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El pasado 5 de octubre, el presidente Daniel Noboa afirmó que los homicidios habían disminuido más del 30% en el país durante el toque de queda del 17 al 30 de septiembre de 2026. Esta es una afirmación que puede examinarse con datos. También es un punto de partida para una pregunta más profunda: cómo se distribuye esa reducción. ¿Por qué importa esa pregunta? Porque una caída nacional puede coexistir con aumentos en determinadas provincias y con una evolución distinta entre grupos etarios. La cifra agregada, por sí sola, no permite ver esas diferencias.
Empecemos por las fechas de las declaraciones del presidente Noboa. Los registros de homicidios intencionales del Ministerio del Interior contabilizan 269 víctimas entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026. En las mismas fechas de 2025, estas fueron 361. Son 92 víctimas menos, equivalentes a una reducción del 25,5%. Se comparan catorce días con catorce días, en todo el país. Si, además, se relacionan las víctimas con las proyecciones poblacionales del INEC para cada año, la tasa correspondiente a esos catorce días disminuye un 26,1%.
En esa comparación interanual (a nivel nacional), la reducción no supera el 30%, ni en recuentos ni en tasas. Aunque tampoco se alejan demasiado. Sin embargo, las propias declaraciones del presidente Noboa no precisan qué período utilizó el Gobierno como base ni delimita el universo territorial del porcentaje anunciado. Menciona provincias sujetas al toque de queda, pero eso no permite establecer si el cálculo comprende únicamente esos territorios o el país entero. Para contrastar el anuncio presidencial con estos resultados hace falta confirmar que se refieren a la misma comparación. Atribuirle una base que no está especificada llevaría a una conclusión prematura.
Hay, además, una diferencia entre medir una caída y explicar su causa. Que los homicidios disminuyan durante medidas de toque de queda (como operativos policiales o restricciones de circulación) no demuestran, por sí mismas, cuánto de esa disminución se deban a ellas. Para estimarlo habría que examinar, entre otros factores, la evolución previa, las diferencias entre territorios y lo que razonablemente habría ocurrido sin las medidas de toque de queda (lo que en diseños experimentales se conoce como “contrafactual”). Los recuentos de cifras permiten describir el cambio observado, pero establecer el efecto del toque de queda exige un análisis de otra naturaleza.
Para entender dónde se ubican esas dos semanas mencionadas por el presidente Noboa conviene ampliar primero la mirada. Entre enero y septiembre de 2026, Ecuador registra 6.285 homicidios intencionales, frente a 6.838 en los mismos nueve meses de 2025. La diferencia es de 553 víctimas y la reducción, del 8,1%. Aquí, como en las demás comparaciones anuales de esta nota, se confrontan los primeros nueve meses de cada año.
Las proyecciones del INEC permiten dar un paso adicional. Una población más numerosa puede registrar más víctimas sin que aumente la frecuencia de homicidios en relación con su tamaño. Para tenerlo en cuenta se divide el número de víctimas por la población proyectada y se multiplica el resultado por 100.000. Con ese cálculo, la tasa nacional pasa de 37,77 homicidios por cada 100.000 habitantes en enero–septiembre de 2025 a 34,45 en el mismo período de 2026: una reducción del 8,8%.
Conviene precisar qué representan esas tasas. Los 34,45 homicidios por cada 100.000 habitantes corresponden a los nueve meses observados. No se han multiplicado para estimar un año completo ni se presentan como una proyección del cierre de 2026. Para comparar edades y provincias se conserva esa misma ventana; cuando se examinan septiembre o el 17–30, las tasas corresponden exclusivamente a esos períodos.
La mejora frente a 2025 ocurre dentro de una serie que permanece en niveles elevados. Tanto el número de víctimas como la tasa de 2026 son los segundos mayores de los cinco años examinados. En enero–septiembre de 2022, la tasa nacional era de 19,48 por 100.000 habitantes; en 2026 es un 76,8% mayor. La elección del punto de referencia importa: 2026 baja respecto del año anterior y, al mismo tiempo, se mantiene muy por encima del inicio de la serie.
