja en el camino al IVA, pero abrió la puerta al inmediato veto de Noboa

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación6 febrero, 202441min
Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación6 febrero, 202441min
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Esta tarde, con 43 votos a favor, 83 votos en contra y 9 abstenciones, se negó la moción sobre el incremento permanente de la tarifa del IVA del 12% al 13%, y un aumento temporal al 15% durante lo que resta del ejercicio fiscal 2024 y los ejercicios fiscales 2025 y 2026. Los votos negativos llegaron de los bloques del PSC, Revolución Ciudadana y Pachakutik.

Estos son los resultados principales de una jornada que había captado el interés de la ciudadanía.


Noboa opta por el veto parcial

El presidente Noboa, poco después de que la Asamblea objetara el incremento del IVA, envió su veto parcial a la norma.
Además de insistir en el incremento permanente al 13%, el Primer Mandatario también incluyó una disposición para que el porcentaje del IVA pueda fluctuar al alza, “previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas”, y de acuerdo a la balanza de pagos, hasta el 15%.

Tal y como fue aprobada la ley, sin esos $1.105 millones de dólares provenientes del incremento del IVA, la recaudación proyectada disminuyó a $424 millones de dólares en 2024. Las contribuciones temporales y el aumento del ISD le darán al fisco unos $713 millones de dólares, pero a eso hay que restarle $289 millones de dólares de la reducción del IVA a los materiales de construcción.

Con el veto parcial enviado por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea necesitaría 92 votos para ratificar lo aprobado, sin embargo, según estiman los propios legisladores, no existen los votos para hacerlo. De esta manera, el incremento del IVA será una realidad en pocos días.

Contribución a la banca y aumento del ISD con luz verde

Tras un debate que duró más de 3 horas, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ordenó la votación. En la primera moción, que se refería al IVA, la moción fue rechazada.

En lo que respecta a la segunda moción, referente a la contribución entre 5% y 25% de las utilidades generadas por la banca en el ejercicio fiscal de 2023, la Asamblea la aprobó con 98 votos a favor, 17 en contra, cero blancos y 20 abstenciones.

La tercera moción, que concierne al incremento del ISD hasta el 5%, fue aprobada por el Pleno del Legislativo con 117 votos a favor, 16 en contra, 0 blancos y 3 abstenciones.

Asimismo, la cuarta moción relativa a una contribución temporal de seguridad (CTS) gravada al 3,25% de las utilidades obtenidas por las sociedades en 2022, fue aprobada con 134 votos a favor, cero negativos, cero blancos y 2 abstenciones.

La quinta moción, que atañe a la fijación de la tarifa de IVA al 5% para materiales de construcción y la disposición transitoria segunda que alude al plazo del Ejecutivo para la emisión del respectivo reglamento de la ley, fue aprobada por el Pleno con 133 votos a favor, 2 en contra, 0 blancos y una abstención.

Y, la sexta y última moción para que el Secretario General del Parlamento realice las correcciones de estilo y forma del documento aprobado, fue aprobada con 85 favorables, 52 negativos, cero blancos y cero abstenciones.

Concluida la votación y reconsideración del proyecto de ley, Kronfle negó la moción de archivo presentada por el correísmo y clausuró la sesión.

La discusión del IVA con aliados en contra

Este martes 6 de febrero, luego de casi una hora de retraso, inició la sesión N° 897 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuyo único punto del orden del día era conocer y resolver respecto del informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.

El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, suspendió la sesión y la declaró en comisión general para recibir al Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Jaime Vela.

El almirante resaltó las acciones militares para enfrentar a los grupos identificados como terroristas, contribuir con la seguridad nacional y restablecer el orden en los centros de privación de la libertad.

“Las FF.AA. han movilizado todo su contingente personal y material con el fin de ocupar todo el territorio nacional. Desde el 9 de enero hasta el momento, se han aprehendido a 5.994 personas, de las cuales 237 son por terrorismo”.

