Como una muestra de eficiencia y rapidez, a pocos días del anuncio presidencial del fracaso de la Iniciativa Yasuní ITT o Plan A, con el justificativo de que «el mundo nos ha fallado», al no apoyar con 3 500 millones de dólares para dejar bajo tierra, 920 millones de barriles de crudo pesado; un concierto de abogados, ambientalistas oficiales y extractivistas de larga data, dieron forma al pedido de autorización a la Asamblea, para que, conforme establece el artículo 407 de la Constitución, declare de interés nacional la explotación de una parte del tren estructural Ishpingo Tambococha Tiputini ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY).
La solicitud acompañada de los respaldos técnicos, fue remitida el viernes 23 de agosto por el presidente Rafael Correa a la titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira. Con la misma eficiencia, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea emitió un informe favorable, que hasta el 20 de septiembre era debatido en el Pleno.
El Art. 407 de la Carta Constitucional, redactada y aprobada durante el gobierno del Movimiento PAIS, prohíbe la explotación de recursos naturales en áreas protegidas, pero deja abierta la posibilidad de que a petición del Ejecutivo, la Asamblea Nacional o una consulta popular, revean esa condición.
En esa dirección, la explotación en la Reserva de Biósfera se podría realizar mientras sigue vigente esa calificación otorgada al Yasuní por la UNESCO, y pese a que el Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales, los cuales prohíben la realización de actividades extractivas en áreas protegidas y territorios indígenas.
Si el pedido de autorización de Rafael Correa a la Asamblea, para explotar el petróleo del ITT, se inscribe en el marco constitucional y legal, de acuerdo con criterios de voceros del Gobierno y de varios juristas, ¿cómo entender la ejecución de actividades extractivas que viene realizando la Empresa Pública Petroamazonas en el bloque 31, dentro del Parque Yasuní, sin haber cumplido con lo señalado en el artículo 407 de la Constitución, pese a que el proyecto de producción de ese bloque, está integrado, tanto económica como operativamente, al desarrollo del ITT?
El argumento oficial de que el proyecto de explotación del bloque 31 proviene desde antes de la aprobación de la Constitución de Montecristi (octubre 2008), es calificado como deleznable por sectores ambientalistas, para quienes el momento en que Petrobras devolvió el bloque al Estado, en septiembre del año 2008, -un mes antes de que se apruebe la Constitución-, se dió por terminado el Contrato de Participación, y por ende la Licencia Ambiental aprobada a Petrobras dejó de estar vigente.
En esas condiciones, las voces disidentes, acusan al Ministerio del Ambiente de haberse extralimitado y violado la Constitución, al haber ratificado y transferido el año 2009, una Licencia Ambiental inexistente a favor de otra empresa, como Petroamazonas, bajo una modalidad contractual distinta, y principalmente, con una Constitución que reconoció derechos a la naturaleza, la cual prohíbe la explotación de recursos naturales, en territorios indígenas y áreas protegidas, como es el caso del Yasuní.
La sinuosa ruta del bloque 31
La explotación del bloque 31 ha seguido una historia sinuosa y conflictiva. Todo inició en 1995, durante el Gobierno conservador de Sixto Durán Ballén, bajo la tutela de Wilson Pástor Morris, quien a esa fecha era el coordinador de la séptima ronda petrolera, resultado de la cual se concesionaron varios bloques al interior del PNY. Como parte de esa licitación, se adjudicó el Bloque 31 a la compañía argentina Pérez Companc.
Sin embargo, tres años después, en abril de 1998, debido a la presión de organización sociales y ambientalistas, el Ministro de Energía, excluyó temporalmente al bloque 31, de los proyectos extractivos, debido a que un 80% del mapa se encuentra dentro del PNY. Además, el bloque es colindante con el área de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri, Taromenane (ZITT), declarada como tal, en febrero de 1999, según el Decreto 552, y delimitada en enero de 2007.
En octubre del año 2002, durante el Gobierno de Gustavo Noboa, la transnacional Pérez Companc, decidió transferir todas sus participaciones a Petrobras, en los bloques 18, 31 y campo Palo Azul, sin contar para el efecto con las autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas, como disponía la Ley de Hidrocarburos.