La evolución mensual tampoco fue un descenso sostenido en el tiempo. Junio, julio y agosto de 2026 registraron más homicidios que los mismos meses de 2025. Agosto llegó a 779 víctimas, el mayor total mensual de 2026 hasta el corte de septiembre. Después, septiembre cerró con 577, el menor total entre los nueve meses observados y un 25,2% menos que en septiembre de 2025.
Comparar septiembre con agosto ofrece otra medida, pero exige un ajuste simple: septiembre tiene treinta días y agosto, treinta y uno. Entre ambos meses, el número de homicidios cae un 25,9%; al comparar el promedio diario, la reducción es del 23,5%. La diferencia no elimina la caída. Permite distinguir cuánto cambia el total y cuánto cambia la frecuencia diaria cuando los períodos tienen distinta duración.
El siguiente paso es mirar el territorio. Volvamos para ello al acumulado de enero a septiembre. Guayas pasa de 3.171 víctimas en 2025 a 2.555 en 2026: 616 menos. Los Ríos pasa de 925 a 683: 242 menos. Juntas, las dos provincias registran una disminución de 858 homicidios, mayor que la reducción nacional de 553.
La explicación está en el resto del país. Las otras veintidós provincias suman, en conjunto, 305 víctimas adicionales. Eso no significa que aumenten todas: es el saldo de sus incrementos y reducciones. El Oro destaca con 886 homicidios en enero-septiembre 2026, frente a 545 en enero-septiembre 2025. Son 341 víctimas más, un aumento del 62,6%. El balance nacional combina esos aumentos con descensos mayores en otros territorios.
Al incorporar la población, la comparación territorial adquiere otro sentido. Guayas tiene más víctimas, pero El Oro registra la mayor tasa provincial de enero–septiembre de 2026: 116,90 homicidios por 100.000 habitantes, frente a 52,84 en Guayas. La tasa de El Oro sube desde 72,37 en 2025, un incremento del 61,5%. Los Ríos ocupa el segundo lugar por tasa en 2026, con 69,07; Sucumbíos, el tercero, con 59,56. El orden por tasas es distinto del orden por número de víctimas.
Estas tasas provinciales ajustan por tamaño poblacional, pero no eliminan las diferencias en la composición por edades: son tasas crudas, no estandarizadas. Tampoco demuestran que la violencia se haya desplazado de una provincia a otra. Para sostenerlo haría falta examinar relaciones y mecanismos que las tablas no identifican. Y el balance de nueve meses no debe trasladarse al intervalo del toque de queda: que El Oro aumente entre enero y septiembre no permite afirmar que haya aumentado específicamente del 17 al 30 de ese último mes.
La edad introduce una diferencia aún más relevante. Los adultos de 30 a 59 años concentran más víctimas en 2026: 2.780, frente a 2.669 entre los jóvenes de 18 a 29. Pero la población adulta es mucho mayor. Al usar un denominador poblacional propio para cada grupo, los jóvenes registran la tasa más alta: 72,86 homicidios por cada 100.000 personas de 18 a 29 años, frente a 39,95 entre las de 30 a 59. El grupo con más víctimas no es, en este caso, el que presenta la mayor frecuencia de homicidios respecto de su población.
En ambos grupos la tasa disminuye frente a enero–septiembre de 2025. Entre jóvenes pasa de 77,10 a 72,86, un descenso del 5,5%. Entre adultos baja de 46,70 a 39,95, un 14,4%. En personas de 60 años en adelante también disminuye: de 8,91 a 7,53, un 15,4%.
