En esta segunda parte del informe, los portales Periodismo de Investigación y Plan V pasan revista a varios contratos de deuda y resoluciones de prioridad del Senplades, que llevan la firma del candidato correísta para las elecciones presidenciales de febrero del 2021.  Entre otros proyectos destacan los millonarios contratos para las polémicas y gigantescas plataformas gubernamentales, las Escuelas del Milenio, que significaron un negativo impacto profundo en la vida de las comunidades campesinas de la Sierra, Costa y Amazonia, y los recursos que se mal usaron o se esfumaron en la reconstrucción de las provincias que fueron afectadas por el terremoto de abril del 2016, especialmente Manabí.

Sobreprecio en las millonarias plataformas gubernamentales

Andrés Arauz fue parte del Comité de Deuda y Financiamiento en enero de 2015, cuando se aprobó la obtención de un crédito por USD 80 millones con el BID y otro por cerca de USD 40 millones con el Banco Europeo de Inversiones, para la construcción de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Sur).

La construcción de ese edificio fue parte de un macro proyecto de USD 572 millones, coordinado desde Senplades, con Arauz como subsecretario, y con presupuesto de Inmobiliar, para una ejecución de 3 años (2013 a 2015).

En diciembre de 2012, la Senplades calificó como prioritario el proyecto «Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional del sector público», mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2012-1 338.

El presupuesto para este proyecto requería de USD 572 millones para la compra, construcción y remodelación de inmuebles para reubicar a las entidades del sector público.

Destacan dos puntos de este proyecto: demoler el edificio del MAGAP en Guayaquil y la construcción la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (cuya edificación fue, a su vez, también una parte del Programa de fortalecimiento de la gestión interseccional social).

Entre 2013 y 2015, Arauz fue subsecretario general de Planificación para el Buen  Vivir en la Senplades, desde donde se coordinó la ejecución de este proyecto.  La prueba de esto está en varios oficios firmados por él, como uno enviado al entonces director de Inmobiliar, Klever Mejía, el 13 de febrero de 2014, Arauz le señala algunos ajustes en los componentes del proyecto y su presupuesto.

Para este proyecto fue necesario endeudarse. Solo el Programa de fortalecimiento de la gestión interseccional social, que incluye la construcción de la Plataforma Social, requería de poco más de USD 120 millones que fueron financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por USD 80 millones a un plazo de 25 años.

La obtención de esta deuda fue autorizada en enero de 2015 mediante Acta Resolutiva 003, firmada por Patricio Rivera, como delegado de Presidencia ante el Comité de Deuda y Financiamiento; Fausto Herrera, entonces ministro de Finanzas; Carlos Barrionuevo, como subsecretario de Financiamiento Público; y, Verónica Artola, actual tituar del Banco Central, pero que en para esa gestión actuó como delegada del secretario nacional de Senplades. Posteriormente, el crédito se firmó el 5 de febrero de 2015.

Entre las condiciones del contrato del crédito con el BID se establece que el desembolso se haría siempre que los USD 40 millones restantes para financiar el 100% del proyecto se obtengan de otro crédito con el Banco Europeo de Inversiones.

El edificio de la Plataforma Gubernamental Sur fue construido a un costo de USD 98,7 millones y demoler el edificio del Magap en Guayaquil costó cerca de USD 3,9 millones. ¿Dónde está el resto del dinero?

De acuerdo con el cronograma del oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0181-0F, presentado por el mismo Arauz -entonces subsecretario de la Senplades-, con USD 91,6 millones debían adquirirse los inmuebles necesarios para la relocalización de las entidades en las plataformas gubernamentales; otros USD 4 millones fueron para demoler el edificio del Magap; y, USD 476,3 millones, para construir y remodelar las infraestructuras para las entidades del sector público.

Trasvase Daule-Vinces, otra obra de Odebrecht

En 2013 Andrés Arauz actuó como delegado del secretario de Senplades, Pabel Muñoz, en el Comité de Deuda que autorizó el endeudamiento por USD 137 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), para contratar a Odebrecht para la construcción del proyecto Trasvase Daule-Vinces-Dauvin, que terminó con un sobreprecio del 67%.

El acta resolutiva 017, del 15 de agosto de 2013,  el Comité de Deuda y Financiamiento autoriza un endeudamiento por USD$ 137 millones con el BNDES para  financiar el Proyecto Trasvase Daule Vinces-Dauvin cuyo ejecutor fue la SENAGUA.

El acta está firmada por Fausto Herrera, como ministro de Finanzas; Patricio Rivera, como delegado de Presidencia ante el Comité, Andrés Arauz, como delegado del secretario Nacional de Planificación (Oficio SENPLADES-SNPD-2013-0689-0F); y William Vásconez, subsecretario de Financiamiento Público.

Para agosto de 2013 los acuerdos de Arroz Verde ya estaban vigentes con Odebrecht: un mes después, el 9 de septiembre, la constructora brasilera entregó $500 mil al gobierno de Correa, según consta en el juicio del caso “Sobornos”  y hasta diciembre de ese año se había entregado $1,55 millones.

La adjudicación

El 30 de abril de 2012, Walter Solís, como titular de Senagua, y José Conceição Santos y Ricardo Vieira, de la brasilera Odebrecht, suscribieron el contrato para la construcción de la obra por USD 191 millones y el plazo de ejecución fue de 840 días; es decir, dos años y tres meses. Finalmente, tres años y medio después, en el discurso de inauguración, el propio presidente Correa dijo que la inversión de la obra superaba los USD 352 millones. Un incremento del 184%.

