En la década correísta el manejo de la justicia fue a conveniencia de quienes ostentaban en el poder. En buena parte de las investigaciones por corrupción, la justicia dejó libres a los cabecillas y halló culpables en la gente que tuvo menor o mínimo grado de participación en esos casos.

En el Consejo de la Judicatura de Transición, por ejemplo, altos exfuncionarios reconocieron que hubo corrupción. El mismo Consejo de la Judicatura definitivo denunció, en 2018, que en la administración del Consejo de Transición, liderado por Mauricio Jaramillo, existieron irregularidades en contratos, como proyectos con sobreprecio o adjudicados a familiares de autoridades de la institución.

Es una paradoja porque el mismo Jaramillo en septiembre del 2011, declaró la emergencia de la Función Judicial y la Judicatura entregó de forma directa contratos que sumaron cerca de $450 millones. Era él quien se encargaba de todo el proceso de adjudicación: invitaba a los oferentes, aprobaba las contrataciones, entregaba los contratos.

Cercano al Gobierno (ejerció los cargos de asesor de la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República, del Ministerio de Justicia y procurador de Petroecuador) Jaramillo salió ileso, con la ayuda de la Contraloría General del Estado, de una investigación por un contrato que firmó en 2011, que no se ejecutó correctamente.

El organismo de control lo acusó de no supervisar el cumplimiento del contrato, luego lo eximió de toda culpa y estableció responsabilidades en una funcionaria de menor rango y se le impuso una glosa por $916.629, equivalente al 70% del anticipo que se pagó con la firma del contrato. Lo sorprendente de esto, es que la funcionaria no laboraba en el Consejo de la Judicatura cuando el contrato fue suscrito. A eso hay que añadir que la glosa fue impuesta en 2016, sin embargo, a ella se le notificó dos años después.

A Nubia Pazmiño Vargas la vida le cambió radicalmente la mañana del jueves, 17 de julio de 2013. Aún recuerda cómo ella y su compañera de trabajo, Carolina Herrera, fueron trasladadas a las celdas que están en el edificio de flagrancia de la Fiscalía General del Estado, ubicado en la avenida Patria y 9 de octubre.

Su memoria repasa cuidadosamente todo lo que vivió ese día. Recuerda que policías, vestidos de civiles, sin identificación, las abordaron en las afueras del Consejo de la Judicatura (calles Jorge Washington y Amazonas) y les dijeron que estaban detenidas, cuando ella preguntó por qué, ellos respondieron “allá le van a decir”.

Nubia dice que prefirió caminar hasta la Fiscalía, escoltada por los cuatro hombres, a subirse en la camioneta sin placas que usaban los gendarmes. Cuando llegó la despojaron de todo cuanto llevaba. Recuerda que desde la celda preguntaba insistentemente a los funcionarios la razón de su detención. “Por peculado, dicen”, “por robo, dicen”, fueron las respuestas que recibió.

En la tarde, durante la audiencia de formulación de cargos, se enteró que ocho días antes, la fiscal Diana Salazar, había iniciado una investigación en su contra por el delito de falsificación ideológica de instrumento público.

  La jueza dictó prisión preventiva por 90 días por considerar que existían “indicios suficientes de la existencia del delito” y Nubia fue enviada a la cárcel de mujeres, ubicada en el sector de El Inca. Allí permaneció 84 días, hasta que fue sobreseída provisionalmente el 9 de octubre de 2013. El juez indicó que no eran suficientes los elementos de convicción con los cuales la Fiscalía había sustentado su presunta participación en el delito. En enero de 2014, fue sobreseída definitivamente. “Fue horrible. Sentía pánico. Pasaba encerrada y sentía que me perseguían”, dice mientras intenta aclarar la voz.

¿Por qué la arrestaron?

Por un contrato (094-2011) firmado, el 24 de octubre de 2011, por Mauricio Jaramillo, entonces director general del Consejo de la Judicatura y Ligia Moreno, representante legal de la empresa Brightcell S.A.; para implementar un sistema ERP (sistema de automatización de procesos para las áreas administrativa, financiera y talento humano a nivel nacional) en esa entidad; por $1.309.470,00.

Nubia Pazmiño, en calidad de “tercero que no intervino en la ejecución del contrato”, Carolina Herrera, a la fecha administradora del contrato y Ligia Moreno, de Brightcell firmaron, el 27 de junio de 2013, el acta de entrega de recepción final del contrato.