Entre adolescentes de 12 a 17 años ocurre lo contrario. Las víctimas aumentan de 400 a 455: 55 más, equivalentes al 13,8%. Su tasa pasa de 20,61 a 23,42 por cada 100.000 adolescentes, un incremento del 13,6%. La población proyectada de este grupo apenas crece un 0,1% entre ambos años. El aumento de víctimas, por tanto, no se explica por ese leve crecimiento demográfico. La adolescencia es el único grupo etario clasificado cuya tasa aumenta frente a 2025.
Conviene mantener separadas la niñez y la adolescencia. Entre los niños de 0 a 11 años, el acumulado baja de 33 a 30 víctimas y la tasa pasa de 0,95 a 0,88 por cada 100.000 niños, una reducción del 7,3%. Al sumar niñez y adolescencia, en cambio, los menores de edad pasan de 433 a 485 víctimas: un aumento del 12,0%. Su tasa conjunta sube de 7,99 a 9,06 por 100.000 menores, un 13,4%. La subida de la tasa es algo mayor que la del recuento porque la población menor de dieciocho años se reduce.
Estas distinciones importan al hablar del grupo etario más afectado por la violencia. Los adultos concentran más víctimas; los jóvenes tienen la tasa más alta; los adolescentes presentan una evolución contraria al descenso nacional. Cada afirmación describe una dimensión diferente. El aumento entre menores, además, está impulsado por la adolescencia y no implica que todas las edades menores de dieciocho años sigan la misma trayectoria.
El aumento adolescente viene de antes y persiste al considerar la población. Su tasa de enero–septiembre pasa de 5,73 por 100.000 en 2022 a 11,32 en 2023; 13,65 en 2024; 20,61 en 2025 y 23,42 en 2026. Crece en cada año de la serie y acumula un aumento del 308,6% frente a 2022: es algo más de cuatro veces la tasa inicial. En números absolutos, las víctimas pasan de 110 a 455.
El detalle mensual permite localizar mejor el cambio reciente. Entre enero y mayo de 2026, las víctimas adolescentes suman 233, frente a 253 en los mismos meses de 2025: un descenso del 7,9%. Entre junio y septiembre, en cambio, pasan de 147 a 222: un aumento del 51,0%. Agosto registra 64 víctimas adolescentes, el máximo entre los 45 meses incluidos en el análisis (enero a septiembre de cada uno de los cinco años). El aumento acumulado de 2026 se concentra, por tanto, en esos últimos cuatro meses; estos datos no bastan para establecer la causa de ese cambio.
Al cruzar edad y provincia, las tasas confirman diferencias que el total territorial no revela. En Guayas, la tasa provincial baja un 20,2%, mientras la adolescente sube un 4,3%. En Los Ríos, una reducción del 26,9% en la tasa total convive con un incremento adolescente del 9,1%. Manabí y Esmeraldas presentan la misma divergencia. Todas estas comparaciones corresponden a enero–septiembre de 2026 frente a 2025 y utilizan la población del territorio y grupo correspondiente.
El Oro requiere una mirada particular. Allí, la tasa adolescente pasa de 38,00 a 72,70 homicidios por cada 100.000 adolescentes, un aumento del 91,3%; el número de víctimas pasa de 29 a 56. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la tasa de 2026 llega a 250,11 por 100.000, frente a 72,86 para ese grupo en el conjunto del país. Distinguir edades dentro de cada provincia permite ver tanto el crecimiento adolescente como el nivel especialmente alto de homicidios entre jóvenes.
Con ese contexto, volvamos a septiembre. El mes que registra el menor total nacional de 2026 también presenta un aumento de las víctimas menores de edad respecto de septiembre de 2025. Mientras el conjunto de homicidios pasa de 771 a 577, las muertes de menores suben de 41 a 53, un 29,3%. Entre adolescentes pasan de 40 a 50; entre niños de 0 a 11 años, de una a tres. En este último caso, los números absolutos son especialmente importantes para dimensionar una variación que parte de una base muy pequeña.