En 2017, Conceição Santos declaró que pagó coimas para hacerse con el contrato: en total USD 6 millones entre 2012 y 2015.

El control de inundaciones, proyectos millonarios y poca efectividad

Pabel Muñoz, como secretario de la Senplades, delega a Arauz al Comité de Deuda para que se autorice un crédito por USD 299 millones para un proyecto de la Senagua. La deuda se obtiene, nuevamente con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank.

El 22 de julio de 2013, el Comité de Deuda y Financiamiento autoriza un endeudamiento  por USD 299 millones para proyectos de control de inundaciones en Cañar y Naranjal. El crédito se firmó con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank, con interés del 3.91% a 10 años plazo, para financiar parcialmente los proyectos.

En este proyecto, nuevamente Arauz firma como delegado del secretario de la Senplades, Pabel Muñoz. El acta resolutiva del Comité de Deuda lo firma junto a Patricio Rivera y Fausto Herrera.

Del Bank of China Limited e obtuvo deuda por USD 260’026.115; y, del Deutsche Bank, USD 38’854.477.

Este proyecto fue ejecutado por la Senagua, y el presupuesto se estimó en USD 154 millones para el Proyecto Naranjal; y, USD 288 millones Proyecto Cañar.

Los proyectos de control de inundaciones Naranjal y Cañar fueron inaugurados en enero del 2016 por Anne Dominique Correa, a pedido de su padre.

De acuerdo a un informe del diario Expreso, en el 2019,  que recorrió las obras de Control de Inundaciones Bulubulu y los bypasses de los proyectos Cañar y Naranjal, cuyo fin también era mitigar los efectos de las lluvias, estas no funcionaban adecuadamente.  La inversión alcanzó los  USD 345 millones.

Cruzando la carretera, en el recinto La Cadena, el río se desborda por partes. “El agua antes nos llegaba hasta el cuello, ahora quizás hasta las pantorrillas”, comentó entre risas Manuel Oleas. En Boliche, ubicado a casi cincuenta kilómetros, las inundaciones se detuvieron en la zona céntrica, pero no en sus zonas rurales. “Desde que hicieron ese bypass más arriba, acá ya casi no nos inundamos, pero más arriba, en las fincas, la gente aún construye muros con piedras, porque el río se desborda”, narró Byron Díaz. Según información publicada por la Empresa Pública de Agua (EPA), el estado del funcionamiento del Control de Inundaciones Bulubulu, y las complementarias Cañar y Naranjal es del 100 %. Pese a esto, las tres obras cuentan con observaciones de la Contraloría, en informes aprobados entre 2016 y 2017.

En el caso del proyecto Bulubulu y Cañar, los cuestionamientos surgen de pagos injustificados, inconsistencias técnicas en los precios unitarios y fallas en el correcto manejo de los estudios ambientales. En el caso de Naranjal, los problemas son mayores. Hay controversias por el uso de material de inferior calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, demoras en el pago de expropiaciones de terreno, lo que imposibilitó la correcta edificación de tramos del dique y provocó vulnerabilidades, y la explotación de una mina cercana sin estudios técnicos o ambientales para poder continuar con la rápida cimentación de la obra. No son los únicos proyectos hídricos con fallas. Como publicó EXPRESO la semana pasada, siete de las megaobras construidas por la entidad cuentan con informes detallando incumplimientos administrativos y penales. La prueba física por las deficiencias se vio a inicios de semana con inundaciones en Los Ríos relacionadas a malos diseños del trasvase Daule-Vinces”.

El fracaso de las Escuelas del Milenio

En noviembre del 2014, la Senplades hizo varias observaciones al proyecto de incremento de estructura educativa, del ministerio de Educación, que contemplaba sobre todo la construcción de 200 Unidades del Milenio. Este se llamaba Nueva Infraestructura Educativa. Pero además se incluía 5.564 unidades de otro tipo a construir.

El monto que la Senplades autorizó fue de US$ 2.147.797.759.43 para el periodo 2010-2016, de los cuales USD 1.958.348.189,99 correspondían a recursos fiscales, US $ 179.892.684,73 a crédito externo y US $ 9.556.884,71 a cooperación internacional. El oficio fue firmado por Verónica Artola, entonces Subsecretaria del Senplades.

En su contenido ya se advertía los problemas a la postre resultaría en el fracaso de un proyecto educativo concentrador basado en grandes estructuras, como fueron las Unidades del Milenio.

En el punto 8 del oficio advertía que “de acuerdo a los artículos J y 28 de Ja Constitución de la República del Ecuador 2008, y a los objetivos 3, S y 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y con la finalidad de lograr la integralidad en el proyecto, el Ministerio de Educación, Mineduc, deberá continuar con las gestiones de implementación y funcionamiento del sistema de transporte escolar para los nuevos establecimientos educativos estandarizados que serán construidos, repotenciados o reconstruidos, en el marco del proceso de reordenamiento de la oferta educativa, conforme el compromiso presidencial 20598 «Reordenamiento de la oferta escolar».

