Los escándalos financieros y de corrupción en los que se halla el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), nacieron desde dentro de esa entidad y de ahí progresivamente crecieron los millonarios desfalcos a través de los años. 

Los negocios irregulares y riesgosos del ISSPOL no se originaron con estos últimos escándalos. Basta revisar la historia del portafolio de inversiones de este instituto, o simplemente preguntar al exdirector de Riesgos, John Luzuriaga, y al ex director de inversiones César Auquilla cómo se realizaban sus inversiones. Un ejemplo se tiene en las millonarias inversiones en papeles sin respaldo y sin ningún sustento que realizaba la ISSPOL a inicios de la década anterior con Biscayne Capital, en Miami, (empresa de asesoría financiera de los llamados “Miami boys”, que forma parte de otro escándalo financiero internacional), cuya representante en Ecuador era la señora Edith Alexandra Hinojosa Córdova, ex ejecutiva de Citibank Ecuador y que dejó el banco para trabajar en dicha empresa.

Biscayne Capital y sus altos ejecutivos son procesados en un tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York por fraude bancario, conspiración y lavado de activos. Se conoce que a través de un esquema complejo que incluía coimas, viajes y premios, falsificaban documentos y vendían inversiones con papeles sin respaldo: ha trascendido que, para esconder el fraude, ellos elaboraban y falsificaban estados de cuenta del supuesto portafolio de inversiones de cada uno de sus clientes, aparentando altas ganancias y rendimientos que no eran reales y que no tenían respaldo. 

Este procedimiento de estados de cuenta falsos, es idéntico a los que el DECEVALE entregaba a la ISSPOL, fingiendo tener bajo su custodia los Bonos Global. 

Por varios años uno de los clientes e inversionistas en Biscayne Capital fue el ISSPOL. La empresa de asesoría de inversiones contaba en Ecuador con ejecutivas de cuenta y atención al cliente, con un perfil muy similar: mujeres con algo de experiencia en banca e inversiones, algunas de ellas también ex empleadas del Citibank. Varias de las ejecutivas han sido involucradas en las denuncias penales que existen en contra de la Sra. Hinojosa. 

Se conoció que las reuniones de negocios entre ejecutivas de Biscayne Capital y los funcionarios y directivos de la ISSPOL eran con almuerzos, cenas y bailes en lujosos restaurantes, hoteles o discotecas locales o en Miami, pues la empresa de inversiones invitaba al menos dos veces al año a todo un pelotón de policías y civiles del ISSPOL (fuentes señalan que también uno que otro funcionario de los entes de control) a viajar a Miami acompañados de las ejecutivas, con todos los gastos pagados.

Nadie pregunta aún al coronel Marco Salazar y al coronel Jorge Navarrete, ex directores del ISSPOL, y a los miembros del Consejo Superior cómo se realizaban estas inversiones en Biscayne Capital y si las irregulares inversiones se iniciaron en el 2010.

El ISSPOL nuevamente sacó capitales a inversiones en el exterior por más de USD 600 millones de dólares desde el año 2014, cuando inició con una operación de USD 84 millones de intercambio de bonos 2015 por bonos 2024 a través de Valpacífico. 

En lo que tiene que ver con las inversiones locales, según varias fuentes consultadas, era una tarea imposible que el ISSPOL compre papeles del mercado de valores, pocas eran las casas de valores o asesores de inversiones que tenían acceso a vender papeles al ISSPOL. Las fuentes consultadas comentan que los funcionarios del ISSPOL citaban a realizar las negociaciones en restaurantes, bares, karaokes o discotecas; quien no aceptaba estas reuniones de negociación, jamás le llegaban a vender papeles al ISSPOL.

Al fijarnos en la composición del portafolio de inversiones local del ISSPOL se observa clara y contundentemente que compraron o invirtieron en empresas y aseguradoras que estaban en camino de inviables, en proyectos inmobiliarios, en papeles no registrados en el catastro público del mercado de valores, y en los papeles de mayor riesgo que tenían el mercado de valores. ISSPOL además invirtió en terrenos por más de USD 35 millones, principalmente en los siguientes bienes inmuebles: Ambiesa (USD 17 millones), Mapreco (USD 3,1 millones) y Hacienda Anchamaza (USD 14,8 millones).