La Fiscalía basó su acusación en las firmas de esa acta, dijo que hubo “delito de falsificación ideológica de instrumento público” porque las funcionarias firmaron el acta como si el Consejo de la Judicatura hubiese recibido a entera satisfacción la obra entregada por la contratista, e hizo referencia a un informe jurídico de mayo de 2013, del director nacional de Asesoría Jurídica, Esteban Zavala, que sugería la terminación unilateral del contrato. Herrera y Pazmiño, según Fiscalía, “establecieron como verdaderos hechos que no lo eran”.

El informe jurídico de Zavala, se basó en un análisis técnico de Francisco Jácome, entonces administrador del contrato, que sugería la terminación del contrato por incumplimiento de la contratista. Esa información fue enviada a Doris Gallardo, a la fecha directora general del Consejo de la Judicatura y a Federman Estrada, director nacional de Informática.

Gallardo no ordenó la terminación del contrato, en vez de ello, designó, el 26 de marzo de 2013, como administradora del contrato a Carolina Herrera y como “técnico que no intervino en la ejecución del contrato” a Nubia Pazmiño, el 17 de mayo de 2013, aunque ella se enteró de la designación 10 días después. Ellas fueron designadas para firmar el acta de recepción final.

Carolina Herrera indicó, en un escrito a la Contraloría General del Estado, que en junio de 2013, presentó a Gallardo el informe técnico en el que “se absuelve cada uno de los puntos objetados por Jácome sobre el cumplimiento del contrato, informe al que anexé más de 700 páginas, solicitando al final del informe que salvo su mejor criterio lo que corresponde es la recepción del contrato, comunicación que no tuvo respuesta por parte de la directora general, por lo que se entendía, que al no existir disposición expresa de que no reciba el contrato, debía cumplir la orden previa de dicha representante del organismo”, aseguró.

En su versión rendida en la Fiscalía, Doris Gallardo señaló que no conocía personalmente a Herrera y que recibió dos informes de ella, pero que nada decían sobre el incumplimiento del contrato. Según Gallardo, Herrera suscribió el contrato sin esperar una respuesta de la dirección general del Consejo de la Judicatura. A Pazmiño, dijo, la designó por sugerencia de Herrera y que fue “sorpresivo” para ellos enterarse de que había un acta de recepción final firmada.

Nubia Pazmiño asegura que solo conoció un informe -el de Francisco Jácome- y que ese informe fue desvirtuado por la entonces administradora del contrato, Carolina Herrera. Ella indica que todas las actas que revisó indicaban que el programa fue implementado sin contratiempos. “¿Debía pensar que todos quienes firmaron estas actas no actuaron de buena fe y considerar que eran incapaces de proporcionar la información veraz referente a su trabajo diario con el cual se estableció el alcance de la implementación?”, pregunta Pazmiño.

Agrega que “el Consejo nunca desvirtuó el informe de Herrera, nunca lo analizaron. En todo el proceso penal solo nombraron el informe del Dr. Jácome. No su contenido, porque por ejemplo en ese informe decía que no era necesario un módulo de ventas si el Consejo no vende nada. No se había enterado que sí venden los casilleros judiciales”.

Por su parte, Fernando Carpio, entonces gerente del Eje de Infraestructura Tecnológica y jefe de Nubia, dijo a la Fiscalía que el informe de Jácome “era pésimo”, “mal elaborado”, “que jamás recibió un informe de nadie que diga el sistema ERP no funciona”, y “que el doctor Zavala emitió un informe de otra cosa”.

Pazmiño fue acusada de elaborar el acta de recepción final del contrato y eso la convirtió en autora del delito, sin embargo, el juez indicó que ella no elaboró el acta y quedó en libertad. Carolina Herrera fue condenada a 6 años de prisión en calidad de autora de delito de falsificación de documentos y se dispuso se investigue a Fernando Carpio, entonces gerente del Eje de Infraestructura Tecnológica y jefe de Pazmiño, por su participación directa en el caso.

Las funcionarias fueron juzgadas porque las afirmaciones contenidas en el acta de entrega de recepción final eran falsas, no por el funcionamiento del sistema ERP. “El mismo director jurídico decía en las audiencias que el juzgamiento no fue porque si servía o no el sistema, jamás, el juzgamiento fue por existir falsedad ideológica”, señala Pazmiño.

El 18 de julio de 2013, 21 días después de firmada el acta, la directora general del Consejo, Doris Gallardo, la invalidó por haberse suscrito con un error de hecho que afectó “la voluntad del Consejo de la Judicatura”.