Para el efecto el Mineduc debe mantener la coordinación con la ANT y el MTOP, en el ámbito de sus competencias. Esto porque finalmente el problema de movilidad de las familias, cuyos hijos fueron obligados a transportarse incluso a kilómetros de sus casas, impidió que estos niños y niñas asistan a la escuela. O las familias se separaron pues a muchos les tocó enviar a sus hijos a vivir en poblaciones más cercanas a la escuela del milenio.

En el punto 9 se advertía que “con Oficio Nro. SENPLADES-SSE-2014-0 J42-0F del 22 de septiembre de 2014, esta Secretaría de Estado presentó el informe de seguimiento a las unidades educativas del milenio, con la alerta: »Las Unidades del Milenio detalladas en este informe, pese a su reciente funcionamiento, presentan problemas en su infraestructura y en la dotación de servicios básicos que limita una operación eficiente conforme el modelo educativo innovador planteado”.

En junio del 2015, y con el aval del entonces ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, el Senplades, mediante oficio 0436, actualizó y aprobó la prioridad del proyecto para el periodo 2010-2017, es decir hasta el final del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, el oficio de la Senplades se advierten algunos problemas. En el punto 5 del documento se advertía que las autoridades responsables debían

Incorporar los documentos que describan el modelo de ordenamiento de la oferta educativa, el cual se menciona en varias partes del documento del proyecto e indica que la Unidad Educativa del Milenio Cerezal Bellavista cuenta con un acceso en malas condiciones (5 kilómetros de longitud) y que podría representar un problema para la asistencia de los estudiantes a la unidad. Por lo que, se requiere que el proyecto indique las unidades educativas que se encuentran con el mismo problema y cuál será la solución para que el acceso esté garantizado”.

El documento volvía a advertir que “el Mineduc deberá continuar con las gestiones de implementación y funcionamiento del sistema de transporte escolar para los nuevos establecimientos educativos estandarizados que serán construidos, repotenciados o reconstruidos, en el marco del proceso de reordenamiento de la oferta educativa, conforme el compromiso presidencial 20598 “Reordenamiento de la oferta escolar». Para el efecto el Mineduc debe mantener la coordinación con la ANT y el MTOP, en el ámbito de sus competencias”.

El mismo candidato a la presidencia Andrés Arauz reconoció en el debate presidencial los problemas de transporte provocados por la incorrecta planificación al momento de escoger las zonas en que se levantaron las escuelas; por su puesto Arauz no iba a reconocer su participación directa en esas decisiones que la mayoría de la población ecuatoriana ignora.

A pesar de las advertencias y observaciones, el Comité Permanente de Deuda y Financiamiento aprobó la operación de crédito con el Bank of China Limitedde Pekín, el Bank of China Limited, Sucursal de Panamá, el Bank of China Limited Sucursal Liaoning y el Deutsche Bank AG Sucursal Hong Kong, a la República del Ecuador, por hasta USD 167.371.800,00, destinados a financiar parcialmente la «Adquisición de 200 Unidades Educativas Provisionales Tipo Milenio (Prefabricadas), Incluido su Ensamblaje, Instalación y Puesta en Operación, a Nivel Nacional», que forma parte del Proyecto «Nueva Infraestructura Educativa», sobre la base de los informes técnicos presentados por la Subsecretaría de Financiamiento Público a través de los Memorandos Nro. MINFIN-SFP-2016-615 y No. MINFIN-SFP-2016-618 de 21 de octubre de 2016 y de 25 de octubre de 2016 respectivamente de conformidad con la Constitución, las Leyes, Reglamentos y más normas pertinentes vigentes en el país. Ministro Coordinador era Andrés Arauz.

Fracaso y sobreprecio

Quizá una de las poblaciones donde el cierre de las escuelas comunitarias dejó graves secuelas es Victoria del Portete. Esta es una parroquia rural del cantón Cuenca, en la provincia de Azuay. Está ubicada a 40 minutos al sur de Cuenca y en esta zona se asienta el cerro de Quimsacocha, que en lengua kichwa significa tres lagunas. Esta es una reserva natural.

El 20 de octubre de 2015 el presidente Rafael Correa inauguró la Unidad Educativa del Milenio de Victoria del Portete. “A nueve meses de su inauguración, la UEM Victoria del Portete se está convirtiendo en un referente educativo por su infraestructura, equipos tecnológicos y  programas pedagógicos innovadores”, decía una publicidad gubernamental. Según Yaku Pérez, dirigente indígena y también candidato a la Presidencia, su construcción se hizo con las regalías anticipadas de empresas mineras. El Gobierno la llamaba ‘la minería para el buen vivir’.

Esa UEM provocó el cierre de 13 escuelas comunitarias del sector. Una ellas fue la escuela Ramón Ulloa que tenía 300 estudiantes y hoy sus instalaciones están abandonadas, llenas de maleza. Lo mismo sucedió con la escuela de San Pedro de Escaleras, Quimsacocha y a 3km. de la UEM. Se cerró también la escuela de Corral Pamba, a 7 km de la UEM, cuyos alumnos, por la distancia y la facilidad de transporte, prefirieron estudiar en Cuenca.

Muchos niños de la escuela de El Rodeo, que fue cerrada y tuvieron que ir a esa UEM, desertaron porque no tenían recursos para el transporte. Solo en el primer semestre de inaugura la UEM hubo recorridos.