Es importante destacar que la gran mayoría de las supuestas inversiones del ISSPOL resultaron tener una figura que más bien correspondían a operaciones de créditos directos, y el ISSPOL no tenía autorización para este tipo de operaciones, al contrario, le estaba prohibido. 

Ejemplo claro del mal manejo de las inversiones en el ISSPOL es el hecho de que es el mayor inversionista en los papeles de más alto riesgo del mercado de valores como son las facturas comerciales negociables entre Delcorp, Ecuagran y Fertisolubles, y entre Casa Moeller Martinez y Crisol Comercial. La ISSPOL aún no ha podido recuperar más de USD 25 millones en estos casos de facturas.

Ex autoridades y funcionarios como John Luzuriaga, ex director de riesgos del ISSPOL no han dado respuesta en base a qué análisis compraron casi la totalidad de las facturas comerciales de dichas empresas, o que fue lo que motivó dichas compras.

Lo cierto es que el ISSPOL ha informado públicamente que apenas ha recuperado USD 12 millones de más de USD 900 millones de su portafolio de inversiones que tienen en potencial riesgo de pérdida. 

La responsabilidad de la Superintendencia de Compañías

Al inicio del escándalo financiero se pensó que el pecado de la Superintendencia de Compañías, era falta de control, los hechos investigados llevan a concluir que la vigilancia, auditoría, intervención y control sí existió.

Las investigaciones y publicaciones de prensa, así como la Auditoría Forense al DECEVALE, han revelado la existencia de muchos vínculos familiares y de estrecha amistad entre funcionarios de este ente de control con ejecutivos y empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil, el DECEVALE, casas de valores y auditores externos. Por ejemplo: el hijo de Oriana Rumbea (Gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y Gerente Administrativo del DECEVALE), Daniel Duran Rumbea era funcionario de la Dirección de Autorización y Registro de Valores del Mercado de Valores en la Superintendencia de Compañías, mientras que su hija, Oriana Duran Rumbea era asistente de control de libro de acciones en el DECEVALE; la hija de Luis Alvarez (Gerente de Operaciones del DECEVALE y funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil), Eumelia Alvarez Alvarado era funcionaria de la  Superintendencia de Compañías, con el cargo de especialista de control técnico de seguros y reaseguros, mientras que su yerno, Gustavo Navarro era alto funcionario del DECEVALE; la hija de Carlos Murillo Cabrera (Intendente de Mercado de Valores) era asistente de Gerencia en la Bolsa de Valores de Guayaquil y ocupo cargos en el DECEVALE.

La prensa también  determinó extraños movimientos de varios funcionarios que van y vuelven entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos, y que además han estado en altos cargos de decisión, con funciones estratégicas con capacidad de toma de decisión en especial sobre el control de ISSPOL, BIESS, Bolsa de Valores de Guayaquil, DECEVALE, Casas de Valores, Delcorp, Ecuagran, Fertisolubles, Casa Moeller Martinez, Credimétrica, entre otros. 

Algunos de estos altos funcionarios que van y regresan son Ginna Hidalgo, se fue de la Superintendencia de Compañías a la Superintendencia de Bancos con Pedro Solines, a ocupar el cargo de Directora de Auditoria de Banca Pública y luego retornó Sub Directora de Control de Mercado de Valores; Carlos Echeverria (Director de Mercado de Valores) fue funcionario y miembro del comité GREC en la Superintendencia de Bancos,  Andrés Aguilar (Responsable de Control de Mercado de Valores) fue Intendente de Riesgos en la Superintendencia de Bancos, tuvo a su cargo la vigilancia del ISSPOL, BIESS, IESS, entre otras entidades, y existen muchos más.

La Superintendencia de Compañías en el caso DECEVALE

 

En el caso del DECEVALE, dentro del escándalo financiero, la Superintendencia de Compañías ha señalado que desconocían de las operaciones de custodia de Bonos Global de Deuda Externa del Ecuador.

La Ley de Mercado de Valores, la Codificación de Resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria, Financiera de Valores y Seguros, establecen que los Depósitos de Valores deben reportar mensualmente información continua de todas sus operaciones de depósitos, cuentas, compensaciones, registros contables, detalle de depósitos, detalle de acciones en custodia desmaterializadas, saldos, etc. a la Superintendencia de Compañías, en el artículo 5, Sección II, Capítulo I, Título XI de la Codificación de Resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria, Financiera, de Valores y Seguros.