Contraloría y la glosa por responsabilidad administrativa

Los problemas de Pazmiño no acabaron allí, al desgaste de su salud y economía, se sumó otro inconveniente derivado del acta de recepción final por la que estuvo en prisión: una glosa por responsabilidad civil, impuesta de 2016, por la Contraloría General del Estado por $916.629,00, cantidad que según el organismo de control “corresponde al pago de anticipo no devengado por la contratista, por cuanto no se cumplió el objeto del contrato”. El documento del 31 de mayo de 2016, está firmado por el subcontralor general, Pablo Celi. El hecho curioso es que la glosa le fue notificada dos años después, el 26 de junio de 2018.

Contraloría la hace responsable por el anticipo del 70% del contrato que el Consejo de la Judicatura pagó a la contratista tres días después (27 de agosto de 2011) de firmada la negociación. Para esa fecha, ella no trabajaba en el Consejo de la Judicatura.

“El pago se efectuó antes del 1 de noviembre de 2011 que fue la fecha en la que entré a prestar mis servicios en el Consejo de la Judicatura”. “¿Qué responsabilidad puedo tener yo en el pago del anticipo del 70% del valor del contrato (…) si ni siquiera era servidora pública del Consejo cuando se firmó el contrato”, pregunta Pazmiño. Asegura, además, que con la firma del acta final no se pagó el 30% restante a la contratista.

Contraloría glosó a la exfuncionaria porque “debió verificar si efectivamente se encontraban funcionando todos los módulos que formaban parte del sistema, previo a la suscripción del acta de entrega de recepción definitiva”.

Al respecto, Pazmiño señala: “el hecho de que los funcionarios, que suscribieron y elaboraron estos documentos hayan mentido o falseado a la verdad, ¿cómo podía saber yo que alrededor de treinta servidores públicos y delegados de la empresa contratista habían cometido un delito penal que ha quedado en la impunidad?, ¿no son ellos los responsables de haber inducido a error a los funcionarios que suscribimos el acta basados en su aceptación?, sin embargo, Contraloría ni siquiera los nombra”. “La Contraloría buscó encontrar un chivo expiatorio para tapar los actos de corrupción propiciados por los verdaderos responsables del perjuicio causado al Consejo de la Judicatura”, asegura.

Durante la ejecución del contrato varios funcionarios señalaron que el sistema ERP funcionaba correctamente, por ejemplo, el 14 de noviembre de 2012, Fernando Carpio, gerente del Eje de Infraestructura, indicó a Jairo Caldas, administrador del contrato que “el contratista cumplió con la entrega de los productos que fueron objeto del contrato”. El 9 de enero de 2013, Carpio indicó a Mauricio Jaramillo y Jairo Caldas que el sistema EPR estaba listo para su utilización. Jaramillo dispuso el “uso obligatorio de la herramienta”.

Lo extraño es que Contraloría no señala a nadie más aparte de las tres personas que firmaron el acta de recepción final, a pesar de que la ejecución del contrato involucró a la dirección financiera, administrativa, de planificación y talento humano; y pese a la existencia de un examen especial a los ingresos, gastos y al proceso precontractual del contrato, contenidos en un informe de resultados provisionales (JCR-DAAC-C-J-2014) de julio de 2014 de esa entidad, suscrito por el auditor Milton Clavijo, que responsabilizó al entonces director general del Consejo de la Judicatura de Transición, Mauricio Jaramillo, de no supervisar el trabajo del administrador del contrato, Jairo Caldas, quien estuvo en ese cargo 458 días y “debió velar por el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato”.

Señaló también al Consejo de la Judicatura por no proporcionar a la contratista el marco legal y normativo para el desarrollo del software de recursos humanos, lo que ocasionó que el proveedor entregue una herramienta que “no pudo ser validada”.

Al gerente del Eje de Infraestructura Tecnológica (Carpio), la coordinadora y administradora del contrato (Herrera) no observaron los módulos entregados por el proveedor, dijo además que la funcionaria mencionada anteriormente y la técnica del eje de infraestructura (Pazmiño) no observaron que no se cumplió en su totalidad con la metodología de implementación propuesta por el proveedor.

Sin embargo, Contraloría establece la glosa de responsabilidad, basada en el informe DAAC-0115-2014, que, curiosamente, no menciona a ninguna de las alta autoridades que participaron y solo establece como únicos responsables a Pazmiño, Herrera y la contratista Brightcell S.A.

El 24 de agosto de 2018, Pazmiño interpuso un recurso de revisión a la resolución de mayo de 2016. El recurso fue negado. El 16 de mayo de este año, puso una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de la Contraloría. Este martes, 28 de mayo, le notificaron que la demanda fue aceptada, “toca ver qué dice la Contraloría sobre la mentira de que el acta ocasionó que se haya pagado el anticipo del motivo de la glosa”, dice Pazmiño, quien asegura que no descansará hasta obtener justicia.