Una revolución es un salto, un remedio histórico para una enfermedad estructural, es como “una aspirina del tamaño del sol” para curar grandes dolencias, diría el poeta salvadoreño Roque Dalton, y el pueblo llano completaría, sentenciando que un cáncer no se cura con paños de agua tibia. Así las cosas, una revolución es un cambio de cualidad o no es nada.
Luego de casi tres décadas de “retorno a la democracia”, con tres derrocamientos presidenciales, producto de una permanente rebelión social en contra del denominado modelo neoliberal (ajuste estructural); a partir del 15 de enero del año 2007, con el ascenso de Rafael Correa, respaldado por las principales fuerzas de izquierda y los movimientos sociales, se empezó a incubar en el imaginario ecuatoriano, una esperanza de cambio decorada con el slogan de “Revolución Ciudadana”, bajo un concierto de voces e íconos liberales y de izquierda, como el Che, Bolívar y Alfaro.
Durante este tiempo, el Movimiento PAIS, tuvo todo el poder en sus manos: una asamblea constituyente de plenos poderes, con la cual redactó una Constitución a la medida; el apoyo mayoritario de la población como nunca antes en los últimos 35 años; el respaldo incondicional de las organizaciones y líderes sociales; y principalmente, enormes recursos económicos que, acumulados en seis presupuestos estatales superan los 150 mil millones de dólares.
¿Cuánto de cambio estructural se avanzó en seis años de “Revolución Ciudadana”, más allá del celofán de la propaganda? La respuesta que proviene del imperdonable mundo de la economía, donde las cifras se remuerden en los discursos políticos, es que, “estructuralmente, no hemos cambiado nada”. Y fue el propio Rafael Correa, quien ilustró semejante realidad: “Nos ha ido recontra bien haciendo lo mismo de siempre, somos una de las tres economías que más han crecido en América Latina (…). Sin embargo, tenemos un problema –entre otros- estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre”.
Pero, que le haya ido “recontra bien” al gobierno, a decir de los analistas consultados, no implica haber cambiado de modelo de acumulación, es decir, haber transformado, o siquiera empezado la transformación económica, a lo sumo como coinciden todos, es haber cosechado la generosidad de altos precios del petróleo; un implacable régimen de impuestos; un creciente endeudamiento externo hacia las economías emergentes; y, la profundización del extractivismo, reflejado en el impulso a la minería a gran escala, la decisión de explotar el bloque petrolero Ishpingo, Tambococha, Tiputini ITT, en el Parque Nacional Yasuní, y la construcción del llamado complejo petroquímico, Refinería del Pacífico, todo ello bajo el manto de un Estado cada vez menos democrático y participativo.
La “jaula de hierro” del consumismo
Para el inicio del segundo mandato de Correa, se ha empezado a posicionar como referente, el cambio de la matriz productiva, que se lo ubica como la visión estratégica del nuevo período. El solo anuncio de la propuesta, luego de seis años de vida de la revolución ciudadana, deja un amargo sabor, y la recurrente pregunta: ¿qué cambios revolucionarios se gestaron en el primer período? Contrario al discurso gubernamental, este fue un tiempo donde se privilegió a los grupos de importadores y financistas, llegando a patentar en el mercado, un sello esquizofrénico de gasto y consumo, jamás vistos.
Las proclamas del régimen de condena al consumismo al que llamó “jaula de hierro”, en la práctica acabaron reforzando los barrotes del tan cuestionado “capitalismo desgastado”.
En palabras del analista Pablo Ospina, luego de seis años de promocionar la “sustitución selectiva de importaciones”, ellas crecieron entre 2007 y 2012 de 13 900 a 25 200 millones de dólares. El déficit de la balanza comercial no petrolera llegó en el año 2012 a la estratosférica suma de 8 600 millones de dólares.
El más beneficiado ha sido el sector financiero, que proporciona el crédito para casi todas las importaciones, por lo que no son raras las extraordinarias ganancias que han tenido durante los últimos años. Es evidente que el burbujeante aumento de la demanda del sector público durante la revolución ciudadana, es decir, el aumento del gasto y la inversión del Estado, en lugar de servir de aliento para una nueva producción local, alentó, en cambio, junto con la mayor demanda de los hogares, el aumento incontrolable de las importaciones.
No solo los críticos coinciden en esos criterios, desde las filas principales del gobierno, confiesan y reconocen la gravedad de la crisis. Una reconocida figura del neoliberalismo, hoy asesor de la presidencia, Eduardo Egas Peña, contratado exclusivamente para apoyar el cambio de matriz productiva, señaló que el modelo vigente presenta síntomas de estancamiento.
