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Las copias juramentadas de las declaraciones patrimoniales del ex presidente RafaelCorrea, sus movimientos migratorios desde el 2009 hasta 2017, los vaivenes de sus cuentas bancarias, transacciones económicas, incluidos ingresos, egresos, salidas de divisas, bienes, entre cientos de documentos son parte del análisis de un auditor contratado por la Fiscalía de Ecuador.
El análisis forma parte de la investigación previa que se realiza por supuestas irregularidades en la venta de petróleo a China durante el gobierno del ex mandatario.
En ese caso, calificado por su denunciante, el activista e investigador Fernando Villavicencio, como «el más grade atraco de la historia del país«, no solo Correa está bajo la lupa, sino decenas de ex altos funcionarios de su gobierno, entre ellos su entonces vicepresidente Jorge Glas (ahora en la cárcel ligado a la corrupción de Odebrecht), el ex Contralor Carlos Pólit (prófugo de la justicia), el ex gerente de Petroecuador (en la cárcel por corrupción en la estatal petrolera); el ex ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, el ex ministro de sectores estratégicos, Rafael Poveda, el ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nielsen Arias, los ex ministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera (ahora asesores del dictador Nicolás Maduro).
La lista es larga como larga es la lista de impulsos fiscales, peticiones y pedidos de todo tipo de parte de la Fiscalía: al menos una docena de asistencias penales internacionales, pericias de audio y video; informes de empresas internacionales como Artur D. Little, Hogan Lovells USLLP y Goldman Sachs que a su tiempo entregaron a la estatal petrolera, incluso informes de riesgos tributarios de las personas analizadas solicitados al Servicio de Rentas Internas del país andino.
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olo la denuncia de Villavicencio, presentada el año pasado ante la Fiscalía, consta de 105 páginas, con 136 anexos y más de 100 cuerpos, que según el denunciante demostrarían que a través de intermediarios, vinculados tanto a la empresa PetroChina como al Gobierno del expresidente Rafael Correa, se perjudicó al país en más de 2.000 millones de dólares.
En un sistema inédito para Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2009 y 2017 se contrató créditos por alrededor de 18.170 millones de dólares, con tasas de interés que fluctuaron entre 7% y 8,25%, entre las más altas de la región a esa época y fueron respaldadas con ventas anticipadas de petróleo; se comprometieron 1.204 millones de barriles de crudo Oriente y Napo hasta el 2024.
Ese modelo de contratación de créditos se aplicó con las empresas chinas PetroChina, Unipec y con la tailandesa Petrotailandia. En total se firmaron 13 contratos de este tipo con las tres empresas
«Las líneas de crédito fueron maquilladas como preventas petroleras o ventas anticipadas, pero en realidad eran créditos maquillados para no rebasar el tope de endeudamiento legal (40% del PIB)«, dice Villavicencio.
Una de las irregularidades denunciadas es que el crudo ecuatoriano jamás llegó a las refinerías chinas, sino que fue destinado a la reventa a Perú, Estados Unidos y Panamá, y que las pérdidas por barril vendido habrán sido de al menos 2 dólares por barril, cuando el argumento del gobierno de Correa para este tipo de contratación era eliminar la intermediación y vender al cliente final para maximizar los ingresos para el Estado.
Correa ha dicho que solo firmó una preventa, la del 2010 y que los opositores pretenden involucrarlo en actos de corrupción por «persecución política«.
La afirmación de Correa de que solo conoció una operación resulta difícil de creer en un país en el que en sus propias palabras él era el jefe de todos los poderes del Estado.
Las irregularidades de las ventas de petróleo a China comenzaron a hacerse públicas con los denominados «Papeles de Panamá«, documentos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca, que revelaron que en la primera venta anticipada de petróleo que hizo el gobierno de Correa, en 2009, a través de PetroEcuador a PetroChina International Cpo- Ltd., existieron comisiones para empresas privadas de unos 70 millones de dólares.
En esas empresas, según los Panamá Papers, participaban los ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar, que ayudaron en la negociación.
Esa primera venta comprometió 69,12 millones de barriles de petróleo ecuatoriano a cambio de un anticipo de $1.000 millones de dólares a dos años plazo y una tasa de interés de 7,25%.
Según los Panamá Papers, Petroecuador entregó el crudo a PetroChina y esta empresa a Castor Petroleum, que luego paso a manos de la mutinacional petrolera Gunvor Group Ltd.
Esa investigación reveló además que Castor Petroleum pagaría 1 dólar de comisión por barril a los ecuatorianos a través de Waterway Petroleum Limited, una compañía transportadora de petróleo, parte de Gunvor.
Según un informe de la Contraloría de Ecuador, en ese contrato del 2009 y otro firmado en 2010, la estatal Petroecuador dejó de recibir por lo menos 34,45 millones de dólares, debido a la fórmula que se aplicó para determinar el precio del barril de crudo.
Villavicencio asegura que hay además un delito de colusión porque Bayardo Poveda Camacho, apoderado de Taurus Petroleum, una de las intermediarias que carga el petróleo a PetroChina, es primo de Rafael Poveda Bonilla, ministro coordinador de sectores estratégicos de Correa hasta septiembre de 2016.
«El primo era parte de los equipos de negociación oficiales del gobierno de China, donde se negociaban los precios de las líneas de crédito, los precios del crudo, pero su primo hermano firma los conocimientos embarque, los certificados de titularidad de los buques petroleros a nombre de la intermediaria Taurus petroleum, que es parte del Grupo Gunvor«, dice Villavicencio.
La Fiscalía investiga los delitos de cohecho y asociación ilícita, pero según Villavicencio Correa y todos quienes manejaron durante 10 años el sector petrolero «cometieron también peculado, delincuencia organizada, lavado de activos, enriquecimiento ilícito«, entre otros.
El investigador ha entregado a la Fiscalía centenares de documentos, entre ellos números de cuentas bancarias de intermediarios en JP Morgan, de Estados Unidos; cuentas de Enrique Cadena Marín en el Helm Bank, en bancos panameños, Breiton Capital & Shipping INC, Denarii Systems…
Más allá de los delitos que se definan en este proceso, Villavicencio destaca que lo importante «es la recuperación de lo robado; si el país no recupera lo robado eso quiere decir que hay impunidad total«.
La Fiscalía de Ecuador hace algunos días pidió a una jueza de la Corte Suprema que llame a juicio al ex presidente Correa, a quien acusó de asociación ilícita y secuestro del político opositor Fernando Balda, por lo que se estima que ahora se dedique de lleno al caso de la venta de petróleo a China y Tailandia.
Al momento, Correa, que vive en Bélgica (lugar de origen de su esposa) tiene poco menos que una veintena de denuncias en su contra: por daño moral, delitos de lesa humanidad, tráfico de influencias, asociación ilícita y secuestro de un opositor, injerencia judicial, odio, peculado, delincuencia organizada y hasta una indagación por supuestos aportes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a su campaña electoral.
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