CFN toma control de la hacienda y ejecuta las garantías.
Lo que hace 8 años parecía un sueño realizado y una oportunidad inédita para miles de trabajadores agrícolas de convertirse en dueños de la propiedad bananera más grande del país, se transformó en una pesadilla. La hacienda La Clementina, ubicada en la parroquia rural La Unión, provincia de Los Ríos, puede ir a remate en pocas semanas. Desde el 13 de octubre pasado está bajo el control de su acreedora, la Corporación Financiera Nacional (CFN).
La deuda de más de $70 millones que aún mantiene la Cooperativa de Producción y Comercialización la Clementina Trabajadores-propietarios (Cooproclem) con la CFN fue declarada de plazo vencido. Esto significa que la Cooperativa ha incumplido varias condiciones pactadas en el contrato de crédito lo que ha debilitado su perfil de riesgo.
Una mora patronal con el IESS por $1,8 millones, el incumplimiento de pago de uno de los dividendos del crédito, la afectación a su producción debido a un paro de actividades que se prolongó por dos meses (iniciado en agosto pasado) y que puso en riesgo de deterioro a la hacienda fueron las causales para que la CFN decidiera declarar de plazo vencido la obligación crediticia. En la práctica la resolución de la CFN también generó que la cuestionada empresa Koval salga de la administración de La Clementina.
Al no contar con el conocimiento y la experiencia que les permita un óptimo manejo de los recursos y sin una adecuada metodología administrativa, la sostenibilidad del negocio le ha sido esquiva a los trabajadores de Cooproclem, quienes han enfrentado un continuo declive de sus condiciones debido a retrasos en el pago de sus salarios y de otros beneficios por parte de Koval, la empresa que ha administrado la hacienda en los últimos años. Estas deficiencias aumentaron la vulnerabilidad de la producción frente a otros factores externos como las intensas temporadas invernales y los efectos de la pandemia.
Mientras tanto el Estado enfrenta los costos de la exigua recuperación de sus recursos, pues debido a las dificultades enfrentadas, Cooproclem ha solicitado dos refinanciamientos de su deuda a la CFN. En el oficio N° CFN-B.P.-GG-2021-0349-OF al que Pi tuvo acceso, emitido por el gerente de la Corporación Financiera, Alejandro Salgado, el 13 de octubre pasado, se detalla cada uno de los incumplimientos de las obligaciones de Cooproclem con CFN.
De acuerdo con el documento, la segunda refinanciación del contrato de crédito celebrado entre la Corporación Financiera y Cooproclem (el 8 de julio del 2019) establece el derecho de la CFN de dar por vencido el plazo, si la deudora deja de cumplir sus obligaciones patronales con sus trabajadores y/o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Una certificación del Seguro Social evidenció que al 12 de octubre del 2021 Cooproclem mantiene obligaciones en mora por $1’813.738,72.
La paralización de actividades que desde el 9 de agosto pasado en protesta por esta falta de pago de Koval al IESS y por la reducción de sus salarios es otro factor que motivó la declaratoria de plazo vencido. La segunda refinanciación determina que si «de hecho se suspendiere indefinidamente la actividad de la deudora» la CFN podrá declarar la obligación de plazo vencido.
La hacienda la Clementina se encuentra gravada a favor de la CFN en garantía para el cumplimiento de las obligaciones de Cooproclem y el hecho de que la hacienda haya estado sin operar ha afectado su valor. Por ello, otra de las causales detalladas en el documento se refiere a que la CFN tiene derecho de dar por vencido el plazo, aun cuando las obligaciones no estuvieran vencidas, si los bienes puestos en el fideicomiso de garantía «sufrieren menoscabo en su valor de tal forma que la garantía otorgada por la deudora se vea disminuida o afectada».
