Mientras Correa cierra una década en el sillón presidencial, con muestras de querer prolongar el correísmo en otras manos, Lukashenko se mantiene en el poder por más de veinte y dos años, señalado como el “último dictador de Europa“, aunque esa calificación, para él, sea un halago: “prefiero ser dictador a ser gay“, responde a quienes lo acusan de sostener un régimen policíaco, donde la violación a los derechos humanos es parte del paisaje, igual que el hecho de silenciar a la disidencia en el parlamento, o mantener a los principales opositores encarcelados, sea visto como un recurso de estabilidad política.
A raíz de la visita de Lukashenko a Ecuador, se inscribió en el país la empresa petrolera estatal Belorusneft, la cual habría expuesto su interés de participar en proyectos de sísmica y desarrollo de algunas áreas petroleras, entre otros el bloque 55 (campo Armadillo). La estatal bielorrusa mantiene operaciones en Vietnam, Corea del Norte, Venezuela e Irán.
La cifra de inversión anunciada por Belorusneft levantó aplausos: el ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos anunció más de USD 658 millones para el sector petrolero. La realidad es distinta, como se revelará en la presente investigación.
Casi simultáneamente al ingreso de Belorusneft, se creó la empresa ecuatoriana Edinpetrol, la cual se asociaría con la firma bielorrusa para constituir el consorcio Ecuaservoil, que en febrero de 2015 suscribiría el contrato de explotación de Armadillo.
En el naciente consorcio, la estatal Belorusneft mantenía un 51% y Edinpetrol el restante 49%, condición que facilitaría la entrega directa del contrato, al tratarse de una empresa mixta con mayoría de acciones estatales.
Desde el 2012 y bajo la sombra de los acuerdos gubernamentales, empezaron a actuar silenciosamente, conocidos lobistas del negocio petrolero.
Así, fueron apareciendo nombres como el de Carlos Espinosa Sánchez, un prolífico creador de empresas y facilitador de contratos: su nombre se hizo visible años antes en el cuestionado contrato con la firma canadiense Ivanhoe; luego resurgió con Gente Oil, empresa vinculada a la familia del embajador en Viena, Wilson Pastor Morris; y, reafirmó su presencia en la compañía Edinpetrol junto al ex ministro del correísmo, Mauricio Dávalos.
La ubicación del campo Armadillo es de trascendental importancia. El proyecto petrolífero se encuentra al límite de la Zona Intangible (ZITT), del Parque Nacional Yasuní (PNY) en la Amazonía ecuatoriana, una de las áreas más frágiles y vulnerables por su riqueza biológica y la presencia de los últimos clanes Waoranino contactados, los Tagaeri y Taromenane, que huyen del extractivismo y de toda forma de contacto con los cohuori (extraños).
El área de Armadillo, así como los bloques petroleros 31 e Ishpingo — Tambococha — Tiputini (ITT), son parte del territorio ancestral de los Waorani, donde se desplazan las familias no contactadas. En particular en Armadillo, donde se han registrado varios hechos violentos en los últimos años.
LA TZANTZIFICACIÓN DEL YASUNÍ
Sobre el territorio ancestral de la nacionalidad Waorani se cruzan dos realidades confrontadas: la reserva de biósfera Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad en el mundo; y los prospectos petrolíferos ITT, bloque 31 y Armadillo, con reservas del orden de 1000 millones de barriles de crudo pesado. Pero, ante todo, está el territorio indígena y la zona intangible, la última línea de supervivencia de los pueblos en aislamiento forzado.
En medio de esta disputa, “el Parque Nacional Yasuní encarna la esquizofrenia de un gobierno que pretende conservar la biodiversidad y extraer petróleo en el mismo lugar”, ignorando que no existe en el mundo tecnología de punta capaz de dar sustento a esta brutal dicotomía, mucho menos en una zona como el Yasuní.
Tan determinante realidad estaba bastante clara en enero de 2007 para el entonces vicepresidente de la República, Lenin Moreno Garcés, quien en su primer discurso oficial en la tierra que lo vio nacer (Nuevo Rocafuerte-Yasuní), sentenciaba que no permitiría la explotación petrolera en el paraíso de las especies.