Queda claro que todas las transacciones, depósitos, movimientos, custodios y saldos en cuentas que mantienen casas de valores, inversionistas, fondos, ISSPOL, BIESS; bancos, etc. en el DCB y el DECEVALE los conocía mensualmente la Superintendencia de Compañías incluyendo la fraudulenta custodia de Bonos de Deuda Externa, así como el hecho de que el DECEVALE mantenía cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores fuera del país (en el depósito del Sr. Jorge Cherrez).

En la información mensual entregada por el DECEVALE a la Superintendencia, están las constancias de depósito de BONOS de deuda Externa del ISPOL, Seguros Sucre, Aseguradora del Sur y otros, dentro de sus respectivas sub cuentas de custodio.

Por lo tanto, al contrario de las declaraciones y versiones del Superintendente, el ente de control siempre conoció de la existencia de depósito y custodia de bonos de deuda externa en el DECEVALE y nunca hizo nada, no cumplió sus funciones ni hizo cumplir la Ley, conociendo que la norma impedía al DECEVALE custodiar dichos Bonos de deuda externa.

La participación de la Superintendencia de Compañías en el fraude de las facturas comerciales negociables sin sustento económico de Ecuagran, Delcorp y Fertisolubles

 

Las investigaciones han revelado que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realizó un control de oficio a Ecuagran y Delcorp (INFORME SCVS.INMV.DNC.SECRA.19.066 de fecha 15 de marzo de 2019), esto luego de haber realizado inspecciones in situ en las bodegas, instalaciones y oficinas de Delcorp y Ecuagran, y, de haber revisado los estados financieros, estados de resultados, libros contables, libros diarios, libros mayores, libro de inventarios, los comprobantes contables de ingresos y de pagos, los libros de registro de operaciones, kardex de inventarios, las facturas de ventas, las facturas de compras, las retenciones de impuestos, los recibos de caja, guías de envío y demás documentos contables de dichas empresas. 

La Superintendencia en el control realizado a Delcorp y Ecuagran, en base a las inspecciones in situ a las bodegas y oficinas de Delcorp  determinó que Delcorp y Ecuagran estaban emitiéndose mutuamente facturas sin sustancia económica (facturas ficticias) y que dichas facturas fraudulentas estaban siendo colocadas o vendidas en el mercado de valores desde el año 2018 a inversionistas. El ente de control detectó que no había movimiento de inventarios y que no existía el stock y valor de inventario en las bodegas de Delcorp que tenga concordancia o que corresponda a lo que constaba en los balances de Delcorp y a las facturas emitidas (no había inventario que corresponda a las facturas), es decir el inventario que Delcorp presentó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en su inspección no tenía relación con los valores del balance y con las facturas comerciales negociables.

Adicionalmente, en dicha inspección in situ a Delcorp y de la revisión de toda la contabilidad de las dos empresas, se determinó que los balances y estados financieros de Delcorp y Ecuagran estaban inflados y por lo tanto concluyó en su informe de control que los estados financieros y los estados de resultados no reflejaban la real situación de los emisores Delcorp y Ecuagran.

Las facturas que emitía Delcorp a Ecuagran se comenzaron a colocar en el mercado de valores desde inicios del 2018 hasta mayo de 2019, cuando ingresó Fertisolubles en reemplazo de Ecuagran.

Las facturas que emitía Ecuagran a Delcorp se comenzaron a colocar en el mercado de valores desde septiembre de 2018 (porque desde esa fecha la Superintendencia de compañías autorizó a Ecuagran para inscribir sus facturas comerciales negociables con Delcorp y venderlas en el mercado de valores) hasta mayo 2019 (a pesar de que Ecuagran estuvo intervenida desde abril de 2019, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros permitió que siga vendiendo sus facturas comerciales negociables hasta mayo de 2019, cuando por estar intervenida ya no lo podía hacer).

Las facturas comerciales negociables emitidas por ventas a crédito entre estas dos empresas no eran falsas, pero si fraudulentas o ficticias, según lo determinó la Superintendencia de Compañías en sus informes de control. Las facturas comerciales negociables a crédito que se emitieron entre las dos empresas si cumplían los requisitos de facturación del SRI, dentro de la cual está su autorización, sin embargo, dichas facturas no tenían “sustancia económica” o “esencia económica”, y no había transacción de bienes, según los informes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Dichas facturas eran fraudulentas o ficticias porque se emitían sin existir transacción de bienes o prestación de servicios, no tenían sustancia económica ni transacción de bienes o servicios.