Reconoció además, el impacto de la dolarización en la balanza de pagos, en lo cual fue categórico: “La dolarización ha hecho atractivas las importaciones y disminuido las exportaciones”, lo dijo ante un auditorio lleno de empresarios, en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, en julio de 2013.
Durante los primeros seis años de “revolución ciudadana” no se han visto cambios de fondo, la estructura productiva del país sigue siendo la misma. Situación reconocida por la propia Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en septiembre del 2012, en las reveladoras cifras de que: el 71% del aparato productivo del país se sostiene en la producción de bienes primarios, el 21% en bienes industrializados y el 8% restante en servicios.
El modelo se volvió insostenible por diferentes variables: el gasto público dependiente del petróleo, la inversión extranjera casi inexistente e inversión privada insuficiente, esto sumado a la balanza comercial que en el 2006 aportaba USD 1 600 millones a la economía pero desde el 2012 pasó a estar USD 2 300 millones en contra.
Han pasado seis años y las intenciones del gobierno por cambiar el sentido productivo se ven cada vez más nulas frente a las decisiones recientes de continuar explotando las últimas reservas de petróleo que le quedan al país (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), accionando así el mismo “capitalismo destructivo” y profundizando en tendencias reprimarizadoras de la economía, la concentración de las exportaciones en pocos productos, bajo nivel de valor agregado en las exportaciones, una constante y muy baja participación de la industria.
Un análisis realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), marca de forma dramática el fracaso de la revolución económica del correísmo. Las cuentas nacionales registran un paulatino deterioro en su participación en relación al Producto Interno Bruto (PIB), y en la Balanza Comercial No Petrolera de los últimos seis años.
Las cifras correspondientes al menos a cinco rubros: agricultura, petróleo, manufacturas, construcción y comercio, durante el período comprendido entre el año 2000 -en la peor crisis financiera de todos los tiempos-, y el año 2011, podrían sugerir un título: “la revolución perdida”.
El lenguaje de las cifras
En la industria agrícola podemos visibilizar que en el año 2000 a pesar de la crisis de la época, su participación en el PIB significó un 8.5%, para el año 2006 cuando se aprestaba a gobernar el Movimiento PAIS, el porcentaje bajó a 8.0% y, al año 2011, la cifra cayó al 7.4% del PIB.
En lo que respecta a la participación de petróleo y minas en el PIB, el porcentaje el año 2000 se enmarcaba en un 10.2%, para el 2006 se recuperó al 12.9%, pero al año 2011, la cifra se redujo a un 9.7%. La refinación de petróleo sigue la misma lógica en porcentajes, mientras el año 2000 se presentaba un 3.1%, para el 2006 la cifra se redujo a 1.9%, y para el 2011 la cifra bajó aún más, hasta ubicarse en 1.6%.
La participación de la manufactura en el PIB del año 2000 representó el 12.1%, al asumir el control el gobierno actual la cifra bajó a 11.7%, aunque al 2011, dicho rubro mejoró a 11.8%, sin embargo no logró recuperar el nivel de 11 años atrás, la época de la llamada “partidocracia”.
En cuanto a la participación del comercio en el PIB, podemos una vez más constatar la caída desde un 11.2% en el año 2000, hasta un 10.7 en el 2006 y un aumento mínimo al 10.9% en el año 2011.
Para el año 2011 el Valor Agregado Bruto por la industria del transporte arrojaba un 6.5%, una cifra baja en comparación al año 2000 que presentaba un 7.1% y relativamente mayor al 6.3% del 2006. En el campo de la enseñanza, servicios sociales y salud, para el año 2000 registraba un 8.5%, cayó al 7.5% en el año 2006 y al año 2011 la cifra bordeaba el 7.8%.
El Valor Agregado Bruto por industrias en lo que se refiere a la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, pasó del 5.9% en el año 2000, a 5.2% y 5.1% en el 2006 y 2011 respectivamente. Una caída constante. La excepción sin duda está en la industria de la construcción, que llegó al 9.8% en 2011 después de haber atravesado bajas aportaciones en el año 2000 con un 6.0% y en el año 2006 un 8.0%.
Este quiebre reflejaría el impulso que dio el régimen a la construcción de carreteras, a través de una modalidad de contratación directa; el súbito despegue de monumentales construcciones urbanas, con capitales de dudosa procedencia, cuyos efectos tendrán consecuencias posteriores, en lo que algunos expertos se anticipan en llamar: la versión criolla de la burbuja financiera-hipotecaria.