El ajuste por población confirma ese contraste mensual. La tasa nacional de septiembre baja de 4,26 a 3,16 por 100.000 habitantes, un 25,7%, mientras la de menores sube de 0,76 a 0,99 por 100.000 personas de 0 a 17 años, un 30,9%. Son tasas de septiembre, no del año. Los menores también pasan del 5,3% al 9,2% de todas las víctimas del mes. Esa última medida es una proporción dentro de los homicidios, no una tasa poblacional: aumenta porque hay más víctimas menores y menos víctimas en el total.
Es posible acercarse todavía más. Para examinar el mes, podemos agrupar los registros en los bloques del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21, del 22 al 28 y del 29 al 30. Son intervalos de fechas, no semanas de lunes a domingo; el último contiene solo dos días. Cada bloque debe compararse con esas mismas fechas del año de referencia. Comparar directamente sus treinta homicidios con los de un bloque de siete días confundiría duración con intensidad.
Los cinco bloques de septiembre de 2026 tienen menos homicidios totales que sus equivalentes de 2025.
Entre adolescentes, sin embargo, los recuentos aumentan en cuatro de los cinco. Del 22 al 28, por ejemplo, el total baja de 197 a 131, un 33,5%, mientras las víctimas adolescentes suben de cinco a ocho. Ese aumento es del 60%, pero expresarlo también como tres víctimas adicionales permite leerlo con su escala real. El 33,5% de reducción del total corresponde a esos siete días: no debe trasladarse al intervalo más amplio del 17 al 30.
Para examinar exactamente ese último período se dispone de datos diarios. Al sumar las fechas del 17 al 30 de septiembre, la caída nacional del 25,5% en el número de víctimas coexiste con un aumento adolescente de 15 a 26: once más, un 73,3%. Al ajustar por población, la tasa adolescente de esos catorce días aumenta un 73,1%. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, los recuentos bajan de 161 a 114; entre los adultos de 30 a 59, de 168 a 121. Cada uno de estos dos grupos registra 47 víctimas menos. Sus descensos ayudan a entender cómo el total puede mejorar mientras aumenta el número de adolescentes asesinados.
La suma de catorce días tampoco describe cada jornada. El total nacional baja frente a las mismas fechas de 2025 en diez días y aumenta en cuatro: el 18, el 20, el 24 y el 26 de septiembre. Ambas ventanas completas contienen dos de cada día de la semana, aunque una misma fecha no cae en el mismo día semanal en ambos años. Por eso, la variación diaria requiere más cuidado que la comparación del período completo. En particular, el aumento adolescente del 73,3% debe leerse junto con su base de quince víctimas y no proyectarse automáticamente a los meses siguientes.
La reducción nacional y el aumento entre menores de edad forman parte del mismo balance. Entre enero y septiembre de 2026 hay 553 víctimas menos en el país y, al mismo tiempo, 52 víctimas menores de dieciocho años más. La tasa nacional baja un 8,8%, mientras la de menores aumenta un 13,4%. La diferencia persiste después de considerar el tamaño de las poblaciones. Dentro de los menores de edad, la adolescencia concentra el deterioro y la niñez presenta una reducción tanto en víctimas como en tasa frente a 2025.
Una comunicación pública responsable y rigurosa debería acompañar el porcentaje nacional con su período, su base de comparación y las principales diferencias por territorio y edad. El aumento entre adolescentes aparece en el acumulado de nueve meses, en septiembre completo y en el intervalo del 17 al 30. Es una señal consistente en estas comparaciones, por lo cual merece mayor investigación y monitoreo constante al tratarse de un grupo vulnerable y de atención prioritaria.
En suma, los datos respaldan una reducción nacional en los períodos examinados frente a 2025. Pero también muestran que los adolescentes están quedando fuera de esa mejora, tanto en el número de víctimas como en la tasa por población. Informar ambos resultados permite apreciar el descenso sin extender sus conclusiones a todos los territorios y todas las edades. Para evaluar la seguridad de niños y adolescentes, el balance nacional necesita ese detalle: la disminución del total no basta para describir lo que les está ocurriendo.
