“No oculto mis bienes porque si hubiera robado los pondría a nombre de otros”

Periodismo de Investigación solicitó a Elizabeth Cabezas una entrevista para obtener su versión respecto a la evolución patrimonial tanto suya como de su cónyuge Javier Vaca Soto y de la empresa Harrington Maccarthney de propiedad de su esposo e hijos.

La larga entrevista se desarrolló en la oficina de su abogado, Julio Vasco, quien fue el principal interlocutor y dedicó gran parte del tiempo a advertir a este medio sobre el riesgo de publicar información que sea parte del juicio que Teodoro Gallegos inició por enriquecimiento ilícito en contra de Cabezas y de enriquecimiento privado no justificado en contra de Vaca Soto. No hubo cifras, fechas, hechos o documentos para sustentar la posición de la exasambleísta respecto a sus movimientos económicos o sus declaraciones de bienes.

Tras aclarar que es la voz autorizada en este tema debido a que hay procesos judiciales de por medio, Vasco inició su intervención con una especie de interrogatorio: “usted dice que ha accedido a información acerca de una compraventa ¿quién le dio esa información? ¿me puede indicar el nombre de la persona? ¿El Sr. Teodoro Gallegos es quien le ha proporcionado a usted información?

Ni bien terminó de justificar su actuación en que “hay que manejarse sobre una base de transparencia”, advirtió: “tiene que saber que esos procesos judiciales tienen el carácter de reservado. Al estar en fase de investigación la ley prohíbe proporcionar cualquier dato”.

Las respuestas siguieron siendo evasivas cuando se le plantearon los principales temas de la entrevista: cómo se configuró la dación en pago que recibió Cabezas por parte de Inmómetro mediante el terreno en ‘Casa de Campo’; cómo se originó esta deuda en la que Cabezas resulta ser acreedora de la empresa inmobiliaria; el proceso de adquisición de las principales propiedades y deudas de la familia Vaca-Cabezas; la actuación de Elizabeth Cabezas al frente de la Comisión de Uso de Suelo del Municipio de Quito al aprobar uno de los informes que sirvieron de base para que el Concejo Metropolitano apruebe el nuevo trazado vial del proyecto ‘Casa de Campo’, en el que 3 años después sería dueña de una parte de los terrenos.

Vasco indicó una vez más que no puede informar al respecto, pues estaría incurriendo en un delito de divulgación de información reservada. “Cualquier persona que quiera sacar una información de un proceso judicial, incluidas las personas que, en este caso usted si es que ha obtenido información pueden incurrir en un delito que está determinado por una autoridad judicial mediante providencia”. El abogado del matrimonio Vaca-Cabezas se limitó a asegurar que todos temas planteados por Periodismo de Investigación han sido desvirtuados y sustentados de sobra en el proceso por enriquecimiento ilícito, al punto que la administración de justicia luego de un año de investigaciones concluyó que no hay delito y decidió el archivo de la causa, calificando la denuncia de maliciosa y temeraria.

Las advertencias de Vasco continuaron con más énfasis: “si es que se saca una información de un tema reservado, yo pongo en su consideración que ustedes deben pensarlo muy bien a qué les están induciendo porque esto no es un chiste. No es que yo voy y quiero sacar lo que quiero sacar. Aquí existen disposiciones de los jueces de que esto no puede ser divulgado… Debe haber un respeto a la ley”.

Vasco citó el artículo 180 de Código Integral Penal (COIP) que establece que “la persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. En cuanto a información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación, el artículo 282 del COIP determina que “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Si ya se archivó la investigación ¿por qué tiene el carácter de reserva? Según Vasco, además de lo ya expuesto, otra razón para la reserva es que Gallegos ha presentado una acción extraordinaria de protección.

Tanta restricción y cautela se debe a que Cabezas y su esposo dentro del proceso por enriquecimiento ilícito interpusieron una denuncia en contra de Gallegos, por difusión de información de circulación restringida. A criterio del abogado Vasco, si Cabezas o su esposo responden preguntas sobre el caso se exponen a una denuncia de Gallegos por divulgar información.

La instrucción fiscal iniciada sobre esta denuncia se cerró el 13 de abril de 2022 y la audiencia preparatoria de juicio está convocada para el 6 de mayo del 2022. “Entonces, lo que no queremos y le pedimos a usted de la manera más cordial…es que cualquier cosa que ustedes pretendan hacer no interfiera en esta diligencia” dijo Vasco.

Esto, a decir del abogado de los esposos Vaca-Cabeza, explica por qué no pueden dar cifras, fechas o cualquier otra información del caso de enriquecimiento ilícito.

Lo que sí aclaró Cabezas es que ha presentado un total de 19 declaraciones patrimoniales correspondientes a cada uno de sus cargos públicos sin haber omitido bienes. Afirmó incluso haber pedido certificados de los registros de la Propiedad y de los municipios a nivel nacional para cotejar con todo lo declarado. “Tengo bienes comprados y heredados, varios porque mi papá lastimosamente falleció cuando yo tenía 26 años. Él nos dejó varios bienes. Algunos conservo, otros hemos vendido, hemos comprado otra cosa, hemos cambiado etc. No oculto mis bienes porque si hubiera robado le pondría a nombre de otros, no mío”. Explicó que ha obtenido sus propiedades mediante préstamos bancarios y los ingresos obtenidos por su trabajo y el de su marido. También dijo que la Contraloría ha examinado su gestión sin encontrar nada irregular.

La exlegisladora rechazó la demanda en su contra por enriquecimiento ilícito enfatizando que tratan de afectar su honra. Cabezas atribuyó las declaraciones de Gallegos publicadas en redes sociales y la denuncia que él interpuso en su contra, a un interés por captar atención ciudadana con miras a candidatizarse a la Asamblea Nacional. Además, “yo soy de Riobamba y he tenido mis logros políticos y profesionales y él también es un riobambeño que ha aspirado a tener algo y no ha tenido”. Cabezas también considera que es un tema de violencia de género “porque el señor es un machista”.

Criticó al demandante, diciendo que si realmente combatiera la corrupción, debería tener una serie de denuncias de otros casos y le advirtió: “en esto no voy a parar. No acepto que ningún descalificado trate de pisotear mi nombre y el de mi familia…Tengo que precautelar el nombre de mis hijos. Y lamentaré si es que este es un tema que recibe eco de otras personas porque a sabiendas que está archivado sería totalmente inentendible que lo hagan”.

Cabezas puso una denuncia de violencia de género y ya se ha abierto un expediente en la Defensoría Pública. También en el departamento de violencia de género de la Fiscalía está abierto un proceso para dar seguimiento a la causa.

“No nacimos ayer, ni somos botados. No hay grandezas, pero hay mucho trabajo”, añadió su esposo, Javier Vaca, mientras resaltó que la exasambleísta ha sido gerente de bancos durante 22 años y que él ha sido textilero y abogado. “Tengo 60 años. He trabajado desde los 16. Mi señora también. Toda una vida honorable, sin un juicio de nada… A mí no me han regalado plata. Pero eso ha hecho que nosotros tengamos muchos créditos, muchos bienes y que los bienes se vayan pagando. Cuando uno compra una casita, vive ahí. Luego se compra otra casita, le alquila y se paga sola. Pero hay que invertir”, dijo Vaca Soto.