Justicia en jaque: las piezas de Wilman Terán en el tablero de la impunidad

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Justicia en jaque: las piezas de Wilman Terán en el tablero de la impunidad

Contenidos La Fuente11 diciembre, 202366min
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En la actual situación de la justicia ecuatoriana, las palabras de Villavicencio resuenan: “la impunidad es la raíz del mal”, y desde este llamado nos adentramos en un complejo y doloroso juego estratégico donde los delincuentes se desplazan por el tablero legal con la fluidez de las piezas en el ajedrez, y las medidas judiciales se asemejan más a movimientos calculados que a medidas contundentes que beneficien a la ciudadanía.

La ley, en esencia, debería ser el espacio seguro de la sociedad; la reserva moral de una nación. Sin embargo, la sombra de la corrupción se cierne como un enroque amenazante.

La entidad que protagoniza este intrigante juego de ajedrez judicial es el Consejo de la Judicatura, proclamándose como el defensor de la transparencia y eficiencia del sistema de justicia.

Al examinar más de cerca, nos enfrentamos a una verdad desoladora: este Consejo, lejos de ser un protector, se asemeja más a un peón corrupto en un juego de intereses políticos y complicidades.

Lee más sobre el atropellado papel del Consejo de la Judicatura y la pérdida de confianza en este órgano.

El Consejo de la Judicatura ha perdido la confianza

Destacando como una pieza central en este tablero, Wilman Terán se revela como un jugador con movimientos estratégicos desde su participación en la correísta Comisión de la Verdad en 2007, hasta su actual presidencia en el Consejo de la Judicatura. 

¿Será Terán un hábil jugador comprometido con la justicia, o es parte de un juego más grande donde las agendas políticas y la corrupción dictan las reglas? 

A medida que desentrañamos las piezas y jugadas de Wilman Terán, el enigma de la justicia ecuatoriana se convierte en una partida de ajedrez que no podemos permitirnos perder.

Algunos tropiezos intencionados

El concurso para elegir 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, liderado por el polémico presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se convirtió en el semillero para la infiltración de la política y sus intereses de impunidad en la administración de justicia.

Este proceso tiene las voces de abogados, expertos, asambleístas e incluso de autoridades judiciales de alto rango, en su contra. Aún con un juicio político pendiendo sobre su cabeza, y pese al pedido de que se anule el concurso, el proceso sigue en marcha. 

Terán ha invertido tiempo en este proyecto, con el contingente de varios personajes polémicos que han servido como piezas de ajedrez en este tablero judicial.

Lee aquí los perfiles de las piezas de Wilman Terán 

Las piezas de Wilman Terán

Desde su inicio, a finales de julio, el concurso fue severamente cuestionado por la permanencia de Maribel Barreno y Juan José Morillo, exvocales acusados de tráfico de influencias. Esa falla de origen menoscabó inmediatamente la confianza en el proceso. 

Para calmar la agitación, Terán dijo que, hasta que no se aclare su situación judicial, ninguno de los dos toparía el concurso. Un mes después, él, Barreno y Xavier Muñoz fueron implicados en una causa por obstrucción de la justicia en el caso denominado “Independencia Judicial”, sin que se considerase declarar desierto el concurso por sus inconvenientes legales, o al menos se excusaran de participar y permitieran que sus alternos continúen el concurso.

En realidad, desde ese momento hasta la etapa actual del concurso (la prueba práctica), Terán optó por la omisión de los cuestionamientos, incluso de la misión de observadores internacionales, de cuyo informe intermedio se desprenden tres conclusiones, a saber: falta de publicidad sobre las carpetas de los participantes, cuestionamientos a la repetición de la prueba de confianza y observaciones a los criterios de selección de los expertos que integraron el Comité de Expertos.

Las pruebas de (des) confianza

En cada una de estas etapas existieron eventos que colocaron un manto de duda sobre la idoneidad del proceso.

Por ejemplo, en cuanto a las pruebas de confianza, el Pleno del Consejo de la Judicatura, con los votos de Terán y Muñoz, dispuso que únicamente 95 postulantes, de los 199 calificados para entonces, repitieran la evaluación, sin dar mayores explicaciones.

No obstante, el 21 de noviembre se presentaron 105 postulantes; muchos de ellos temiendo ser descalificados por el supuesto fallo del aplicativo.

Pero, ¿qué es exactamente la prueba de confianza? Al contrario de lo que muchos creen, este examen no es un polígrafo ni nada parecido; en realidad, consiste en una evaluación que mide las aptitudes lógicas, analíticas y espaciales del postulante. María del Mar Gallegos, aspirante a la Sala Penal, explicó que su contenido se asemeja a los test de ingreso a la universidad.

“Era una prueba bastante larga, de más o menos una hora y media, casi dos horas, que era en una computadora e ibas resolviendo según cada batería de prueba”, explicó la abogada.

