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“Si es que los inversionistas no quieren invertir en la Refinería (del Pacífico), descártala completamente Carlos (…) solo si es que encontramos quien invierta en la refinería es que es un buen negocio, o si no puede ser únicamente novelería”, le dijo el presidente Lenín Moreno en agosto de 2017, al ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez García, al conocer que, tras ocho años y cerca de 1600 millones de dólares gastados, no hay refinería, y tampoco el financiamiento para continuar su construcción.
“Nadie iba a darles financiamiento de algo que no tenía un orden lógico”, dice el exgerente general de la compañía Refinería del Pacífico (RDP), Carlos Proaño Romero, refiriéndose a que no había avanzado ni el 10% de la ingeniería básica, ni la ingeniería de detalle, tampoco había financiamiento firme, ni el diseño de los equipos, ni su peso y ya se hablaba de un contrato para remoción de tierras y un contrato para que Worley Parsons gerencie el proyecto.
La misma consultora financiera (Mizuho), contratada por RDP, dijo que para conseguir financiamiento el proyecto debía ser “competitivo” y “atractivo”. Estas premisas básicas, similares a reconocer que antes de construir los cimientos de una casa, se debía contar con los planos y el financiamiento, fueron ignoradas por las máximas autoridades del régimen de Rafael Correa.
Pese a esto, el 12 de enero de 2012, Jorge Glas Espinel, a la fecha ministro de sectores estratégicos y delegado del presidente de la república, impuso su criterio y dictaminó que se debía “priorizar” el movimiento de tierra y que debía firmarse el contrato ese mismo año, desconociendo el cronograma programado, las recomendaciones de Mizuho y la sugerencia de Wilson Pástor, entonces ministro de recursos naturales no renovables, en la que señalaba que no debía firmarse un contrato de esas características “hasta no conseguir el financiamiento”.
Ese día inició el proceso contractual de remoción de tierras y el acueducto La Esperanza, ese día se dio paso a un millonario peculado.
Proaño Romero recuerda que estos procesos los manejó Jorge Glas y dos de sus más cercanos colaboradores: Rafael Poveda Bonilla, su viceministro y Pedro Merizalde Pavón, su asesor.
La ruptura del “orden lógico” del proyecto, es decir la prisa por firmar los contratos, por cerca de USD 600 millones, para la remoción de tierras y la construcción del acueducto La Esperanza antes de que las ingenierías básica y de detalle hubiesen concluido, tenía una razón: el venezolano Freddy Salas Neuman, gerente técnico del proyecto, había llegado a un acuerdo con José Conceição Santos, superintendente de Odebrecht en Ecuador, para que la constructora brasileña gane el contrato para la remoción del terraplén a cambio de coimas.
Conceição Santos dijo que por esta obra pagó USD 7.7 millones en sobornos. Después se conocería que, en julio de 2013, Salas buscó nuevamente a Conceição para que participe en la construcción del acueducto La Esperanza. Por esta adjudicación la compañía pagó USD 2,5 millones.
Focus Ecuador tuvo acceso a documentos exclusivos que dejan en evidencia la prisa de Glas, Poveda, Merizalde, Calvopiña y otros, por adjudicar a Odebrecht las dos obras.
Carlos Proaño Romero, ex gerente general de la refinería, le contó a este medio su versión del caso.
El relato:
En 2008, los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa firmaron un memorando de entendimiento para construir la refinería del pacífico. Ubicado en la comunidad El Aromo, en la provincia de Manabí, el complejo petroquímico y de refinación sería capaz de procesar 300.000 barriles por día y producir gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, jet fuel y productos petroquímicos para consumo interno y de exportación.
En ese tiempo el gobierno nacional estimó que el costo del complejo alcanzaría los 10.000 millones de dólares.
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Petroecuador se asociaron y crearon la compañía Refinería del Pacífico; la estatal ecuatoriana se quedó con 51% de acciones y PDVSA con el 49%, el objetivo era encontrar un tercer inversionista. Según Glas, ese tercer socio, constructor y financista, sería la petrolera CNPC y el banco ICBC de China. La oferta quedó en “novelería”.
Antes incluso de constituirse la empresa mixta Refinería del Pacífico, PDVSA ya lideró las primeras acciones, entre ellas, la ubicación del terreno, la contratación de la empresa KBC Advances Technologies Inc. para la conformación de las gerencias técnicas y administrativas del proyecto.