La empresa brasileña a cargo de las operaciones logró en agosto de 2004, en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, que el Ministerio de Ambiente concediera la Licencia Ambiental, para la fase de desarrollo y producción de los campos Nenke y Apaika, en el bloque 31, permiso otorgado sin la debida consulta previa al pueblo Waorani.
Dos años después, en mayo del 2006, como resultado de una sostenida campaña internacional liderada por organizaciones indígenas y ecologistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares orientadas a proteger la vida e integridad de los clanes Tagaeri y Taromenane, acción con la cual se obligó a modificar el mapa petrolero del 31. El 3 de enero del año 2007, el presidente Alfredo Palacio, con el Decreto 2187, delimitó la zona intangible.
En el Gobierno de Rafael Correa, según un oficio de 23 de mayo de 2007, la canciller María Fernanda Espinosa, transmitió al ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, varios cuestionamientos del Gobierno de Brasil, a la iniciativa de Acosta de pretender caducar los contratos de Petrobras. En la misiva, el Gobierno de Lula le recordó que “a raíz de la visita de estado realizada por el Presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que los propios Jefes de Estado estuvieron de acuerdo en el tema, puesto que Petrobras había cumplido con todos los trámites incluyendo el último pago para tener la licencia ambiental. Manifestó además que la Ministra de Ambiente (Ana Albán), había expresado que Petrobras era la empresa que mejor había atendido las cuestiones ambientales por lo que ha causado sorpresa su decisión de suspender la concesión por razones ambientales».
En referencia a la operación de Petrobras en el bloque 31 dentro del PNY, el gobierno de Lula hizo conocer que la empresa utilizaría tecnologías de punta e incluso incursionaría en la zona a través de helicópteros, a fin de proteger la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane, destacando en el comunicado, la existencia de «… pequeños sectores que están alegando pretextos para no cumplir con una determinación que adoptaron los Presidentes Lula y Correa en Brasilia.»
Luego de varios impases con Correa, por asuntos petroleros y ambientales, el 13 de junio del año 2007, Acosta se fue del cargo, entregando el pedido de caducidad de Petrobras al Primer Mandatario, solicitud que fue archivada. Pocos días después, el 19 de junio de 2007, Petrobras presentó los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental.
Inmediatamente, el 21 de junio, el Ministerio de Energía y Minas remitió el referido documento al Ministerio del Ambiente. A día seguido, el 22 de Junio de 2007, esa Secretaria de Estado otorgó el Certificado de Intersección del Bloque 31 con el Parque Nacional Yasuní, aseverando que no se localiza dentro de la zona intangible.
De forma maratónica, un día después, el 23 de junio del 2007 se presentó el informe del resultado del análisis de los términos de referencia otorgado por el Subproceso de Evaluación de Impactos Ambientales. Finalmente, el 18 de octubre de 2007, la ministra de Ambiente del gobierno de Correa, Ana Albán Mora, emitió la Resolución Ministerial No 217, otorgando la Licencia Ambiental a Petrobras.
La presión de los sectores ambientalistas continuó logrando que el Tribunal Constitucional, en abril de 2008, concediera un recurso de amparo, suspendiendo la Licencia Ambiental a Petrobras para la construcción del CPF en el Parque Yasuní, el texto del fallo dice: “… conceder el amparo solicitado; disponiendo la suspensión definitiva de la resolución 045 del Ministerio de Ambiente por la que se concede licencia ambiental a Petrobras para construir el Centro de Facilidades Petroleras al interior del Parque Nacional Yasuní”.
Frente a los constantes cuestionamientos a la explotación dentro de un área protegida, la compañía Petrobras decidió abandonar el área y devolverla al Estado. El hecho se materializó el 19 de septiembre del 2008, con la firma de un acuerdo entre Petroecuador y Petrobras.
En ese compromiso, supuestamente el Ecuador no indemnizaría, ni reconocería inversiones a la empresa brasileña; sin embargo, a través de un Convenio paralelo, suscrito entre las dos empresas, el gobierno de Rafael Correa, se comprometió a utilizar la capacidad del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que le correspondía a Petrobras, para transportar el crudo estatal. A través de este convenio, durante los 10 años de vigencia, el país reconocería a Petrobras, aproximadamente 240 millones de dólares, pese a contar con su propio oleoducto SOTE. En buen romance, se acabó indemnizando a Petrobras, por su abandono del bloque 31.