Las consecuencias del cierre de las escuelas comunitarias fueron trágicas: los niños indígenas ya no practican la cosmovisión andina, ni el idioma. A las escuelas comunitarias asistían con su vestimenta tradicional y ahora van a la UEM con los uniformes que impone el Ministerio de Educación. Se decía que la UEM de Victoria de Portete beneficiará a 1.231 niñas, niños y jóvenes del sector, pero la asistencia se redujo en un 30%. Otros niños han sufrido maltratos por las diferencias culturales y dejaron de estudiar.

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) fueron un proyecto emblemático de la ‘revolución educativa’ impulsada en el gobierno de Correa. El nuevo modelo escolar comprendía construcciones funcionales a escala nacional con un costo aproximado de cinco millones cada una, que ofrecerían “educación completa”, es decir inicial, básica y bachillerato en un solo plantel. “En zonas rurales, idealmente, esto evitaría a las familias enviar a sus hijos a la ciudad para continuar la educación secundaria”, era uno de sus objetivos.

El modelo UEM propuso racionalizar las construcciones escolares en el territorio, fusionando a varias escuelas de los alrededores. Esto llevó al cierre de cientos de escuelas pequeñas, entre comunitarias, unidocentes e interculturales, sobre todo en zonas rurales. Se ofreció transporte escolar a quienes viven a más de 3 kilómetros de la escuela. En la práctica lo que ocurrió es que miles de niños tuvieron que abandonar sus comunidades para caminar kilómetros diariamente para llegar a los nuevos centros educativos, pues se realizaron las construcciones sin estudios sobre la población ni el universo a la que iban destinadas las obras. Se privilegió los contratos de construcción de las edificaciones y sus insumos de funcionamiento. Al momento existe un gran número de UEM que se encuentran desatendidas o en condiciones precarias por la falta de presupuestos sostenibles para su funcionamiento o en las que la Contraloría ha hallado sobreprecios.

Según el último cálculo de las autoridades, durante el gobierno de Correa se cerraron 6.000 escuelas comunitarias en su mayoría en la Sierra central, así como la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.

Francisco Cevallos, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, informó en febrero de 2019 que hubo una reducción de 18.558 escuelas comunitarias a 12.333.

Ese fue el caso de Peguche donde se cerraron 6 escuelas bilingües.  Lo mismo ocurrió con las escuelas bilingües de La Chimba y Moyurco, de Cayambe. Por estas escuelas lucharon Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.  Según Contrato Social por la Educación, 74 instituciones de Latacunga y 27 de Pujilí fueron cerradas hasta el 2014. En la provincia de Cotopaxi, entre 2008 y 2014, se habían cerrado 100 instituciones educativas.

En el anterior régimen, el Ministerio de Educación dispuso que una escuela bilingüe debía tener al menos 35 estudiantes para que no se cierre. Sin embargo, la realidad en las comunidades era distinta. Había escuelas muy lejanas y los estudiantes no suman el número requerido. En la comunidad de Morocho, en Cotopaxi, se cerró la unidad educativa en el octavo, noveno y décimo grados. Los niños y sus padres no estaban en las condiciones económicas para llevarlos a la ciudad de Quiroga.

En muchas comunidades indígenas, campesinas y afro ecuatorianas, no hay transporte, ni público, ni privado. Los niños tienen que madrugar y caminar largas distancias. Por ejemplo, la Escuela del Milenio de Imantag, en Imbabura, está ubicada fuera del centro poblado y distante de Peguche. Esto ha provocado accidentes, hay casos de niños atropellados que han quedado paralíticos como el de los niños en Ullcupungo, así como una niña de Imantag (Imbabura) que murió arrollada por un bus, ella podría haber estudiado la escuela en Morlán pero debía caminar 45 minutos hasta la escuela del milenio.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron esas situaciones. En diciembre de 2013, la Ecuarunari puso una demanda de incumplimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ante la Corte Constitucional. Mientras que la Conaie exigió que la rectoría de la política de esa educación sea asumida por los pueblos y las nacionalidades. La Asamblea de la Conaie, que se llevó a cabo en Salasaca el 17 y 18 de julio de 2015, exigió la inmediata reapertura de las escuelas y de la Universidad Amawtay Wasi. También se presentaron acciones de protección pero fueron negadas por los jueces. En junio de 2015, también se efectuó el IV Encuentro sobre la educación intercultural bilingüe, en Peguche, Imbabura. Su objetivo fue recabar información y crear una base de datos de las violaciones a los derechos de la educación y de las víctimas.

El ministro de Educación, Milton Luna, anunció el 31 de enero de 2019 que durante ese año se reabrirán unas 1.000 escuelas comunitarias sobre todo en las zonas rurales de mayor pobreza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Así mismo en provincias de la Costa como Esmeraldas, y en la Amazonía. Esto después de un estudio del mismo Ministerio de Educación y del BID de agosto de 2018. Allí se concluyó que las UEM no han tenido un impacto en la matrícula escolar y tampoco que el rendimiento escolar (al año 2015) haya variado.

Agua, saneamiento y residuos sólidos: millones para obras incompletas

En agosto de 2014, se firma un nuevo crédito por USD 150 millones con el BID para financiar el 74,4% del Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y residuos Sólidos.

El Programa debía ejecutarse de 2015 a 2018 y su costo se estimó en USD 201,6 millones: USD 150 millones por el BID y USD 51,6 millones con recursos fiscales.

