Era muy difícil de creer que luego de semejantes acusaciones a Trafigura por parte del Gobierno, la multinacional se quedaría en el país. Pese a todo pronóstico, en junio del año 2009, el Ejecutivo volvió a contratar la provisión de gas licuado con la compañía, con algunas concesiones para el país, como un diferencial de 73 USD/t, frente al anterior de USD 119, para proveer 1 300 000 toneladas + – 20%, contrato a ejecutarse desde noviembre del mismo año.
En circunstancias en que Flopec no tenía base jurídica para vender el gas a Petroecuador a precios internacionales, se ensambló un puente contractual con la estatal Petroecuador. Para el efecto, en noviembre del 2009, se firmó otro contrato entre Flopec y Petroecuador, para la provisión del gas recibido de Trafigura, pero con el diferencial incrementado a 74,45 USD/t, o sea 1.45 USD/ t superior al diferencial de 73 USD/t, del contrato entre Flopec y Trafigura. El contrato establecía como condición la entrega del producto en el terminal de Tres Bocas, es decir que tanto los costos del buque flotante como de los buques alijadores, se incluían en el diferencial de 73 USD/t pactado con Trafigura.
De ser de interés del país, Flopec estaba en la obligación de exigir a Trafigura que incluya el 20% adicional, 260 000 toneladas, sumando un total de 1 560 000 t, con el mismo diferencial de 73 USD/t, o de lo contrario, dar por terminado el contrato con las opciones de – 20%, o con la base contractual de 1 300 000 t. Pero, sorpresivamente, desde diciembre del 2010, Trafigura empezó a notificar la «imposibilidad» de cumplir con el contrato, debido a un supuesto aumento de los costos de importación (diferencial).
En carta de diciembre del 2010, Flopec hace conocer a EP Petroecuador, que «Trafigura preferiría perder los 6 millones de dólares de la garantía a perder 17 millones de dólares y otras pérdidas incrementales hasta cumplir con el volumen del contrato». La amenaza de Trafigura era una realidad inminente. Ante el estado de emergencia en que podía quedar el país, Flopec convocó dos concursos de provisión de GLP, los cuales quedaron en simples amagues. Luego de esos intentos fallidos, la Armada devolvió la responsabilidad de la importación de gas a EP Petroecuador, al cual se la arrebató en el año 2009.
El mando naval sabía que acabar el contrato el 30 de abril del 2011, sin argumento jurídico alguno, implicaba un perjuicio al Estado de «60 millones de dólares».
Presionada por las circunstancias, Flopec promovió la terminación de los dos contratos, tanto con Trafigura, como con Petroecuador, según consta en el oficio No. GGR-AL-032-11, de 26 de febrero del año 2011, dirigido al ministro coordinador de Seguridad Interna, Homero Arellano, firmado por el gerente de la Flota Petrolera, Arturo Romero: «Actualmente nos encontramos en trámite de terminación del contrato suscrito con Petroecuador para la provisión de este producto, por cumplimiento del plazo contractual, acción que una vez ejecutada, dará lugar a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por causas de carácter económico imprevistas, conforme a lo determinado en el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Procuraduría General del Estado, toda vez que la terminación por cumplimiento del plazo, en lugar de la opción volumen más el 20% que significa una carga para el Estado de más de US$ 60.000.000.
La finalidad de solicitarle una reunión es porque el suministro de GLP, es un asunto relacionado con la seguridad interna del Estado, considerando que la terminación de los contratos con EP Petroecuador y la Empresa Trafigura deben ejecutarse a la brevedad posible, a fin de poder solventar el fletamento de los buques para el almacenamiento y servicio logístico nacional y en el caso de que al 11 de marzo del año en curso por cualquier causa no se adjudique el contrato para la provisión de este producto, FLOPEC, se vería abocado a una contratación directa».
No escapó al alto mando militar la intervención a favor de la terminación de los contratos por acuerdo entre las partes, como se desprende del oficio COGMAR-CDO-006-O, del 18 de enero del año 2011, dirigido por el comandante de la Fuerza Naval, Jorge Gross Albornoz, al Jefe del Comando Conjunto, a través del cual solicita poner el caso en conocimiento del Ministro de Defensa, Javier Ponce y del Consejo de Seguridad Nacional, e interponer sus buenos oficios ante las autoridades de control del Estado, «… a fin de obtener la autorización requerida para continuar con las acciones de solución establecidas».
El trader holandés interpretó que el contrato concluía el 30 de abril del 2011, y no como textualmente dice, «hasta la provisión de 1 300 000 Tm +- 20% a criterio del comprador» (Estado); bien podía ser el 30 de abril, u otra fecha antes o después.
Hasta el 30 de abril del 2011, Trafigura entregó al país apenas 1 191 000 t de gas; es decir, no cumplió siquiera con el volumen base del contrato de 1 300 000 t, peor el 20% adicional de 260 000 t, reclamado por Flopec, lo cual sumaba 1 560 000 t. La diferencia de 369 000 t es lo que Trafigura se negó a entregar al Estado ecuatoriano.
DE PODER A PODER
El final de la historia para que se hayan vaporizado 60 millones de dólares, es como sigue: En abril de 2011, EP Petroecuador nuevamente a cargo del negocio de importación, hizo una «invitación a ofertar» para la provisión de gas, pero sólo a empresas estatales, en la cual aparecieron como ganadoras dos compañías que no cuentan con saldos exportables: Ancap de Uruguay y PMI de México, aplicando un diferencial de 220 U$/t hasta el buque flotante, más 40 U$/t adicionales por costos de almacenamiento y transporte en buques alijadores hasta el Terminal Tres Bocas, este último rubro a favor de Flopec, la cual se quedó a cargo de los buques de Trafigura. La diferencia de 187 USD/t (260-73) multiplicada por 369 000 toneladas no entregadas por Trafigura, dejó un nuevo perjuicio al país, como lo ratifica la propia Flopec, de 60 millones de dólares.