Al respecto, el Presidente Rafael Correa, calificó como una “buena noticia” la reversión del bloque, en procura, aseveró, de proteger la riqueza biológica y cultural del Parque Yasuní; aunque, la “buena noticia” duró poco, semanas después se reactivó con fuerza el proyecto de explotación, a cargo de la empresa pública Petroamazonas.
Luego de la inédita victoria plebiscitaria de aprobación de la nueva Constitución, en octubre del año 2008, entró en vigencia la Carta Magna que, por primera vez reconocía derechos a la naturaleza. Específicamente, los consagrados en los artículos 57 y 407, que prohíben la explotación de recursos naturales y otras actividades intrusivas en territorios indígenas y áreas protegidas.
En esas condiciones de evidente veda constitucional, el 26 de junio del año 2009, el Ministerio del Ambiente, bajo la tutela de Marcela Aguiñaga, ratificó la Licencia Ambiental para la explotación del bloque 31, sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional o de una Consulta Popular.
A raíz de la modificación de la Zona Intangible, el bloque 31 perdió importantes áreas lo que implicó una drástica reducción de sus reservas probadas, que actualmente están en el orden de 43 millones de barriles, lo cual a criterio de expertos del sector, no resulta un negocio comercialmente explotable, si no se considera su desarrollo como parte del proyecto ITT.
Taladros en el paraíso de la biósfera
Varias fotografías captadas reservadamente por trabajadores de la empresa pública Petroamazonas, las cuales se encuentran en poder de LA FUENTE, así como diálogos mantenidos con obreros que laboran en el Bloque 31, permiten por primera vez comprender la magnitud de las actividades extractivas que se han venido ejecutando, silenciosamente, dentro del Parque Nacional Yasuní, como construcción de carreteras, oleoductos, plataformas de perforación, muelles de carga, puentes, actividades que están generado una impresionante destrucción del bosque, y la consecuente afectación a especies nativas, algunas incluso en peligro de extinción. Las fotografías corresponden a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2013.
La puerta de ingreso al bloque 31 es Chiro Isla, un pequeño puerto en el río Napo, desde donde Petroamazonas realiza el transporte de equipo pesado y materiales para la explotación de petróleo.
La empresa pública contrató con una empresa privada la construcción de una carretera que atraviesa gan parte del Parque Yasuní, hasta los campos Nenke y Apaika, donde se levantan las plataformas petroleras, en el corazón del bloque 31. Junto a la carretera se construye el oleoducto para transportar el crudo de esos campos y empatar con el oleoducto que transportará el petróleo de los campos Tiputini y Tambococha, para luego llevarlo a la estación matriz de Petroamazonas, en Edén, según lo concebido en el proyecto gubernamental.
Existen suficientes argumentos técnicos, ambientales, económicos que recomiendan detener los nuevos proyectos petroleros dentro del Parque Nacional Yasuní, las razones parecen obvias: muy cerca de las plataformas de Nenke y Apaika, se encuentra una de las comunidades Waorani, y en esa misma dirección, junto al bloque 16 de Repsol, más al centro del PNY está la zona donde en marzo último de registró la matanza de dos ancianos Waorani, Ompure y Buganey, por parte de guerreros del grupo Taromenane.
Todo este trabajo plasmado en fotografías, nos muestran una realidad ya sospechada y que podría servir como prueba de que el área protegida y reserva de biósfera Yasuní, está siendo sometida a una dramática y peligrosa afectación, desde meses antes de que el Presidente Rafael Correa, anunciara el fracaso de la Iniciativa Yasuní ITT, y solicitara autorización a la Asamblea.
Si se repitiera esta misma historia en el ITT, con la construcción de una plataforma para la perforación de 15 pozos productores y uno reinyector, en el campo Tambococha, y la construcción de un oleoducto de 10 kilómteros, desde la plataforma de Tambococha, dentro del Parque Yasuní, hasta las instalaciones del campo Tiputini, los escenarios serían idénticos a los del bloque 31