En el mencionado oficio el gerente de la CFN explica que el valor de la hacienda está deteriorándose y ello pone en riesgo la garantía. Esta afirmación se sustenta en un informe técnico de este banco estatal en que se afirma que hay un riesgo inminente de deterioro del activo biológico de la hacienda. En el Memorando CFN-CSMC-2021-31 71-M del 18 de agosto de 2021 también se advierte de la inminente amenaza de deterioro de la producción de La Clementina.
En relación a la causal del incumplimiento de pagos, según la tabla de amortización derivada del segundo refinanciamiento o novación, “el 25 de septiembre de 2021 Cooproclem debía cancelar $1’239.619,63, valor que no ha sido pagado totalmente por no existir fondos en el fideicomiso de flujos”.
Sobre esta base Salgado comunicó a Fidunegocios, administradora fiduciaria de los fideicomisos de flujos y de garantía, que es procedente declarar el plazo vencido de la obligación de pago por $74’377.177,88 que Cooproclem mantiene con CFN.
Otras diligencias cumplidas en este proceso se dieron el 14 de octubre pasado cuando Fidunegocios dio por terminado el contrato de comodato precario (en que CFN pide la restitución de la hacienda) que mantenía a favor de Cooproclem e inició el trámite de ejecución del Fideicomiso de Garantía, por disposición del gerente de CFN.
El 22 de octubre pasado la representante de Fidunegocios, María de Lourdes Coronel, informó al entonces gerente de Cooproclem, Carlos Andrade Sellán que CFN ha nombrado como contralor/depositario (custodio) de la cooperativa a Freddy Serrano González. Advirtió a Andrade que al haberse nombrado a este contralor dentro del proceso de ejecución se le debe dar las facilidades para que cumpla sus funciones que incluye “evitar que el personal cause revueltas innecesarias… evitar dar instrucciones distintas a las que emitan la fiduciaria o la CFN. En caso de no permitir el ingreso del contralor/depositario con su personal y de los peritos de la CFN estarían violentando el contrato fiduciario y su proceso de ejecución, siendo responsable de acciones civiles y penales que nos asisten por ser los propietarios fiduciarios, garantía fiduciaria que corresponde a un ente público”.
¿Cómo empezó el endeudamiento?
Los hilos de esta accidentada historia empezaron a tejerse en 2013: “es un paso emblemático para democratizar la propiedad privada” decía Rafael Correa, o “como un claro síntoma democratizador de la propiedad privada, la hacienda La Clementina pasará en los próximos días a manos de los trabajadores, tras la enorme deuda tributaria que Álvaro Noboa, acumuló con el Estado y se negó a pagar”. Con este vendedor discurso difundido en los medios de comunicación oficiales se justificaba otro de los atracos del correísmo en el cual cientos de trabajadores nunca dejaron de ser explotados, están sobreendeudados y a punto de perder la propiedad de sus tierras y su única fuente de ingresos.
En mayo de 2013 el Servicio de Rentas Internas (SRI) embargó la hacienda La Clementina a la Compañía Agrícola Bananera S.A., de propiedad de Alvaro Noboa, por una deuda que mantenía con el estado por $102,3 millones. Seis meses más tarde, el correato ejecutaba uno de sus tantos embrollos financieros. Luego de que los trabajadores se agruparon y constituyeron Cooproclem y, bajo el rimbombante membrete del Programa de “El Buen Vivir, La Clementina fue adquirida por los trabajadores en un remate mediante un crédito de la CFN de $78’930.822,65, a 15 años plazo, con dos años de gracia y una tasa de interés anual de 5%. Pese a estas condiciones preferenciales, desde entonces, la CFN apenas ha recuperado el 7% de capital, mientras ha aprobado refinanciamientos en condiciones que están siendo investigadas por las actuales autoridades de la Corporación.
Para garantizar el pago del crédito entregado por CFN se crearon dos fideicomisos: uno de flujos y otro de garantías.
