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Lo que debía ser un contrato revolucionario para la explotación petrolera ecuatoriana terminó en un fiasco, a pesar de los viajes de funcionarios del Estado invitados por la petrolera Ivanhoe a conocer una novedosa tecnología que nunca se llegó a aplicar en los campos del país.

El gobierno inauguró uno de sus proyectos emblemáticos, la planta de gas en tierra, cuyo tiempo de ejecución es casi el mismo de la "revolución": siete años. En el 2007, el precio referencial de la obra era de USD 97 millones, pero fue adjudicada sin licitación en USD 263 millones. Al final, el país acabó pagando USD 570 millones, una cifra superior en USD 473 millones a la adjudicación. Se estima un retraso de tres años, pues debió entrar en operación el año 2011.

Uno a uno los casos en los cuales el Ecuador ha reconocido más de USD 800 millones a las petroleras privadas transnacionales por concepto de indemnizaciones. ¿A quién beneficia el milagro petrolero ecuatoriano?

A puerta cerrada y con total hermetismo, las autoridades del Conatel y la Senatel analizan los términos económicos para la adjudicación de la banda adicional en el espectro radioeléctrico, a favor de las transnacionales América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), para los servicios de cuarta generación (LTE-4G). Se estima que para noviembre del 2013 haya una decisión sobre el costo que fije el Estado por este preciado bien estratégico.

Alegando supuestas violaciones a tratados de protección de inversiones, empresas de Estados Unidos y Canadá han demandado a la República ecuatoriana ante centros de arbitraje internacional. La mayoría de los fallos han sido adversos y si se ejecutan, podrían quebrar al país.

El Gobierno no pudo impedir que Trafigura se llevara al exterior gas que tenía almacenado, a pesar de la intención de impedirlo con buques de guerra de la Armada del Ecuador. La empresa siguió proveyendo de gas por medio de intermediarios.