Nada se hacía sin el visto bueno de Venezuela. El primer cronograma de trabajo de la refinería del pacífico (2009) costó USD 26 millones de dólares, allí se determinó los tiempos, contratistas y presupuestos para las obras, además de sueldos, viáticos y beneficios para sus técnicos.
El proyecto petroquímico Refinería del Pacífico fue concebido como una obra emergente, fue la columna vertebral para alcanzar la soberanía energética y el cambio de la matriz productiva. El decreto de Rafael Correa de noviembre de 2007 fue el paraguas con el cual se justificó la adjudicación de contratos de forma directa.
Sobrecosto en la ingeniería básica
El 7 de abril de 2009, PDVSA solicitó al directorio de la Refinería del Pacífico contrate directamente, bajo la figura de emergencia, a la empresa South Korea Engineering & Construction Co Ltd (SK), para que realice el estudio de Línea Base (estudios ambientales) y la Ingeniería Conceptual; por USD$ 9 y 45.1 millones respectivamente. Adicional, solicitó un cupo de USD$ 5 millones para adjudicar a procesos sin autorización del Directorio.
Seis meses después, el venezolano Yusif Homayden, gerente de áreas externas de RDP, solicitó a Luis Jaramillo Arias, presidente del directorio, inicie el proceso para la contratación de la Ingeniería Básica, con un costo referencial de USD 140 millones de dólares, ese mismo día, mediante oficio RDP-IC-009–032, pidió al entonces gerente administrativo-financiero de la Refinería, Carlos Proaño Romero, la certificación de fondos por USD$ 140 millones.
Proaño señala que solicitó la oferta técnica y económica para la realización de esa obra a la empresa SK y, en un oficio fechado el 23 de noviembre de 2009, pidió “ratificar o rectificar” el presupuesto estimado de USD 140 millones; dos días después, Homayden le respondió que el monto de 140 millones de dólares “fue solo un estimado presupuestario”, que “el estimado de costos para contratar la Ingeniería Básicaes por un monto de: USD 287.153.909,00”; es decir, en 20 días el presupuesto aumentó 147 millones de dólares, sin ninguna justificación.
El 18 de enero de 2010, el directorio de RDP aprobó, por giro específico del negocio, la contratación de la Ingeniería Básica y designó a Proaño Romero como gerente general de la refinería. Ese mismo año la empresa japonesa Mizuho fue contratada como consultor financiero para la búsqueda de financiamiento, es decir, Mizuho debía encontrar un tercer inversionista, a más de PDVSA y Petroecuador.
Proaño Romero señala que, una vez asumido el cargo de gerente general, se comunicó con el secretario particular del presidente, Galo Mora y le informó que existían inconsistencias en la contratación, entre ellas un “injustificado incremento en el presupuesto de la Ingeniería Básica”; y por eso pidió que el contrato fuese revisado por el secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera Giler y que el presidente de la república Rafael Correa Delgado, “firme como testigo de honor”.
Así sucedió: el 5 de marzo de 2010, desconociendo las observaciones de Proaño, se adjudicó el contrato a SK, por USD 259.970.000,00, en el documento constan las firmas de Luis Jaramillo (presidente del directorio de RDP), Carlos Proaño (gerente general de RDP), Du Yeon (apoderado general de SK), Ki Ho Kang (gerente general de SK), Rafael Correa (presidente de la república y testigo de honor), Germánico Pinto (ministro de recursos naturales no renovables), Kwang Chul Choi (presidente en Corea de SK).
Glas toma el control del proyecto
El 12 de agosto del 2010, por disposición de Rafael Correa Delgado, Jorge Glas Espinel, a la fecha ministro coordinador de sectores estratégicos, fue incorporado como miembro del directorio acompañado de dos personas; Rafael Poveda y Pedro Merizalde, este hecho sería clave para que Glas pudiese tomar decisiones inmediatas sobre la construcción del acueducto y la remoción de tierras, “quien tomó el liderazgo fue Jorge Glas. Sus instrucciones eran transmitidas mediante su viceministro Poveda y su asesor Merizalde. La primera instrucción fue contratar a Hogan Lovells como asesor legal internacional por USD 1.2 MM y a la empresa Shaw como asesor técnico por 290.000 dólares para que busque un PMC (supervisor de obra), también se nombró a Wilson Pastor como nuevo presidente del directorio”, señala Proaño.
