Cuando el gobierno de Lenín Moreno Garcés entendió que el colapso del sistema de salud pública era realidad, el ministro de finanzas Richard Martínez junto al secretario general de la Presidencia Juan Sebastián Roldán, anunciaron el pago de mas de 320 millones de dólares de los bonos 20/20.

“En consecuencia se pagan cerca de 320 millones para acceder a 2000 millones de manera inmediata para acceder a fuentes de financiamiento que tenemos ya gestionadas hasta este momento”, dijo textual el ministro de finanzas.

Anuncio central del ministro Martínez: pagaremos 320 millones para recibir 2000 millones. El país aun no conoce los resultados de esos recursos 

La operación, detallada en la cadena nacional de la noche del 23 de marzo, ya había sido registrada el 20 de ese mismo mes en las cuentas del Banco Central y confirmado su pago por el vice ministro Alberto Esteban Ferro Ponce, siete días antes, según información publicada por Latinfinance:

“Los acreedores deben estar tranquilos porque la prioridad es pagar la deuda y que muy pronto los mercados tendrán muy buenas noticias”. https://www.latinfinance.com/daily-briefs/2020/3/16/exclusive-ecuador-shoring-up-credit-lines-coping-with-oil-price-drop-deputy-finmin

En esa misma cadena y en días posteriores el ministro Martínez precisó que el mayor componente de esos recursos gestionados (2.000 millones) provenían de China y que eran parte de una nueva operación garantizada con petróleo (a futuro).

El resto de los recursos dependían de acuerdos con multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (que deberían desembolsar 500 millones en la semana del 12 al 17 de abril). El gobierno no ha informado sobre esos recursos.

Con esa decisión los tenedores de esos bonos 20/20 podían estar tranquilos ya que el gobierno ecuatoriano les garantizó el pago a su valor nominal.

Horas antes del anuncio de Martínez, el Banco Mundial había recomendado públicamente que los países pobres suspendan los pagos de sus obligaciones con los multilaterales, como una forma de mantener liquidez frente a la crisis sanitaria mundial; un día después del pago, el Fondo Monetario Internacional se sumó a esa iniciativa.

Los bonos

Ecuador ha colocado en los mercados privados de capitales bonos por 20 mil millones de dólares. Esos papeles fueron negociados con un interés promedio del 10%, por lo que requieren un pago anual entre $1800 y $2000 millones. A su vez el próximo pago de capital debe realizarse en el año 2022 por 2 mil millones de dólares adicionales.

Según el economista Marco Flores, presidente del Foro de Economía y Finanzas Públicas, al mes de abril de 2020, tras la declaratoria de moratoria técnica de la deuda externa, la cotización promedio de los bonos ecuatorianos no superaba el 35% de su valor nominal. Flores agrega que en el caso de los bonos 20/20 las autoridades de finanzas garantizaron a los tenedores el pago al casi 100% de su valor nominal.

Una cena con los tenedores

Información obtenida por PI establece que en el pasado octubre, luego de las manifestaciones que hicieron tambalear al país, una delegación de alto nivel liderada por Alberto Esteban Ferro Ponce, viceministro de Economía; Juan Hidalgo, subsecretario de Financiamiento Público; Oswaldo Saenz, subsecretario de Política Fiscal y Esteban  Chediack, coordinador estratégico del Sector Externo, mantuvieron entre el viernes 18 y sábado 19 de octubre, varias reuniones con inversionistas extranjeros, entre ellos tenedores de los bonos global ecuatorianos, además de potenciales inversionistas que mantenían interés en “títulos del país”.

A esa fecha los observadores financieros del exterior sabían que Ecuador caminaba al default, como efecto de su recesión y la convulsión social expresada por rechazo a la eliminación de subsidios.