Petróleo, impuestos y endeudamiento
Los agregados macroeconómicos confirman que el país atraviesa por una grave crisis estructural, encubierta en los altos precios del petróleo y de los demás productos básicos exportables como: café, cacao, banano, flores. La relativa mejora en los indicadores sociales, como pobreza y empleo se sustentaron, exclusivamente, en la dinamia del gasto público, el cual dependió en gran medida del precio internacional del petróleo, el incremento de los impuestos, y el endeudamiento externo con China.
Durante los pasados seis años, el propósito fundamental de la política económica fue fortalecer el aparato estatal, concentrando los ingresos tanto públicos como privados -a través de un endurecimiento de la política tributaria-y, a partir de ello, en un aumento considerable del gasto público. La relativa dinamia reflejada en la economía nacional, con tasas promedio de crecimiento del PIB de alrededor del 4% anual, se debió al enorme aumento del gasto corriente y, en menor proporción, al incremento de la inversión pública.
Los altos precios del petróleo y el incremento de la recaudación tributaria permitieron al gobierno dirigir la economía incrementando el gasto público, desestimulando la actividad productiva privada, al punto en que, actualmente el Estado concentra el 60% de las actividades económicas totales.
Resultaba evidente que un modelo económico de esa naturaleza empezaba a dar señales de agotamiento y, lo que es más grave, estaba acumulando desequilibrios en el sector fiscal y en la balanza comercial.
De continuar con la misma política económica de los primero seis años, era previsible que los efectos nocivos de dicho manejo pudieran empezar a hacerse presentes a partir del presente año. La expresión del analista económico, Walter Spurrier, de que el país se encontraba al borde de una “Parada de Burro”, daba a entender que se había llegado a una etapa en la cual el gobierno estaba obligado a cambiar de rumbo. Se esperaba que para la segunda mitad del año 2013 los vicios del modelo del “socialismo del siglo 21”, iban a estallar en la superficie.
Mientras los aliados incómodos, abandonan el gobierno, por sus propios pies, o por algún efecto externo, resulta evidente el acercamiento del régimen, a aquellos grupos llamados oligárquicos. En esa dirección, algunos advierten una consolidación de los grandes monopolios de la economía, mientras que la suerte de la clase media y de los sectores vulnerables, se mantendrá únicamente, si se garantiza estabilidad a la burocracia y se perpetúan los subsidios, financiados con los altos precios del petróleo. Escenario no previsible de acuerdo con los primeros anuncios del gobierno de eliminar el subsidio al gas, y la supresión de partidas.
Demasiado tarde el gobierno ha reconocido –tímidamente- que su proyecto político estaba sustentado en bases económicas demasiado endebles. El cambio de giro en la política económica es, pues, un reconocimiento fáctico de que la economía ecuatoriana pronto enfrentará problemas, razón por la cual el gobierno ha decidido cambiar drásticamente de dirección del modelo de desarrollo, la modificación de la matriz productiva.
Matriz productiva para el Buen Vivir
Apenas el Presidente ganó las elecciones, realizó un sorpresivo viaje a tres países de la Comunidad Europea y al Vaticano, a su retorno al país anunció la decisión de modificar su política económica; por una parte, profundizando la apertura comercial a dichos países a través de la suscripción de acuerdos comerciales, y por otra, a través del cambio de la matriz productiva. Quien lleve la bandera de tan trascendental proyecto será el vicepresidente, Jorge Glas Espinel.
Simultáneamente, a ese anuncio presidencial, la embajadora de Ecuador en EEUU, Natalie Celi adelantó que el gobierno estaba listo a “volver al mercado internacional de financiamiento”, dando a entender que la modificación de la matriz productiva se financiaría en parte, a través de fondos del antes vilipendiado sistema financiero internacional: FMI, BM, BID.
Este inesperado giro se produce cinco años después de que el presidente Rafael Correa acusara a los representantes de los multilaterales de ser una burocracia internacional que nos trata como colonias. Las expresiones se dieron en medio de la expulsión del representante del Banco Mundial, Eduardo Somensatto, afirmando que así enseñará a esos organismos a respetar al país. En la misma dirección, en septiembre de 2012, el canciller Ricardo Patiño, en una conferencia en México, señaló que “Las claves para nuestro crecimiento fue expulsar al FMI y al BM…” De pronto el limón se volvió una dulce mandarina.
De lo expuesto se desprende que el gobierno estaría dejando de lado el discurso del “socialismo del siglo 21”, para alinearse con una visión de carácter desarrollista, mucho más cercana a las experiencias de los gobiernos considerados neoliberales.
El cambio de la matriz productiva, implica, en palabras de sus autores “el paso de un patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor agregado, así como los servicios basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad”.