Una década después, en esa misma tierra donde el actual candidato presidencial de Alianza Pais, enterró su cordón umbilical y juró defenderla del extractivismo, se levantan plataformas petroleras. A raíz de la decisión del régimen correísta de explotar petróleo en el Yasuní (agosto 2013) la voz ambientalista de Lenin Moreno se opacó en Ginebra.
El silencio de Moreno deja escuchar el ronquido de las máquinas, el último canto de los paujiles, y la huida final de los seres del bosque.
Como se apreciará en el presente trabajo, el juego del gobierno de Alianza Pais y las transnacionales petroleras en el Parque Yasuní, fue en dirección de la tzantzificación de la selva (tzantza — reducción). El impulso a la explotación del ITT, del bloque 31, del campo Armadillo, entre otras acciones, apuntan a un proyecto de muerte, a la prolongación de la vida del capital extractivo a costa de la vida de la naturaleza, de la vida de los Wao contactados y no-contactados.
La explotación del campo Armadillo se ha desarrollado en medio de una trama de corrupción, signada por la presión de grupos de poder interesados en la extracción de crudo y la resistencia de organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La de Armadillo, es una historia aciaga.
LANZAS INDÍGENAS FRENTE A TORRES PETROLERAS
En marzo de 2008, José Castellanos, un maderero de la zona de Armadillo moría atravesado por lanzas Taromenane. Rafael Correa lo supo, el país entero se conmovió por el suceso; sin embargo, dos meses después, el mandatario autorizaba la explotación de petróleo en el área.
El campo Armadillo, aunque no se incluye en el mapa de la zona intangible del Parque Yasuní, ha sido uno de los espacios de mayores contactos violentos entre los clanes no contactados y los cohuori. Pese a ello, las presiones extractivas no han cesado.
Apenas a dos meses de bautizado el gobierno de Alianza PAIS, abril del 2007, el presidente Rafael Correa anunció la adopción de una política gubernamental para salvaguardar la vida de los pueblos que vivan en aislamiento voluntario, en referencia a los Tagaeri y Taromenane.
Durante ese mismo mes, los medios de información difundían una declaración del Presidente Correa, en la cual acusaba a la empresa ecuatoriana Ecuavital de millonarios negociados y en particular a su propietario José Dapelo, lo apostillaba como gangster. “Se les acabó la fiesta, señores mafiosos, aquí hay un gobierno honesto que no va a permitir más corruptela”, sentenció el mandatario.
Justamente Ecuavital era una de las empresas interesadas en la adjudicación del campo Armadillo. Ese sello ambientalista y protector de derechos, solo quedaría para las conferencias y la publicidad.
Un año después, en mayo de 2008, cuando el Presidente ya se había familiarizado con el manejo directo de los contratos, la historia se empezaba a escribir distinta.
En la sesión del directorio de Petroecuador, como si hubiese sido víctima de una súbita amnesia, Correa dispuso la adjudicación del campo Armadillo a la empresa Ecuavital, del “gangster“ Dapelo. “Ya me estoy volviendo privatizador, ya les estoy entendiendo a los privatizadores”, sentenció el mandatario en aquella sesión.
Esta resolución, se adoptó como se ha referido, pese a que a esa fecha, Rafael Correa conocía de la presencia de pueblos en aislamiento en la zona de Armadillo. En efecto, el 2 de marzo de 2008, murió lanceado José Castellanos. Este acontecimiento violento fue difundido a nivel nacional y mundial por los medios de información.
Al respecto, un informe del Ministerio del Ambiente, registra al menos 28 acontecimientos violentos en el área de Armadillo, desde el 2006 hasta el 2010.
Pero, la operación de Armadillo no solo generaba presiones y amenazas a los clanes no contactados, también alertaba de la existencia de serias controversias técnicas y legales que podrían generar perjuicios posteriores al Estado.
Y esto se evidenció días antes de la reunión del directorio de Petroecuador, cuando el presidente de la estatal, Fernando Zurita, solicitó al Comité de Licitaciones, integrado a esa fecha por Galo Chiriboga, Javier Ponce y Fausto Ortiz, que suspenda la adjudicación del campo. El mencionado informe indica que Armadillo “podría ser la continuación de las reservas de Cononaco”, con lo cual la empresa operadora reclamaría toda el área, que contiene una reserva In-situ de 1.300 millones de barriles de petróleo.
