La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) fue creada en 2009 por el expresidente Rafael Correa, con el fin de realizar “actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”, según su normativa. En la práctica, fue el instrumento político utilizado por el correísmo para espiar, intimidar, hackear y perseguir a políticos, activistas sociales, periodistas y ciudadanos críticos al régimen. Ni los menores de edad que confrontaron a Correa por redes sociales se salvaron de ser investigados. “Senain por favor investigar estos insultos y proceder judicialmente”, fue la orden que dio en 2012, vía Twitter, luego de leer los mensajes de varios jóvenes, que lo tildaban de mitómano. La Senain obedecía mansamente cada orden.

Con orden del ejecutivo y los millonarios presupuestos asignados, compró sofisticados equipos de espionaje y ejecutó más de 150 operaciones. La Contraloría auditó  entre 2012 y 2018, $310,9 millones gastados por la Senain. Los recursos fueron manejados de forma reservada, sobre todo los “fondos públicos permanente de gastos especiales”, calificados de “secretísimos”.

Correa siempre negó que la Senain espiaba para él. “La prensa corrupta y oposición son capaces de convertir a Víctor Jara en torturador y a Pinochet en filántropo humanista”, dijo en 2015 sobre los rumores de espionaje que circulaban. “Senain tiene mando civil, y es controlada por Contraloría, Fiscalía y Asamblea”, dijo en su cuenta de Twitter. Aseguró que la Senain únicamente trabajaba “en favor de la sociedad, desarticulando bandas del crimen organizado”. “La Senain no es mala, es buena”, dijo en una sabatina.

La rendición de cuentas de los gastos especiales era presentada a la Contraloría General del Estado, posteriormente los respaldos de todas esas actividades eran “destruidos e incinerados”, según consta en un acta de febrero de 2014, firmada por el entonces contralor Carlos Pólit.

En varias ocasiones la Contraloría encontró irregularidades en el uso del dinero destinado para gastos especiales. En una rendición de cuentas de 2013, por ejemplo, el organismo de control le dijo a Pablo Romero que había gastos que no se justificaron debidamente y no tenían relación con los gastos especiales, que los resultados que se presentaban como forma de justificación de los pagos nada tenían que ver con las operaciones de inteligencia y que se hicieron pagos a gente que no existía.

Buena parte de ellas se dedicaron a vigilar a ciudadanos contrarios al Gobierno de Correa. Como el caso de la Operación Goliat creada para desprestigiar al exasambleísta Galo Lara, o la Operación Q que se encargó de vigilar minuciosamente al entonces legislador por Pachakutik Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.

El seguimiento

Los informes confidenciales sobre Jiménez y Villavicencio fueron elaborados entre diciembre del 2013 y abril del 2014, período en el que enfrentaban un juicio por supuesto hackeo a las cuentas electrónicas de Correa y que originó el allanamiento, en la Navidad de 2013, al despacho de Jiménez y al domicilio de Villavicencio.

Las operaciones de seguimiento y espionaje al periodista arrancan en 2013 a raíz de la publicación del libro Ecuador Made in China y de una investigación sobre la intromisión del régimen en el juicio en contra de Chevron, en la revista PlanV.

En un correo electrónico de octubre de 2013, Rafael Correa Delgado, dispone a los mandos de la Senain, Pablo Romero Quezada (sentenciado por secuestro) y Rommy Vallejo, hacerse cargo del seguimiento a Jiménez y Villavicencio.

La persecución, en el caso de Villavicencio, se extendió hasta 2016. Hay documentos que reportan qué hizo y con quién se reunió en 2015. “El 28 de agosto de 2015, en Guayaquil, se reunió con Karen Hollihan de la CIA, coronel (sp) Alberto Molina, Martha Roldós y Enrique Herrería, ex Asambleísta Social Cristiano”, dice el informe.

En 2017, Karen Hollihan, demandó por difamación a la cadena de televisión chavista Telesur en una Corte de Florida, Estados Unidos. Ella fue acusada de agente de la CIA por el régimen venezolano, con información falsa proporcionada por el gobierno de Rafael Correa Delgado. Hollihan pide una compensación de USD 15 millones.

Todas las personas que se reunían frecuentemente con Villavicencio fueron investigadas. En los informes se registran datos sobre periodistas que fueron seguidos hasta sus casas, o colaboradores de Villavicencio de quiénes detallaron hasta sus actividades de ocio. Por ejemplo: de la coordinadora de noticias de radio Exa dijeron que previo a su ingreso al trabajo “siempre fuma un cigarrillo”. “Cabe destacar que Fernando Villavicencio fue entrevistado en radio Exa el 24 de mayo de 2016”, dice el informe.

De las escuchas telefónicas tampoco escapó: “Fernando Villavicencio en julio de 2015 mantenía contactos telefónicos con Jorge Enrique Rodríguez Torres, representante de Alfa Seguros y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción”, notificaron los agentes.

El informe calificado como “secreto” y “urgente” contiene la recopilación de la información personal, judicial y financiera del periodista. Además de artículos periodísticos donde se le menciona.