Al término de su corta intervención, Vela exhortó a los legisladores a que respalden el incremento del IVA para sostener el despliegue militar.

“Peleemos esta guerra juntos, no nos paralicemos. Sigamos adelante, es momento de actuar. Estamos en medio de una guerra que hay que ganar. El destino del país está en nuestras manos. Dennos lo que necesitamos para prevalecer. No se necesita tener un uniforme para ser un héroe”, dijo.

En esa línea, la oficialista Valentina Centeno, proponente del proyecto, explicó que la guerra no solo mide la fuerza militar de sus adversarios, sino también su poder político y económico.

“La única forma de recuperar la paz en este país es con el concurso de todos y todas; con una Asamblea Nacional que trabaje de la mano de nuestro presidente, Daniel Noboa, y ciudadanos que trabajen con fuerza y unidad”.

Esa unida, continuó, requiere de aportes de todos y una profunda convicción cívica de aportar a la lucha militar contra el terrorismo. Por ello, Centeno dijo que la Asamblea no debe oponerse al presidente Noboa.

Valentina Centeno

“El IVA, en nuestro proyecto se sugiere incrementarlo en un punto permanente y dos puntos temporales hasta 2026. Eso permitirá que el Estado recaude $1.300 millones anuales hasta 2026 para financiar el conflicto interno, dotar a los militares y policías de equipamiento e infraestructura, y para invertir en programas sociales directamente atados a las causas de la inseguridad”, justificó.

Finalmente, Centeno mocionó la aprobación segmentada por bloques de la iniciativa legal y la dividió como sigue:

Bloque uno, aprobación de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la disposición final referentes a la contribución de la banca y cooperativas de ahorro y crédito.

Bloque dos, la aprobación de las disposiciones reformatorias segunda y tercera y la disposición reformatoria única referente al incremento del ISD.

Bloque tres, la aprobación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 relacionados a la contribución temporal de seguridad (CTS).

Bloque cuatro, la aprobación del numeral de la disposición reformatoria primera para la fijación de la tarifa de IVA al 5% para materiales de construcción y la disposición transitoria segunda que alude al plazo del Ejecutivo para la emisión del respectivo reglamento.

Bloque cinco, la aprobación del numeral 2 de la disposición reformatoria primera referente al aumento permanente de un punto porcentual del IVA y la disposición transitoria primera concerniente al incremento temporal de dos puntos hasta 2026.

El correísta Blasco Luna, en cambio, insistió en que el IVA es un impuesto regresivo y que la contribución económica debe provenir de los sectores más pudientes del país.

“Que no nos entuquen cualquier cosa, so pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. No, no lo vamos a permitir”, espetó.

Blasco Luna

Según Luna, hay que eliminar los incentivos tributarios a las telefónicas y a la banca. Además, instó al presidente Noboa “a que pague su deuda en firme con el SRI”, que asciende a $89 millones.

“Los que estamos acá por lo menos no nacimos en cuna de oro y no tenemos un millón de dólares de patrimonio. Paguen, contribuyan, métanse la mano en el bolsillo”, reclamó efusivamente.

El correísta concluyó su vehemente alocución planteando el archivo de la ley “y que se opte por una propuesta que haga que el más tiene más contribuya”.

El socialcristiano Jorge Acaiturri, asimismo, precisó que su bloque legislativo presentó una alternativa “sin afectar al bolsillo de los más necesitados” para que la fuerza pública tenga todo lo necesario y pueda mitigar el impacto de los efectos colaterales de la violencia.

También dijo que con la focalización de los subsidios, el recorte de aproximadamente el 5% del Estado y la renegociación de la deuda externa con los multilaterales podría darle al gobierno $2.000 millones de ahorro adicional.

Jorge Aicaturri

Otra opción, dijo el asambleísta, sería reconsiderar, a través de una pregunta adicional en la consulta popular, la pertinencia de suspender la explotación del ITT; toda vez que reportan $1.300 millones brutos y $870 millones netos.

