Antes de iniciar, y si leyeron mi entrega anterior, les comento que voy a realizar un desvío y no continuar con el análisis de la mega obra hidroeléctrica Río Santiago y que anuncié iba a continuar. Tengan certeza sin embargo que retomaré el monstruo que se pretende construir en el Río Santiago, pero por el momento quiero relatar otro asalto a la biodiversidad del país, esta vez de la biodiversidad marina. En particular, en esta entrega les relataré la encrucijada a la que les estamos sometiendo a los tiburones de los mares ecuatorianos.

A la sesión 723 del pleno de la Asamblea Nacional del 2 de septiembre de 2021, que aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente (COA) y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (CODA), la debemos recordar como un asalto a la biodiversidad marina. Ese día, gracias a los votos negativos de 2 Asambleístas (el independiente César Rohon (ex PSC) y Xavier Santos (ID) y la abstención de 95 asambleístas de las  bancadas de UNES, Izquierda Democrática y Pachakutik, la transitoria Cuarta que buscaba prohibir la comercialización de la pesca incidental de ejemplares, partes o derivados de especies protegidas, amenazadas y en peligro de extinción, se vino abajo.

Nótese que la transitoria, era eso una transitoria de prohibición, que disponía un alto de 6 meses a la comercialización hasta que las autoridades competentes (el Ministerio de Ambiente (MAATE) y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura (MAG)) la reglamenten.

A buen entendedor, lo que se buscaba era poner en pausa a esa pesca incidental que camufla una pesca dirigida particularmente a los tiburones, detrás de la cuál hay grandes intereses económicos nacionales y transnacionales.

Sin la transitoria, los tiburones que son especies protegidas bajo la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) están en completa indefensión en los mares ecuatorianos.  Les deja en indefensión porque aún, a pesar que la Ley Orgánica para el desarrollo de la pesca y acuicultura aprobada en abril del 2020, no tiene reglamento.  Con la ausencia del reglamento y ahora de la transitoria cuarta, los tiburones y otras especies protegidas como las mantarrayas están en un limbo jurídico, y su pesca incidental es ahora pesca no reglamentada.

Ese limbo jurídico es una práctica recurrente en la legislación ecuatoriana, en especial cuando se trata de especies y recursos naturales sobre los cuales los intereses económicos son enormes. En lugar proteger la gran biodiversidad que tenemos quienes legislan y son autoridades competentes se lavan las manos y optan por no asumir una posición a favor de su conservación.

Frente a las críticas del masivo lavado de manos de los 95 asambleístas que se abstuvieron de votar a favor de la moratoria, varios de ellos justifican su actuación alegando que es el Subsecretaría de Pesca quién debe emitir el reglamento a la Ley aprobada en el 2020. O sea, la culpa es del vecino y no de ellos.  Otros, han dicho que la moratoria afectaría a la pesca artesanal, argumento que se recita repetidamente en la actual Asamblea para congraciarse con sectores económicos empobrecidos, y que se esgrime sin fundamento en la realidad.

Para entender mejor el meollo de este enorme impasse legislativo (apuesto que la gran mayoría de los 95 Asambleístas ni siquiera se dignaron en estudiar más el problema para abstenerse de manera informada), a continuación unos elementos.

La pesca incidental, es como dice su nombre una pesca que ocurre por azar o sea no está dirigida a alguna especie en particular. Sin embargo, cuando se utilizan artes de pesca como el palangre – que tiene miles de anzuelos- en muchas oportunidades se atrapan tiburones. Esto sucede en especial en ciertos períodos del año, cuando los tiburones migran a buscar alimentos y lo hacen en grupos (escuelas). En estos períodos su pesca “incidental” es enorme y ya deja de ser artesanal. En el 2019, según la Subsecretaría de Pesca, 217 000 tiburones fueron capturados incidentalmente en aguas ecuatorianas, este número, que es solamente lo que se registra oficialmente y que esconde la pesca no declarada, denota una pesca dirigida.

Según organizaciones como la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y el NRDC (Natural Resources Defense Council), el Ecuador está entre los países que más exporta aletas de tiburón. Para entender esta exportación, recordemos las 26 toneladas de aletas de tiburón que fueron decomisadas en Hong Kong en mayo del 2020.  Mientras anduvimos confinados, nos enteramos de la noticia, y a todos nos causó indignación. Esta exportación significó aproximadamente 38 mil ejemplares de tiburones. Imaginemos cuantos contenedores con similar carga pasan desapercibidos, y lo que eso significa para la población de tiburones. Estas cifras ya dan cuenta que la supuesta pesca incidental claramente camufla un negocio redondo.

Los tiburones se capturan básicamente por sus aletas, que son apetecidas en los mercados internacionales, en especial el asiático. Si bien la pesca de tiburones está prohibida, la figura de la pesca incidental que se estableció a través de una serie de decretos emitidos durante el gobierno de Rafael Correa, abrió la oportunidad para que ésta se convierta en un negocio depredador. Según la normativa vigente si se atrapa a un tiburón él ejemplar solo puede ser desembarcado en puerto y ahí se pueden cortar las aletas que luego a través del otorgamiento de un permiso – por ser especies protegidas bajo CITES- se pueden exportar.

Un cálculo al vuelo, si más o menos la pesca incidental declarada está por los 200,000 mil ejemplares de tiburones al año, la ilegal seguramente duplica o triplica esta cifra. Según el informe del 2017 del Global Financial Integrity, la pesca ilegal es la sexta economía criminal más lucrativa del mundo con ingresos estimados de $ 15 a 36 mil millones de dólares. En otras palabras, el negocio del aleteo mueve muchos millones de dólares, y detrás del negocio hay verdaderas mafias transnacionales.

Asistimos a una impavidez espeluznante. Frente al decomiso de las 26 toneladas de aletas en Hong Kong, aunque ya hay serios indicios de que detrás de ese cargamento hay una empresa ecuatoriana que ya ha exportado varias toneladas de aletas de manera ilegal, ésta sigue sin ser sancionada. Al igual que en muchos otros crímenes contra la biodiversidad el caso sigue traspapelado en la Fiscalía, y no hay visos de que se inicien las acciones legales.  En otras palabras, el delito cometido quedará impune.

Por otro lado, la Subsecretaría de Pesca sigue elaborando el dichoso reglamento y argumenta que se requieren estudios técnicos para verificar si la pesca incidental está provocando daño a las poblaciones de tiburones. A la espera de ese estudio que seguramente no se realizará, la Subsecretaría no observa el principio precautorio consagrado en la Constitución Ecuatoriana y en varios instrumentos internacionales, que ordena que “en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”.  En otras palabras, omite reglamentar y se lava las manos para favorecer el negocio que depreda la biodiversidad.

En esta historia de depredación la abstención de los 95 Asambleístas el 2 de septiembre, es la cereza del pastel. En los mares ecuatorianos los tiburones están a merced de redes criminales con la complicidad de Asambleístas, autoridades de la Susbsecretaría de Pesca y de la función judicial ecuatoriana.

Ojalá que el ejecutivo, que tiene la capacidad de veto parcial, reincorpore esta moratoria y nos demuestre que entiende que la protección de los tiburones es vital para sostener la vida en nuestros océanos.