El presupuesto del programa se dividía en

• USD 21,8 millones para estudios y preinversión de proyectos
• USD 167,3 millones para obras de infraestructura.
• USD 10,7 millones para fortalecimiento institucional. (BDE, Senagua y asistencia técnica de GAD)
• USD 1,8 millones para administración del programa

En el documento SENPLADES-SGPBV-2014-0964-0F, Andrés Arauz, como subsecretario de la Senplades, dictamina como prioritario el Programa y establece que el BDE sería la única entidad en capacidad de evaluar a los GAD que recibirían los recursos, según los proyectos que presente cada uno.

El 5 de noviembre Verónica Artola, actual gerente del Banco Central del Ecuador, firma como subrogante de Arauz en la actualización de prioridad:

El contrato de radares españoles para reemplazar el fiasco de los radares chinos, con una empresa cuestionada

Desde la Senplades, Andrés Arauz ratificó como prioritaria la compra de radares españoles por USD 88 millones a la empresa INDRA, para reemplazar los radares chinos de CETC; y, dio visto bueno al Ministerio de finanzas para que otorgue la certificación presupuestaria. También fue parte de Comité de Deuda que autoriza el endeudamiento con el Deutsche Bank por el valor total del contrato.

El 14 junio de 2014, mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0573-0F, dirigido a la entonces ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, Arauz ratifica como prioritaria la compra de radares militares para la vigilancia de la frontera.

Un mes después, el 11 de julio del mismo año, en el oficio SENPLADES-SGPilV-2014-0668, Arauz se dirige al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, autorizando se otorgue la certificación presupuestaria para la compra de cuatro radares, dos centros de mando y control, y un sistema de comunicaciones, por un monto de USD 104.8 millones.

El contrato se firmó con carácter reservado, con la empresa española INDRA SISTEMAS, el 21 de noviembre del mismo año por un USD 88 millones.

El financiamiento de este valor se obtuvo por un crédito de USD 88 millones con la Deutsche Bank Sociedad Anónima Española, con un interés del 3,12% a un plazo de 11 años. Este crédito, nuevamente, fue autorizado por el Comité de Deuda y Financiamiento del que Arauz era parte.

INDRA es la misma empresa a la que la Contraloría le estableció una glosa por USD 23 millones por irregularidades contractuales y de entrega del sistema Justicia 2.0, contratado por el Consejo de la Judicatura de Transición.

La idea era que los radares reemplacen a otros cuatro equipos que adquirió la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la empresa china CETC por USD 60 millones en 2009, después de la incursión de Colombia a Angostura, pero que mostraron fallas técnicas.

Un préstamo del BID para cubrir el costo de un terremoto, donde se esfumaron USD 3 000 millones

La tragedia que sacudió a las provincias de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 con miles de damnificados, 670 fallecidos y millones de dólares en pérdidas, también dejó a su paso una estela de irregularidades en las que estarían involucrados altos cuadros políticos del correísmo.

Más de USD 3 000 millones se recaudaron desde 2016 para atender las emergencias derivadas del sismo de 7,8 grados. Pero las denuncias por sobreprecios, obras que nunca se hicieron u otras que permanecen inconclusas, no terminan pese a haber transcurrido casi cinco años desde aquel desastre natural.

Si bien las denuncias de manejos irregulares se han enfocado más a los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad (aprobada para financiar la reconstrucción de zonas afectadas, mediante un alza temporal de impuestos), el destino de los recursos provenientes de créditos externos no ha estado exento de observaciones y cuestionamientos.

Buena parte del financiamiento internacional para el terremoto provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el proceso inicial para obtener estos recursos, Andrés Arauz, candidato presidencial por el correísmo, fue determinante. Intervino como funcionario de la Senplades, entidad desde la cual el correísmo planificaba, priorizaba y orientaba los millonarios programas de inversión pública, así como también debía evaluar su cumplimiento. Senplades era responsable además de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir (como se lo bautizó después) y los Planes Anuales de Inversión.

Además el papel de Senplades era preponderante en la contratación de créditos externos, pues en las gestiones o negociaciones para acceder a este tipo de financiamiento, las instituciones del sector público requerían la autorización previa de esa entidad y del Ministerio de Finanzas. El proyecto a ser financiado debía ser declarado prioritario por la Senplades.

El otro nivel en el que Senplades tenía un papel decisivo era el Comité de Deuda y Financiamiento, donde actuaba el secretario general de desarrollo o su delegado. Este Comité autoriza la contratación o novación de operaciones de endeudamiento público en el Presupuesto del Estado y es corresponsable de las condiciones financieras de los procesos de endeudamiento que apruebe.

En este contexto, en diciembre de 2010 el Ministerio de Finanzas solicitó al BID la concesión de un Préstamo Contingente por USD 100 millones para gastos públicos extraordinarios que se requieran en caso de un evento catastrófico. Casi un año más tarde el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el financiamiento y luego de los informes y aprobaciones técnicas y legales del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría del Estado, el 13 de junio de 2012 el Comité de Deuda (mediante Acta resolutiva N° 10) autorizó al Ministro de Finanzas a celebrar con el BID el contrato de préstamo para atender Emergencias por Desastres Naturales, “una vez cumplido la actualización de la prioridad del programa respectivo”.

Arauz firmó esta aprobación como delegado del secretario nacional de planificación al Comité de Deuda.

