La Contraloría General del Estado ha identificado numerosas irregularidades que cometieron las autoridades de la Asamblea Nacional al ejecutar la construcción del Complejo Legislativo, una mega obra que influye en nueve hectáreas del centro de Quito y que no contaba con estudios previos ni definitivos, requisitos sustanciales en la contratación pública, para establecer plazos y presupuestos referenciales.
Lo que debía ser un Complejo para albergar a todo el personal legislativo, se convirtió en una obra desenfocada, que intervino incluso en competencias municipales al cortar vías y destruir un emblemático inmueble como el Palacio de Justicia. Con la obra paralizada desde hace cuatro años, en las calles Piedrahita y 6 de diciembre en Quito solo quedó el Palacio Legislativo, dos bloques de parqueaderos, la casa Lasso-Conto restaurada, dos plazas y algunos accesos, pero no se construyó el edificio para los asambleístas y sus equipos.
En 2010 Fernando Cordero, como presidente de la Asamblea Nacional, llamó a concurso para diseñar un Complejo Legislativo, en ese año se seleccionó un proyecto y Cordero dijo que la obra llevaría 13 meses. En realidad, la obra arrancó oficialmente el año 2012 y se cotizó en $ 24 ́038.396. El Complejo comprendía 90.987 metros cuadrados y el plan buscaba construir un espacio integrado de tres bloques entre el Palacio Legislativo, el ex Palacio de Justicia y la casa patrimonial de la familia Lasso-Conto, además de unir los parques de La Alameda y el Ejido con una línea peatonal y arborizada, a través de la Av. 6 de diciembre.
En el Palacio de Justicia se debía ubicar los despachos para los legisladores y sus equipos. Con todo el dinero y capacidades posibles emprendieron los trabajos, pero -como siempre sucedió en la Revolución Ciudadana- el proyecto apenas avanzó el 44,27% en una década de ejecución.
Hasta el momento se ha gastado $31.371.991,92, según los cronogramas valorados de la Asamblea Nacional al 2019 y se requieren $39.493.516,68 adicionales para completar la obra, que se proyectó, en total, en $ 70.865.508,60.
Fuentes relacionadas a la Asamblea Nacional conocen extraoficialmente que la secretaría de planificación del Estado les negará la asignación faltante (39.4 millones), por tanto, será una obra inacabada, será una llaga en el centro de la ciudad.
Cordero pide más tiempo
En diciembre de 2012, Fernando Cordero le pidió a Senplades una actualización del plazo para entregar la obra en 2013, pero con mayores modificaciones del presupuesto. Solicitó $46.067.139,00 en total y le requirió al Senplades la calificación de obra prioritaria.
La Senplades aceptó el pedido de Cordero y dijo que el aumento de casi el 100% del costo se debió al incremento de las superficies de diseño arquitectónico y urbanístico.
Fieles a la tradición de gastar sin resultados, llegó 2015; nuevamente la Asamblea Nacional presentó una extensión al proyecto por $77,782,453.24 y un plazo de ejecución hasta el 2017.
En 2018 se replanteó el proyecto y se estableció un monto menor: $70.865.508,60.
La ausencia de estudios previos y definitivos provocó una elevación de los costos. El proyecto del Complejo se modificó varias veces, para incrementar y encarecer sus componentes.
La destrucción del Palacio
El rubro en donde los costos más se elevaron fue en la adquisición del predio del Palacio de Justicia, por $17.124.270,00 (componente 1).
Más de la mitad del gasto ejecutado se concentró en ese inmueble, pero el cronograma económico 2019 de la Asamblea, solo registra el gasto de 4 millones de la compra-venta del edificio. Sobre los otros 12 millones restantes no hay claridad de destino.
El enfoque era instalar, en el edificio remodelado, 150 oficinas para los asambleístas y sus equipos. El espíritu del proyecto era ahorrar millones en alquileres de edificios e integrar al personal legislativo en un espacio funcional.
Decidieron comprar el edifico al Consejo de la Judicatura el 29 de noviembre del 2011. Pero el ex Palacio de Justicia fue demolido sin estudios técnicos y, ante todo, sin contrato.
Este episodio sucedió en medio de la ejecución del llamado contrato 3 cuando se trabajaba en el componente Parque Lineal y bloque de las oficinas para Asambleístas, firmado el 28 de diciembre del 2012 con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE), por un valor de $26,570.233,83. Nada se construyó.
La Contraloría, en el informe DNA-1-0012-2019, encontró que en el contrato 3 no constaban los rubros de demolición. Pese a ello, el director del proyecto, el 20 de mayo de 2013, autorizó la destrucción sin que fuera una obligación contractual del CEE.
La demolición tampoco cumplió con el procedimiento de derrocamiento de bienes públicos. Tanto la presidente de la Asamblea, en ese entonces Gabriela Rivadeneira, como los administradores del proyecto y los contratistas, incumplieron el artículo 82 del Reglamento General de Bienes del Sector Público que señala: “la máxima autoridad designará a un perito previo a la demolición del edificio”.
Se inobservó también con el artículo 83 de la misma norma que manda a la máxima autoridad ordenar por escrito se proceda con la demolición, con un acta de constancia de la diligencia. Además, debía existir la aceptación otorgada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Ninguno de esos informes y documentos existen.
Otra de las arbitrariedades en torno al derrocamiento tiene que ver con el destino de los elementos retirados y desmontados del ex Palacio de Justicia. Contraloría observó que hasta ahora se desconoce su paradero.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército reclamó en enero del 2014 el pago de $407.553,50 por la demolición, pero una comisión de la Asamblea determinó un costo menor, $250.596,71. Es decir, intentaron cobrar demás por el derrocamiento de un bien histórico. Este último monto solo aparece en el proyecto de prioridad aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación, en el rubro denominado “demolición de edificaciones”, pero no consta en el contrato.