La noche del domingo 12 de noviembre, el Consejo de la Judicatura notificó a los postulantes con la oportunidad de rendir un segundo y definitivo examen de confianza, optativamente, “en vista de los percances sucedidos en el desarrollo de la aplicación de los exámenes de confianza”, reza un extracto del correo.

Gallegos comentó que en su respuesta al mensaje de la Judicatura solicitó información sobre el puntaje que obtuvo y qué problemas presentó el sistema para calificar su prueba, pero no recibió ninguna respuesta.

Las autoridades tampoco precisaron quienes debían dar el examen y si realmente era opcional, sólo extendieron el plazo una semanas más, hasta el martes 21 de noviembre.

Fausto Murillo recoge este malestar y sugiere que la Judicatura debía probar ante los postulantes y a la opinión pública que realmente el aplicativo del examen falló para sustentar la repetición. En lugar de eso, hubo una declaración escueta del Director General que no despejó ninguna duda.

“Si dicen que el examen de confianza se repitió porque hubo incompatibilidad de los sistemas de la empresa y del Consejo, pues tienen que demostrarlo, tienen que sustentarlo. Y así con todos los demás cuestionamientos”, explicó.

La penalista decidió no repetir la prueba y, al cabo de una semana, fue notificada con la nota de su examen. Sobre 100 puntos, recordó, alcanzó 98. “Creo que los resultados, por más que sea lo que sea si hay algo atrás, no me pueden cambiar.

Terminamos la prueba teórica y nos imprimieron nuestro examen, entonces son cosas que no pueden cambiar”, aseguró.

Lo que sí podría ocurrir, dijo Gallegos, es que les suban la nota a los postulantes que repitieron la prueba de confianza para desplazar en el orden de calificación al resto de participantes.  

De hecho, Pablo Encalada, abogado penalista, sospecha que este sería el mecanismo de la Judicatura para favorecer a los aspirantes que obtuvieron puntajes bajos en el primer intento.

“Yo creería que ese es el mecanismo para puntuar de manera favorable a los que les caen bien y quizá esas pruebas no resultaron bien y por eso se volvieron a tomar”, sugirió.

Un sector mayoritario de la opinión pública y la sociedad civil especula que esta habría sido la intención de fondo para la repetición de la prueba de confianza. 

Lo que contribuye a las suspicacias es, por poner un caso, la falta de un listado detallado con los nombres de los postulantes cuyas evaluaciones presentaron inconvenientes.

En lugar de eso, la Judicatura facultó a un grupo selecto de postulantes para que rehagan sus exámenes con pleno conocimiento previo.

Maniobras y triquiñuelas que ponen en jaque a la justicia 

La búsqueda de 18 profesionales del derecho para que integren el Comité de Expertos que elaboraría las preguntas y los casos prácticos a los postulantes inició el 9 de septiembre, en medio de múltiples señalamientos contra los organizadores del concurso. 

Para entonces, todos los vocales del Consejo de la Judicatura, salvo Fausto Murillo, tenían procesos abiertos por tráfico de influencias, lavado de activos y obstrucción de la justicia respectivamente.

En ese marco, las Universidades, los Colegios de Abogados y los exjueces de la Corte Suprema de Justicia, en contraste con concursos previos, prefirieron no participar en el proceso. 

Esto, indirectamente, allanó el camino para el ingreso de polémicos personajes vinculados al correísmo, so pretexto de la escasez de prospectos cualificados.

Murillo recordó que, durante su administración, prestigiosos catedráticos fueron recomendados por la academia para acompañar de cerca los concursos.

“Se cursó oficios a todas las universidades del país y las universidades respondieron sugiriendo nombres de sus docentes, los gremios de sus mejores profesionales, la sociedad civil. No tuvimos ningún inconveniente, no hubo cuestionamientos”. 

En el proceso actual, el 7 de noviembre, tras los procesos de verificación de inhabilidades a cargo de la Dirección General, el Pleno, con votos afirmativos de Terán y Muñoz, aprobó la conformación del comité de 18 expertos distribuidos en 6 materias. 

Entre los seleccionados se encontraba Mireya Pazmiño, exasambleísta de Pachakutik investigada por tráfico de influencias y uso de documento falso que integró la terna principal de Derecho Mercantil.

Durante su breve paso por la legislatura, Pazmiño fue una férrea opositora del expresidente Guillermo Lasso, al punto en que fue una de las proponentes del Juicio Político en su contra por un presunto peculado cometido en un contrato entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y el pool Amazonas Tanker. 

Lo paradójico es que, mientras presidió la Comisión de Régimen Económico y Tributario, aprobó conjuntamente con el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) un informe no vinculante que recomendaba la continuidad de esa relación contractual. 