Pero se necesita mucho más que la entrega de recursos económicos para sacar adelante un negocio que demanda conocimiento y experiencia. Tres años después de entregado el crédito, Cooproclem pidió la primera novación o reestructuración de la deuda a un plazo de 12 años, con dos años de gracia que la CFN aprobó en marzo de 2017.
Un año más tarde, en una cuestionada (por trabajadores) maniobra realizada por la directiva de Cooproclem de ese entonces, se firmó un contrato de asociación con Koval Managment Kovamanag S.A., de supuestos dueños y capitales rusos, pero manejada por el empresario Miguel Macías Ulloa. En ese contrato se entregó la administración del negocio a Koval. Pero las dificultades se intensificaron al punto de que los nuevos administradores pidieron una segunda novación del crédito que fue aprobado por CFN (junio de 2019) a un plazo de 20 años y 4 años de gracia.
No obstante, los problemas en La Clementina no se limitan al ámbito productivo. Alrededor de 400 trabajadores han sido despedidos tras cuestionar presuntas irregularidades por parte de Koval. Incluso un grupo de ellos presentó denuncias a la Fiscalía en septiembre de 2019 por peculado y delincuencia organizada.
Poco después (10 de diciembre de 2019) la entonces secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, denunció posibles delitos en la administración de la hacienda: peculado, testaferrismo, defraudación bursátil, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado.
Ordóñez informaba “que se pedirá investigar a la empresa de accionistas rusos que la administra y a un ciudadano ecuatoriano, que estarían detrás de las irregularidades”.
Nunca se conoció qué pasó con esta denuncia en la Fiscalía, pero Koval siguió manejando Cooproclem hasta que el pasado 9 de agosto los trabajadores paralizaron La Clementina en protesta por la falta de pago de sus beneficios de ley y con el objetivo de desplazar a Macías Ulloa del poder que ejercía en el manejo de la Cooperativa.
Un informe de Inteligencia de la Policía del 22 de agosto pasado evidencia que: “La directiva de la cooperativa no es aceptada por la mayoría de trabajadores de la hacienda, por las diversas irregularidades que mantienen con Koval Managment, que está conformada por Miguel Macías Ulloa, Miguel Ángel Torres Cedeño, Carlos Marcelo Sánchez Medina, Alcívar Napoleón Monar Guamán, Agustín Enrique Andino Campos”.
Este informe surge a partir de las acciones desarrolladas para sacar de la hacienda a los trabajadores que protagonizaron las protestas. Miguel Ángel Torres Cedeño, quien era parte de la directiva de Cooproclem, interpuso una acción de protección en contra del resto de la directiva y solicitó a José Morocho Coello, juez de lo civil del cantón Ventanas, el desalojo de los otros 30 directivos.
Con el fallo favorable que se obtuvo de este juez, Macías Ulloa junto al correísta e influyente empresario bananero Omar Juez, convencieron a la gobernadora, Génesis Blum Baquedano, para que obligue el desalojo.
Si bien no se llegó a ejecutar el desalojo, si se desplazaron policías al lugar. “Acá llegaron como si los dueños fueran delincuentes, vinieron 300, 500 uniformados”, dijo a PI, Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores de La Clementina, quien anunció que interpondrá acciones legales en contra de la directiva anterior de la Cooperativa y de Koval en respuesta a las acciones legales interpuestas por Torres Cedeño, ilegalmente según Chuñir, en contra de otros 30 directivos que impulsaron las protestas.
La paralización de las actividades continuó hasta la tercera semana de octubre en que el contralor/depositario Fredy Serrano, nombrado por CFN, tomó posesión de la hacienda La Clementina y otros funcionarios de este banco estatal ingresaron para levantar inventarios, con miras a rematar la propiedad en aproximadamente 90 días, según Chuñir.