La polémica llegó al más alto nivel, cuando el 19 de marzo de 2008, la Procuraduría del Estado emitió un informe desfavorable para la suscripción del contrato.
Sin embargo, varios días después, el entonces ministro de Minas y Petróleo (e) José Serrano (actual ministro del Interior), pidió cambiar el informe, tras señalar que la negativa perjudicaba el “interés nacional“; además, exigió sanciones a los responsables. Luego del incidente, el Procurador abandonó el cargo. Serrano había cumplido su objetivo.
Sobre Armadillo han llovido informes negativos, pero las instituciones acabaron con sordera histórica. La extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), investigó el caso y concluyó que Armadillo debía ser considerado como una parte del área de Cononaco y no como un campo marginal, razones suficientes para haber pedido la suspensión de la entrega del campo.
Incluso la Secretaria Nacional de Transparencia (SNT), tutelada desde la presidencia de la República, en abril de 2008 exigió a Petroecuador la suspensión de la adjudicación de Armadillo: “se observa un afán de desviar o beneficiar a un tercero“, advirtió la SNT.
La gravedad de los hechos forzó a que en diciembre del 2008, la entonces ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, disponga la prohibición de actividades extractivas, en particular las de sísmica 3D, considerada por ella como la más intrusiva.
A esa fecha, la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional escribia así: “A eso hay que agregar la aprobación, en marzo de 2009, de la “Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de Genocidio y Etnocidio, donde se establecen las penas para quienes pongan en riesgo la supervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas Aislados“.
El humanismo ecologista de la Ministra Aguiñaga duraría muy poco. En enero de 2010, Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, le recordaba a Aguiñaga quien da las órdenes en el gobierno: “… se les recuerda la disposición del Sr. Presidente de la República en el sentido que previo a la paralización en la ejecución de cualquier obra se deberá contar con la autorización del Primer Mandatario.” Luego de semejante orden, todos quedaron alineados y la suerte de Armadillo, echada.
Tras la disposición de Alvarado, al ministerio del Ambiente solo le quedaba aplicar medidas para reducir los impactos o impedir lo peor.
Entonces sucedió lo impensable: en febrero de 2010, Carlos Edmundo Villón, subsecretario de Calidad Ambiental, autorizó a la empresa petrolera el ingreso al área, “en compañía del resguardo policial o militar…”.
En medio de las presiones, el consorcio Gran Colombia (Ecuavital) no pudo avanzar con el proyecto extractivo y su decisión fue reclamar una millonaria indemnización al Estado. La cifra otorgada a la firma de Dapelo aún se mantiene en reserva.
Luego de este traspié, Petroamazonas retomó la operación del campo. Con una sencilla acción de workovery, una mínima inversión en el pozo Armadillo 1, los técnicos ecuatorianos lograron incorporar más de 330 barriles diarios de producción, a partir de mayo de 2014.
Al final, los reclamos de las organizaciones ambientalistas se opacaron frente al lenguaje de los taladros. Y el gobierno persistió en la búsqueda de inversión externa para la explotación del campo y para ello ganó el apoyo de Bielorrusia.
EL JUEGO BIELORRUSO, EMPRESAS DE PAPEL Y VENTA DE ACCIONES
Antes de la firma del contrato, con las certezas de que el proyecto les sería asignado, las compañías Belorusneft y Edinpetrol, avanzaron negociaciones para la operación de Armadillo y constituyeron el consorcio Ecuaservoil.
Según documentos a los que tuvo acceso Focus, el 24 de octubre del año 2014, las dos empresas suscribieron un convenio de operación conjunta, a través del cual Edinpetrolse comprometía a gestionar una línea de financiamiento para el desarrollo del campo; de esta forma se ponía en evidencia que las dos compañías no contaban con recursos propios, condición garantizada en las bases y ofrecida por el Estado bielorruso.
Como estaba previsto, en febrero de 2015, el entonces gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid y su similar de Ecuaservoil, Yaroslav Dorosh, firmaron el contrato de Prestación de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento, para el bloque petrolero 55, campo Armadillo, por 15 años, con una inversión de USD 146 millones.
El Estado debía pagar a la Contratista una tarifa por cada barril de producción incremental sobre la curva base. Luego de la firma del contrato, Madrid aseguró “que esta es una muestra más de confianza de las empresas internacionales para invertir en el país“.
