El presidente de China Xi Jinping vendrá por primera vez de visita al Ecuador la próxima semana y será por pocas horas. Con una agenda apretada que incluye la inauguración formal del más grande proyecto hidroeléctrico del Ecuador, Coca Codo Sinclair, de la que será un testigo distante.
Al principio, se había pensado que el poderoso mandatario vaya hasta el sitio mismo donde se levanta la imponente estructura, en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Luego se lo pensó mejor y se planteó que observe la ceremonia desde las instalaciones del ECU911, en Quito.
Desde ahí, el jerarca chino encenderá la central mediante un sistema electrónico. En la represa estará Rafael Correa (o Jorge Glas) para hacer un arranque simultáneo, Xi Jinping viene porque la China financió en parte la hidroeléctrica, por medio del Export-Import Bank Eximbank, un banco estatal, que dio un crédito al Ecuador por USD 1682 millones, en 2010, que en ese momento representaba el 85% del costo total de la obra. Pero no fue un favor el que hizo el gobierno a Ecuador.
Fue un negocio y un buen negocio para la China. De hecho, la tasa de interés anual fue de siete puntos, a quince años plazo, que corrían después del último desembolso del préstamo que se dio en partes, durante 66 meses. Solo en intereses, fuera del capital, Ecuador deberá pagar USD 125 millones a China por año.
Como son quince años , China se embolsará USD 1875 millones en intereses, casi USD 200 millones más de los USD 1682 millones de capital. Y el presidente chino será recibido con honores en nuestro país por su generosidad. «Generosidad» que incluye, según fuentes vinculadas a la visita, un Fondo de Inversión chino-ecuatoriano, de USD 10.000 millones, que permitiría la continuidad y profundización de la presencia china en la economía ecuatoriana, sobre todo en proyectos de inversión que incluyan el uso del superávit energético, una vez que esté en marcha todo el potencial de la generación hidroeléctrica, bajo el esquema de cooperación público-privada. Las fuentes comentaron que estas decisiones están a cargo del ministro Vinicio Alvarado Espinel.
El otro aspecto que se considerará en la visita del presidente chino es si la operación de Coca Codo queda en manos del Estado ecuatoriano o de una empresa operadora de China.
Coca Codo Sinclair fue un proyecto con tropiezos y demoras. La Revolución Ciudadana lo puso en su lista de prioridades y el presidente Correa se movió rápido desde el inicio de su gobierno. Cuando Alberto Acosta era el ministro de Energía, en 2007, la obra tenía un costo calculado de USD 1158 millones, con plazo de entrega para el año 2012. Pero como se ha hecho costumbre en las megaconstrucciones que construye el correísmo, los costos se duplicaron. En abril de 2015, el vicepresidente y ahora candidato a la reelección, Jorge Glas, estimó que el proyecto costó USD 2245 millones. Prácticamente el doble. De tantos casos como estos, ya hasta parece normal.
El primer tropiezo, con primera piedra y placa incluida, ocurrió con el gobierno de Argentina. En abril de 2008 se develó en el Palacio de Carondelet una gran placa que dejaba escrito en piedra la sociedad entre los gobiernos de Cristina Fernández y Rafael Correa para emprender en la megaobra. En ese momento, se pensaba que Enarsa, empresa energética estatal de la Argentina, podría ayudar en su financiamiento. Eso nunca ocurrió. Y los gastos operativos en que se incurrieron por el fracasado proyecto todavía arroja investigaciones penales en ese país, considerado por algunos medios como el perjudicado en esta mala idea.
Lenin, el mediador con los negocios de China
Más de un año después, apareció la China. El 5 de octubre de 2009 se firmó el contrato por USD 1979 millones con la constructora de ese país Sinohydro, que ya tenía los contactos con su gobierno para financiar la obra en las condiciones financieras arriba descritas. Pero la plata no llegó así de fácil. Tardaron ocho meses los prestamistas chinos en enviar los desembolsos. La causa, según la ministra de Finanzas de ese momento, María Elsa Viteri, fue que el banco estatal chino había exigido más garantías de las inicialmente propuestas.