El exgerente recuerda que “había un interés especial por la contratación del PMC a pesar de que no era el momento, ya que su trabajo empezaría una vez concluida la ingeniería básica, que en ese momento apenas tenía un avance del 7%., de la misma manera era indispensable contar con el cierre del financiamiento, esto estaba en todos los cronogramas maestros, Mizuho estaba trabajando en la estructuración del pull de financiamiento y le faltaba por lo menos de 2 años para su cierre”, explica.
El PMC o gerenciamiento del proyecto debía implementarse una vez terminada la ingeniería básica y después de tener el diseño de los equipos (ELTE); era indispensable además el financiamiento y la ingeniería de detalle, luego de eso vendría el IPC (movimiento de tierras).
No se cumplió el cronograma de trabajo del proyecto porque existían de por medio otros intereses: por ejemplo, había que entregarle el contrato para el PMC a Worley Parsons (WP), aún cuando SK todavía no había concluido la etapa de ingeniería básica, ni la empresa Mizuho, asesora financiera del proyecto, había encontrado el financiamiento.
Proaño relata que en junio de 2011, en una reunión en Houston (EE.UU) con el CEO de WP, “se solicitó ayuda con un descuento en el precio de sus servicios, ya que la oferta era demasiado alta y no contábamos con ese presupuesto; me supo indicar que ellos solo harían una supervisión y que quien iba hacer de PMC era la empresa ecuatoriana Azul, incluso con sus técnicos ecuatorianos, lo cual era un engaño ya que el valor que iban a cobrar los técnicos de Azul, era muy inferior a los que iba a pagar RDP”. La empresa Azul es de propiedad de William Phillips, veterano de la guerra de Vietman, condecorado por Correa con la orden de Gran Caballero. La esposa de Phillips, Mónica Hernández, cumplía como asesora presidencial del Plan Familia.
El exgerente señala que llamó vía telefónica a Rafael Poveda y le dijo que no debían contratar a WP “ya que rompería el orden lógico del proyecto y el cronograma maestro”, pues la ingeniería básica no registraba ni el 10% de avance, para mover tierra debíamos haber concluido esta ingeniería y tener avanzada la ingeniería de detalle, que incluso no teníamos financiamiento en firme, no teníamos ni el diseño de los equipos ni su peso, ¡¿cómo iban a hacer las plataformas!?; Poveda le respondió “que no haga problema, que es orden del ministro Jorge Glas y que para el día 13 convoque a un directorio y que incluya la modificación del contrato de ingeniería básica para poder adelantar el IPC y contratar el movimiento de tierras”, afirma Proaño.
Posteriormente se reunió con Wilson Pastor, Carlos Pareja y Edwin Jarrín, secretario de transparencia para explicarles que Glas “iba a destruir el proyecto”, dice que días después Jarrín le dijo “hermano, le he buscado debajo de las piedras y no le encontré nada a Rafael Poveda”.
Recuerda que puso su renuncia luego de que Gustavo Jalkh, entonces secretario particular del presidente, vía telefónica, se la pidiera; Proaño Romero dejó la gerencia de la Refinería del Pacífico en julio de 2011.
Luego de la salida de Proaño, el 13 de julio 2011, según el acta 003-DIR-2011-RDP, obtenida por este medio, nombraron a Pedro Merizalde como nuevo gerente general, contrataron a Worley Parsons para el PMC, por USD 205.747.722,00; aprobaron el modificatorio de la ingeniería básica y autorizaron el movimiento de tierra.
En esta sesión estuvieron presentes Wilson Pástor en calidad de ministro de recursos naturales no renovables, Manuel Burbano, asesor del secretario nacional de planificación, Jorge Glas Espinel, ministro coordinador de los sectores estratégicos y delegado del presidente, Marco Calvopiña, gerente general de Petroecuador; Alexis Arellano, Nelson Martínez y José Ramón Arias, todos representantes de PDVSA.
El día en que Odebrecht llegó a Manabí de la mano de Glas
El 12 de enero de 2012, a las 8:10 am, en la sala “U” del despacho del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, inició la sesión del directorio de la Refinería del Pacífico con la presencia de Wilson Pástor, ministro de recursos naturales, Jorge Glas, delegado del presidente de la república, Pabel Muñoz, delegado del secretario de planificación nacional, Marco Calvopiña, gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, secretario del directorio y gerente general de la RDP, Alexis Arellano y Nelson Martínez de PDVSA.