Producción de La Clementina ha generado $0 para pagar capital y no ha alcanzado para pagar intereses
El presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade, tras aclarar que no puede entrar en detalles sobre las causas de la declaratoria de plazo vencido del crédito, aseguró en entrevista con Pi, que se contemplará una solución al tema de Cooproclem que tome en cuenta tres ámbitos: legal, financiero y humano. Andrade dijo que, según el último listado al que ha tenido acceso la CFN, son 1.416 trabajadores a los que hay que tomar en consideración en las acciones que se ejecutarán.
El funcionario evitó confirmar si el siguiente paso de la CFN sería aplicar la coactiva a Cooproclem: “Hay casos en los que hay necesidad de coactiva y otros en los que no se necesita por la naturaleza y la forma en la cual se instrumentó el crédito”, dijo.
Al consultar a Andrade sobre los hallazgos hechos por las nuevas autoridades de la CFN respecto a los argumentos técnicos y legales con los cuales las anteriores autoridades de la Corporación Financiera y los miembros de la Junta de Fideicomiso aprobaron las refinanciaciones del crédito a Cooproclem, el funcionario aseguró que, al no ser información pública, no puede revelar los hallazgos. Lo que sí explicó fue los detalles más importantes de los pagos realizados por la Cooperativa.
La operación original fue por $78,93 millones. En 2016, luego de que el Ministerio del Ambiente expropió 2.000 hectáreas de un bosque protector que había en la hacienda y entregó a cambio $8,5 millones a Cooproclem, esta abonó $5,5 millones con cargo al capital y pagó intereses vencidos por $3 millones. Pero Andrade enfatizó que “de la producción, de la generación de caja de la cooperativa La Clementina no se ha pagado ni un centavo de capital”.
La CFN ha tomado a cargo la hacienda mientras estaba vigente la segunda refinanciación de 2019, a 20 años plazo con 4 años de gracia para capital y un año de gracia para interés, incluido interés vencido que había de 2019. Es decir, se refinanció el interés del interés vencido para pagarse a partir de 2019 hasta 2023, en tres pagos por año. Según Andrade, eso incluía cuotas de $900 mil de interés, más casi $300 mil de intereses vencidos que había en 2019, a pagarse a partir de la segunda mitad de 2020. Por eso, a junio se pagaron alrededor de $1.250.000. Se debía pagar esa misma cantidad en septiembre y en diciembre, pero en septiembre se pagaron solo $650 mil.
Cooproclem tiene otras deudas y pérdidas por casi $30 millones
Cooproclem deberá ser liquidada porque es una organización que está totalmente viciada, a criterio de Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores, quien sostuvo que todas las deudas están a nombre de la cooperativa, pero quien dejó de pagar fue la empresa administradora. “Todas las cuentas han caído a nombre de Cooproclem. Es algo injusto cuando el uso y abuso de los recursos lo ha hecho la administradora Koval”.
Cooproclem mantiene deudas por alrededor de $15 millones con el IESS, con la Corporación Nacional de Electricidad CNEL y otros proveedores de bienes y servicios.
El abogado de los trabajadores aseguró que Koval es la que debería asumir esos pasivos, pues la cooperativa nunca manejó un centavo en aplicación de las condiciones del contrato de administración.
Además, a los trabajadores se les adeuda sueldos, liquidaciones de quienes fueron jubilados o separados de la cooperativa. La cuestión es insostenible tal como está, según Chuñir.
Una de las acciones inmediatas para obtener algo de recursos es la venta de banano, pero la suspensión de actividades que tuvo la hacienda desde agosto afectó aún más a las plantaciones. Se intenta vender lo que se pueda, dado que no hay un producto de primera.
Por los 2 meses de paralización los trabajadores calculan pérdidas entre $15 millones y $20 millones.
La CFN ha dado autorización para vender la producción de banano y otros ítems, incluida chatarra. Pero están teniendo trabas para concretar la venta de la fruta, de acuerdo con Chuñir pues explica que la anterior administración de Cooproclem está influyendo en los potenciales compradores para que no adquieran el producto: “Ha habido programaciones de corte, pero cuando ya debíamos cortar se cancela porque hay la intervención de una mano negra en contra de los trabajadores”.