Pero recién tres meses después de suscrito el contrato, el 8 de mayo, Edwin Aristizábal, representante del grupo español Cobra, confirmaba el interés de financiar el desarrollo de Armadillo, a través de Ecuaservoil.
Con esa seguridad, el 20 de mayo de 2015, la firma Edinpetrol formalizó a Belorusneft la propuesta de inversión del grupo Cobra. Sin embargo, semanas después, 8 de junio de 2015, el representante de Belorusneft, Andrey Nikonov, indicaba que no se podía esperar más tiempo y que las inversiones las realizaría la empresa bielorrusa.
La decisión vino acompañada de un giro sorpresivo en la composición accionaria, lo que sería un acontecimiento jurídicamente cuestionable.
El 9 de junio de 2015, a cinco meses de firmado el contrato, se firmó un acuerdo privado, a través del cual se transfirió un 39% de acciones de Edinpetrol (Carlos Espinoza Sánchez) – sin conocimiento y autorización ministerial- a manos del estudio jurídico Sempértegui Ontaneda, del cual forma parte el abogado Julián Pastor Soto, sobrino del ex Ministro Wilson Pastor, actual embajador en Viena y asesor petrolero de Rafael Correa. Ese paquete accionario finalmente acabó en manos bielorrusas.
La transferencia de acciones dejaba a Belorusneft con el 90% de participación en el proyecto, pero eso no significaba nada en el plano económico y financiero, pues los bielorrusos tampoco tenían plata o si tenían, no querían arriesgarla; entonces salieron nuevamente a conseguirla. Varios financistas de distinta procedencia empezaron a pintar billetes, aunque nada en concreto.
La inusual operación de transferencia del 39% de acciones a un estudio jurídico, a criterio de varios juristas consultados, afectó la ejecución del proyecto, al incurrir en la causal de terminación unilateral del contrato, conforme se establecía en los numerales 35.3 y 36.1.3.13, toda vez que el estudio jurídico no cuenta con la solvencia económica y técnica requerida en las bases, además que la referida operación no fue notificada, peor autorizada por el ministerio de Hidrocarburos.
El estudio jurídico Sempértegui Ontaneda es también representante de la constructora OAS Ltd. Ecuador, subsidiaria de OAS-Brasil, contratista del proyecto multipropósito Baba. La empresa recibió USD 225 millones del Estado ecuatoriano y es investigada en el caso de corrupción LavaJato, por una transferencia dolosa de USD 9.1 millones hacia un banco de Andorra.
Esta historia se mantuvo en el mayor de los silencios durante más de un año, sin que autoridad alguna se haya atrevido a aplicar la ley y dar por terminado el contrato. Por el contrario, las partes crearon una pila de agua bendita en la cual lavaron sus culpas.
Fue así que en junio de 2016, en medio de la acostumbrada fanfarria oficialista, se volvió a anunciar una nueva inversión extranjera, en el marco de la suscripción del contrato modificatorio con Ecuaservoil, en el cual se cambiaron algunas cláusulas, en particular aquella referida al pago de la tarifa, además de una reducción de las inversiones de USD 146 millones a USD 123 millones. La recuperación de las inversiones ya no sería de la producción incremental, sino de toda la producción.
En el mundo petrolero comentan que los bielorrusos tienen “palancas“, amigos con poder de decisión y absolución; en ese punto, aparece la empresa que asesora a Belorusneft, se trata de Aservipet, una firma de propiedad de René de Mora, actual Secretario de Hidrocarburos, la segunda autoridad del sector.
Pero si pensaban que con el nuevo contrato vendrían las inversiones, se equivocaron. Han pasado varios meses del nuevo contrato y la plata, propia o ajena, no aparece por ningún lado, lo cual deja una vez más en evidencia que la empresa bielorrusa no tuvo interés en ningún momento de invertir en el proyecto. Su objetivo fue captar financiamiento externo y negociar participaciones en el contrato.
En buen romance, se hizo negocios con una concesión petrolera en nombre de la solidaridad de los dos pueblos.
UNA NUEVA EMPRESA ENTRA AL NEGOCIO
El juego con las acciones y participaciones en Armadillo, no termina aquí. En abril de 2016, aparece una nueva operación a favor de otra empresa: se trata de la firma ecuatoriana Servicios Drilling Technologies SDT, la cual asumiría el 39% de las inversiones.
