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Se autodenominaban "gemelos fantásticos", "los más top del Ecuador"... Eran Leandro Norero (asesinado en la Cárcel) y Xavier Jordán, quien vive en Miami, pero ya ha sido llamado a juicio por Metástasis. Se creían intocables. En las conversaciones también se ve cómo Andersson Boscán habló tanto con Norero como con Jordán sobre Villavicencio.

Justamente hace un año, el 6 de octubre de 2023, en el Centro de Rehabilitación Social No. 1 de Varones en Guayaquil, conocido como la Penitenciaría del Litoral, seis personas privadas de libertad (PPL), vinculadas al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fueron halladas sin vida en circunstancias que apuntan a un meticuloso plan de silenciamiento. Al día siguiente, en la cárcel del Inca en Quito, fue asesinado otro de los reclusos detenidos por este caso.

En los últimos años, Boscán ha mostrado múltiples caras. Pasó de parecer un periodista de investigación, líder de opinión y un innovador en la comunicación a ser el ñaño de la mafia, blindador mediático y el gran acusador. Sin embargo ahora continúa su juego, salió del país en busca de asilo en Canadá, haciéndose la víctima con mentiras, culpando a la Fiscalía de un informe que fue encontrado en la explotación del celular del asesinado Ruben Cherres. La supuesta prueba de persecución es un informe que obtuvo de Fiscalía oficialmente.

En entrevista con La Fuente-Periodismo de Investigación, la jueza Enma Tapia explica las razones para emitir medidas a favor de Wilman Terán. Asegura que se le violentaron derechos humanos y que no le debe favores.

El anuncio de que los jueces a cargo de juzgar a los autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio desestimaron 23 de las 41 pruebas presentadas por Fiscalía, levantó las alertas sobre la firmeza del caso. Luego de siete intensas jornadas en las que se desarrolló la audiencia de juzgamiento, este viernes 5 de julio, la decisión de los jueces fue no admitir estas pruebas por considerarlas “reiterativas o impertinentes”.

Dos reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tienen que ver con la entrega de información de investigaciones previas y con la revisión de sentencias ejecutoriadas levantaron alarmas en expertos jurídicos, bancadas de la Asamblea Nacional y la propia Fiscalía General del Estado.

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