El documento en el que Pazmiño sugiere evitar la rescisión del contrato, habría sido elaborado en el computador de Isaac Garzón Méndez, hijo menor de Galo Garzón Játiva, procesado por las preventas petroleras junto a Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, en el caso Petrochina.

Mario Naranjo, su entonces asesor y amigo de la infancia, elaboró este documento fuera de la Comisión. Él es hermano de Wilson Naranjo, supuesto testaferro de los hermanos Peré Ycaza, identificados como intermediarios petroleros sentenciados en EE.UU.

Esta información formaba parte de los elementos de convicción expuestos por Fernando Villavicencio en su denunciada presentada contra Pazmiño ante la Fiscalía General del Estado, el 25 de abril de 2023, por tráfico de influencias y uso de documento falso. 

En virtud de esto, el Ministerio Público abrió una investigación previa contra la exlegisladora y sus amigos de la niñez, los hermanos Naranjo Borja, por cohecho, fraude procesal y otros delitos. 

Una fuente de la Universidad Estatal de Bolívar que pidió la reserva, confirmó a Periodismo de Investigación que “Pazmiño no es una docente activa y que se inscribió al concurso a título personal”.

A juicio de Terán, el prohibir que Pazmiño participe, pese a las investigaciones sobre ella y el estándar de idoneidad profesional y de probidad notoria que la integración del Comité de Expertos demandaba, habría sido discriminatorio, pues su pasado político no tiene incidencia para escogerla.

“No hay como anticipar criterio. Toda persona es inocente mientras no haya sentencia”, matizó.

David Guzmán, el Director General del Consejo, comentó que las áreas técnicas revisan únicamente inhabilidades, pero es el Pleno el que escoge, a su discreción, cuáles son los profesionales más probos para integrar el Comité.

“Es por ello por lo que, de las 373 personas que presentaron la documentación, 75 estaban exentas de esas inhabilidades y cumplían los requisitos, y por ende esas 75 debían ser escogidos por el Pleno”, aclaró.

De esos 75 postulantes, 36 fueron escogidos, entre titulares y suplentes, mediante el ejercicio deliberativo de la mayoría del Pleno.

En concordancia con esto, Murillo precisó que, si bien no pueden restringir la participación, el Comité de Expertos debería conformarse con profesionales recomendados por la academia y que ejercieran con probidad notoria la profesión de abogado. 

Esta comprobación, según explicó, correspondía a las áreas técnicas de la Judicatura.

Con esta apreciación coincide Pablo Encalada. Para el penalista, Pazmiño, al margen de sus inconvenientes con la justicia, no parece reunir los criterios profesionales para participar en un concurso de esta naturaleza.

“La exasambleísta Mireya Pazmiño hizo un papel muy triste en la Asamblea. Fue expuesta y todo el país la pudo ver, y a uno le genera dudas de su capacidad técnica, no digo política, pero en lo técnico-jurídico a mí me dejó muchos vacíos. Entonces a mí sí me genera dudas su capacidad técnica para elaborar las preguntas”, aclaró.

Otros dos personajes con vinculaciones a las filas de la Revolución Ciudadana son la pareja de esposos, María del Carmen Vera y Lyonel Calderón. Vera es hermana de Alembert Vera, otrora abogado del expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, y expresidente del CPCCS recientemente destituido. 

Calderón, por su parte, es su cuñado y asumió su defensa técnica justamente en la causa de seguimiento al dictamen interpretativo 02-19-IC/19 que Vera infringió cuando intentó conformar una veeduría ciudadana que revisara los nombramientos de los magistrados constitucionales y observó el nombramiento de la Fiscal General al amparo de una acusación de plagio de tesis desestimada por el órgano competente. 

Él fue escogido para la terna principal de expertos de lo Penal. Según una fuente cercana al proceso de fiscalización impulsado desde la Asamblea, ni Calderón ni su esposa fueron propuestos por la academia, sino que se inscribieron a título personal.

Pero la defensa de Vera no sería el episodio más controversial en su silenciosa militancia correísta. El 11 de noviembre de 2022, Calderón participó en el denominado “Seminario Internacional Caso Sobornos”, evento organizado en la urbe porteña, en el Hotel Oro Verde, con el auspicio de las Universidad Bolivariana del Ecuador y la de Santa Elena. 

El propósito del simposio era posicionar una tesis jurídica que desacreditara la fundamentación de la Fiscalía durante el juzgamiento de Correa, Glas, Mera y otros procesados. 

Entre los asistentes a la ponencia estaban los incondicionales cuadros del correismo: Ronny Aleaga, involucrado en el escándalo de la piscina de Miami, las actuales asambleístas Pamela Aguirre y Esther Cuesta. También asistió Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, aparentemente alejada de su movimiento.