Lo que llama la atención el Comité de Deuda autorizó la contratación del crédito sin que conste en su resolución el dictamen previo de prioridad de este préstamo por parte de Senplades, como sucedía con otros procesos similares, pues recién el 5 de julio de 2012 Senplades emitió tal dictamen, al incluir este préstamo «Contingente para emergencias por desastres naturales», dentro del ‘Programa de Inversión para Infraestructura Económica, a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, período 2011-2012’.

El contrato de préstamo por USD 100 millones se firmó el 6 de septiembre de 2012 entre Nathalie Celi, Embajadora de Ecuador en Estados Unidos y Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Los eventos elegibles para los desembolsos fueron los terremotos (intensidad de 6 o más según escala de Mercali que haya afectado al menos al 2% de la población del país). El plazo del crédito se pactó a 25 años y con tasa de interés BID FU LIBOR (90) + 0.90%.

Un año después el BID amplió el cupo de esta línea de crédito a USD 300 millones y firmó con el Gobierno ecuatoriano el contrato de crédito contingente (EC-X1014), el 16 de junio de 2015 a fin de cubrir gastos públicos extraordinarios surgidos por: sismos/terremoto; inundaciones pluviales y/o Fenómeno del Niño; y erupciones volcánicas.

De los USD 300 millones asignados, este organismo multilateral entregó USD 160 millones que se usaron para la atención de las víctimas, labores de reparación y adquisiciones de bienes y servicios. Los recursos fueron administrados por el Ministerio de Finanzas y luego por la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción.

El uso de los recursos

El Gobierno no ha hecho público un desglose detallado del destino de los desembolsos del BID, pero la ejecución de una parte de este crédito fue observada por la Contraloría General del Estado en un informe de 2017. Uno de los principales hallazgos: no fueron justificados USD 6,2 millones que el Ministerio de Defensa entregó a las Fuerzas Armadas. Esta cifra es parte de USD 45,59 millones en transferencias hechas por la Cartera de Finanzas a otros seis ministerios, del 16 de abril al 21 de julio del 2016.

El origen de esos recursos era el Préstamo Contingente EC–X1014 de hasta USD 300 millones que el BID firmó con el Gobierno.

En una de las condiciones de este Préstamo (cláusula 2.07) se menciona que no podían hacerse gastos “en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior a USD 10 000 (…)” o “gastos en bienes para uso de las Fuerzas Armadas”.  Pero según Contraloría, las FF.AA. hicieron siete transferencias por un total de USD 6,2 millones para adquisición de bienes como lubricantes y mantenimiento de vehículos, equipo de búsqueda y rescate, raciones alimenticias de combate, entre otros. Esos gastos, según los auditores, no debieron hacerse con el dinero del BID.

De acuerdo con el informe de Contraloría, el Ministerio de Finanzas argumentó que cada ministerio sabía cómo administrar los fondos correspondientes a este crédito debido a que se creó un instructivo para ello. En contraposición a esto, la Contraloría observó que ese documento contradecía las cláusulas del contrato y estaba en el portal institucional sin firma de responsabilidad ni fecha de vigencia.

Contraloría emitió otro informe (DNA1-0048-2018) de septiembre de 2018, derivado del examen especial al destino de depósitos de la cuenta en el Citibank (#3636-0112) denominada “Terremoto Ecuador/Earthquake”; a los préstamos obtenidos y a transferencias hacia diferentes carteras de Estado, durante la emergencia por el terremoto de 2016 (entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017).

Los principales cuestionamientos fueron inconsistencias en las cifras del Ministerio de Economía; y, la ausencia de una subcuenta específica para registro y control de los préstamos, lo que no permitió conocer el origen y la totalidad de los recursos. “El Ministro de Finanzas, en funciones del 16 de abril de 2016 al 19 de diciembre de 2016 (Fausto Herrera), no dispuso la creación de una subcuenta dentro del Presupuesto General del Estado, lo que no permitió verificar la administración y destino de estos recursos que ingresaron a la Cuenta Única del Tesoro Nacional”, se señala en el informe.

El organismo de control concluyó también que la información remitida por el mencionado Ministerio no permitió evidenciar los recursos recibidos en calidad de préstamos; ni el origen de todas las asignaciones que se hicieron a los ministerios por USD 310’538.438,96. De estas asignaciones solo se identificaron USD 209 millones, que corresponden a USD 18,76 millones del BID, USD 78,19 millones del Banco Central Ecuador; USD 112,63 del Banco de Desarrollo de la China y USD 117.268 de la Embajada de la República Checa.

Otro hallazgo fue que en el Ministerio de Interior se adquirieron bienes y servicios por $406.831,88 sin documentación completa que sustente su compra, distribución y uso.

El Ministerio de Finanzas transfirió a esta cartera de Estado recursos de la línea de crédito BID (EC-X1014), por USD 4 millones, de los cuales se analizaron gastos por USD 1,32 millones.

En mayo de 2016 el Ministerio del Interior amplió su emergencia institucional, lo que le permitió contratar de manera directa, las obras, bienes y/o servicios.  En este contexto se dieron gastos considerados emergentes por USD 406. 831,88, “sin que, en los Comprobantes Únicos de Registro, se adjunte documentación completa que permita evidenciar qué unidad efectúo la solicitud de la necesidad, el detalle de los albergues a los cuales iban a ser distribuidos los bienes y servicios; así como, los responsables de su uso, distribución y custodia; presentándose únicamente actas entrega recepción entre el Guardalmacén, personas civiles y militares, en las cuales no se pudo verificar si se trataba de personal designado o qué relación tenían con los albergues, sin determinar el destino final de estos bienes…”.