“Hay más alternativas al aumento del IVA. Sabemos la durísima situación económica que heredó el gobierno nacional, pero no creemos que la factura se la puede poner en la mesa de aquellos que no tiene que comer”, enfatizó.

Por el lado de Construye, la asambleísta Sandra Rueda dijo que apoyarán al gobierno porque comprenden la necesidad de recaudación, sin embargo, instó al presidente a que sincere la situación del país.

“A diferencia de la postura de sus aliados, cuente, Sr. presidente, con Construye. Lo hacemos con sentido de responsabilidad con el país. Esperamos que esta tercera reforma tributaria venga acompañada en muchos otros sectores”, dijo.

Sandra Rueda

Sin embargo, también rechazó el incremento al ISD y a las contribuciones gravadas a las utilidades de la banca y empresas porque son confiscatorias y asfixiantes para los ciudadanos.

Pese a concesiones, la propuesta de Noboa del incremento del IVA llegó sin consensos

Con motivo del conflicto armado interno, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional, la noche del 11 de enero, un proyecto de ley calificado de urgente en materia económica para financiar el despliegue militar y estabilizar las finanzas públicas.

La propuesta legal, que tiene 4 artículos, dos disposiciones generales y una disposición reformatoria, establece el incremento del IVA del 12% al 15%.

Luego de ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la “Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica” recayó en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora oficialista, Valentina Centeno.

Tan pronto la iniciativa legal llegó a la Asamblea, las dos fuerzas políticas aliadas al gobierno -el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana- anticiparon que no la respaldarían.

Pese a las numerosas concesiones que hizo el bloque de ADN, tanto el correísmo como el PSC prepararon sus propios informes de minoría que incluyen, entre otros puntos, impuestos de hasta el 25% a las utilidades de la banca obtenidas en 2023, contribuciones al 3,25% de las utilidades de empresas generadas en el 2022, impuestos al patrimonio y el aumento del ISD, respectivamente.

En este escenario aún incierto, Noboa, sin los votos suficientes, decidió prorrogar el pago de los sueldos de enero de la nómina pública hasta que el incremento del IVA se apruebe.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó hoy martes 6 de febrero al Pleno para someter a votación separada el articulado.

Mediante mociones específicas, se puso a consideración de los legisladores el aumento del IVA, el incremento del ISD, la fijación de la tarifa del 5% a los materiales de construcción y las contribuciones retroactivas a las utilidades de la banca y las sociedades. Todas pasaron por una amplia mayoría, salvo el aumento del IVA.

A estas alturas, la única opción del gobierno es el veto presidencial para la promulgación del ajuste de 3 puntos al IVA. Así, la falta de voluntades en la Asamblea para rechazar el incremento del IVA allanaría el camino para su entrada en vigor.

El informe de mayoría aprobado entre halagos y palmaditas en la espalda

La tarde del 31 de enero, la Comisión de Régimen Económico, con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, aprobó el informe de mayoría para segundo debate del proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica que plantea un incremento de la tarifa del IVA al 13% que será permanente y un aumento al 15% hasta 2026.

La propuesta normativa incluye una contribución temporal de seguridad (CTS) del 3,25% a las utilidades gravadas en el ejercicio fiscal de 2022 de sociedades y establecimientos permanentes. Esto fue planteado por el PSC.

También se estableció una contribución especial a las utilidades gravadas en 2023 por los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Las tarifas se determinan de acuerdo a una tabla de porcentajes que van desde el 5%, en el caso de montos inferiores a $5 millones, y ascienden hasta el 25% para ganancias superiores a los $100 millones. Esta propuesta fue presentada por el correísmo.

Asimismo, se fijó un tarifa del 5% de IVA para los materiales de construcción y se restableció el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%, facultando al presidente a imponer tarifas diferenciadas por sector.