De las negociaciones, en ese momento, se encargó también el entonces vicepresidente Lenin Moreno, quien se reunió en varias ocasiones con el embajador chino en Ecuador. Fue un mediador cuando, en marzo de 2010, debido a las exigencias de China, Correa decidió terminar la negociación. Entonces apareció la figura de Moreno. “Ante la llamada del señor embajador de China, un buen amigo, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”, declaró ese mes. Las cosas se arreglaron.
El dinero llegó en junio de 2010, considerada la fecha oficial del arranque de las obras.
En ese mes, el entonces Ministro de Sectores Estratégicos Jorge Glas y el de Finanzas, Patricio Rivera, estuvieron en China para firmar los documentos definitivos. Glas insistió en que “las condiciones financieras han sido muy favorables y las condiciones técnico-jurídicas evaluadas profundamente dentro de los acuerdos marco jurídicos de ambos países”. apostilló el ministro que enfatizó que las relaciones diplomáticas entre China y Ecuador nunca se han visto perjudicadas por estas negociaciones.
Mal comienzo
La Contraloría General del Estado, en un primer informe de auditoría que comprendió desde el 20 de marzo de 2010 al 20 de febrero de 2012, estableció que el contrato firmado por la empresa estatal constituida para llevar adelante el proyecto de Coca Codo Sinclair, tuvo algunos aspectos que contravinieron con los procedimientos normales. Incumplimientos, en definitiva.
El tema de multas por retrasos, por ejemplo, fue observado por la Contraloría. En la cláusula penal por demora se establece que por cada día que pase desde el vencimiento del plazo de la operación inicial de cada una de las fases, la contratista deberá pagar a la empresa estatal la cantidad de USD 425.000 por día, hasta la recepción de los trabajos, con un límite del 10% del monto total del contrato.
El ente de control cuestiona que solo se haya penalizado con multas las fases I y II de las obras, dejando fuera de castigo el incumplimiento de los hitos trascendentes del contrato, los retrasos en la incorporación de personal y equipo al proyecto, la ejecución de las obligaciones contractuales y el incumplimiento de las órdenes de fiscalización. Es decir, el Estado generosamente le permitió a la contratista actuar bajo sus propios tiempos en la ejecución de la obra.
Eso, dice la Contraloría, dificultó el control del avance del proyecto, originando que Coca Codo Sinclair, la empresa estatal dueña de la obra, contrate personal adicional para estar vigilante del cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Es decir, el gasto de más recursos.
Y de atrasos, justamente, comenzó a llenarse el proyecto. Las fechas estipuladas en el contrato inicial quedaron desplazadas. La conclusión de este primer informe fue que Sinohydro, “en el desarrollo del proyecto, no acató las órdenes de fiscalización y supervisión, respecto a la entrega de la planificación; difirió el inicio de labores en varios frentes de trabajo, retrasó la terminación de varios hitos contractuales, incumplimientos para los cuales no existen sanciones en el contrato”.
La recomendación que hizo la Contraloría al gerente de Coca Codo Sinclair, que de acuerdo a su competencia es una orden, fue que se establezcan los mecanismos para incorporar las multas por incumplimiento en la terminación de los hitos trascendentes del contrato.
Pedidos de prórroga
Los plazos firmados en el contrato iban de 60 a 66 meses, entregando paulatinamente las fases. Eso daba para que a mediados de 2015 comiencen a entregarse las obras. Eso no ocurrió y Sinohydro ya lo había calculado así. Por eso, en enero del 2014, el fiscalizador del proyecto informó que “cada una de las solicitudes de ampliación de plazo que había realizado Sinohydro, han sido rechazadas en su totalidad. Sinohydro solo podrá modificar el cronograma, si una orden de Coca Codo Sinclair o la Junta Común de Disputas así lo autorizan”.
