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Esas cámaras que nos vigilan en las calles del país que son parte del sistema de seguridad ciudadana ECU 911, fueron adquiridas con sobreprecio a empresas chinas, eso se desprende de un misterioso informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, del cual nadie quiere hablar, ni siquiera sus progenitores. La Fuente tuvo acceso al documento completo de 177 páginas presentado al Contralor por la directora de Auditoría de Administración Central, Miriam Cañar Ìñiquez, el 30 de mayo de 2017.
En estos informes se habla de glosas por $33 millones de dólares y se subrayan a los principales responsables, entre los que se cuentan altos funcionarios de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Nuestra investigación fue más allá, pudimos confirmar la realización de acciones de inteligencia policial en las que se detectaron operaciones delictivas en el manejo de contratos y lavado de dinero y activos. Esos reportes fueron entregados al más alto nivel del Ejecutivo y a la Fiscalía que abrió una indagación previa por lavado. Hasta aquí lo actuado por las instituciones, el resto de la historia lo contamos nosotros.
El informe más oculto que las coimas
En 2016, la Contraloría General del Estado hizo un examen especial a dos contratos (045 y 017) firmados por el entonces ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, y las empresas chinas Engineering Co. Ltd. (CAMC) y China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC) para la puesta en marcha del sistema de comando y control del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.
El contrato 045, a cargo de CAMC, tuvo como objeto la construcción de 12 centros regionales, un centro nacional y una sala de operaciones, costó USD 68.1 millones; y el 017, entregado a CEIEC por USD 38.1 millones, se firmó para concluir el contrato que antes fue adjudicado a CAMC, pues esta solo entregó siete centros, aunque cobró la totalidad del contrato.
El informe con indicios de responsabilidad penal, determinó que se pagó, injustificadamente, a las empresas chinas USD 9.544.903, 64 y USD 23.712.087,99, respectivamente. Estableció, además, que se modificaron e incrementaron rubros, cantidades y precios unitarios sin justificación y señaló a Luis Yépez Andrade, administrador de los contratos y José Simón Crespo Dávila, fiscalizador de ambas negociaciones, como los responsables de la falta de control.
El primero por no disponer de conocimientos y experiencia en ejecuciones de infraestructuras físicas y no establecer las variaciones en los precios unitarios presentados por la contratista, el segundo por no verificar ni objetar los cambios en los valores unitarios de los rubros revelados en la planilla de liquidación. También indicó que ni César Navas Vera, ni Christian Rivera Zapata, a la fecha directores generales del ECU-911, aseguraron la implementación y funcionamientos del sistema interno respecto a las subcontrataciones de las empresas chinas.
Contraloría concluyó que: los hechos descritos se configuran en lo señalado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, como peculado.
Irregularidades halladas por la Contraloría en los contratos chinos
El 23 de diciembre de 2011, el entonces ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, adjudicó directamente a CAMC la construcción de doce centros regionales del ECU-911, un centro nacional y una sala de operaciones, por USD 61.8 millones de dólares. No se estableció un análisis previo de precios unitarios.
En 2013, acordaron la terminación del contrato por mutuo acuerdo y con ello extinguieron la obligación de entregar los centros en las ciudades de Tulcán, Ibarra, Nueva Loja, Macas y una sala de operación en Galápagos. CAMC solo entregó siete centros, pero cobró la totalidad del contrato. Para concluir la obra, Homero Arellano contrató a CEIEC por USD 38.1 millones. Ésta debía construir seis edificios para los centros de operación del ECU-911 en Cuenca, Portoviejo y Babahoyo.
CAMC, además, obtuvo contratos para la construcción de la plataforma financiera hospitales y centros recreacionales. Contraloría también investigó estas negociaciones y en todas encontró irregularidades.
Una investigación de diario El Universo reveló que en el país CAMC se adjudicó USD 818 millones en contratos, mientras que su par CEIEC, entre 2011 y 2017, facturó un total de USD 424 millones. Una investigación periodística develó que esta última vendió al Ministerio de Justicia grilletes electrónicos con sobreprecio.
No se estableció la totalidad de las contrataciones
CAMC no entregó toda la información de las empresas que subcontrató para la ejecución de la obra, alegando que existía una cláusula de confidencialidad. La contratista ocultó información relacionada con los contratos suscritos con el Estado Ecuatoriano, tampoco entregó los precios unitarios de las empresas subcontratistas y proveedores. Contraloría no pudo verificar cuántas empresas subcontrató CAMC en total, ni los montos que acordó con ellas, ni los costos reales de los rubros ejecutados por las empresas subcontratadas.
