Has buscado Petroecuador - Página 2 de 9 - Periodismo de Investigación

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Gunvor, la empresa suiza de capitales rusos, que manejó el crudo ecuatoriano a través de los contratos de Petrochina, también extendió su control al negocio de transporte con otra empresa estatal: la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. Los cerebros de esa cooptación fueron el canadiense Raymond Kohut y el estadounidense William Sudhaus. El primero fue la cabeza de Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping (brazo marítimo de Gunvor), el segundo lideró la corporación Core Petroleum (hoy Core Sinergy LLC) y sus compañías Ursa Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport, Mjølner Shipping.

Este especial explica parte de la ruta de la corrupción y del dinero en los contratos de deuda externa ecuatoriana garantizados con 1365 millones de barriles de petróleo a China y que representó ingresos por $18.470 millones. La cifra identifica la brutal corrupción de los contratos porque una simple división determina que el Ecuador negoció cada barril de crudo en $13,56 dólares.

La Contraloría ha reconocido que buena parte de la historia de la corrupción del Ecuador entre 2007 y 2015 se perdió para siempre en el incendio provocado en las manifestaciones de octubre de 2019.

La gran pregunta a responder es por qué Gunvor pagó los sobornos de los contratos de preventa de crudo ecuatoriano con Petrochina. La interrogante abre el camino para entender que los acuerdos, que garantizaron la deuda externa con petroleo, fueron una simulación de contratos.

Ecuador es un país donde lo imposible puede ser posible, dependiendo de los intereses pasajeros de cualquier oscuro personaje o pasante de Carondelet. Seguros Sucre ha reconocido que tiene una deuda en contra de Petroecuador EP por US$ 32.077.614,51. Según la Ley de Contratación Pública en su artículo 62, un moroso con el Estado -como lo es Sucre- no puede contratar con ninguna empresa que tenga relación con el sector público, peor con Petroecuador quien es su mismo acreedor.

A ellos les da un poco igual que sea un tema de legalidad, ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura, en el período. En base a eso cuantifican. Ellos cuantifican. A ellos no les importa mucho que sea legítimo”. Así, Christian Aguilera no se anduvo por las ramas, sabía lo que decía y lo dijo, sin ningún reparo, a los allegados de la Vice prefecta de Pastaza, Cumandá Guevara, el 3 de septiembre de 2019, cuando empezó a cotizar la salida del actual Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke. Y la cosa no es difícil, solo hay que hacer la ecuación “de cuanto produce la prefectura” y listo.

En junio de 2007, tras cinco meses en el poder, el entonces presidente Rafael Correa, promulgó el decreto 334, orientado a construir la nueva arquitectura financiera regional, para enfrentar lo que Hugo Chávez llamó la “dictadura del dólar”. Se dispuso la creación del Banco del Sur y el Sistema de Compensación SUCRE, un sistema de pagos que pronto debía convertirse en moneda física.

Las presuntas diferencias entre hombres de negocios se esfumaron tras la celebración de millonarios créditos del Banco del Estado a gobiernos seccionales, para beneficiar obras -una gran parte de agua potable- adjudicadas a un selecto grupo de contratistas amigos de Correa y Moreno. La Corporación Andina de Fomento ofreció financiar estos créditos, pero a medio camino lo abandonó todo: las múltiples denuncias que surgieron desanimó al organismo multilateral, pero el gobierno siguió con los procesos, que ahora se concretan con fondos del presupuesto general del Estado. Hay nombres de los círculos altos del poder.

Nuevamente el financiamiento de la campaña electoral es el talón de Aquiles del correísmo. Sentenciados por el uso de dinero sucio en la presidencial de 2013 por el caso Sobornos (Arroz Verde), se esperaba que Unión por la Esperanza (UNES) aprenda la lección y constituya un sistema legal y transparente de donaciones para financiar al binomio Arauz-Rabascall. Su plan de crowdfunding, a través del cual aseguran haber recibido un millón de dólares de sus simpatizantes en la primera vuelta, resultó no solo un engaño, sino un mecanismo rudimentario de cooptación de depósitos no claros y posiblemente una fachada para ocultar el origen del dinero.

Este medio accedió a uno de los informes reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) elaboró sobre las actividades de Fernando Villavicencio Valencia, entre 2015 y 2016. Se trata de un informe que confirma la veracidad de las investigaciones publicadas por el periodista y evidencia con claridad la capacidad de seguimiento que tenía la Senain contra los ciudadanos. Expresiones como “miembro de CIA”, “opositor”, “ataques al presidente”, son lugares comunes utilizados por los agentes en el documento. Abuso de poder, violación a la intimidad, poca inteligencia y el gasto de mucho dinero público en el seguimiento son otras conclusiones a las que llegamos.

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