En una de sus aparatosas intervenciones, Calderón aseguró que ni Correa ni Glas eran susceptibles de la autoría del ilícito -dar contratos a empresarios a cambio de sobornos con los que luego financiaban sus ostentosas campañas- porque “no son capaces de producir el hecho”; es decir, el cobro de coimas a empresas contratantes, a su juicio, no era competencia del expresidente prófugo de la justicia. 

Según Terán, la participación de Calderón en un foro que denigraba la acción fiscal en favor de sentenciados y prófugos tampoco supone un problema porque, como abogado, él está en la libertad de defender cualquier caso.

“Los abogados defienden casos, es su ejercicio y su práctica profesional como profesionales del derecho. Entonces, por una práctica profesional no se le puede decir que sería reñida esa conducta. Es un ejercicio profesional”.

Calderón, además, es exalumno y amigo de Alfonso Zambrano Pasquel, exjuez de la extinta Corte Suprema de Justicia y parte del equipo de abogados -junto a Fausto Jarrín y Carlos Alvear- que defendió a Correa en el alegato final del Caso Sobornos. 

Ambos juristas pertenecen a la Academia de Ciencias Penales y Criminológicas. A esa comunidad de profesionales del Derecho, también pertenecen José de la Gasca, exsecretario anticorrupción de Lenín Moreno y actual Embajador de Ecuador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y Mónica Palencia, Ministra de Gobierno del Presidente Daniel Noboa.

Precisamente, la noticia de que Palencia designó a Calderón como Viceministro de Seguridad Ciudadana trascendió dos días antes de que los postulantes a jueces rindieran el examen teórico, de cuya elaboración él participó.

Como autoridad del Gobierno, una de sus primeras actividades públicas fue la reunión que mantuvo con Iván Saquicela, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, para considerar alternativas que subsanen el vacío legal dejado por la derogatoria de la tabla de umbrales de consumo.

A decir verdad, es de los funcionarios del actual Gobierno que más perfil bajo tiene. Sus apariciones son poco frecuentes y, lo único que se conoce sobre sus funciones, es que coordina acciones para la reestructuración del Ministerio del Interior.

Sin embargo, es preocupante que una autoridad del Gobierno de Noboa, que profesa una evidente simpatía hacia el correísmo, integre un Comité de Expertos para formular el banco de preguntas a los aspirantes a jueces en un concurso ya de por sí cuestionado por la situación legal de sus organizadores. 

Esto, ciertamente, aviva la sospecha de que la metida de mano a la justicia es real y salpica incluso al actual Gobierno.

Los preparativos del concurso en medio de escándalos

Tan pronto llegó al sillón presidencial, Wilman Terán, con el respaldo de Xavier Muñoz y Maribel Barreno, conformó una mayoría que designó nuevos directores provinciales en el ámbito administrativo y disciplinario. 

Uno de estos funcionarios, específicamente la delegada de Cotopaxi para ese efecto, Patricia Veintimilla, fue detenida y guarda prisión preventiva por un presunto caso de tráfico de influencias. 

El mismo día de su detención, el 14 de noviembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria, removió a Veintimilla del cargo.

Al ser cuestionado por la pertinencia de su selección, Terán dijo que “se juzga al acto, no a la persona”, porque de lo contrario sería discriminatorio. 

“Si la conducta que ha ejecutado es reprochable, si esa conducta llega a concluir el juez que es indignante, y la coloca como delito, en ese momento no es a la persona a la que se la condena, es la conducta. Entonces no puede tampoco estigmatizar a un ser humano por un acto de su vida, porque el acto es enmendable a través de las sanciones de las leyes”, justificó. 

Veintimilla integró el tribunal de recalificación de méritos que, súbitamente, incrementó 20 puntos en la carpeta de Magno Intriago Mejía, postulante en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión, no obstante, fue revertida por la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura.

Previo a este bochornoso incidente, el 4 de mayo, en la víspera de la instalación de la audiencia de formulación de cargos por tráfico de influencias contra el exjuez provincial, Vladimir Jhaya, y los exvocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, el juez Walter Macías fue recusado por la defensa de esta última por supuesta enemistad manifiesta y falta de imparcialidad. 

Pese a que el juez Felipe Córdova negó el recurso por improcedente, ese mismo día, el 11 de mayo, con tan solo dos votos a favor, Terán empleó su voto dirimente, -como si equivaliera a un tercer voto que configure la mayoría simple del cuerpo colegiado- y suspendió a Macías por una denuncia administrativa interpuesta el 8 de marzo por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres e investigado por cohecho en el caso China CAMC. 

En respuesta a esto, la Fiscalía, la tarde del 12 de mayo, allanó la matriz del Consejo de la Judicatura como parte de una investigación previa abierta por un presunto caso de obstrucción de la justicia.