Engineering Co. Ltd. CAMC subcontrató a las siguientes empresas: Rhr Rock & Hidro Resources Cía Ltda., Steelconcrete Cía. Ltda., Erkaengine Cía. Ltda., Construestilo S.A., Conserbeg S.A., Hard Soft Net. y Betatronic.
Construestilo S.A., Erkaengine Cía. Ltda, Steelconcrete Cía. Ltda., según el Servicio de Rentas Internas (SRI), son empresas fantasmas.
Contraloría señala que Luis Yépez, administrador del contrato y José Crespo, fiscalizador la obra, no mantuvieron los sustentos documentales de las empresas subcontratadas, y no se evidenció los mecanismos de control aplicados sobre el proceso de subcontratación, los funcionarios antes mencionados no dirigieron ni aseguraron la implementación y funcionamiento del sistema de control internos respecto a las subcontrataciones realizadas, e indica que CAMC realizó contratos con terceras empresas.
Sobreprecio en la construcción de los edificios del ECU-911 de Portoviejo y Machala
Por la planilla final de liquidación del centro ECU-911, de Babahoyo (rubros de obra civil, tecnología y mobiliario), CAMC cobró USD 7.6 millones. Para la ejecución de la obra civil del edificio de Portoviejo, CAMC subcontrató a Conserbeg S.A. por USD 3.1 millones; para instalar el sistema tecnológico del ECU-911 de Babahoyo contrató a Betatronic S.A. por USD 402.520.
Contraloría señala que existió una diferencia de USD 4.1 millones entre el precio total cobrado por las empresas subcontratadas y el valor facturado por CAMC al Estado ecuatoriano, valor que correspondería a rubros de iluminación interior y exterior, manejo ambiental, cableado estructurado y aire acondicionado, pero que no pudo ser aclarado porque la empresa no proporcionó información completa sobre las contrataciones realizadas. Además, varios rubros fueron ejecutados mediante la figura de subcontratación.
Contraloría comparó los valores facturados por la subcontratista Conserbeg con la planilla final cobrada por CAMC, y encontró que 111 ítems tenían un incremento promedio del 68,48% en los precios unitarios correspondientes a: estructura, preliminares, recubrimientos, pintura, carpintería metálica, cerraduras, ventanería, instalación hidrosanitaria, agua potable, entre otros. Lo que en dólares se tradujo en USD 791.429 pagados de más a la empresa china.
En cuanto a la información entregada por Betatronic comparada con la de la planilla final de CAMC, se evidenció un incremento promedio de 47.65% en los precios unitarios de 26 rubros, es decir, USD 36.477 fueron cancelados a la contratista principal sin justificación.
La empresa CAMC Engineering Co. facturó rubros que incluyeron costos indirectos no justificados, dice Contraloría y añade que Luis Yépez Andrade, administrador del contrato y Simón Crespo Dávila, fiscalizador de la obra, tramitaron las planillas y sus pagos sin verificar la composición de los precios unitarios. De igual forma indica que César Navas Vera y Christian Rivera Zapata, directores generales del ECU-911, no dirigieron ni aseguraron la implementación y funcionamiento del sistema de control interno y de administración financiera para el control y pertinencia de los costos que se cancelaron a la empresa contratista.
Sobreprecio en la construcción de los centros del ECU-911 en Quito y Santo Domingo.
El 16 de diciembre de 2013, CAMC cobró USD 14.1 millones de dólares por la construcción de del edificio del ECU-911 en Quito. El 18 de septiembre de 2014, se emitió el comprobante único de registro (CUR) de transferencia de pago por USD 7.6 millones a favor de Engineering Co. Ltd. CAMC por el centro ECU-911 de Santo Domingo. El 28 de diciembre de 2015, se emitió el CUR de regularización por USD 1 millón de dólares, a nombre de CAMC por pago final del contrato 045.
En el caso de la construcción de los centros de Quito y Santo Domingo hubo incrementos injustificados por USD 103.179 y USD 135.208, respectivamente, los mismos que fueron pagados a la empresa china. Contraloría señala como responsables de esta anomalía al administrador del contrato, Luis Yépez Andrade, y al fiscalizador de la obra, José Crespo Dávila. El primero por no disponer de conocimientos y experiencia en ejecuciones de infraestructuras físicas y no establecer las variaciones en los precios unitarios presentados por la contratista, el segundo por no verificar ni objetar los cambios en los valores unitarios de los rubros revelados en la planilla de liquidación.