La Superintendencia de Compañías ante estos hallazgos encontrados en Delcorp y Ecuagran, debió actuar acorde a la Ley de Mercado de Valores, que establece en este tipo de casos, cancelando o suspendiendo al emisor y todos sus valores de oferta pública (emisiones de facturas comerciales negociables y emisiones de obligaciones); sin embargo, este ente sorpresivamente se limitó únicamente a realizar una intervención y lo realizó exclusivamente a la empresa Ecuagran (con Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2019-00264 de echa 09 de abril de 2019),  permitió a DELCORP que actúe libremente y emita  facturas comerciales negociables (con una nueva empresa constituida al apuro en mayo de 2019 y que no tenía actividad económica).

Lo más grave no solo es que la Superintendencia no suspendió o intervino a Delcorp, sino que, a pesar de conocer y haber determinado en su informe de control y en la inspecciones in situ a dicha empresa, que las facturas comerciales negociables que emitía y vendía en el mercado de valores NO tenían sustancia económica, que no existían inventarios y que los balances y estados financieros de la empresa no reflejaban su real situación económica, le dejó y permitió a Delcorp seguir colocando más facturas comerciales negociables, perjudicando a los inversionistas que compraron dichas facturas, cuando la actuación principal del organismo de control se debe orientar en el sentido que más favorezca al inversionista, según la Ley de Mercado de Valores y sus normas secundarias.

La Superintendencia de Compañías incumplió sus funciones detalladas en el Art. 10 de la Ley de Mercado de Valores. Adicionalmente incumplió los artículos 17, 22 y 23 de la Ley de Mercado de Valores, perjudicando a inversionistas y partícipes del mercado de valores.

De hecho: La Superintendencia de Compañías al encontrar falsedad de información en las facturas comerciales negociables sin sustento económico debió cancelar del catastro público de mercado de valores a Delcorp y Ecuagran, sin embargo, no lo hizo. Tampoco denunció el caso a la fiscalía sobre el posible cometimiento de defraudación bursátil por parte de Delcorp y Ecuagran. Tampoco se entiende porque solo intervino ECUAGRAN y a los pocos meses le levantó la intervención sin verificar si se pagaron las facturas comerciales negociables.

La Supercías en las emisiones de Ecuagran y Delcorp.

Posterior a todos estos eventos, la Supercías autorizó dos nuevas emisiones de obligaciones a Delcorp y Ecuagran, levantando la intervención que tenía Ecuagran; todo esto en pleno conocimiento de los balances que no reflejaban su real situación financiera y que existía más de USD 25 millones de dólares en facturas comerciales negociables sin sustancia económica en circulación en el mercado de valores.

El levantamiento de la intervención lo fundamentó el ente de control en que Ecuagran ya había cancelado todas las facturas comerciales, cuando eso no fue realidad, y cuando la misma Superintendencia sabía que gran parte de estas facturas se trasladaron a otra empresa sin actividad económica.

La Superintendencia sin obligar a que Delcorp y Ecuagran corrijan, rehagan y reconstruyan sus balances y estados financieros para que reflejen su real situación y que el resto de partícipes del mercado de valores conozca la veracidad de la información, les permitió y autorizó realizar dos nuevas emisiones y aumentar la cantidad de dinero que estaban perjudicando al mercado. La Superintendencia tampoco exigió y obligó al auditor externo que corrija su informe de auditoría y realice los ajustes respectivos.

Dentro de la autorización y aprobación de estas dos emisiones, aceptó declaraciones juramentadas de los representantes legales de Delcorp y Ecuagrán, de que la información constante en los prospectos de oferta pública era veraz, completa, real y fidedigna, y representaba la real situación financiera y económica de la empresa, cuando la Superintendencia tenía pleno conocimiento que los balances y estados de resultados las dos empresas eran falsos y no reflejaban su real situación, así como el hecho de que las facturas comerciales no tenían sustancia económica. Fue una falta muy grave al autorizar dos nuevas emisiones a Delcorp y Ecuagrán conociendo que los balances y estados de resultados estaban inflados y no reflejaban la real situación financiera y económica de las dos empresas.

Fertisolubles.