Los términos utilizados por los inspiradores del cambio de la matriz productiva, hablan de dejar atrás un modelo dominante basado en la exportación de materias primas y recursos naturales, prácticas no amigables con las bases graníticas del Buen Vivir. En la biblia del Sumak Kawsay, como consideran algunos críticos, al documento de la Senplades, efectivamente, en terminología, el gobierno marca los senderos: “El Ecuador ha dejado atrás los libros de textos ortodoxos y plantea un nuevo pensamiento y praxis económica. Los organismos internacionales como el FMI y el BM se mantuvieron flotando sobre el bien y el mal, pero el Ecuador encontró la salida para volverlos a su lugar… Nuestros créditos externos van ahora a suplir las necesidades del país y están dirigidos a nuestro ambicioso plan de inversión productiva”.
En esa dirección se articulan tres líneas matrices: el cambio de la matriz energética, es decir, el salto del consumo de combustibles fósiles a energías limpias provenientes de las nuevas centrales hidroeléctricas y la bioenergía; la sustitución selectiva de importaciones por el fomento a las exportaciones; y, el proyecto Yachay, la ciudad del conocimiento, el cual permitiría elevar al Ecuador, a la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento.
El espíritu de la nueva matriz productiva, se sostiene en el cambio de los recursos finitos por los infinitos, como reza el plan: “Queremos avanzar hacia una economía diferente, en la que la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento nos permitan transitar de una economía de los recursos finitos -es decir, de la producción y exportación de recursos naturales-, hacia la apropiación científica, económica e industrial de esos recursos, para alcanzar la economía de recursos infinitos, basados en el fortalecimiento de las capacidades y los conocimientos de la fuente más valiosa que tenemos: la población de nuestro país”, dicen los postulados.
También se plantea industrializar la actividad minera, “en el marco de la gestión estratégica, sostenible, eficiente, soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable”.
Ejes para la transformación de la matriz productiva
1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país.
2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables.
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica.
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos – particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado –alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos.
Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de cambio de la matriz productiva.
No tan emblemáticos
De los documentos que tiene en su poder Plan V, referidos a los proyectos emblemáticos, en los cuales se sostiene el cambio de la matriz productiva y energética: contratos mineros, construcción de la Refinería del Pacífico, instalación de un complejo siderúrgico, entre otros, información que entregaremos en varias ediciones, se pueden identificar elementos que contradicen las propuestas y objetivos del Buen Vivir y el cambio de la matriz productiva.
En ellos se advierte que la propuesta de industrialización minera, orientada a agregar valor nacional, no es precisa, pues los contratos señalan que la industrialización se realizará especialmente en China, de donde provienen las contratistas. Respecto al proyecto petroquímico, Refinería del Pacífico, cuyas metas y objetivos, son eliminar las importaciones de combustibles y generar productos derivados del petróleo, también se contradicen con los estudios oficiales, en los cuales se sostiene, por ejemplo que, la producción de GLP no abastecerá a cubrir la demanda interna; y, algo más preocupante, que los productos bases para la petroquímica: benceno, xileno y polipropileno, serían exportados a la Costa del Pacífico de EEUU y a China.
Textualmente el estudio de RDP señala que con la nueva planta, Ecuador dejará de ser exportador de petróleo y se convertirá en importador de crudo pesado y exportador de coque. Sobre el proyecto siderúrgico ni hablar, la información internacional, advierte que, los más grandes negocios de ese orden instalados en el continente americano, enfrentan graves problemas económicos y algunos incluso han quebrado.
Por todo ello, Pablo Ospina, considera que más allá de los discursos de cambio de matriz productiva, lo que se puede advertir al interior del Movimiento País, es una disputa por el manejo del poder y los grandes negocios estratégicos.
En lugar de atribuir las constantes variaciones en la promesa del cambio de la matriz productiva a las dudas, incompetencias, inseguridades y desconocimiento de los funcionarios gubernamentales, parece más adecuado atribuirlas a que en el balance interno de fuerzas e intereses dentro de Alianza País, luego de varios forcejeos entre los grupos ligados al sector agro-exportador y los grupos de tecnócratas progresistas, terminaron ganando los grupos ligados a los contratos públicos, la creación de infraestructura, las asociaciones estratégicas con firmas extranjeras ligadas a esos contratos y todos los negocios relacionados.
La inversión minera o la “industria de los astilleros” se acomodan perfectamente bien a esta concepción de la economía del futuro de quienes parecen ser ahora, sin contestación importante, el sector hegemónico dentro de Alianza País, concluye Ospina.