Variaciones en rubros, cantidades y precios unitarios del sistema ECU-911 Babahoyo, sin sustento
No se conoce cuál fue el presupuesto referencial para esta obra, porque no se detallaron los valores que invertirán en cada una de las edificaciones, señala Contraloría y añade: en la fase precontractual no existe información de cantidades y precios unitarios de cada uno de los rubros en el centro ECU-911 Babahoyo.
Un informe de fiscalización del proyecto, de diciembre de 2012, señala que se estableció un presupuesto ajustado a la oferta de CAMC por USD 6.268.522. En el documento se estableció el desglose de cada rubro, más no el desglose de cantidades y precios unitarios. La información presentada por el administrador y el fiscalizador del contrato a Contraloría, da cuenta que la obra se ejecutó por USD 6.434.193.
Según el organismo de control, hubo rubros que aumentaron su precio unitario en relación a los valores establecidos en el presupuesto referencial por USD 126.635, se presentaron rubros que inicialmente constaron en el presupuesto y que no se revelan en la planilla final, las planillas que CAMC presentó tenían variaciones en los rubros, cantidades y precios unitarios sin sustento técnico. Esas variaciones, no justificadas, sumaron USD 126.635, cantidad que fue pagada a la empresa china. El administrador y el fiscalizador del contrato no aseguraron que dichas modificaciones estés sustentadas técnicamente, indica Contraloría.
Yan Liang, apoderado de CAMC dijo que las variaciones estaban justificadas porque el precio referencial era un estimativo, aunque no presentó los sustentos técnicos que respalden los aumentos y disminuciones de las cantidades de los rubros.
Gastos de comunicación y socialización no especificados
Dentro del contrato 045, a finales de 2014, se pagó USD 962.988, libre de impuestos, por procesos de comunicación y socialización para el ECU-911. Se suscribió el acta de negociación sin detallar, ni especificar lo relacionado al cumplimiento y entrega de los servicios y/o productos. Contiene datos muy generales, no se especificó ni detalló los costos por cada actividad, rubro, ítem, que integraron los servicios, dice Contraloría de este contrato, además de que aseguró que la contratista no estaba autorizada para ofertar servicios de comunicación y socialización.
CAMC no pudo detallar los rubros del contrato de comunicación. El organismo de control asegura que la Dirección Nacional Financiera del ECU-911 no tenía los documentos originales, ni las copias certificadas, ni documentos que respalden los gastos de comunicación y socialización.
Simón Crespo, fiscalizador del contrato, indicó que su participación consistió en ser observador, por tanto, no aprobó o desaprobó los gastos comunicacionales; Luis Yépez Andrade, administrador del contrato, presentó los documentos de respuesta a Contraloría en copias simples, el organismo de control señala que esto no permitió certificar la veracidad de la información, además de que los documentos de sustento eran facturas a nombre de CAMC y no del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.
Contraloría concluyó que no se encontraron los documentos originales que respaldaron ese pago, que no hubo documentos que evidencien la entrega y recepción de los productos y servicios contratados.
Constataciones físicas realizadas en el ECU-911 de Quito
De la constatación física en Quito, no constaron 15 rubros que ya se habían pagado. Es decir, se pagó a CAMC $ 16.052 por bienes que aún no había sido entregados a pesar de que dicho inmobiliario constaba como recibido.
Contrato adjudicado a China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC)
El 24 de abril de 2013, el ministro de Coordinación de Seguridad, Jorge Homero Arellano, adjudicó a China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC) el contrato 017 por USD 38.118.849 más impuestos, para la construcción de seis edificios en Cuenca, Portoviejo y Babahoyo, sin la participación del Servicio de Contratación de Obras (Secob). En marzo de 2014 firmaron un contrato complementario para modificar algunos rubros.
No se determinó la totalidad de las contrataciones
Las obras de este contrato fueron ejecutadas por empresas subcontratadas por CEIEC. Contraloría no pudo determinar el número total de las empresas subcontratadas que actuaron en este contrato, como tampoco pudo verificar los costos reales de los rubros ejecutados en la obra, pues no se presentaron los contratos, ni precios unitarios, de las empresas subcontratistas y proveedores, basados en la cláusula de confidencialidad.
CEIEC no entregó la información completa, ni los contratos y presupuestos referencialesde las subcontrataciones realizadas para la obra y tampoco autorizó a las empresas subcontratadas a entregar toda la información solicitada por el organismo de control.
