Luego de más de dos años de que la Flota Petrolera Ecuatoriana, (Flopec), empresa de la Fuerza Naval, suspendiera unilateralmente el contrato de provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con la transnacional Trafigura Beheer BV, por incumplimientos contractuales, un acuerdo transaccional, desautorizado por la Procuraduría del Estado, permitiría a la compañía holandesa volver directamente al mercado de hidrocarburos ecuatorianos, dejando en el olvido millonarios litigios judiciales, y hasta ácidos adjetivos, como el de “mafiosa”, acuñado por el presidente Rafael Correa.

El procurador del Estado, Diego García Carrión, reveló el controversial entendimiento, en respuesta a una consulta del asambleísta Cléver Jiménez, en la cual desmiente su aval para la firma del acuerdo: “no existe ninguna solicitud ni autorización de mi parte, para que Flopec y la compañía Trafigura Beheer BV instrumenten el mencionado compromiso adicional, según se asevera en el oficio en referencia, particular que fue informado mediante escrito del mismo 6 de junio de 2013 a los jueces de la Primera Sala Distrital, de lo Contencioso Administrativo, dentro del juicio No. 574-2011 NRG, que sigue Flopec contra Trafigura.”, sostiene el abogado del Estado.

Con base en el acuerdo mencionado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, suspendió el juicio que Flopec planteó en contra del poderoso intermediario petrolero, a través de providencia del 29 de mayo del 2013.

Desde mayo del 2011, la estatal Flopec y Trafigura han mantenido una serie de demandas y contrademandas, en tribunales del Ecuador, a raíz de que la empresa de la Armada Nacional, encargada de importar el GLP, suspendiera el contrato a Trafigura, frente a la negativa de la compañía extranjera de cumplir con la provisión de 1 300 000 tm de GLP + 20% adicional, con un diferencial de 73 USD/t. Como parte de las sanciones, Flopec aplicó la garantía de USD 6 millones y retuvo además valores por USD 42 millones.

De acuerdo con el contrato, Trafigura debió entregar 1 560 000 t, incluyendo el 20% adicional, pero, hasta el 30 de abril de 2011 apenas entregó al país 1 191 000 t, el saldo de 369 000 t, fue el motivo de la disputa. El incumplimiento de Trafigura habría provocado una pérdida para el país de USD 60 millones, indican las cifras de Flopec.

Según analistas del sector petrolero, quedaría en evidencia que, para consumarse el Acuerdo, el gobierno -a través de Flopec- debió hacer concesiones a la transnacional, como reducir el volumen de 369 000 toneladas a 150 000, una pérdida de 219 000 toneladas para el Estado, las cuales debieron entregarse con el diferencial de 73 USD/t. Además, dejando sin sanción una violación de la soberanía nacional, como fue sacar de aguas territoriales ecuatorianas, sin autorización, un buque con 11 500 t de gas, considerado reserva estratégica del Estado.

En agosto del 2013, Ximena Bustamante, del Centro de Mediación de la PGE, a través de memorando 462 DNCM-2013, puso en conocimiento del Procurador el documento de acuerdo suscrito entre Danilo Moreno y Jorge Acosta de Flopec, y Mario Barrigón y Gonzalo González de Trafigura, en el cual solicitan a la Procuraduría incorporar en el Acuerdo, la entrega de 40 000 t adicionales a las 110 000 t comprometidas anteriormente.

El Procurador precisó que Flopec no había solicitado autorización para establecer acuerdo alguno. En el Centro de Mediación de la Procuraduría tenían claro que cualquier acuerdo entre las partes exigía la autorización del directorio de Flopec, y que se cumpla con el 20% adicional de gas incumplido por la transnacional. Esta realidad queda en evidencia, cuando a través de oficio 10071, de 5 de octubre del 2012, la PGE solicitó a Flopec “remitir el informe técnico con el que se soporte el acuerdo transaccional entre dicha empresa y la compañía Trafigura, que implica la renuncia del 20% adicional que fue solicitado el 17 de enero de 2011; así como la Resolución del Directorio de Flopec, que determinó los montos sobre los cuales el Gerente General debe solicitar autorización, conforme al artículo 18 letra e) de su estatuto.”

Dos días después de que el Tribunal Contencioso Administrativo dejara sin efecto el juicio, por el Acuerdo entre Flopec y Trafigura, el Procurador en un correo electrónico informa al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que las partes se han adelantado a pedir la suspensión del juicio, y que para ello supuestamente contarían con el aval del Directorio de Flopec Ep, instancia que: “ha autorizado a reanudar las conversaciones y que han llegado a un nuevo entendimiento por 40 000 toneladas métricas de GLP adicionales a las 110 000 que estaban pendientes de entregar de las 1 300 000 contratadas originalmente. Estas 40 000 son parte de las 260 000 del +20% que Flopec podía pedir de acuerdo al contrato. Al igual que en la ocasión anterior, se les ha pedido que presenten el proyecto de acuerdo y los informes que respalden la decisión de renunciar al resto. Sin embargo, veo que se han adelantado a pedir una suspensión del juicio contencioso administrativo en base a este supuesto acuerdo en el Centro de Mediación de la PGE, en donde el trámite al momento esta archivado. Se puede reabrir pero debieron coordinarlo previamente.”, puntualiza la nota.

La respuesta de Mera está fechada 3 de junio del 2013, con copia a Pedro Merizalde, Rafael Poveda y Jorge Glas Espinel, en ella, al tiempo de coincidir con el Procurador, se muestra partidario de que se cumpla el contrato: “no veo un arreglo posible si no se aceptan las 260 000 toneladas más…”, sostiene.

EL TORTUOSO PROCESO DEL GAS EN TIERRA 

Desde el año 2007, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), asumió la construcción de la planta de almacenamiento de GLP en Monteverde como parte del proyecto orientado a eliminar los intermediarios y los enormes costos de almacenamiento flotante y alije de gas, negocios monopolizados por la transnacional Trafigura-Depogas, con un costo superior a los 57 millones de dólares anuales.

En julio del 2007, se firmó el Convenio de Alianza Estratégica entre Petroecuador y Flopec para la construcción de la planta de almacenamiento en tierra por 20 años. Para ese año, el proyecto costaba 97,4 millones de dólares, según las bases del concurso realizado por Petrocomercial. El 22 de junio del 2007, en la administración de Carlos Pareja Yanusseli, se declaró desierto el concurso, porque todas las ofertas superaron el presupuesto referencial. A esa fecha, la oferta más conveniente fue de USD 160 millones; sin embargo, Petroecuador suspendió el concurso, debido a que “había una diferencia desproporcionada entre el presupuesto referencial de USD 97,4 millones y las ofertas presentadas por las oferentes (sic)”.

En el Gobierno de la revolución ciudadana, y con el paraguas del estado de excepción, el proyecto fue adjudicado de manera directa, por decisión del presidente Rafael Correa, por un costo estimado de USD 263 millones, de los cuales 150 millones invertiría Flopec y 113 millones, Petrocomercial. El costo final experimentó un incremento de 300%, hasta la fecha de la adjudicación; sin embargo, al finalizar el 2012, según versión oficial su costó se disparó a USD 520 millones. Un incremento de USD 360 millones de dólares. A esto se deberán añadir los costos por casi tres años de lucro cesante.

Esta investigación fue escrita por Fernando Villavicencio Valencia; publicada en Focus el 09 de octubre de 2013.