Se incumplieron el artículo 2, del Decreto 1001 del 17 de abril de 2016 y los artículos 10 y 11 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público que trata sobre la inspección y recepción; así como, del uso y conservación de los mismos.

Los recursos utilizados, al provenir del crédito contingente del BID (EC-X1014), estaban sujetos a condiciones de gastos elegibles, como: “ser adecuados en términos de su dimensión y precio para atender las acciones de emergencia”. Pero Contraloría indicó que no pudo evidenciar, mediante cuadros comparativos la aplicación de esta condición.

Aunque en términos muy generales, la misma Senplades también identificó algunos reparos a la ejecución del crédito contingente del BID, en un documento publicado en 2019, titulado ‘Evaluación Operativa Plan de Reconstrucción Terremoto 2016’.

En este documento se resalta que durante el estado de excepción, vigente desde el 17 de abril de 2016 a septiembre de 2017, los procesos de priorización de proyectos y los mecanismos de asignación de recursos para la emergencia fueron rápidos, debido a que no debían pasar por el procedimiento normal de evaluación. Pero también se señala que “existe la percepción de que la declaratoria del estado de excepción se realizó por un periodo muy largo, lo que incrementó las posibilidades de una inadecuada distribución de los recursos”.

En este punto es importante recordar que esa priorización de los proyectos para la entrega de fondos fue competencia del Comité de Reconstrucción (según el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1004), que estuvo presidido por el ex vicepresidente Jorge Glas, quien al momento cumple dos sentencias por delincuencia organizada en el Caso Odebrecht y por cohecho en el Caso Sobornos.

En relación al Crédito Contingente para desastres naturales (EC- X1014) del BID por USD 300 millones, el MEF emitió un instructivo para que los ministerios y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ejecuten los gastos extraordinarios para la compra de bienes o la contratación de obras o servicios como consecuencia del sismo y que estos sean reconocidos como parte de los recursos del préstamo contingente.

Para acceder al crédito los GAD debían presentar los gastos realizados, con documentación de respaldo, a la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción, la cual debía remitirla al Ministerio de Economía, que junto a técnicos del BID calificaban si procedía la devolución.

En el documento de Senplades consta que “de acuerdo al Ministerio de Finanzas existió desconocimiento por parte de los GAD para acceder a los recursos del crédito contingente del BID. Del total de gastos presentados por los GAD, el 59% resultó no elegible, según los criterios establecidos en el instructivo antes mencionado. Por lo tanto, existe malestar en los actores locales, ya que perciben que existió falta de claridad en la asignación de recursos”.

Es decir, en la práctica no se devolvió a los GAD de las zonas afectadas la totalidad de los montos invertidos para la atención de la emergencia, como se preveía en las condiciones del préstamo contingente del BID.

A esto se suma, según la evaluación de Senplades, que “los mecanismos de seguimiento a la asignación de bienes y servicios del Plan de Reconstrucción no son públicos y no se encuentra información consolidada al respecto, especialmente la referida al Registro Único de Damnificados y al Registro de Beneficiarios de los programas de vivienda. Estos son aspectos señalados como críticos por algunas autoridades locales y la ciudadanía en territorio. Los actores locales consideran que se requiere un mecanismo de verificación que permita evaluar si la población afectada está siendo realmente beneficiada”.

Un hueco llamado Goldman Sachs

Arauz autorizó el programa que permitió el endeudamiento con garantía de las reservas de oro. Las riesgosas condiciones de ese préstamo y el destino de sus recursos nunca fueron detallados por las autoridades. La Contraloría General del Estado audita esta operación desde octubre de 2020.

El candidato Andrés Arauz autorizó en 2014, mientras se desempeñaba como Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, programó el plan de endeudamiento por $400 millones con el banco Goldman Sachs lnternational (GSI), a cambio de la entrega de la mitad de las reservas de oro del país.

Luego de tres años de abundantes ingresos, desde 2007, el hundimiento de los precios del petróleo detonó el inicio de una desaceleración económica que golpeó las finanzas públicas en 2014. El fisco evidenciaba problemas de liquidez que, sumados al fuerte gasto público y la casi nula inversión extranjera complicaban los planes de financiamiento del gobierno de Rafael Correa.

En este contexto se contrajo un polémico contrato de crédito con uno de los más grandes bancos de inversión del mundo: Goldman Sachs International (GSI). Esta operación fue una especie de palanca que luego permitió a Ecuador colocar sus bonos 2024 por $2 mil millones en los mercados internacionales.

Las negociaciones del Ministerio de Finanzas con GSI iniciaron el 25 de noviembre de 2013 en Miami, Estados Unidos. El 24 de diciembre de 2013 GSI informó a las autoridades económicas que había aprobado el préstamo.

Luego de ello, el Ministerio de Finanzas pidió a SENPLADES el dictamen de Actualización de Prioridad e Inclusión en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2014.

El 10 de enero de 2014 el actual candidato presidencial Andrés Arauz, con oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0015-0F emitió el mencionado dictamen con el argumento de atender los proyectos de los diferentes sectores.