Además, esta mesa legislativa descartó la contribución temporal sobre la remuneración de los trabajadores bajo relación de dependencia del sector público y privado que perciban desde $1.000 dólares hasta $20.000 dólares mensuales. La propuesta desestimada incluía también a trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios.

Durante el debate, hubo un derroche de civilidad y lisonjas de los correístas a la “madurez política” de los asambleístas de gobierno por su voluntad de diálogo.

“Celebro el hecho de que haya habido una discusión que genere inclusividad en las propuestas que han presentado los distintos sectores. Ciertamente ha habido esa capacidad de acoger buena parte de las propuesta que nosotros hemos presentado, sin embargo de ello, nosotros mantenemos una postura firme en el sentido de que no coincidimos en que la medida fundamental deba ser la elevación de los tres puntos del IVA”, dijo Lenin Lara, asambleísta de la Revolución Ciudadana.

Otra escena de compañerismo fue protagonizada por el socialcristiano Jorge Acaiturri y el correísta Blasco Luna. En gran parte de su intervención, el asambleísta del PSC volvió la vista a su colega legislador de RC-5, como en búsqueda de su aprobación.

“Que bueno que se haya eliminado ese golpe al salario que se le iba a dar al pueblo ecuatoriano, porque sin lugar a dudas iba a afectar el poder adquisitivo, las ventas y la recaudación del mismo gobierno que hoy quiere aumentarla para financiar el conflicto interno armado”, señaló Acaiturri, mientras Luna asentía con su cabeza.

En el pasaje final de su alocución, el legislador socialcristiano repitió la reverencia al correísta:

“Hemos dejado claro en nuestro informe que existen otras posturas que le pueden permitir al Gobierno Nacional obtener los recursos necesarios, pero sin darle un golpe a la clase trabajadora, a la clase humilde y a los más necesitados de la patria”, concluyó Acaiturri, al tiempo que volteó a ver a Luna para asegurarse de que lo hizo bien.

El uso de la palabra del socialcristiano finalizó con un apretón de manos con su colega correísta; una escena que resume la fraternidad entre ambas fuerzas políticas.

Es un problema de gastos, no de ingresos, dice experto

De acuerdo con la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador cerró el 2023 con un déficit fiscal de $5.789 millones debido a un incremento del gasto corriente en $2.000 millones, además de una caída de ingresos de aproximadamente $1.900 millones por menores precios de petróleo y una menor recaudación tributaria de alrededor de $2.000 millones, considerando que las personas con altos patrimonios ya no tenían que pagar la contribución tributaria especial que sí pagaron en 2022.

El gobierno, asimismo, incurrió en atrasos y no pagó $4.000 millones correspondientes a deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los gobiernos autónomos descentralizados y los proveedores. Además, tiene que pagar una deuda de $4.000 millones. Todo ello determina una necesidad de financiamiento en el orden de los $14.000 millones.

En ese marco, plantear un incremento del IVA de 3 puntos para financiar la guerra contra el terrorismo, según el economista Alberto Acosta Burneo, deja muchas interrogantes.

“¿Cómo se garantiza que ese dinero sí vaya a la guerra contra la inseguridad? El gobierno dice que va a recaudar $1.300 millones por año, pero le faltan $5.700 millones, está atrasado en pagos con $3.600 millones. Entonces ese dinero, si llega aprobar de esa manera, lo más probable es que termine yendo para financiar atrasos”.

Acosta Burneo cree que esta medida no es la solución al problema fiscal, puesto que no se enfoca en los problemas estructurales del excesivo gasto estatal que serían, a su juicio, el verdadero origen del desbalance.

“El problema no nace de una falta de ingresos, el problema está por un exceso de gastos. Sólo para dar el ejemplo, el año pasado el incremento del gasto corriente subió $2.000 millones de dólares. Eso no es sostenible, no hay cuenta fiscal que lo aguante”, cuestionó.

