correa archivos - LA FUENTE: Periodismo de Investigación

El presidente Guillermo Lasso será el primer mandatario en ser enjuiciado políticamente con los instrumentos legales de la Constitución de Montecristi, en vigencia desde 2008, creada para evitar cualquier posibilidad de destitución de un presidente. Paradójicamente es el mismo correísmo el empeñado en caminar contra los principios constitucionales que diseñaron. Es cierto que el presidente es el responsable principal de esta crisis; son tantos los desaciertos que la Corte Constitucional ha resuelto abrir el camino del juicio con una acusación poco clara.

En junio de 2007, tras cinco meses en el poder, el entonces presidente Rafael Correa, promulgó el decreto 334, orientado a construir la nueva arquitectura financiera regional, para enfrentar lo que Hugo Chávez llamó la “dictadura del dólar”. Se dispuso la creación del Banco del Sur y el Sistema de Compensación SUCRE, un sistema de pagos que pronto debía convertirse en moneda física.

La Secretaría Nacional de Inteligencia desvió fondos de gastos especiales a la campaña de segunda vuelta de Lenin Moreno y Jorge Glas, con autorización de Rafael Correa y la operación de Rommy Vallejo. El informe de la Senain, al que accedió este portal registra millonarias cifras que incluyó pago de telefonía celular de Lenin Moreno y su familia, la entrega de cientos de miles de dólares a Santiago Cuesta para cubrir encuestas e incluso la movilización al estadio Atahualpa y el ataque al candidato Guillermo Lasso, en un partido de fútbol de la selección nacional.

Neurona y Celag son empresas que se constituyeron al amparo económico de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Gozan de contratos estatales desde 2015 y de importantes pagos a sus sus integrantes, entre ellos Rafael Correa. Las dos empresas son los tanques de pensamiento de la izquierda populista que gobierna varios países de América Latina y son cogobierno en España; hoy uno de sus líderes, Juan Carlos Monedero es acusado de corrupción.

Cuando fue subsecretario de la Senplades y miembro delegado en el Comité de Deuda y Financiamiento del Gobierno de Rafael Correa, Andrés Aráuz fue corresponsable del endeudamiento y de la priorización de decenas de proyectos “emblemáticos” de la revolución ciudadana, entre ellos varios de Odebrecht, cuando la corrupta multinacional brasileña había entregado ya sobornos a algunos jerarcas del gobierno de Rafael Correa. Entre estos, el proyecto Daule-Vinces (Dauvin).

Andrés Arauz fue uno los protagonistas del proyecto del Buen Vivir que tanto pregonó la revolución ciudadana. Como funcionario de la Secretaría de Planificación del Estado jugó un papel preponderante en el agresivo endeudamiento y la aprobación de proyectos que buscaban el ansiado cambio de la matriz productiva; pero todas esas obras que autorizó como prioritarias están marcadas por la discrecionalidad, las fallas técnicas y la corrupción. Periodismo de Investigación hace una revisión a las responsabilidades de Arauz en cada una de las decisiones que han marcado la tragedia del país. De la emisión de bonos global a la compra de los aviones presidenciales; de la priorización de proyectos sobrepreciados y no necesarios como Manduriacu o la autorización de todas las obras de Odebrecht, el camino de Andrés Arauz es el fracaso de llamado Sumak Kawsai.

Este medio accedió a uno de los informes reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) elaboró sobre las actividades de Fernando Villavicencio Valencia, entre 2015 y 2016. Se trata de un informe que confirma la veracidad de las investigaciones publicadas por el periodista y evidencia con claridad la capacidad de seguimiento que tenía la Senain contra los ciudadanos. Expresiones como “miembro de CIA”, “opositor”, “ataques al presidente”, son lugares comunes utilizados por los agentes en el documento. Abuso de poder, violación a la intimidad, poca inteligencia y el gasto de mucho dinero público en el seguimiento son otras conclusiones a las que llegamos.

Un informe reservado en poder de Periodismo de Investigación, elaborado por la inteligencia del Estado, con base a información brindada por colaboradores del correísmo, deja al descubierto la recomposición de la disuelta Senain, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina, con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de febrero de 2021 y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos DTR (detractores) y TRD (traidores), entre los que se destacan la fiscal del Estado Diana Salazar y la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint.

Miles de documentos en manos de Periodismo de Investigación (convenios, contratos, minutas, mails, informes habilitantes, comisiones, intermediarios) relacionados con la contratación de deuda externa pagada con petróleo y obras estratégicas, negocios que superan los 100 mil millones de dólares, fueron calificados de confidenciales y reservados por exigencia del gobierno chino.

La trama de corrupción del bloque petrolero Singue queda al descubierto. Utilizaron el poder para beneficio particular. Se apropiaron de información pública y armaron un laberinto offshore. Retacearon el mapa petrolero y convirtieron en bloque a un pequeño campo compartido. Generaron simulación contractual y aparentaron licitación pública. No arriesgaron en exploración, el dinero salió del mismo cuero del Estado. Tampoco descubrieron un barril nuevo de petróleo, las reservas ya estaban descubiertas. Este es un nuevo episodio de la generosidad del Estado papá.

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