EL DECRETO DE CORREA
La predisposición para que DP World finalmente se llevara el contrato, llegó desde el nivel más alto: el propio presidente Rafael Correa emitió, el 25 de mayo de 2016, un decreto (1060), basado en la propuesta emiratí, que autorizó la construcción del puerto, un canal de acceso hasta Posorja y la carretera que une Playas-Posorja.
Antes de la emisión del decreto de Correa, en enero de 2015, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, representado por Paola Carvajal, y DP World Investments B.V. firmaron un memorando de entendimiento. Dos meses después, DP World Investments presentó su propuesta al entonces gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), Juan Carlos Jairala Reyes.
18 días después, el 27 de marzo de 2015, el Ministerio de Transporte indicó que la propuesta de DP World “tiene un grado de contribución alto». Ese mismo día, Jairala Reyes dijo que la iniciativa de DP World era de “interés público”.
Tres meses transcurrieron desde entonces, hasta que, en junio de 2015, la ministra Carvajal recibió la solicitud de la APG y DPW, para promover la delegación directa del proyecto, amparada en el artículo 100 de la ley del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (Copci).
A inicio de 2016, la Secretaría Jurídica de la Presidencia dio luz verde al proyecto, pues aseguró que “se habrían cumplido los presupuestos para proceder a la contratación directa». Tres días después de lo dicho por el entonces subsecretario jurídico, Vicente Peralta; Juan Manuel Marchán, apoderado de DP World Investments, envío la propuesta formal del proyecto al nuevo gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, Jorge Xavier Vera Armijos, con copia a Paola Carvajal Ayala, ministra de Transporte y Obras Públicas, José Chamorro Borja, subsecretario de puertos y transporte marítimo y fluvial.
El 15 de febrero de 2016, Jorge Xavier Vera Armijos, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), Walter Solís Valarezo, ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Dunn Suárez, delegado del apoderado general de DP World Investments B.V., Isabel Noboa Pontón, testigo de honor. Presidente del directorio Nobis, firmaron el Memorando de Entendimiento, un acuerdo que estableció que la firma del contrato sería por delegación directa.
El compromiso además estableció que “las partes entienden que sea aplicable al proyecto, el régimen especial de delegación directa (concesión) determinado en el tercer inciso del artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones”.
ALEXIS MERA Y VINICIO ALVARADO ASEGURARON EL NEGOCIO
Dos de los hombres más cercanos a Correa, Alexis Mera Giler, secretario Jurídico de la Presidencia (2007-2017) y Vinicio Alvarado Espinel, ministro de Producción estuvieron presentes durante la firma oficial del Memorando.
Funcionarios que también fueron claves para que DPW se adjudique directamente la obra. El primero, al frente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, sugirió que la contratación debía ser directa y Vinicio Alvarado, como presidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas, del poder Ejecutivo, autorizó que el proyecto se desarrollase bajo la modalidad público-privada.
A DP World le entregaron permisos para el funcionamiento de sus proyectos en tiempo récord, le otorgaron incentivos tributarios, le perdonaron que no cumpliese ciertos parámetros.
El 23 de mayo de 2016, fueron elaborados y aprobados los análisis económico, técnico y jurídico. Ese mismo día, Jorge Vera Armijos declaró la viabilidad del proyecto, y Walter Solís, ministro de Transporte y Obras Públicas pidió al presidente de la República la declaratoria de excepcionalidad con arreglo al Art. 100 del Código Orgánico de la Producción.
Dos días después, el 25 de mayo, Correa emitió el decreto ejecutivo 1060, que autorizó el desarrollo, construcción y mantenimiento del puerto, la construcción de un canal de navegación y la carretera que une Playas y Posorja.
Al día siguiente, Juan Manuel Marchán Maldonado, apoderado de DP World Investment B.V., Víctor Vicente Villalba Molina, director de Gestión de Control de Concesiones de APG, Víctor Hugo Lituma Vera, director de Gestión Técnica de la APG y Lucía León Solís, director de Asesoría Jurídica de la APG, firmaron el acta de acuerdo y negociaciones técnicas y económicas.
El 2 de junio de 2016, el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas, conformado por Vinicio Alvarado Espinel, presidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas, Patricio Rivera Yánez, ministro Coordinador de Política Económica, Adolfo Salcedo Glukstadt, delegado de la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades y Santiago León Abad, secretario Técnico del Comité, aprobó la modalidad de asociación pública privada y la aplicación de los incentivos tributarios al proyecto público del Puerto de Posorja y dispuso la inscripción del proyecto público de iniciativa privada del puerto de aguas profundas.
Un día después, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, subrogante. Ministerio de Transporte y Obras Públicas autorizó y delegó a la APG a llevar a cabo el dragado y mantenimiento del canal de acceso a las instalaciones del Puerto de Posorja y además firmó la resolución que autorizó a la Autoridad Portuaria a «efectivizar» la ejecución, elaboración y suscripción del contrato.
Ese mismo 3 de junio de 2016, el Ministerio de Transporte delegó a la APG la facultad para que lleve adelante el proceso de contratación, mientras que Jorge Vera adjudicó, por delegación directa, a DP World Investments B.V., el contrato de gestión delegada, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, para la construcción del puerto de Posorja, el dragado y construcción de un canal de navegación de acceso de Posorja, así como la carretera que une Playas vía El Morro, por el plazo de 50 años.
En representación de la contratista estuvieron presentes Sultan Ahmad Sultan Bin Sulayem y Michael Andrew Bentley.
EL MEDIO MILLÓN DE DÓLARES
Cuatro días después de la firma del contrato, el 10 de junio, Juan Carlos Tarré Intriago, abogado, socio de Alexis Mera Giler, en el estudio jurídico Romero Menéndez, y quien participó en las negociaciones, recibió de DP World USD 187.500,00. A Romero Menéndez DP World le pagó USD 312.500,00. Se desconocen las razones de estos pagos.
En carta remitida por el abogado Juan Carlos Tarré, señala que su participación en el proyecto jamás fue la de intermediario entre los inversionistas y las autoridades públicas involucradas, sino el de asesor legal del grupo Nobis. En tal virtud, agrega, «es obvio que participé en reuniones para revisar los temas jurídicos ralacionados con el proyecto y sus consiguientes proyecciones legales».
Respecto a los desembolsos de USD 312.500, 00 y USD 187.500,00, precisa que los mismos no fueron realizados por la empresa emiratí, sino por la empresa ecuatoriana DP World Posorja «a favor de Romero Menéndez Abogados C. Ltd., y a mi favor respetivamente, y fueron realizados en calidad de pagos de honorarios profesionales pactados previamente con el grupo Nobis». Publicamos la misiva completa remitida a La Fuente por el abogado Tarré.
Este medio revisó el proceso e hizo una lista detallada de las autoridades que participaron en el proceso de adjudicación y su respectivo papel.