En la redada, los agentes fiscales ingresaron a los despachos de Morillo y Barreno para recopilar indicios, documentos, equipos electrónicos, entre otros insumos probatorios. 

Macías logró volver al cargo tras obtener una acción de protección el 26 de junio, pero sólo permaneció 57 días. Un tribunal de apelación anuló la acción de protección y ratificó su suspensión.

El 19 de agosto, en una polémica sesión extraordinaria, Terán y Muñoz -nuevamente con el voto dirimente del histriónico Presidente- destituyeron a Macías, quien ya había fijado la audiencia preparatoria de juicio contra Barreno, Morillo y Jhaya para el 25 de agosto.

Esta decisión fue rechazada por la Corte Nacional de Justicia. Su titular, Iván Saquicela, leyó la resolución en la que se conmina a renunciar a los vocales.

Más tarde, a través de un comunicado, el Pleno del organismo ratificó su exhorto. En la parte final del pronunciamiento, los magistrados reprochan severamente a Terán. «En forma clara y enfática decimos que se le retira la confianza.

¡No nos representa!», concluye el documento. Saquicela es otra de las voces que considera que el concurso de jueces debe ser suspendido.

Asimismo, con ocasión de las acusaciones del colectivo Acción Jurídica  Popular contra Diana Salazar por el supuesto plagio de su tesis, el Consejo de la Judicatura, a través del Subdirector de Control Jurídico, intentó poner en conocimiento del Pleno un informe que recomendaba al organismo dictar una medida preventiva de suspensión por un plazo máximo de tres meses por supuestamente haber accedido al cargo “valiéndose de posibles artimañas en el acto de presentación de los documentos para el respectivo proceso de selección”.

Salazar rechazó el acto y recordó que no está sujeta al régimen disciplinario de la Judicatura, sino al control político de la Asamblea. La sesión no pudo instalarse por falta de quórum. 

La causa por obstrucción de la justicia, en cambio, fue sorteada y recayó en el despacho del juez Luis Rivera, conocido por sus polémicas actuaciones alrededor de la anulación del caso Singue contra Jorge Glas y otros procesados, y el sobreseimiento de los 18 involucrados en la compra irregular de los 7 helicópteros Dhruv.

En ese sentido, el 29 de agosto, la FGE informó que tenía los elementos de convicción necesarios que revelarían la participación de los sospechosos en dos casos de connotación: Las Torres, en el que ocho personas, incluyendo al excontralor, Pablo Celi, fueron sentenciados por delincuencia organizada; y Vocales, en el que son procesados Barreno y Morillo por un presunto tráfico de influencias. 

En mérito de ello, el Ministerio Público pidió fecha y hora a la Corte Nacional para formular cargos contra Terán, Muñoz, Barreno, Morillo y cuatro funcionaros del Consejo de la Judicatura.

Casi dos meses después, Rivera finalmente convocó a la audiencia para el 20 de octubre, sin embargo, una vez instalada la diligencia, acogió tres pedidos de diferimiento de las defensas de Muñoz, Katherine Luna, jefa de Evaluación de Talento Humano, y Marcela Vaca, jefa de Monitoreo de Disposiciones de la Judicatura, en virtud de que sus abogados no habían tenido suficiente tiempo para leer los 15 cuerpos del expediente.

La Fiscal General, Diana Salazar, y Klever Ávalos, el delegado de la Procuraduría General del Estado (PGE), se opusieron, pero Rivera clausuró la diligencia.

Paralelamente, el juez Macías recuperó su cargo el 14 de septiembre a través de una acción de protección concedida a su favor por la jueza de Pichincha, Martha Vimos, en la que se determinó la vulneración de sus derechos -entre ellos, el principio de participación, el debido proceso y la seguridad jurídica- y se conminó al Consejo de la Judicatura a proceder con su inmediata restitución.

También se dispuso que la Judicatura realice el pago de los haberes adeudados en el tiempo que fue removido y la emisión de disculpas públicas a través de sus canales digitales de comunicación.

De vuelta en funciones, Macías convocó a la audiencia preparatoria de juicio contra Barreno, Morillo y Jhaya el 22 de septiembre, sin embargo, la diligencia se difirió por cuarta ocasión, en virtud del cambio de defensa anunciado por la exvocal procesada por tráfico de influencias.

El magistrado impuso una multa de dos Salarios Básicos Unificados (SBU) a los tres abogados de Barreno y convocó para el 27 de septiembre a la audiencia. 

En esa fecha, y tras una larga jornada deliberativa, la madrugada de 28 de septiembre Macías acogió los argumentos de la FGE, pues llegó a la determinación de que existían suficientes elementos que hacen presumir la participación de los tres procesados en el delito investigado y deben acudir ante un Tribunal de Juzgamiento para que se defina si son o no culpables del tráfico de influencias por el que les acusa.  