En relación al contrato de provisión de GLP con Ancap y Pemex (PMI), el exministro Pastor aseguró que el gas entregado por Ancap provino de Dubai, y que el intermediario que entregó el gas a la estatal mexicana PMI era Braskem y no Trafigura. Fue la propia información remitida por Petroecuador a la Asamblea Nacional, la que desmintió al exministro Pastor: el cargamento de 35 000 toneladas de GLP a nombre de Ancap, provino del puerto Taboguilla en Panamá, y no del Emirato Árabe.
De las facturas, conocimientos de embarque y certificados de origen remitidos por EP Petroecuador a la Asamblea, se colige que el cargamento de propano correspondiente a junio del 2011, fue cargado por Trafigura, pese a encontrarse descalificada en Ecuador. Trafigura lo transfirió a Braskem, ésta a Petróleos Mexicanos PMI, y al final a EP Petroecuador, una cadena de cuatro intermediarios, que encarecieron el producto.
Según el legislador Jiménez, será muy difícil preguntarle a Trafigura sobre soberanía u otros valores que guarda un Estado, por ello, no le importó poner en riesgo el abastecimiento de GLP, ni las consecuencias sociales, económicas y políticas que podía generar.
El 26 de abril del 2011, la compañía «reexportó» un buque con 11 000 toneladas de gas licuado ya internalizado en el país (almacenamiento flotante), según el contrato considerado reserva estratégica del Estado; lo sacó del país a vista y paciencia del mando militar, de los ministros: Wilson Pastor, Javier Ponce, Homero Arellano y Jorge Glas, en medio de fragatas y helicópteros, que nada pudieron hacer frente al poder de la «mafiosa» Trafigura.
La multinacional, dejó al país indefenso, de rodillas, ante un inminente estado de desabastecimiento del combustible, que incluye problemas sociales y políticos al Gobierno, como advirtió en la sesión del Directorio de Flopec, el gerente, Arturo Romero el 1 de noviembre del año 2011, fecha en la cual reveló el atentado de Trafigura: «Esta gerencia fue hasta el ministro coordinador de seguridad, hasta el ministro de defensa, hasta el Ministro Glas, hasta el Ministro Pastor, porque sobre nosotros y a través del canal regular que es el Presidente de la Empresa, fuimos a todas estas instancias, ¿por qué? porque se cernía un evento marco, que era el desabastecimiento, porque el Ecuador tiene solamente 48 horas de reserva sin gas, y el 30 de abril la compañía ya nos cerró la provisión, entonces este se volvió un asunto de Estado, por eso es que cuando nosotros decimos el monto, es porque estamos peleando contra Trafigura en calidad de corrupto, entonces el señor ministro de Defensa, para que vean la gravedad de la situación a la que se enfrentaba esta empresa y este gerente, dispone al Comandante General de la Marina y al Presidente de la Empresa, que unidades navales de superficie y helicópteros no le dejen salir al buque que se llevaba ilegalmente 11 mil toneladas métricas de gas.
Seguimos avanzando y el problema siguió escalando, porque al hacer la consulta al Procurador General del Estado, el Procurador dice que esos no son de esta empresa, sino del pueblo ecuatoriano, y que permitir que esa empresa haya cortado el contrato cuando quiso y se haya llevado las 11 000 tm era un evento que afectaba el bienestar de la población…».
El Directorio estuvo presidido por el Comandante de la Marina, Valm. Jorge Gross Albornoz, y los demás miembros: Calm. José Noritz Romero, Calm. Angel Sarzosa Aguirre, Calm. Gustavo Páez Guamán, el CPNV (Sp) Arturo Romero Velásquez, Gerente General de Flopec, el CPFG Mac Mera Cárdenas, Director de Empresas, y Manuel Rodríguez Dalgo.
Faltando cuatro días para irse del país, la empresa Depogas, subsidiaria de Trafigura, y responsable del almacenamiento flotante de gas licuado, solicitó al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el 26 de abril del 2011, le otorgue autorización para reexportar 11 500 toneladas métricas de GLP, desde el almacenamiento flotante con destino a Balboa Panamá, a través del buque Baltic-Gas.
La autorización fue emitida por la autoridad aduanera, como una acción más para un buque cualquiera, sin que le hagan mella los casquillos de la artillería disparada por las autoridades en la batalla naval de oficios por impedir que el buque de la «mafiosa» se escape de las torpederas, dejando un insoportable olor a huevo podrido.
Demandas y contrademandas
Luego de ser suspendida por contratista incumplida, Trafigura demandó a Flopec ante el Tribunal Contencioso Administrativo por USD 100 millones; de igual forma Flopec contrademandó a Trafigura. Además, la multinacional presentó un recurso de protección ante un Juzgado de Tránsito de Pichincha, instancia que negó el pedido.
El trader apeló el fallo; en segunda y definitiva instancia, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, concedió el recurso de protección.
De nada valió que el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera Giler, advierta a todos los operadores de justicia del país, con sanciones a quienes acepten un recurso de protección en contra del Estado, como consta en el Oficio Circular No. T1.C1-SNJ-10-1689, de noviembre 18 del 2010. ¿Cómo entendemos que tres jueces, hayan inobservado tan importante instrucción presidencial, en momentos en que vivíamos un Estado de Excepción en la Función Judicial?, se pregunta el legislador Jiménez.