Es decir, luego de que se planifica cuántos contenedores van a salir en cajas en una fecha determinada y los trabajadores están listos para acudir al corte de la fruta, se cancela a último momento. No hay compradores y a decir de Chuñir incluso han circulado rumores de que hay un informe de Agrocalidad que señala que el producto está mal. Pero en el fondo lo que se busca es bloquear el ingreso de dinero.
Millonarias reducciones en los activos de los Fideicomisos
Los trabajadores de La Clementina cuestionan a Fidunegocios, administradora de los fideicomisos de flujos y garantía en los últimos 7 años, por no haber controlado el manejo que dio Koval a Cooproclem, por lo que solicitarán a la Corporación Financiera Nacional que Fidunegocios no continúe como fiduciaria de la hacienda.
Luego de que la CFN se hizo cargo de Cooproclem, se ejecutó el fideicomiso de garantía y los activos que integraban esa garantía, entre ellos la hacienda La Clementina, pasaron a manejo de la Corporación.
Sobre el fideicomiso de flujos no se conoce de fuente oficial, hasta el momento, cuál ha sido el procedimiento. El abogado de los trabajadores, Flavio Chuñir afirma que el fideicomiso de flujos desapareció tras la declaratoria de plazo vencido del crédito.
Los fideicomisos de flujos y de garantía se constituyeron el 6 de febrero de 2014. El primero arrancó con un capital de $5.000 y a diciembre de 2014 contaba con activos por $1’318,593.47, pasivos por $1,313,593.47 y aún no registraba ingresos.
Desde entonces los activos del fideicomiso de flujos se han reducido año a año, excepto en los ejercicios económicos de 2016 donde sumaron $1,42 millones, y 2017, $6,72 millones, de acuerdo con los balances financieros que constan en la Superintendencia de Compañías,
La cifra más baja de los activos de este fideicomiso correspondió a 2019 con $15.493,41. Y a septiembre de este año los activos fueron de $28.988,57.
Desde la conformación del Fideicomiso de flujos hasta este año sus activos se han reducido en $1,28 millones.
No se ven cifras de gran relevancia en cuando a las utilidades de cada ejercicio económico. En 2016 está el valor más alto de ganancias con $14.537,35; le sigue 2020 con $9.427,04. En 2017 tuvo pérdidas por $7.531,67.
El fideicomiso de garantía se constituyó con activos valorados en sus estados financieros en $107 millones. Estos incluyen principalmente terrenos ($38,27 millones), edificaciones ($9,6 millones), maquinaria ($1,39 millones) y activos biológicos que concierne básicamente a la producción agrícola ($57,76 millones).
En 2017 los activos bajan a $83,81 millones, principalmente porque los activos biológicos se reducen a $26,82 millones, una merma del 54% en la producción agrícola.
Para 2019 hay una recuperación de los activos a $98.87 millones principalmente por un aumento en el valor de la maquinaria y equipos que pasó de $1,39 millones a $16,64 millones, una subida del 1000%. En el caso de los terrenos la variación fue de $52 millones a $69.24 millones (33%). En cambio, el activo biológico se redujo considerablemente a $9,55 millones, una baja del 64% en el valor de la producción agrícola.
A septiembre de 2021, la última cifra disponible en la Superintendencia de Compañías, los activos se reducen levemente a $98.55 millones. 
¿Alguna autoridad estatal pudo prevenir la crisis de La Clementina?
La Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, tiene prevista una reunión este 19 de noviembre con un grupo de socios de Cooproclem, que fueron parte de quienes paralizaron las actividades en La Clementina por estar inconformes con la administración de Koval y la directiva de Cooproclem liderada por Carlos Andrade y Miguel Torres, gerente y presidente de la cooperativa, respectivamente.