El punto tres del acta 001-DIR-2012-RDP, fue clave para la constructora brasileña: ese día, Pedro Merizalde, señaló, sin especificar valores, que el presupuesto para el año 2012 fue aprobado en noviembre de 2011, manifestó además que “el rubro más fuerte para el presupuesto es del contrato de movimiento de tierra, con una inversión para el 2012 de USD 238.510.000,00”. Pástor intervino y dijo “una vez que culmine la ingeniería básica se puede contratar el movimiento de tierra”.
Jorge Glas advirtió “que el movimiento de tierra es parte de la ruta crítica de la ejecución del proyecto, por lo tanto, debería contratarse este año. Así como priorizar en este contrato las zonas que son 100% seguras”, Pastor lo contradijo y señaló que “no existe el financiamiento, que, en relación al movimiento de tierra, no se han tomado las decisiones a tiempo; que hasta no conseguir el financiamiento no se deberían realizar inversiones”.
En el punto cuatro del orden del día, autorizaron el inicio del proceso contractual de los “trabajos de preparación del área de implantación del proyecto refinería del pacífico” con recursos propios.
Iniciaron la contratación pese a que el reporte financiero de 2012, de la consultora Mizuho señaló que RDP no tenía claras las estrategias de financiamiento, ni los potenciales prestamistas. Sobre la posibilidad de que Ecuador solicitara créditos a los bancos chinos para financiar el proyecto, indicó que la razón por la que Ecuador ha obtenido crédito de parte de bancos chinos es porque “estos préstamos estaban ligados al suministro de crudo”, Mizuho indicó que “RDP necesita mayor discusión con el Gobierno, con el fin de evaluar si el suministro de crudo sería suficiente, o si las futuras subastas de concesiones de petróleo pueden estar ligadas a la inversión o el crédito al proyecto”. Es decir, no era probable un nuevo préstamo chino para financiar la refinería, porque el crudo ecuatoriano estaba comprometido para pagar los créditos a los propios bancos chinos. Eso lo sabía Glas, sin embargo, ya estaba asegurado el negocio con Odebrecht.
La consultora señaló que el objetivo era que la operación comercial de RDP arrancase en 2015, para ello detalló un “calendario de construcción fast track” indicando que: antes de la adjudicación de los contratos de ingeniería, procura y construcción (contratos EPC), RDP debía planear los contratos, la ingeniería de detalle temprana, adquirir equipos de larga entrega, y, por último, la preparación del sitio.
Finalmente, en sesión del directorio de 27 de junio de 2012, con la presencia de Jorge Glas, Wilson Pastor, Pabel Muñoz, Pedro Merizalde, Alexis Arellano y Fredy Salas, se autorizó la firma del contrato con Odebrecht.
El oleoducto para transportar agua
El punto cinco del acta, relata que Merizalde propuso la construcción del acueducto La Esperanza, para suministrar agua dulce a la refinería. Jorge Glas, fue más lejos, sugirió “hacer un solo contrato del movimiento de tierra y la construcción del acueducto”. Ese día aprobaron la realización de la ingeniería del acueducto.
El 13 de agosto de 2012, adjudicaron a Odebrecht el contrato para la remoción de tierras por USD 229.995.259,68. Luego, entre los años 2013, 2014 y 2015 la constructora brasileña firmó cuatro complementarios; finalmente el proyecto costó 249 millones de dólares.
El contrato para construir La Esperanza llegó un año después, en septiembre de 2013; costó USD 259.9 millones. En los años posteriores suscribieron cinco contratos complementarios y ocho órdenes de trabajo, lo que elevó el valor del acueducto a USD 279.559.749,53. La línea fue diseñada bajo normas API, esto es con cartacteristicas de un oleoducto. En el diseño de la obra una vez más apareció Worley Parsons, prestando la fachada a Azul.
De la amplia información revisada queda en evidencia que el más importante proyecto estratégico del país, fue manejado de forma discrecional, al amparo de un decreto de emergencia que le otorgó plenos poderes de las autoridades de la empresa mixta RDP.
Las actas del directorio, los contratos y los informes analizados, confirman algo grave: los contratos con Worley Parsons y Odebrecht, que bordean USD 800 millones, fueron adjudicados bajo responsabilidad de Jorge Glas y demás miembros del directorio, vulnerando las recomendaciones, los cronogramas maestros y los informes técnicos.
Los contratos de gerenciamiento, remoción de tierras y construcción del acueducto, no debían suscribirse, por cuanto la ingeniería básica estaba mínimamente avanzada, aún no se había suscrito el acuerdo de financiamiento y porque desde esa fecha, el crudo ecuatoriano ya estaba comprometido para el pago de las líneas de crédito con China.
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amanda