De acuerdo con la resolución de Arauz, el monto de inversión del Programa de Inversión para Infraestructura Económica para 2014 se estima en $10.981’427.487,84. Su plazo de ejecución, con la actualización, aprobada por Arauz, va desde enero 2014 hasta diciembre 2014. Los componentes del Plan se desglosan de la siguiente forma:

El contenido de este informe respondía a la lógica del correísmo para justificar la contratación de tanta deuda externa.

Pero en la realidad los programas y proyectos de destino de buena parte de esa deuda han estado involucrados en irregularidades. Además, el saldo de la deuda externa pública subió su participación en el PIB en casi 4 puntos porcentuales, al pasar del 13,6% al 17,3% entre 2013 y 2014; lo que en dólares significa de $12.920 millones a $17.582 millones, respectivamente. Y si bien el PIB subió entre 2013 y 2014, de $95.129 millones a $ 101.726 millones, para 2015 bajó a $99.290 millones y para 2016, a $98.614 millones.

Un análisis de Cordes (del 3 de febrero de 2015 titulado: Deuda Pública: rápido crecimiento pese a la bonanza), los $17.582 millones de deuda externa de 2014 implicó un crecimiento de 36,1% (o $4.662 millones) en apenas un año. Y las decisiones de política económica que explican en gran medida ese aumento fueron: la emisión de bonos con vencimiento en 2024 por $2.000 millones, el swap de oro con Goldman Sachs que sirvió como colateral para el préstamo por $400 millones y préstamos con multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

Sin embargo, para el Comité de Deuda y Financiamiento de ese entonces, se justificaba la contratación de deuda con un cuestionado banco de inversión y es así que mediante Acta Resolutiva 003 el 15 de enero de 2014 autorizó la contratación del préstamo entre el Ministerio de Finanzas, Goldman Sachs lnternational y Citibank Internacional, por $400 millones destinados a financiar parcialmente el ‘Programa de Inversión para Infraestructura Económica, a través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 – 2014. Segunda actualización 2014’.

Los principales términos financieros del crédito aprobado fueron:

Esta estructura de aprobación de contratos de deuda externa pública ha sido cuestionada no solo por analistas y expertos. La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y SENPLADES. En su informe DNA3-0007-2018 (aprobado el 6 de abril de 2018) analizó la normativa relacionada con el endeudamiento público.

La Contraloría cuestionó la presencia del ministro de Finanzas en el mencionado Comité pues es la autoridad que avala el informe técnico que sustenta la operación de endeudamiento. A su vez este informe es elaborado por el Subsecretario de Financiamiento Público y por si fuera poco el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, “cuya intervención radica en la declaratoria y emisión del dictamen de prioridad a los proyectos y Programas de Inversión para Infraestructura a través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, documentos que son parte integral del proceso previo a la obtención del endeudamiento, lo que refleja la existencia de funciones incompatibles conforme a lo citado en la Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores”.

Con esta cancha jurídica armada por el correísmo se firmaron decenas de contratos de préstamos que abultaron la deuda externa del país.

Uno de ellos fue el contrato con Goldman Sachs que se suscribió el 16 de mayo de 2014.

Goldman Sachs entregó al Ministerio de Finanzas $400 millones a una tasa de interés anual del 4,3%, También accedió a otra garantía por su crédito: la mitad de las reservas de oro que Ecuador mantenía en las bóvedas del Banco Central y que eran equivalentes a $579.8 millones.

La transacción de oro fue paralela al préstamo de $400 millones y se concretó a fines de mayo de 2014.

En junio de ese año el Banco Central publicó en su portal web las condiciones generales de la “inversión del oro”:

El Banco Central explicó: “esta estructura financiera (inversión de oro), además de generar una rentabilidad para el BCE, ha facilitado que un banco internacional como Goldman Sachs pueda asumir el riesgo soberano del Ecuador y otorgue crédito, sin condicionalidades políticas, a menores costos financieros para el país”.

Los argumentos del BCE para defender esta operación fueron que al mantener el oro en sus bóvedas el único beneficio era el valor de reserva, pero con esta operación se ganaba una rentabilidad adicional y se contaba con una estructura financiera que facilitaba el acceso del país al financiamiento en nuevos mercados de capitales.

Correa reforzó este discurso diciendo que no era inteligente tener el oro en un banco suizo para que lo cuiden y pagar por ese servicio que no genera beneficios para el desarrollo del país. “¿Para qué sirve un activo, si no se lo puede vender, utilizar o poner en garantía?” cuestionó.

El BCE informó que “el rendimiento financiero de la inversión se calculó sobre el precio internacional del oro. A la fecha de cierre de la operación, el precio fue de $1.299.

El Central aseguró que la rentabilidad de esta inversión estaría entre 16 y 20 millones de dólares y que al finalizar el plazo de la transacción recibiría la misma cantidad y calidad de onzas de oro invertidas. Sin embargo, al vencimiento de la misma los resultados fueron otros. La ganancia del BCE sumó solo $14,3 millones, mientras por el pago de intereses a Goldman Sachs el Ministerio de Finanzas pagó $17,2 millones anuales, es decir, $51,6 millones por los tres años.

Goldman Sachs además de cobrar un interés por prestar $400 millones se benefició de una garantía con un precio alto en el mercado de ese entonces ($1.299 la onza) mientras cuando devolvió ese oro, el 21 de febrero de 2017, su valor estaba en $1.229.