La Junta Común de Disputas fue un ente creado para mediar, que solo autorizó una ampliación de plazo: el 21 de agosto de 2015 para la operación inicial, el 21 de septiembre de 2015 para la recepción provisional de la Fase 1, y el 21 de febrero de 2016 para la recepción provisional de la fase 2. Con ampliación de plazo y todo, Sinohydro no cumplió estas fechas. Y así lo hizo saber con anticipación.
El 12 de agosto de 2014, Sinohydro envió una comunicación señalando sus propios tiempos de entrega. Según su cronograma de ejecución “arroja una fecha del 28 de abril para la operación inicial de la fase 1…la fecha que se arroja del cronograma adjunto del 17 de agosto de 2017 para la recepción provisional de la fase II debe considerarse como una fecha conservadora…Sinohydro reserva todos sus derechos contractuales relacionados con esta reprogramación…”.
Teleamazonas tomó el tema de los retrasos y lanzó un informe en su noticiero en marzo de este año. Hicieron su propio cálculo respecto a cuanto le correspondería pagar a la constructora en multas por retraso, de acuerdo a lo estipulado en el contrato inicial: USD 181 millones. Una cantidad millonaria de la que no se sabe nada.
En la misma nota, habló el contralor, Carlos Pólit: “Si hay atrasos se tienen que cobrar día a día los atrasos y la Contraloría tiene y debe revelar lo que ha sucedido en su informe. Y también la responsabilidad de los funcionarios públicos, si ellos en su momento hicieron la extensión de los plazos de la obra, vamos a analizar las facultades que podían o no tener para otorgar estas facilidades a la empresa contratista”.
Hasta el mismo presidente Correa se enojó por los atrasos, en la sabatina 390 de noviembre de 2014, frase rescatada por Teleamazonas: “Ya he ordenado, no he pedido, he ordenado a las instancias del caso, ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, ministro de Electricidad, fiscalización, que tomen todas las medidas que si no se acaba en febrero de 2016, cada día de atraso es un millón de dólares que pierde el país, que pongan las multas correspondientes”.
El plazo no se cumplió. ¿Se ejecutó la orden del presidente Correa? ¿Le hicieron caso sus ministros? ¿Pagó y cuánto de multas la contratista Sinohydro?
El nuevo informe de Contraloría
El examen especial de ingeniería a la construcción, fiscalización y administración del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que realizó la Contraloría, abarcó el lapso de septiembre de 2012 hasta diciembre de 2015. Hasta esa fecha, y sin contar una extensa lista de rubros por otras obras, el Estado ecuatoriano ya había pagado USD 1605 millones.
Respecto a los atrasos generados por la contratista, Contraloría estableció sus conclusiones y presentó el cuadro de la Fiscalización, generado a partir del 22 de septiembre de 2015, la fecha establecida como de inicio de la operación inicial, que no se cumplió:
“El Gerente General Subrogante de COCASINCLAIR EP, aceptó la solicitud de SINOHYDRO CORPORATION y permitió la postergación del cobro de los montos por penalidades incurridas por SHC, sin observar lo señalado en la cláusula vigésimo segunda del contrato EPC, pues la existencia de una controversia o disputa, conforme los términos del contrato, no tiene efecto suspensivo sobre el pago de las penalidades por parte de SHC, lo que ha ocasionado que hasta la fecha de corte de la presente acción de control, el Estado ecuatoriano se vea privado de la indemnización por incumplimiento de la contratista en el valor de 81 175 000 USD, que representa el 4.1% del monto del contrato EPC y por el lucro cesante debido a la no generación de energía durante 115 días, entre el 22 de septiembre y el 15 de diciembre de 2015.
