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Hay una pregunta que Ecuador ya no puede seguir esquivando: ¿quién financia la política y qué recibe a cambio?
Fernando Villavicencio dedicó años a seguir la ruta del dinero detrás de la política. Desde las denuncias sobre los aportes de las FARC a la campaña de Alianza PAÍS en 2006 hasta el caso Sobornos 2012-2016, que terminó con una condena contra Rafael Correa, Jorge Glas y otros miembros de esa estructura, los expedientes revelan una constante: el financiamiento político se ha convertido en una herramienta para capturar el Estado.
El caso Sucre abrió otra línea de investigación sobre los recursos vinculados a Alex Saab y Álvaro Pulido y su relación con las candidaturas de Correa y Glas. Después, el caso Metástasis expuso las conexiones entre narcotráfico, operadores políticos y justicia. En su declaración, Hélive Angulo señaló a Leandro Norero como supuesto financista de la campaña por el No en la consulta popular de 2023, a través de Ronny Aleaga.
Ahora, el caso Laberinto vuelve a poner el dinero electoral en el centro del debate. La Fiscalía sostiene que alrededor de USD 700.000 de presunto origen ilícito habrían sido canalizados para cubrir gastos de la campaña presidencial de Luisa González en 2023 mediante operaciones vinculadas a Ternape Petroleum, empresa relacionada con Aquiles Álvarez. Los registros financieros, las facturas y los chats incorporados al expediente son piezas fundamentales de esta investigación.
La narcopolítica funciona como un pulpo: sus tentáculos alcanzan las campañas, los negocios, las instituciones y los espacios desde los que se intenta controlar la justicia. El problema trasciende los nombres propios. Estamos frente a un modelo de poder que puede servirse de recursos opacos para comprar influencia y convertir la política en una garantía de impunidad.
Y cuando la justicia se acerca a esos entramados, aparecen los discursos de persecución política. Es inconcebible que los “grandes defensores de la democracia” pretendan deslegitimar de antemano las investigaciones que involucran a políticos y que incluso los llamen “opositores”. La presunción de inocencia es un derecho; la impunidad, un privilegio que nadie debe tener. Defender el debido proceso no significa exigir silencio frente a los indicios ni presentar toda investigación incómoda como una conspiración.
Nuestro padre fue asesinado once días antes de las elecciones de 2023. Era el candidato que prometía enfrentar al crimen organizado, impulsar la extradición y recuperar lo robado. Fue quien exhibió cómo se bañaban en las opulentas piscinas de Miami, los líderes del correísmo con los más grandes capos del crimen organizado. Su asesinato marcó nuestra historia y dejó preguntas que el país todavía necesita responder.
Estamos a las puertas del juicio que puede cambiar la comprensión del magnicidio y de las redes que lo rodearon. No podemos llegar a ese momento resignados, distraídos ni dispuestos a aceptar que quienes le abrieron la puerta al crimen organizado sigan participando activamente de la vida democrática.
¿Cómo damos esta batalla? Siguiendo cada dólar, investigando sin miedo, protegiendo a quienes investigamos, exigiendo independencia judicial y llevando las pruebas hasta sus últimas consecuencias. Sin pactos de silencio ni privilegios.
La democracia no se defiende protegiendo a los poderosos del accionar de la justicia. Se defiende garantizando que nadie esté por encima de ella. Esa es la batalla que nuestro padre dejó abierta y que Ecuador no puede permitirse perder.
