En esta primera entrega, con documentos filtrados pertenecientes a los organismos de inteligencia del correísmo, revelaremos como el ex presidente Correa ordenó perseguir al periodista Fernando Villavicencio y al ex legislador Cléver Jiménez, con el ánimo de silenciar las voces de los dos personajes que develaron los mayores escándalos de corrupción del régimen anterior. Aquí la historia.

Así se ejecutó la Operación Q

Operación Q. Diciembre de 2013. Ecuador. Continuando con el levantamiento de información y vigilancia referente al caso “Q”, el día de hoy se obtuvo (sic) los siguientes resultados:

Esto no es ficción. Es un fragmento del informe signado con el código UISC-INS-000–2013, de fecha 02 de diciembre del 2013, realizado en Quito, por la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana (UISC). La persona a la que se refieren como “blanco” o “Q” es Cléver Jiménez, en ese momento legislador por el movimiento Pachakutik, ahora prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, que sostenía posiciones críticas contra el presidente Rafael Correa. Norma Guazhima era su asistente. El vehículo Mitsubishi Montero efectivamente pertenecía al parlamentario, así como los parqueaderos del Consejo Provincial de Pichincha eran los que usaba Jiménez. Todos los datos concuerdan con la realidad.

No es el único informe. Nuestro equipo de investigación tuvo acceso a otros cinco informes sobre Jiménez. Y existe un sexto reporte sobre su abogado, Julio César Sarango. Todos fueron realizados en un formato similar, con fotos de las personas vigiladas, movilizándose en el referido vehículo o simplemente caminando, a excepción de uno realizado durante el allanamiento de la oficina del entonces asambleísta, el 26 de diciembre de 2013, y otro efectuado a su vehículo en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en abril de 2014, mientras Jiménez estaba asilado en la comunidad indígena de Sarayaku, tras ser acusado judicialmente por “injuriar” al presidente Correa.

Además de los documentos, existe un video donde aparece el congresista Jiménez dentro de su apartamento, ubicado en el sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito, con fecha del 2 de diciembre de 2013, una evidente violación a la privacidad y a su estatus de funcionario electo.

Según los propios documentos, los agentes que realizaron los seguimientos aparecen registrados con los nombres de Santiago, Sebastián, Esteban, Matías y Bruno, simples seudónimos para proteger a los verdaderos responsables.

Los informes confidenciales fueron elaborados entre diciembre del 2013 y abril del 2014. El espionaje se realizó incluso cuando Jiménez, Villavicencio y Figueroa (médico también perseguido) buscaron refugio en la selva amazónica.

Uno de los espías se confiesa

En un video grabado por el ex agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), Stalin Revelo (detenido por el caso pases policiales) cuenta que hizo seguimiento al ex asambleísta Cléver Jiménez por órdenes de sus superiores. Vigiló metódicamente a Julio César Sarango, abogado del congresista, y a su asistente Norma Guazhima.

En el video que grabó para presentar sus revelaciones, les ofrece disculpas por irrumpir en su vida diaria: “Las disculpas son de parte mía y de mi familia. Trabajar para el Estado a la larga y a la corta no tiene ninguna consecuencia buena”, afirma el policía. En el video luce nervioso, pues según él, su vida corre peligro por esta confesión: “El teniente Paredes (uno de sus superiores) me amenazó de muerte por la información que acabo de dar de la Senain”.

Pero ¿quién le ordenó espiar y seguir minuciosamente al ex asambleísta Jiménez, a su abogado y a su asistente? En la cadena de mando, según Stalin, las órdenes para espiar a estas personas las dio Rommy Vallejo, Secretario Nacional de la Senain.

Sus disposiciones pasaban al teniente coronel Francisco Saavedra, conocido por haber sido sorprendido vestido de sacerdote tomando fotos en una manifestación contra el gobierno de Rafael Correa en Quito.

El siguiente en la cadena de mando en la orden contra Jiménez es el mayor de la policía, Alex Salgado, el oficial que le dio directamente la orden a Stalin para espiar ilegalmente a Jiménez.

Saavedra reagrupó a sus ex socios de la Senain en un nuevo proyecto de inteligencia dispuesto por el hasta hace pocos días poderoso asesor de Lenín Moreno, el defenestrado Santiago Cuesta Caputi.

Según detalles de los reportes de inteligencia, el seguimiento empezaba cuando Clevér Jiménez salía de su domicilio para dirigirse a la Asamblea Nacional, desde las 6:30 de la mañana.

Esos documentos detallan cada una de sus actividades, incluso reuniones con organizaciones sociales.

Pero no solo les interesaba a los espías gubernamentales lo que Jiménez hacía fuera de casa. También grabaron al ex asambleísta en sus momentos de descanso: en un video se observa a Jiménez viendo televisión en la privacidad de su habitación. 