Quedó vacío el espacio (10.406 m2) donde se asentaba el edificio y un conflicto entre el legislativo y la contratista. El contrato 3 con el CEE terminó por mutuo acuerdo, por falta de estudios definitivos. No se ejecutó ni la Plaza de la Luz, el parque lineal, ni la construcción del edificio para los asambleístas.
La ex presidente, Gabriela Rivadeneira, el 18 de octubre del 2013 creó una Comisión Jurídica para analizar el caso y encontró que entre la AN y el CEE se firmó una Acta de Mutuo Acuerdo, al día siguiente de la adjudicación en la que se dejó sentado que la Asamblea Nacional no contaba con los estudios definitivos de algunas partes de la obra contratada y se comprometía a entregarlos en el mes de enero de 2013. La terminación recién se efectivizó el 12 de septiembre del 2014, lo que quiere decir que el contrato se mantuvo vigente por 623 días, sin que se efectúen trabajos, ni se entregue anticipo, según el informe DAPyA-0050-2016.
Parqueaderos y plazas
En 2010, el primer proyecto estimó una inversión de $ 6.825.000,00 para la construcción del sistema de parqueaderos de cinco niveles. En noviembre del 2012 los costos se elevaron. El contrato para construir el bloque de parqueaderos E y F y las plazas Juan Montalvo y Vicente Piedrahita se lo llevó el CEE por $12.522.411,34. Al final el CEE cobró $9.823.723,51.
Según el informe de Contraloría DAAC-0061-2014, el CEE subcontrató, sin autorización, a la Constructora Maldonado Fiallo Hermanos Cía Ltda. La ejecución de este componente fue lenta, justamente, porque no existían estudios definitivos. El CEE ejecutó las planillas 20 a la 23 sin fiscalización; por esta razón, el 14 de septiembre de 2016 se suscribió una nueva acta de terminación por mutuo acuerdo.
Dadas las irregularidades, la Asamblea impuso multas por $2.604,661,51, que la CGE recomendó revisar en favor de los militares, que siempre trabajaron sin planes. Contraloría, estableció que nunca existieron estudios definitivos: hasta el cierre de la auditoria, realizada el 31 de diciembre del 2017 no existen estudios definitivos. Esta afirmación se público en el último informe de 2019.
Vías y accesos
La Asamblea pagó $2.169.451,70 en la intervención de paseos peatonales, accesos y elementos urbanos dentro del perímetro del Complejo Legislativo (avenidas Juan Montalvo y Vicente Piedrahita), según el cronograma 2019. Este componente le correspondió ejecutar a la empresa Ecuempire. Contraloría en su informe de 2019 dijo que la empresa dejó de construir varios elementos presupuestados sin sustento, además que las dimensiones de los planos registrados de túneles de entrada y salida no correspondían a lo realmente ejecutado.
Un proyecto a la deriva
Pese a que la razón de ser de la obra era dotar de despachos a todos los asambleístas, las obras comenzaron al revés, por lo prescindible.
El CEE y la Asamblea celebraron tres contratos, El primero firmado para la remodelación de la casa Lasso-Conto, en abril del 2012.
El siguiente fue en noviembre de 2012, para la construcción del Bloque E y F de parqueaderos y las Plazas Juan Montalvo y Vicente Piedrahita. El tercero se firmó el 28 de diciembre del 2012 para construir el Parque Lineal de la Av. 6 de diciembre y el bloque de oficinas para los asambleístas.
El último contrato fue con la Ecuempire para la construcción e intervención de las calles, accesos y elementos urbanos dentro del perímetro del Complejo Legislativo, en diciembre del 2016. Cada uno poseía sus respectivos contratos de fiscalización. De lo que no hubo contrato y estudios claros fue para la demolición del ex Palacio de Justicia.
¿Por qué no se aprovechó la infraestructura del ex Palacio?
Según el proyecto de 2010, la construcción del componente “cambio de uso del Palacio de Justicia” costaba 5 millones de dólares. La justificación de la compra fue que el Palacio de Justicia ofrecía las condiciones más idóneas para ubicar los despachos de los asambleístas, y su remodelación significaba no alterar constructivamente los bienes patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito.
Sin embargo destruyeron ilegalmente un edificio con más de 50 años de historia judicial del país, y se plantearon construir uno nuevo, pero con un presupuesto de más de $28 millones de dólares, según el cronograma plurianual de la Asamblea del 2019.
En este cronograma de 2019 consta el rubro invertido en el componente 1 (C1): “Adquisición del predio del ex Palacio de Justicia”, que incluye su compra y equipamiento, por una suma de $17.124.270,00 que ya se gastaron.
Los primeros $4.324.145,84 corresponden a la compra del palacio. Sobre los restantes $12.800.124,26 millones para “equipamiento y otros” hay total opacidad. Ese valor tenía como destino la remodelación del edificio, sin embargo, consta en el documento como ejecutado a pesar de que el Palacio de Justicia fue demolido. Se abre, entonces, una nueva pregunta: ¿En qué gastó realmente la Asamblea Nacional esos 12 millones?
Fuentes de la Asamblea creen que esos recursos se desviaron en gastos corrientes.
No hay claridad en el desglose del Componente 1 (C1) en el cronograma plurianual 2019. Sobre C1 solo registraron los montos invertidos, pero no el destino específico.
Hasta el 2019, el país invirtió 31 millones en una obra que ha cortado la ciudad, desapareció un bien histórico, nunca integró en un espacio común al legislativo y no tiene horizonte definido: requiere 28 millones adicionales.