En tal virtud, Acosta Burneo felicita los anuncios gubernamentales respecto a la posible fusión de 19 entidades de la Función Ejecutiva y la focalización de los subsidios a los combustibles.

“Lo primero es que se debe priorizar el gasto. Gastar en lo importante; salud, educación, seguridad y dejar de gastar en lo demás. Y la segunda medida por el lado del gasto es focalizar los subsidios a los combustibles. No puede ser que sigamos destinando entre $3.000 y $3.500 millones al año, cuando la mitad de ese subsidio va al quintil más rico de la población”, precisó.

En esa línea, la manera más rápida de obtener un importante ahorro de alrededor de $2.000 millones al fisco, explica el analista, sería con la no renovación de los contratos ocasionales y la focalización de los subsidios que garantice que los más pobres no sean afectados.

“La ventaja es que no existirían costos de indemnización por no renovar esos contratos y, a través de una transferencia mensual a los transportistas para que no suba la tarifa del transporte público, se podría reintroducir el sistema de banda de precios de los combustibles para que quienes sí podemos pagar un valor cercano al de mercado lo hagamos”.

Acosta Burneo asegura que el modelo de Estado debe modificarse, dado que la multiplicidad de instituciones existentes y funciones a su cargo lo hacen insostenible e ineficiente.

“No podemos seguir teniendo ese Estado que se dedica a todo, que gasta en todo y que no le alcanza en lo importante. Necesitamos que se enfoque. Su rol debe estar en seguridad, educación y salud. Necesitamos calidad en esas tres áreas”, dijo.

Según el experto, este es el momento de simplificar y concentrar el esfuerzo estatal en las actividades que le agregan valor a la vida de los ciudadanos.

El IVA ayudará, pero no de forma aislada

Aunque el monto total de las necesidades de financiamiento del Ecuador asciende a aproximadamente $14.000 millones, el economista Pablo Lucio-Paredes cree que el presidente Noboa “pateará hacia adelante” parte de los atrasos y deuda para el próximo año.

“Probablemente, entre deuda y atrasos estamos hablando entre $7.000 y $8.000 millones, lo cual ya cubre una parte de los $14.000 millones”, refirió.

Lucio-Paredes cree que es “sensata” la propuesta de incremento del IVA, ya que no impacta sobre el crecimiento de largo plazo de la economía, además de que las exoneraciones aplicadas a una amplia lista de bienes y servicios evitan que se afecte a los sectores más pobres; no así la intención de gravar un impuesto a las utilidades de la banca generadas en 2023.

Sobre las exoneraciones, el analista considera oportuna una revisión integral para mejorar la capacidad de recaudación del Estado. En octubre de 2023, Francisco Briones, entonces director del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó el cálculo del gasto tributario, que es el rubro que el Estado deja de cobrar por exoneraciones y exenciones.

Alrededor de $3.708 millones, o lo que es lo mismo, el 72% del gasto tributario, se destinaban a exoneraciones: de esa cifra, el 24% ($1.240 millones) con IVA del 0% van a medicinas y alimentos; el 18% ($923 millones) a educación, salud y vivienda; y el 14% a otros productos y servicios ($721 millones).

Asimismo, el economista cuestiona la pertinencia de la propuesta, toda vez que el banco es quien presta dinero a la gente y si sus utilidades se reducen, la capacidad de otorgar crédito se contrae.

“Normalmente los bancos cogen las utilidades que tienen, le dejan la mayor parte en el banco, ¿y entonces el banco qué aumenta? Su capacidad de dar más crédito porque para que los bancos den más crédito necesitan más plata”, explicó.

El aumento al ISD hasta el 5%, según Lucio-Paredes, es otra medida inadecuada, puesto que eleva un barrera que vuelve poco atractivo al Ecuador ante los ojos de la inversión extranjera.