Según el informe que detalla el itinerario cumplido en Washington, las autoridades económicas lograron el ansiado acercamiento con los tenedores de los bonos. El viernes 18 de octubre entre las 20h00 y 22.30 se reunieron con el Credit Swisse, una de las entidades fideicomitentes de los bonos global. Fue esta entidad la que propuso la cena “para tener una conversación fluida” con tenedores y prospectos de tenedores de bonos 20/20, 20/25”, en Charlie Palmer Steak, un restaurante en el corazón de la capital de los Estados Unidos.

En la cena participaron Esteban Ferro, Juan Hidalgo, Esteban Chediack, Oswaldo Saenz y los tenedores. Lo seguro, en la conversación de sobremesa la delegación ecuatoriana tranquilizó a los tenedores asegurándoles el pago de los 20/20 y tal vez de otros bonos.

En las condiciones actuales de la crisis del Covid19 el valor de esos bonos, si tienen algún valor, literalmente están en el piso.

Los asesores de Martínez

El gobierno ecuatoriano contrató a un grupo de estudios jurídicos nacionales y del exterior para facilitar la negociación de la deuda con los multilaterales y las repúblicas de China y Tailandia. Una de las principales firmas contratadas es Hogan Lovells LLP (HL), domiciliada en Miami, la misma consultora que asesoraba a Rafael Correa en la negociación de las líneas de crédito pagadas con petróleo a los citados países del Asia.

La consultora Hogan Lovells es investigada por la Fiscalía General del Estado por la trama de corrupción de Petrochina que, según la Contraloría General del Estado, validó las fórmulas de precios perjudiciales propuestas por la empresa china para pagar la deuda externa.

HL además es el mismo bufete contratado en 2017 por el expresidente Jorge Glas para supuestamente investigar las transferencias de dinero de Odebrecht a Glory International, empresa relacionada a su tío Ricardo Rivera.

El estudio jurídico ecuatoriano que acompaña en la misma condición a HL en las negociaciones con los acreedores es Pérez, Bustamante & Ponce, al que pertenece el abogado Francisco Roldán Cobo, tío del secretario general de la presidencia, Juan Sebastián Roldán que, en la noche del anuncio del pago de los bonos, acompañó en la cadena nacional al ministro de finanzas, Richard Martínez.

En la misma línea, como asesor principal se encuentra el estudio Clifford Chance, radicado en Nueva York, que colaboró, en febrero de este año, en la emisión de bonos por 400 millones de dólares y con tasa de interés 7,25%, para financiar el proyecto de vivienda “Casa para todos”, en colaboración con el estudio jurídico Fabara & Asociados.

El viceministro off shore

Si viajar por el mundo y negociar con tenedores de la deuda es un placer y un desafío, no existen palabras para definir a un funcionario de alto nivel que negocie la deuda y sea el titular de empresas en un paraíso fiscal, en abierto desacato a las leyes de su país.

Se trata de un acto que burla la normativa nacional, que prohíbe a los funcionarios poseer empresas en paraísos fiscales. Este es el caso de Alberto Esteban Ferro Ponce, el viceministro que cenaba con los tenedores.

La normativa del país, que se impuso por consulta popular establece que los funcionarios públicos están prohibidos de poseer bienes en paraísos fiscales y quienes lo tengan, debieron renunciar a ellas hasta el 6 de marzo de 2018.

En otras palabras Esteban Ferro está en default con la ley.

Las compañías Riomanzo S.A., GMS Services y LIB Services aparecen vinculadas al citado viceministro y su familia, según información compartida por la periodista de La estrella de Panamá, Marlene Testa.

Las acciones de Riomanzo están a  nombre de GMS Services y LIB Services, radicadas también en Panamá y vinculadas a la familia Ferro a través de terceros como son: Lisímaco López y López y Eduardo Céspedes, parte del estudio jurídico Galindo Arias y Lopez.

Las empresas están vigentes y sus últimas acciones de tipo civil se registraron hace pocos días.

En la escritura de Riomanzo sus titulares José y Gabriela Ferro señalaron como dirección domiciliaria la avenida González Suárez de Quito, edificio Torre Sol II. Mientras que el viceministro señaló como domicilio un barrio residencial en las afueras de Boston, Massachussets, Estados Unidos.