La Asociación Fiscalizadora, en conocimiento de los hechos señalados por la compañía SINOHYDRO CORPORATION respecto de las presuntas condiciones geológicas extremadamente adversas, negaron toda prórroga solicitada por la contratista y, una vez vencido el plazo para la operación inicial y la recepción de la Fase I del proyecto, notificaron quincenalmente al contratista EPC con el incumplimiento, sin exigir a SINOHYDRO CORPORATION el pago de las penalidades derivadas de los incumplimientos señalados.
La compañía SINOHYDRO CORPORATION, contratista EPC del proyecto, inobservó su obligación contenida en la cláusula vigésima segunda del contrato EPC, pues hasta la fecha de corte del presente examen (15 de diciembre de 2015), no ha pagado a la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, las penalidades notificadas por la fiscalización debido al retraso en la operación inicial y entrega de la Fase I del proyecto que suman USD 81 175 000″.
El ente de control mandó a realizar el cálculo del monto por el lucro cesante de 115 días que se dejó de generar energía por los atrasos. Un cálculo que ya hizo el presidente Correa: un millón doscientos mil dólares por día que, en sus palabras, serían “tirados a la basura”.
A todo esto, salió al frente el ministro de Electricidad Esteban Albornoz para defender la construcción de la obra y criticar los reportajes de Teleamazonas. Sobre los montos por los atrasos, dijo que “no se pueden hacer cálculos ni lanzar cifras de manera ligera, sin contar con información completa, debidamente contrastada y adecuadamente fundamentada, pues hay que recordar también que el contrato de construcción aún está en ejecución. Actuar de esa manera solo busca empañar un proyecto que es orgullo de los ecuatorianos”.
La Contraloría no se quedó únicamente en el tema de los atrasos. También observa que el Gerente General de Coca Codo Sinclair no acató la recomendación de corregir la fórmula de ajuste de precios prevista en el contrato.
El Gerente General de COCASINCLAIR EP ha incumplido la recomendación del Informe DIAPA-0039-2010 aprobado el 28 de diciembre de 2011 respecto a corregir la fórmula de ajuste de precios, con el propósito de que al valor de la planilla o de los pagos se reduzca el 100 % del valor del anticipo y no únicamente el 50%. El problema se ha mantenido desde marzo de 2011 hasta la última planilla considerada de noviembre de 2015, produciendo una diferencia de 7 498 200,51 USD por ajustes de precio del contrato EPC, que perjudica los intereses del Estado ecuatoriano.
También se ocasionaron costos adicionales de consultoría no justificados por un valor de USD 6 320.395,11; contratos complementarios de fiscalización ocasionaron una diferencia por USD 11 973.777,24 USD en perjuicio del Estado; además se establece que la contratista SINOHYDRO incumplió con el porcentaje de mano de obra ecuatoriana, al no subcontratar al menos el 15% del valor del contrato a empresas nacionales, inobservó lo señalado en el anexo “V” del contrato EPC, ocasionando la falta de dinamización de la economía ecuatoriana por la falta de inversión y posterior tributación en territorio nacional.
El último informe de Contraloría fue aprobado en septiembre del 2016.
Si se aplicara la cláusula inicial de multas, se suman los días de atraso y a eso se agregan los gastos que la Contraloría establece como injustificados durante la construcción de la obra, Sinohydro tendría que pagar casi USD 200 millones. Y si a eso se añade el lucro cesante por los 115 días de atraso, que el propio presidente Correa calculó en USD1,2 millones diarios, la cifra supera los USD 300 millones.
Una cantidad de dinero que debería deducirse de los pagos del crédito pendiente con China, aunque ese tema probablemente no sea abordado en la visita oficial del presidente de ese país. Es una cifra con la que se podrían construir seis hospitales de primer nivel o 150 escuelas del Milenio, que es uno de los compromisos incumplidos en cantidad por el régimen que ya se va. También podría financiar planes de vivienda para 15.000 familias, es decir, una importante cantidad de los afectados por el terremoto en Manabí y Esmeraldas.