Las empresas subcontratadas por CEIEC fueron: Smartbilden Cía. Ltda. para construir los centros en Riobamba y Tulcán, Tevicor y Cía. para Loja y Macas y un arquitecto para Nueva Loja e Ibarra. Solinfra Cía. Ltda. y Hardsofnet Cía. Ltda. fueron subcontratadas para proveer el sistema de cableado estructurado.
Parte de la información entregada por las empresas subcontratadas, da cuenta que existió falta de veracidad en la información proporcionada por CEIEC. Respecto a las subcontrataciones hubo un mayor número de empresas subcontratadas de las que se suponía, así como diferencias en los valores reportados por CEIEC y los que realmente fueron cancelados a las empresas subcontratadas».
Contraloría señala que Luis Yépez, administrador del contrato y José Crespo Dávila, fiscalizador, fueron los responsables de la falta de control en las subcontrataciones, además de que no mantuvieron los sutentos documentales de las empresas subcontratadas. También indica que ni César Navas Vera, ni Christian Rivera Zapata, ambos directores genrales del ECU-911, aseguraron la implementación y funcionamientos del sistema interno respecto a las subcontrataciones .
CEIEC en su oferta señaló que 19 profesionales partiparían en el proyecto, de éstos solo cuatro constan como afiliados al Instituto de Seguridad Social (IESS) por la empresa china. Contraloría dice que esto evidencia que la empresa no contaba con la capacidad técnica y operativa para asumir la construcción de esta obra. CIEC utilizó el personal de terceras empresas para la ejecución de la obra civil.
Costos indirectos no justificados cobrados por CEIEC
Solinfra Cía. Ltda. fue contratada por CEIEC para instalar y configurar el cableado estructurado en los centros de Ibarra, Tulcán y Nueva Loja, por esos trabajos cobró USD 795.136, en tanto que CEIEC cobró por los mismos conceptos USD 2.777.111. Contraloría detalla que USD 1.727.532 fueron cancelados a CEIEC sin ninguna justificación.
Por la provisión e instalación de 6 ascensores para Tulcán, Ibarra, Riobamba, Loja Nueva Loja y Macas la empresa china cobró al ECU-911 USD 466.800, sin embargo, la subcontratista Coheco, por la misma obra, presentó su oferta por USD 296.412. Contraloría asegura que debió pagarse a CEIEC USD 391 mil dólares lo que significa que se pagó demás USD 75.536.
CEIEC facturó rubros que incluyeron costos indirectos en porcentajes superiores al establecido en el contrato 017, respecto a los cancelados a las subcontratadas. No se pudo verificar los costos de todos los matriales utilizados en los trabajos, así como sus especificaciones técnicas y calidad de los mismos.
En la planilla final de liquidación económica, Contraloría determinó que hubo 98 rubros adicionales a los del presupuesto referencial, de estos, 27 presentaron variaciones en los rubros de obra civil que no fueron justificados por USD 956.018. Fueron eliminados del mismo presupuesto 90 rubros y 28 rubros constan como no ejecutados.
La constatación física de la obra civil en Ibarra y Loja realizada por Contraloría, estableció que se cancelaron USD 60.549 de más a CEIEC, al haberse planillado trabajos superiores a las ejecutadas. La empresa china no entregó todoslos rubros planillados y las autoridades correpondientes no verificaron que se hayan registrados las cantidades reales.
De la constatación física en Cuenca y Loja, se evidenció que los términos de referencias de los rubros de tecnología, no contemplan cantidades exactas por componentes y únicamente se hace referencia a la cantidad de manera global y no en detalle. No fue posible cuantificar el costo final de los equipos y la conformidad técnica de los mismos.
El informe detalla todas las faltas en las que incurrieron las autoridades relacionadas con los contratos y concluye que se remitirá a la Fiscalía para que inicie la acción legal correspondiente. Actualmente, existe un proceso de indagación abierto contra CAMC y CEIEC.
El gobierno sabe pero se hace de la vista gorda
La Fuente confirmó de la presentación de informes policiales al más alto mando gubernamental, incluso de audios en los que se evidencia de las operaciones dilectivas en el manejo de contratos en una oficina clandestina en una zona comercial de Quito, pero las autoridades mantienen un inexplicable compás de espera. El expediente policial se encuentra en manos del fiscal Fabián Salazar. Una nueva indagación previa que se suma a los expedientes de la cirugía mayor contra la corrupción.
