LA FERIA DEL ORO

En enero de 2018, el gobierno de Lenín Moreno tomó la drástica decisión de cerrar el catastro minero para impedir la explotación de nuevos proyectos auríferos de pequeña y mediana escala.

LA FERIA DEL ORO

Esa resolución, que se emitió con el número 001-2018 de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), se trató de un acto desesperado que intentaba reducir los conflictos sociales en provincias como Bolívar, Loja y Zamora Chinchipe; además, buscaba estructurar un nuevo plan de desarrollo minero con capacidad de control real de los proyectos, pero nada se ha logrado hasta el presente.

Desde ese año cualquier intento de regularización de una iniciativa minera fue rechazada. El catastro no podía subir de 3664 concesiones y permisos de explotación en todo el país, según datos de la ARCOM. Pero esa condición legal fue quebrantada por el actual Viceministerio de Minas: desde el mes de abril de 2019 emitió licencias definitivas que favorecieron a varios empresarios mineros en la provincia de Loja.

Hay una danza de comunicados, de órdenes y contraórdenes, que evidencian intereses en conflicto entre las autoridades del ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Los responsables de estos actos son el viceministro de minas, Fernando Benalcázar y su amigo el coordinador de la zona sur de esa subsecretaría, Jaime Toledo Rivadeneira; en contraposición a esos funcionarios esta la figura del entonces subsecretario de pequeña minería y minería artesanal, Enrique Gallegos Anda.

Las irregularidades se concretaron con la entrega de seis permisos de explotación artesanal entre el 10 y 17 de abril pasados. Las minas, todas ubicadas en el cantón Quilanga, provincia de Loja, suman un área de 40 hectáreas mineras. Al revisar cada uno de los procesos existe un denominador común: la entrega de un permiso provisional en agosto de 2017, el pedido de extinción de los permisos de operación por las mismas autoridades ministeriales y las inexplicables resoluciones de adjudicación de los permisos.

Al cierre de este informe los asambleístas Angel Sinmaleza, Fafo Gavilánez y Luis Pachala, todos de la provincia de Bolívar, solicitaron al pleno del parlamento investigar la ilegal entrega de concesiones mineras en esa provincia a pesar de que el catastro minero está cerrado hace 22 meses. Señalaron al viceministro Fernando Benalcázar como responsable.

Los problemas se ahondaron cuando los representantes de las concesiones intentaron registrar sus licencias en la ARCOM y esta entidad se negó.

Lidia Calva Rojas, beneficiaria del área llamada “Lidia”, reclamó la negativa del acto administrativo el 15 de julio a Rodrigo Aguayo Zambrano, de la Dirección Jurídica de Minería.

El oficio de Calva Rojas provocó un sismo y obligó a esa Dirección Jurídica preguntarse qué estaba pasando en el sur del país.

El 28 de agosto, el director jurídico Rodrigo Aguayo Zambrano, le pidió a Jaime Esteban Toledo coordinador zonal sur, información de las áreas Lídia, Arcenio, Churo, Karito, Río Elvira, a más de una serie de requerimientos que expliquen las razones de entregar licencias definitivas en catastro cerrado.

La dirección jurídica le respondió a Lidia Calva Rojas con cualquier argumento. Le dijo que “por regla general, los actos administrativos regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su notificación”.

Es decir, fue un reconocimiento tácito que los actos irregulares fueron cometidos por las autoridades de la zona sur de la Subsecretaría de Minas.

La dirección jurídica añadió: “la Agencia de Regulación y Control Minero- Loja, ha sabido manifestar, que en virtud del cierre del Catastro Minero Nacional el 24 de enero de 2018 esta Agencia de Regulación no se encuentra registrando derechos mineros…”.

Es decir, la dirección jurídica del ministerio evidenció que la coordinadora zonal sur no pudo justificar la entrega de esos permisos y así se lo hizo saber al viceministro Benalcázar y al subsecretario de minería artesanal, César Vásquez.

La ilegal entrega de licencias de explotación se contrapone a otras acciones en las que esa subsecretaría de Minas, en ese mismo periodo, actuó extrañamente, por ejemplo: el 14 de mayo la coordinación sur de otorgó los títulos mineros “La Canela 2” y “Curi I” a las compañías Odin Mining del Ecuador S.A y Minera Constructora Chamba y Mendieta Asociados Cía Ltda. Pero 13 días después (27 de mayo) la misma coordinadora zonal en las resoluciones MERNNR-CZR-2019-294 y MERNNR-CZR-2019-295 declaró la nulidad de lo actuado y revocó los títulos mineros entregados a Odin Mining y Chamba Mendieta Asociados.

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