En su lugar, el experto sugiere que el aumento del IVA sea acompañado de una reducción de gastos improductivos, la focalización de los subsidios, aumento en la producción petrolera y minera, un control a la evasión tributaria y que Ecuador reciba compensaciones económicas por sacar del mercado la droga que incauta y destruye. La voluntad para articular estas medidas garantizará, según dijo, una estrategia general de crecimiento económico a largo plazo.

“La tecnología moderna es bien fácil. Hace 10 o 20 años tal vez hacer todo esto era más difícil, pero no puede ser difícil en el mundo moderno. Y si me dicen que es difícil, que lo demuestren porque yo no lo creo”, enfatizó.

El experto cree que la eliminación de instituciones innecesarias, la trazabilidad del suministro de combustibles subsidiados y el cotejamiento de datos para cobrar impuestos es posible mediante la tecnología.

En cuanto al incremento en la explotación petrolera y minera, Paredes indica que con la consulta popular del Campo ITT se desaprovechó la riqueza para el beneficio de los ciudadanos.

“La voluntad del gobierno no basta. El resto de los políticos en la Asamblea deben tener la voluntad de hacer cosas favorables al país. Es su obligación. Además, se necesita la voluntad de la sociedad. Si cada uno se queda con su visión de las cosas en su esquina, las cosas no avanzarán en el país”.

Esta crisis, añade, requiere que cada uno renuncie a fundamentalismos y salga al encuentro de los demás.

Iniciativa presidencial y retroactividad ignoradas porque sí

Pese a que es potestad exclusiva del presidente de la República enviar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman tributos, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, tanto correístas como socialcristianos infringieron la norma.

Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.

Ambos bloques, al margen de la ley, fijaron la creación de contribuciones a las utilidades de las sociedades y la banca gravadas en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, respectivamente.

Si bien dentro de las facultades de la Asamblea se incluye la creación, modificación o supresión de tributos mediante ley, el debate debe ser sobre la base de la propuesta presidencial; es decir, el incremento porcentual del IVA.

Varios expertos constitucionales rechazaron la extralimitación de las atribuciones de los legisladores, sin embargo, esta no fue la única ilegalidad en la incurrieron cuando introdujeron sus contraofertas:

De conformidad con el artículo 300 de la Constitución, se establece que el régimen tributario, por principio legal, no es aplicable hacia atrás.

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

Aun con todas estas advertencias, la Comisión de Desarrollo Económico pasó por alto las graves inconstitucionalidades cometidas y prefirió celebrar la complacencia del gobierno.

Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, opina que, si bien respalda el incremento del IVA, hay varios vicios de inconstitucionalidad en la propuesta final.

“No sólo viola el principio de irretroactividad, también viola los de generalidad y equidad fiscal porque escogen únicamente a un grupo, en este caso a la banca”.

Por otra parte, Santamaría señala que gravar contribuciones a las utilidades de la banca tiene un “efecto placebo” y ni siquiera cumple con el objeto por el cual fue propuesto.

“Parecería que les vamos a cobrar a los bancos, mentira. Los bancos en algún momento indexarán sus servicios bancarios y todo este impuesto nos trasladarán a los clientes”, dijo.

Según el experto tributario, pensar en la estructura fiscal del Ecuador fomentará la creación de un nuevo modelo de desarrollo.

“Si por el contrario hoy definimos medidas estructurales para que desde este año, a todos los que tengan estas hiper-utilidades se les cobre una sobretasa, perfecto. Con eso le damos al país permanentemente más recursos, pero sin odios ni esta visceralidad coyuntural, sino con una mirada hacia el futuro”.

Santamaría cree que sería lamentable que, luego de que el riesgo país bajó a 1750 puntos y que los multilaterales han mostrado su predisposición de ayudar a Ecuador, la Corte Constitucional, “de un plumazo”, anule el incremento del IVA y todo vuelva a foja cero por los vicios que contiene la ley.

Depende de la Asamblea, pero sobre todo del veto del presidente, que la ley se ajuste a la Constitución y a su propuesta inicial.