De igual manera, dispuso el cambio de medidas de Barreno; de mantener la presentación periódica y prohibición de salida del país por la prisión preventiva, por lo que giró la boleta para su inmediata captura.

Con el llamamiento a juicio, y según lo establecido en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, los tres imputados perdieron sus puestos de vocales de Judicatura y juez provincial respectivamente.

Desde la clandestinidad, el 29 de septiembre, la exvocal sindicada en calidad de coaturora de tráfico de influencias, presentó un habeas corpus para revocar la orden de prisión preventiva en su contra.

Un Tribunal de la Sala Laboral le concedió el recurso, por lo que logró burlar la justicia y defenderse en libertad.

Pero esa no sería la única jugarreta empleada por Barreno para evadir a la ley. El mismo 27 de septiembre, mientras la diligencia del denominado caso Vocales se evacuaba y anticipándose a su remoción del cargo, la exvocal envió un memorando al Consejo de la Judicatura para solicitar una licencia con cargo a vacación por 30 días y así eludir la inhabilidad para continuar en funciones.

Aun así, el Pleno del Consejo de la Judicatura controlado por Terán no tuvo opción y avocó conocimiento de las acciones de personal expedidas por la Dirección General en las que se certifica la cesación de Barreno y Morillo.

Días después, el 7 de octubre, Yolanda Yupangui asumió la titularidad.

La prórroga injustificada, “cueste lo que cueste”, a la mitad del concurso

La noche del 5 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura, sólo con los votos a favor de Wilman Terán y Xavier Muñoz -de nueva cuenta- dispuso la extensión del período hasta 2030 de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia elegidos para 3 y 6 años respectivamente.

La ausencia de los exvocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, facilitó la decisión. Entre los beneficiarios de la intempestiva resolución se encuentra Luis Rivera, juez identificado por su cercanía con el correísmo debido a sus polémicos fallos en provecho de algunos de sus miembros investigados por corrupción. Precisamente, el magistrado sustancia el caso “Reconstrucción de Manabí” en el que se acusa de peculado al exvicepresidente, Jorge Glas. Además, Rivera también administra el caso por obstrucción de la justicia contra Terán, Muñoz y otros procesados.

También integra, junto a los jueces Byron Guillen y Felipe Córdova, el Tribunal de Revisión del Caso Sobornos por el que el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión por cohecho pasivo agravado y está prófugo de la justicia.

Según Pablo Encalada, abogado penalista, desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, la Corte Nacional de Justicia se compone de 21 jueces elegidos a través de concursos organizados por la Judicatura y se renuevan por tercios cada tres años.

“Pero como en el Ecuador a cada rato se mete la manos en la justicia, no hemos logrado tener un momento de estabilidad en el cual tengamos efectivamente estas transiciones ordenadas, sino que la última metida de mano fue en 2019, cuando fueron destituidos varios jueces (14 jueces) más allá de los siete que tenían que ser renovados, aseguró.

Encalada hace referencia al proceso de evaluación extraordinario que se realizó en 2019 por mandato del Consejo de Participación Transitorio. Para completar las vacantes, la Judicatura declaró la necesidad emergente y nombró a 13 conjueces temporales subidos de nivel provincial.

Ya en 2020, se organizó un concurso para seleccionar a los nuevos jueces titulares, pero sólo para completar el periodo de los cesados, es decir, hasta 2024 y 2027 respectivamente.

Con la extensión de su periodo, los actuales postulantes que aspiran ocupar una plaza en la Sala Penal, como María del Mar Gallegos, no tienen garantías de que existan realmente espacios. No está claro cuáles son los puestos vacantes. 

“Yo no entiendo por qué no somos claros con la información. En lo personal, si es que gano el concurso y me envían a una Sala Tributaria, yo no voy a aceptar porque sería irresponsable de mi parte. Sí, me interesa el cargo, pero también es un tema de ser responsable con lo que uno va a ocupar”, cuestionó. 

David Guzmán, Director General del Consejo de la Judicatura, justifica la decisión tomada por Terán y Muñoz debido a que el periodo de duración de jueces es de 9 años y no existe un destino directo a la Sala Penal. 

“La decisión del Pleno de regularizar a nueve años los jueces, tal como manda el artículo 182 de la Constitución, genera seguridad jurídica y concluiría esa necesidad emergente. Ya no tendríamos jueces y conjueces nacionales temporales, sino los definitivos que necesita el país y basados en un concurso público”, explicó.

En esa misma línea, Wilman Terán, en diálogo con Periodismo de Investigación, insistió en que lo resuelto fue al amparo de la ley. “La constitución dice que los jueces nacionales duran un periodo de nueve años. El nombrarlos para un periodo de tres o seis años es inconstitucional. A la inconstitucionalidad hay que cuestionar, no a lo que es ordenado y constitucional”, justificó.