El tema a tratar será el registro de la nueva directiva, según Hernández. Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores indicó que en este marco se consultará a la titular de este organismo sobre sus argumentos para no reconocer a la nueva directiva integrada el 12 de agosto pasado, pues sostiene que las 941 firmas de los socios reunidos en asamblea general la avalaron.
Al ser la asamblea la máxima autoridad que aprobó la designación de la directiva que desplazó a Andrade y Torres de los principales cargos de Cooproclem, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) debió aprobar tal actuación, a criterio de Chuñir.
Pero Hernández explicó que las directivas de las entidades que controla se designan mediante procesos democráticos organizados por esas mismas entidades, por lo tanto, es la asamblea general de socios la que nombra a sus representantes a los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas. Y el consejo de administración nombra presidente y gerente. Por lo que el rol de la SEPS es de registro de esos directivos.
Pero al momento el registro de Cooproclem tiene una particularidad, según enfatizó Hernández: judicialmente existe un candado que impide cambiar a las autoridades de la cooperativa porque existe una resolución de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón que lo impide.
Mediante oficio 188-2021-UJMS del 7 de octubre de 2021 ese juzgado comunicó a la SEPS que admitió el pedido de medidas cautelares realizado por Miguel Ángel Torres (entonces presidente de la Cooperativa y cercano a Miguel Macías de Koval) y dispuso a la Superintendente “la suspensión de los efectos de la designación de Carlos García Portilla como gerente y representante legal de Cooproclem hasta que en sentencia de última instancia se dirima sobre el procedimiento seguido para tal designación, a fin de que dentro de sus facultades y atribuciones comunique a quien corresponda sobre la suspensión temporal de los efectos de la resolución e inscripción de García Portilla dentro del trámite 707912725, así como la obligación de abstenerse de inscribir a directiva titular alguna que no sea la elegida en 2020 y que ya consta en sus registros, previo al trámite 079-720 bajo prevenciones de ley en caso de incumplimiento«.
Hernández agregó que “considerando que ciertos términos en este oficio no nos dan toda la claridad… se le solicitó una aclaración a la jueza y no hemos recibido respuesta, pero hemos acatado la parte que es fácil de inferir y es que la directiva elegida en 2020 se mantiene en los registros”.
Esta superintendencia ha pedido que se aclare detalles como el número de trámite citado en la resolución judicial, pues la numeración 079-720 no corresponde a los trámites que se gestionan en la SEPS. Tampoco hay claridad respecto a qué miembros de la directiva se refiere y de qué cargos, pues los órganos de administración y control de las organizaciones tienen responsabilidades determinadas por ley, por lo que es fundamental que la SEPS sepa a quién ordena la jueza que se registre en cada posición, de lo contrario se podría cometer algún error, indicó Hernández.
La superintendente dijo también que no ha sido comunicada de la postura de la directiva actual de Cooproclem de que la SEPS estaría negando la decisión de una mayoría de 941 socios que avalaron a la nueva directiva y dejaron inválida la anterior, pero explicó que la resolución de la jueza se da dentro de una acción constitucional “y el cumplimiento de este tipo de resoluciones es obligatorio para nosotros”.
El abogado de los trabajadores, Flavio Chuñir, ha dicho que solicitarán a la SEPS la designación de un interventor para Cooproclem, pero Hernández señaló que no conoce de manera oficial la declaratoria de plazo vencido del crédito de la cooperativa y aclaró que este organismo de control no tiene participación, pues se trata de un tema que compete a CFN y Cooproclem. Pero si hubiera algún proceso que relacione a la cooperativa, tendrían que ser los socios o sus directivos quienes comuniquen a la Superintendencia para proceder según la ley.
Sobre la designación de un interventor, Hernández explicó que es una figura extraordinaria y que deben darse varias condiciones para aplicarla. “No procede automáticamente en razón de un pedido de los socios, sino que tiene requisitos legales”, anotó. Uno de los más importantes es el de la supervisión previa sobre la base de información documentada que justifique tal supervisión.