Según un documento al que tuvo acceso Focus, SDT se compromete a financiar USD 50 millones, equivalente al 39% del valor total; por su parte, la empresa Ecuaservoil financiaría USD 58 millones y finalmente Edinpetrol pondría los USD 12.3 millones restantes.
Una vez más, la inversión bielorrusa se hizo humo. ¿Y de dónde obtendrían, SDT, Edinpetrol y Ecuaservoil, los USD 123 millones de inversión? Focus conoció que los lobistas se encuentran en otra romería financiera.
Luego de este recorrido, algo queda bastante claro. Desde hace casi dos años de suscrito el primer contrato con Ecuaservoil, empresa controlada en un 90% por Belorusneft, no se ha cumplido con el plan de inversiones del campo Armadillo, lo cual pone de manifiesto la insolvencia financiera de la contratista.
Por el contrario, es visible una serie de modificaciones al margen de la ley en los accionariados de las compañías, algo que impacta directamente en las participaciones del contrato. Las supuestas inversiones de Bielorrusia, garantizadas por el presidente Alexander Lukashenko y el presidente Rafael Correa, quedaron en los discursos; muy por el contrario, la empresa Belorusneft accedió a contratos millonarios de sísmica en los campos operados por Petroamazonas.
Estos contratos fueron ejecutados por empresas ecuatorianas, como es el caso de Geolago y Areasurvey, dos compañías vinculadas entre sí. La primera creada el año 2012 en Lago Agrio, por ciudadanos relacionados al consorcio operador de Armadillo. Areasurvey está domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá.
La participación de la empresa bielorrusa en actividades de sísmica 3D en las áreas de Petroamazonas empezó el año 2014, con 1534 km2 de línea sísmica en los bloques: 15, Pañacocha, Bloque 31, Secoya y Garzacocha, trabajos que culminaron en febrero de 2015.
La firma también ejecutó el proyecto de sísmica tridimensional para los bloques 11 y 18, que cubrió un área de 2000 km2. Pese al cerco informativo, se considera que Petroamazonas entregó a Belorusneft y sus asociadas Geolago y Areasurvey, contratos por una cifra suferior a USD 400 millones para sísmica 3D.
Otro proyecto impulsado con la participación de Belorusneft, fue el desarrollo del Bloque 28, en la provincia de Pastaza. El consorcio se conformó con la participación de Petroamazonas con un 51%; la chilena Enap-Sipetrol con el 42% y Belorusneft con 7%.
BIELORRUSOS FISCALIZAN INTERCONEXION DE COCA CODO SINCLAIR
En el sector eléctrico, los acuerdos entre Correa y Lukashenko se materializaron en un contrato de USD 34 millones, firmado por CelecEp con la empresa Belzarubezhstroy, para fiscalizar el montaje de las líneas de transmisión del proyecto Coca Codo Sinclair, una obra ejecutada por la empresa china, Harbing Electric International Company Limited.
Focus dialogó con fiscalizadores de Belzarubezhstroy, quienes expusieron la existencia de fallas en la construcción de las líneas de transmisión, las cuales en algunos casos no fueron alertadas por la fiscalizadora y en otros, no se introdujeron modificaciones.
Por ejemplo, señalan que el 100% de materiales de las estructuras fueron fabricados en China y no cumplen con todas las exigencias técnicas, además de que su entrega se realizó fuera de tiempo.
En relación con las obras civiles, los técnicos sostiene que la fiscalizadora permitió la construcción de una vía dentro de la reserva ambiental del Antisana, un lugar de pastoreo comunitario y hábitat de cóndores. Además de haber permitido a la empresa china el uso de compresores a diesel en la reserva Cayambre-Coca y afluentes de la laguna de Papallacta que abastece de agua a Quito.
Las observaciones de los profesionales apuntan a que la fiscalizadora bielorrusa permitió que la empresa china Harbing, subcontrate todos los componentes del proyecto con empresas colombianas y ecuatorianas, cuya solvencia técnica no fue calificada por CelecEP.
Como se aprecia, al sector eléctrico tampoco llegó inversión de Bielorrusia, por el contrario, fueron recursos del Estado ecuatoriano los que acabaron beneficiando a la empresa estatal bielorrusa, en un contrato sin licitación que deja serios cuestionamientos técnicos.
