Varios femicidios cometidos en estos años, tienen un denominador común: los cometieron servidores públicos, pertenecientes a la policía, FFAA, bomberos. La impunidad campea.
A la correísta presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, no le ha importado dejar sin piso la credibilidad o institucionalidad de este organismo con tal de darles una mano a un par de personajes allegados a su organización política.
El informe de mayoría, aprobado por seis de los siete miembros de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, es un manifiesto de la impunidad. Este documento intenta promover la falsa narrativa de que su asesinato fue obra de la delincuencia común, ignorando la evidencia clara y contundente de que fue un crimen político. Ese era el obvio objetivo al inicio de la comisión.
Las revelaciones del Caso Metástasis fueron el detonante de la grave crisis de seguridad de los últimos días. La Fiscal General, Diana Salazar, advirtió que la arremetida del crimen organizado sería brutal y ese mal presagio se cumplió.
En menos de 15 días Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, pasó de ser el poderoso estratega que había llevado adelante una serie de incumplimientos en las distintas etapas del proceso de selección de magistrados, a perder su cargo y ahora estar acusado de facilitar a Leandro “El Patrón” Norero soluciones para su situación penitenciaria, recuperar sus bienes y liberar a sus familiares.
Consecuencias internacionales del asesinato de Fernando Villavicencio.
El crimen de Fernando Villavicencio conmocionó al mundo inmediatamente. Las autoridades máximas de China, Estados Unidos, Chile, Brasil, Paraguay, Honduras y representantes de otros países, repudiaron el crimen y expresaron su solidaridad con Ecuador.