Sin embargo, Fausto Murillo, vocal de minoría del Consejo de la Judicatura, observó que esta disposición entorpece totalmente el concurso y evita que exista una renovación ordenada.

“Quienes participaron en el concurso de 2020 sabían perfectamente, porque así decía en los reglamentos y el instructivo, que concursaban para tres, seis y nueve años. Ahí están las reglas claras”, manifestó.

Esta prórroga, además de contradecir el marco normativo del proceso extraordinario de 2019, genera especulaciones -muchas de ellas, razonables- en la opinión pública respecto a un posible conflicto de intereses y canje de favores en pro de la impunidad.

Terán en la mira de los gremios de abogados

El manejo opaco del concurso de jueces también ha sido objetado por profesionales del derecho independientes y la comunidad jurídica.

Así, el 8 de septiembre, el Consejo de la Judicatura, mediante oficios, remitió la convocatoria para el concurso de jueces a los Colegios de Abogados, exjueces de la Corte Nacional de Justicia y a las Universidades para que recomienden a los postulantes que, a su discreción, están acreditados para integrar el Comité de Expertos.

Sin embargo, casi ninguna entidad manifestó su interés de participar por los procesos penales que pesan sobre la mayoría de los organizadores del concurso.

En consecuencia, Paúl Ocaña, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, considera que Wilman Terán, al ser procesado por obstrucción de la justicia, no está facultado para planificar un evento de tal envergadura. 

“Tiene falta de credibilidad, tomando en cuenta que dos exvocales están con un llamamiento a juicio por tráfico de influencias; tres de los actuales están a la espera de que se señale día y hora para una formulación de cargos por un delito de obstrucción de la justicia; uno de ellos está con una investigación previa por lavado de activos. Son personas cuestionadas, cuyas decisiones ya son muy criticadas”, aseguró.

Anabel Guerrero, vicepresidente del gremio de abogados, coincide con este razonamiento y precisó que, si bien no propusieron nombres de profesionales que formulen el banco de preguntas, el Observatorio de Derechos y Justicia sí gestionó el arribo de la misión de observadores internacionales integrada por los juristas Jaime Arellano y Diego García Sayán. 

Además, Guerrero enfatiza que no participaron de ninguna etapa del concurso porque la comunidad de abogados y profesionales del derecho de Pichincha no estaban dispuestos a legitimar un proceso que nació viciado. 

“Hay una veeduría. Nosotros como Colegio de Abogados fuimos invitados a formar parte de esa veeduría, pero nosotros nos retiramos. Es imposible que desde un Consejo de la Judicatura que tiene un conflicto de intereses se haga un trabajo en ese sentido. Nosotros, mediante oficio, nos retiramos de participar”.

Es por ello por lo que, el Colegio de Abogados de Pichincha interpuso una acción de protección con medidas cautelares con el propósito de suspender provisionalmente el concurso en tanto no exista una renovación de los actuales vocales de la Judicatura.

En lo que respecta a los pormenores y la motivación del recurso, Ocaña consideró la prórroga a cuatro jueces de la Sala Penal (Rivera, Córdova, Guillén y Macías), la desatención del Consejo de la Judicatura a sus reclamaciones, la calificación de méritos sobre cero puntos a la carpeta de Alexandra Vallejo, jueza la Corte Provincial de Justicia de Azuay con 23 años de experiencia, la conformación del Comité de Expertos con personajes vinculados a la política y sin experiencia en casación, el banco de preguntas para la prueba teórica y la injustificada repetición de la prueba de confianza.

A estos argumentos, Pablo Encala le añade la falta de publicidad y transparencia en el concurso como un vicio de nulidad insubsanable que debiera, incluso, conducir a los vocales a un proceso de enjuiciamiento político.

En la vía administrativa, por el contrario, Fausto Murillo explicó que le correspondería al Director General, David Guzmán, elaborar un informe técnico-jurídico motivado, con arreglo al artículo 53 del Código Orgánico de la Funciona Judicial, en el que se recomiende el reinicio total o parcial del concurso en virtud de las anomalías que se han presentado a lo largo de su desarrollo.

Esta medida debería ser adoptada, dijo, para dar confianza pública a los seleccionados y garantizar que los casos de corrupción y crimen organizado no queden en la impunidad.  Los jueces y fiscales, según continuó Murillo, deben tener una conducta moralmente irreprochable.

“Anomalía importante quizá, puede ser, haber tomado un segundo examen de confianza, el haber prorrogado en medio del proceso de selección los periodos de los jueces, haber conformado el Comité de Expertos en la forma en que se ha conformado, etc.”, explicó.

Por todo ello, la acción constitucional fue presentada a los tribunales, no obstante, la juez Martha Vimos hizo algunas acotaciones a la demanda. Al ser una jueza encargada, apunta Ocaña, lo que quería era dilatar este proceso para no tener que resolverlo.