En 2016, la Senain consideraba que Villavicencio y su familia “lideraron una campaña de desprestigio contra el Gobierno Nacional”, que el apoyo para esa campaña lo obtuvo de Karen Holligan “miembro de la NDI, institución vinculada a la CIA de los Estados Unidos, y Esteban Saltos directivo de la aerolínea Ícaro en Miami con nexos con el asambleísta Andrés Páez”. Inteligencia indicó que el principal medio de difusión del periodista era el portal FOCUS, pero que sus denuncias también eran replicadas por otros medios digitales como Plan V y Ecuador en Vivo.

La Senain concluyó que la campaña de desprestigio contó con la “colaboración de periodistas de oposición, quienes procesaron y difundieron la información a través de medios digitales, entre estos se encuentran: Martha Roldós de Mil Hojas, Juan Carlos Calderón y Pablo Jaramillo de Plan V, Richard Cortez, periodista independiente, Laura Patricia Sandoval Jiménez de El Universo, Diego Bravo de diario El Telégrafo y Fausto Yépez de Teleamazonas”, dice el informe.

También indicaron que Villavicencio recibía información de funcionarios de Petroecuador, Flopec, Cfn, Arcotel, Supertel, Iniap y el Hospital del IESS, “quienes le proporcionarían documentos, fotografías y videos auténticos, que servirían de prueba para denunciar en la Fiscalía General del Estado, a Rafael Correa y miembros de su gabinete por actos de corrupción”.

A esa fecha, la Senain ya había elaborado un organigrama con los contactos de Villavicencio. Allí se incluyó a periodistas, funcionarios de las instituciones mencionadas anteriormente, familiares, “contactos Guayaquil”, “contactos cercanos” y enlistaron a quiénes se reunieron con él en las cafeterías Sweet & Coffee y Bush.

En “Vigilancia y Seguimientos” detallaron cómo, dónde y con quiénes se reunía. No faltaron las fotografías de esos encuentros. Así, por ejemplo, fotografiaron a Villavicencio, Francisco Jácome, Pablo Jaramillo y a un “sujeto no identificado” en la reunión que tuvieron el 3 de mayo de 2016 a las 14H00. “Abordaron temas de petróleo, “USD 15 millones que han salido del país y que no han regresado y la campaña con pruebas reales en contra del presidente. Esta información sería difundida en redes sociales y serviría como sustento legal para presentar denuncias ante la Fiscalía”.

Mencionó además que “planifican crear un portal en internet con las debidas seguridades y plantean ataques de hackers para denunciar al Gobierno, en el cual indicarán como Correa ha crecido económicamente desde 2006” (sic). Finalmente concluyen que tendrán una nueva reunión y que las publicaciones se realizarán en FOCUS y en la página SOLO ECUADOR y que a Fernando Villavicencio le correspondería tener las denuncias, fotos, videos y documentos que sean auténticos para que den credibilidad”, reportaron los agentes.

El 4 de mayo de 2016, fotografiaron a los periodistas Cristina Solórzano y Pablo Jaramillo, y a Francisco Jácome, en Sweet & Coffee, mientras conversaban con Villavicencio. Dijeron que dos días después se reunió con Martha Roldós, que el lunes, 9 de mayo de 2016 dio una entrevista a radio Exa donde habló de la corrupción en Petroecuador y que el miércoles, 11 de mayo de 2016 se reunió Juan Carlos Pérez Vásquez en una cafetería, al norte de la ciudad. “Este ciudadano hace publicaciones ofensivas en contra del presidente Rafael Correa a través de la red social Facebook, no registra ningún cargo en el sector público”, dijeron sobre Pérez.

Los reportes dan cuenta que fue vigilado todo ese mes: del 12 de mayo dicen que se reunió en la cafetería del Hilton Colón con Eduardo Valencia Vásquez y luego se dirigió al edificio de la Unión Nacional de Periodistas. Del 16 de mayo que se reunió con Pablo Jaramillo y Sergio Coellar Mideros en el restaurante El Español, el 17 de ese mismo mes ingresó a la cafetería del Hilton Colón donde se reunió con Sergio Coellar, quien le entregó una carpeta con documentos y mencionó que «con eso va a mandar a la cárcel a todos» luego llegó Pablo Jaramillo.

También indicaron que Francisco Jácome “se encontró con Fausto Yépez periodista de Teleamazonas y se trasladaron hasta la calle Veintimilla E8-125 y av. Seis de Diciembre donde funciona la oficina de Villavicencio, quien se encontraba con Jaramillo. Allí permanecieron aproximadamente una hora”. El 18 de mayo, al medio día, Villavicencio con Jácome y Ramiro Eduardo Guerrero Córdova (ex empleado del Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de Petrocomercial Filial de Petroecuador-Cenapeco) ingresaron al restaurante de comida China donde dialogaron y mencionaron lo siguiente, Jácome dijo «USD 160 millones que se robaron que pudieron servir para la educación. Hay que difundir en medios de comunicación, Freddy nos va a ayudar en eso», indica el documento.

Dijeron que entre el 24, 30 y 31 de mayo de 2016, acudió a entrevistas donde habló de la corrupción en Petroecuador y que se reunió con los periodistas Pablo Jaramillo, Javier Montenegro y Juan Carlos Calderón. Los reportes se extienden hasta inicios de julio de 2016.

Una investigación del portal Periodismo de Investigación, reveló que el equipo central de la extinta Senain, se había reagrupado y se encontraba operando al servicio de la campaña de Andrés Aráuz, candidato presidencial de Rafael Correa.