Finalmente, los trabajadores de La Clementina plantearán a Hernández su cuestionamiento por haber permitido (en mayo de 2018) una reforma a los estatutos de Cooproclem que según ellos, allanó el camino para ceder el control absoluto de la administración y la gestión del negocio de Cooproclem a la empresa Koval. La superintendente aclaró que el cambio en el estatuto pedido por la cooperativa no tiene relación directa con el contrato firmado con Koval, pues solo permite que se tercericen ciertas actividades sobre las cuales la organización no tiene el capital ni el expertise para desarrollarlas. “De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia tiene una vinculación directa con el contrato de Koval, contrato que además es suscrito entre privados y en el que la superintendencia no participa”, enfatizó.
Trabajadores plantean alternativas para recuperar La Clementina
Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores, explicó que la declaratoria de plazo vencido del crédito de Cooproclem con la CFN es uno de los pasos previos al remate de los activos de Cooproclem, cuyo principal bien es la hacienda La Clementina de 11.500 hectáreas.
El objetivo de la CFN es recuperar lo que pueda de los recursos que entregó en préstamo a la cooperativa de La Clementina, según Chuñir. Pero ¿qué pasará con los trabajadores? El tema es complejo. “Hubo gente que se aprovechó y se hicieron más ricos a costillas de los pobres…Desde siempre se ensañan con la parte más débil que son los trabajadores y ahora se repite la historia”, cuestionó Chuñir.
No obstante, los trabajadores hacen planes para tratar de recuperar La Clementina.
En una de las estrategias que analizan está la idea de asociarse nuevamente para presentarse al remate. Según el abogado esta es una fórmula que les permitirá recobrar el bien, pues antes, bajo la administración de Koval, estaban atados sin poder recuperar el control de su hacienda. Una de las acciones a seguir es constituir una nueva organización y para ello han empezado a recabar los requisitos legales. Lo más probable es que sea una cooperativa porque con esta figura se pueden agrupar a todos los trabajadores bajo las mismas condiciones.
Para obtener el financiamiento que les permita presentarse al remate Chuñir aseguró que los trabajadores cuentan con un capital inicial y se aliarán con inversionistas interesados en esta operación. La idea es que de las 11.500 hectáreas que tiene la hacienda, solo 2.700 hectáreas son aprovechadas en las plantaciones de banano, en espacios arrendados y lo demás está sin uso. Como la principal fuente de ingresos proviene de la línea de negocio del banano, eso se mantendría y los recursos para devolver a los inversionistas (que entreguen dinero a los trabajadores para acceder al remate) provendrían de la venta de las tierras que no se aprovechan.
Sin embargo, el tiempo avanza y hay desesperación entre los trabajadores que temen perder su fuente de ingresos, entonces el 13 de noviembre pasado, más de 1.000 trabajadores reunidos en asamblea mantuvieron un encuentro con el presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade. Le plantearon otra fórmula para recuperar la hacienda mediante la venta de tierras. Con lo recaudado se abonaría al capital reduciendo significativamente el monto del crédito con la CFN. En una segunda etapa los trabajadores seguirían abonando a la deuda con el producto de su trabajo.
Chuñir explicó que bajo esta idea la CFN se mantendría al frente de La Clementina y con la venta de unas 5.000 hectáreas la Corporación Financiera se beneficiaría porque recuperaría casi toda la deuda, pues con el remate habría una pérdida para el Estado, a criterio de Chuñir. “Con esta otra opción CFN mantiene el crédito completo”, sostuvo.
La directiva de trabajadores, que se conformó en agosto pasado, afinará los detalles de esta propuesta para presentarla a la CFN antes de finalizar este mes de noviembre.
Mientras tanto, el proceso de preparación del remate continúa. En este mes estaba previsto que un perito avaluador realice el avalúo de los bienes de Cooproclem.