Entre las observaciones de la jueza Vimos, se detallaba que el gremio de abogados debía completar la demanda indicando quién es el legitimado activo (demandado), la relación de hecho sobre lo denunciado y cuáles son las presuntas violaciones en las que están incursos los vocales de la Judicatura.

Esto, sin embargo, fue revocado en providencia por la jueza titular de la Unidad de la Familia, Patricia Segarra, y fijó la fecha de audiencia para el 14 de diciembre. 

Hay expectativa en el gremio de abogados de que la resolución de este recurso enrumbe a la función judicial. El concurso está avanzado, pero consideran que la carga de la prueba es lo suficientemente contundente para evitar, a tiempo, una virtual metida de mano en la justicia.

Parodia de fiscalización: El PSC y ADN van por Terán

El bloque de Construye inició el proceso de recolección de 36 firmas con la intención de presentar la solicitud de juicio político contra Wilman Terán, Xavier Muñoz y la exvocal, Maribel Barreno, por tres causales que configurarían el incumplimiento de funciones.

Jorge Peñafiel, asambleísta de la Lista 25, explicó que la acusación se centran en la destitución con sólo dos votos del juez Walter Macías, producida el 19 de agosto; la extensión del periodo de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia el 5 de septiembre; y, ya en materia del concurso, la repetición de los exámenes de confianza el 21 de noviembre a causa de una supuesta incompatibilidad entre la plataforma de la Judicatura y el software contratado en el portal de compras públicas.

“Eso es lo que hasta ahora ha pasado, todavía falta ver cómo serán puntuados. Entiendo que ahí se verán ya las intenciones de cada una de las partes que están involucradas, pero en principio hemos tenido dos pasos: se repiten exámenes porque no salen los ganadores que quieren, entonces evidentemente hay una intención, y luego, el banco de preguntas lo hace cierto sector político, no lo hacen las universidades ni la academia. Entonces eso nos muestra que hay una intencionalidad política”, explicó.

Terán, por su parte, reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) a la solicitud de juicio político en su contra. 

A esta moción, el 5 de diciembre, se unieron el Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN) a través de sendos comunicados difundidos en sus cuentas oficiales de redes sociales. Sin embargo, aun con el respaldo de ambas fuerzas políticas, e incluso con el apoyo de los independientes, para la censura y destitución se requieren 92 votos, es decir, mayoría calificada. Inevitablemente, se necesitaría, por lo menos, un apoyo parcial del correísmo a la iniciativa, pero su agenda se enfoca más en el ajuste de cuentas contra la Fiscal General, Diana Salazar, por el enorme listado de sentenciados por corrupción que provienen de sus filas.

Es más, existe la sospecha de que el PSC y ADN, conscientes de sus limitaciones numéricas para que la destitución de Terán prospere, simularon interés en el proceso para tratar de desmentir su participación en el denominado “pacto de impunidad” con el que se consolidó la mayoría legislativa. 

Sin embargo, la calificación en el CAL del juicio a la Fiscal -pese a las observaciones de la UTL- con los votos del PSC, ADN y RC-5 recrudece la desconfianza sobre esta alianza y los objetivos a los que concurre.

El Presidente Noboa anticipó que el hecho de que el CAL “lo deje pasar” (al juicio), no supone que su bloque lo apoyará. Asimismo, entonces, habría que concluir que el hecho de que anuncien un respaldo al juicio contra Terán, a sabiendas de que sus votos no alcanzarán para la destitución, no implica ningún compromiso con el país. 

Peñafiel es modesto respecto a los resultados del proceso que impulsa, sin embargo, considera que esta acción forma parte de la doctrina y principios anti-impunidad, anti-mafias y de lucha frontal contra la corrupción que Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado el 9 de agosto, propugnó durante toda su carrera periodística y política.

Ahora bien, en una mesa de Fiscalización controlada por el correísmo -con Pamela Aguirre a la cabeza- Peñafiel vaticina que se tratará de boicotear el proceso, pero asegura que continuarán pese a cualquier intento de obstaculizar la sustanciación del caso.

“Es sin duda alguna un obstáculo. Ser minoría, estar aislado de las Comisiones más sensibles, estar lejos del ejercicio de fiscalización es un barrera, no cabe duda, pero la verdad, la democracia, la libertad y la justicia no pueden tener barreras. Tendremos que dar los impulsos y los esfuerzos necesarios para llevar la verdad”, enfatizó.

En los próximos días se prevé que se remita al Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, la solicitud formal de juicio político con todos los requisitos normativos.

Por ahora, continúa la recopilación de indicios y elementos probatorios que demuestren que, efectivamente, Terán y compañía le metieron la mano a la justicia.

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