Viéndose DELCORP limitada de realizar y emitir facturas con su relacionada ECUAGRAN, constituyó la compañía FERTISOLUBLES en el mes de mayo de 2019. La Superintendencia de Compañías curiosamente aprobó la constitución de esta compañía en un tiempo récord, cuando trámites de este tipo duraban al menos dos meses en esa época. La constitución de FERTISOLUBLES fue realizada y aprobada por la Superintendencia de Compañías en un tiempo tan extraordinario que llama la atención, por lo que hay que investigar cómo se logró tan rápida constitución.

A los ocho días de su aprobación como compañía, en el mes de junio de 2019, ya fue aceptante de facturas comerciales negociables de Delcorp. Es decir, FERTISOLUBLES con 800 dólares de capital y sin actividad económica actuaba de aceptante de más de 25 millones de dólares en facturas de DELCORP. 

Casa Moeller Martínez.

Las investigaciones han revelado que en junio de 2018 la empresa Casa Moeller reporta un hecho relevante a la Superintendencia de Compañías respecto a eventos “que pudieran tener una incidencia trascendente en sus actividades regulares, en sus resultados operativos o en el índice de negociabilidad o liquidez de sus valores o en su cotización.” Este evento se refería a la imposibilidad de pagar obligaciones contraídas a través de pagarés con Holdin Dine en liquidación.

Casa Moeller llegó a un acuerdo de pago en junio de 2018 con Holdindine a través de un proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado. Dicho acuerdo de pago posteriormente no fue cumplido y también fue notificado a la Supercías y al Director Regional de Mercado de Valores.

La entidad intervino a Casa Moeller en noviembre de 2018 por problemas accionariales y de denuncias entre accionistas que fueron de falsedad de información contra la administración de Casa Moeller y que los balances y estados de resultados de la empresa Casa Moeller no guardaban relación con su realidad financiera y económica.

En el segundo semestre del año 2018, Casa Moeller obtuvo la autorización de la Dirección Regional de Mercado de Valores de Quito (Carlos Echeverria) para emitir facturas comerciales negociables en el Mercado de Valores, esto a pesar de que el funcionario encargado de dicha Dirección conocían de los problemas de la empresa y de su intervención y de falsedad de información denunciada por accionistas.

Autorizada la emisión de facturas comerciales negociables por parte de la Supercías, Casa Moeller comenzó a vender dichos papeles en el mercado de valores por más de cuatro millones de dólares, registrando como aceptante a su empresa relacionada “Crisol”, sin embargo, antes de emitir estas facturas en el mercado de valores, la relación comercial entre estas dos empresas era casi nula. Es decir, el nivel de facturación entre estas dos empresas era insignificante.

A pesar de que la empresa Casa Moeller estaba intervenida, esta siguió colocando en el mercado de valores facturas con su relacionada como aceptante, sin que la Supercías tome medidas correctivas. El interventor no informó nada y no detuvo la colocación de facturas a pesar de tomar conocimiento de la débil situación financiera de la empresa.

La Dirección regional de mercado de valores y la Subdirección regional de control de mercado de valores de Quito, de la Supercías tenían conocimiento de que Casa Moeller tenía serios problemas económicos, sin embargo, no le suspendieron en el catastro público del mercado de valores.

Casa Moeller, en calidad de emisor del mercado de valores incumplió desde inicios de 2019 la entrega de información continua, sin embargo, la Dirección Regional de Mercado de Valores y la subdirección de control de mercado de valores de Quito, de la Supercías, permitieron a la empresa Casa Moeller seguir colocando facturas.

La Dirección Regional de Mercado de Valores de Quito sancionó, en junio de 2019,  a Casa Moeller por no cumplir la entrega de información continua al mercado de valores, sin embargo no le suspendió la emisión de facturas ni le canceló en el catastro. Casa Moeller siguió manteniendo sus facturas comerciales negociables en el mercado de valores, que poco tiempo después quedaron impagas y  no han sido canceladas hasta la presente fecha.

Casa Moeller incumplió registrar auditor externo hasta septiembre de 2019 y dejaron de pagar las facturas desde diciembre de 2019, por un monto mayor a los tres millones y medio de dólares. La Superintendencia de Compañías, a través de la Dirección Regional de Mercado de Valores y la subdirección regional de control de mercado de valores de Quito, hasta noviembre de 2020, no tomaron ninguna acción en contra.