En uno de los informes, fechado el 21 de abril del 2014, se registra una reunión entre Jiménez y la dirigente de Sarayaku, Patricia Gualinga.

En los papeles se refieren al legislador como “el blanco del caso Q”. Agentes de la Senain estuvieron presentes en el allanamiento de su oficina en diciembre de 2013. Monitorearon cada acción e informaron a sus superiores.

En el informe incluso adjuntan la orden de allanamiento al despacho del legislador, suscrita por el juez nacional Jorge Blum Carcelén.

Rafael Correa dio la orden

Las denuncias publicadas hasta ahora no sólo han mostrado evidencias de que los cuerpos de seguridad ecuatorianos ejercen una vigilancia férrea contra ciudadanos, especialmente políticos opositores y periodistas.

También han mostrado que el gobierno de Correa utilizaba agentes de seguridad para acusar y allanar propiedades de opositores sin presentar causa justificada, sino con el objetivo de apropiarse de información privada.

Uno de los documentos de inteligencia filtrados muestra otros elementos inéditos de la polémica. Según un reporte de fecha 2 de noviembre de 2013, el Presidente Rafael Correa dio la orden a Rommy Vallejo y a Pablo Romero Quezada, a esa fecha funcionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para espiar a Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.

En el documento se registra una argumentación del procurador del Estado, Diego García Carrión, en la que sugiere que la información en poder de Jiménez y Villavicencio podría ser particularmente peligrosa para los intereses de Correa.

Esta comunicación entre Rafael Correa y su mando de inteligencia confirma que la mano del Presidente marcaría el destino de los dos opositores.

El ex asambleísta Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio, abiertos críticos de Correa, fueron acusados de hackeo a las cuentas electrónicas del mandatario. Ellos exigieron que se presentaran pruebas de esta acusación, pero el gobierno nunca entregó evidencias de tales acusaciones. La respuesta durante la navidad de 2013 fue el allanamiento violento pedido por Rafael Correa y Alexis Mera a las oficinas de Jiménez y a la residencia de Villavicencio, en búsqueda de información supuestamente reservada del Gobierno.

Durante el allanamiento realizado a la media noche y en presencia de niños, confiscaron computadoras, laptops, tabletas y teléfonos celulares. En su programa de televisión Enlace Ciudadano -edición 354-, Correa aseguró que los allanamientos se dieron como parte de una investigación de un caso de espionaje.

Jiménez y Villavicencio habían sido hasta entonces los principales denunciantes de actos de corrupción del Gobierno de Correa. El caso incluso salpicó a otros comunicadores, como Xavier Bonilla (Bonil), caricaturista de El Universo, que publicó un dibujo sugiriendo que el allanamiento había sido ordenado no para encontrar evidencias de espionaje sino para confiscar potencial evidencia comprometedora.

Posteriormente a la publicación de esa caricatura, Bonilla fue el centro de ataques verbales y acusaciones por parte del presidente Correa. El caricaturista fue acusado por Correa de formar parte de una campaña para desacreditarlo.

Silenciar a Villavicencio y Jiménez era el objetivo

Jiménez y Villavicencio han denunciado ante organismos internacionales como la OEA y la ONU que desde el año 2012 les tocó vivir una persecución “incesante e inhumana” por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia en contra de sus familias.

Aseguraron que agentes de la Senain, con recursos técnicos y tecnológicos a disposición, investigaron a personas que consideraban incómodas para el Estado sólo por denunciar casos de corrupción.

Incluso en la denuncia tramitada por la CIDH se lee que de fuentes oficiales se sabía que el objetivo del gobierno de Rafael Correa era llevarlos a prisión para luego eliminarlos.

Durante su gestión como asambleísta, Jiménez se concentró en una labor fiscalizadora. Presentó numerosos pedidos de información sobre acciones del Gobierno y solicitó investigar a varios funcionarios gubernamentales, incluyendo al propio Rafael Correa, por hechos en los que el legislador consideró que podían existir indicios de peculado y otras ilegalidades.

Jiménez también realizó numerosas denuncias penales, sustentándolas en la información que por ley los asambleístas pueden solicitar a cualquier funcionario público.

Jiménez no terminó su período legislativo. Una sentencia de la Corte Nacional de Justicia de marzo de 2014, dispuso su prisión. Junto a Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa.

Ellos fueron acusados de injuriar a Correa acusándolo públicamente en 2011 de haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010 en Quito. Tanto Jiménez como Villavicencio y Figueroa fueron sentenciados por un tribunal de Quito a 18 meses de prisión como consecuencia de la demanda de Correa.

Poco tiempo después los tres opositores fueron beneficiados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de Correa desconoció la decisión del organismo internacional.

En una segunda entrega presentaremos cómo se ejecutó el allanamiento a los domicilios de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, en plena fiesta navideña, la sustracción (robo) de miles de documentos sobre corrupción, y la forma cómo se allanó el despacho de un legislador utilizando documentos forjados.