La primera vez que Jaime Francisco Sánchez Yánez apareció en los medios fue en octubre del 2008, cuando persiguió y capturó a Carlos Hidalgo Ronquillo, un simpatizante del PRIAN, partido de oposición al Gobierno, por lanzar una calcomanía con propaganda hacia el auto donde iba Rafael Correa. Hidalgo terminó en la cárcel, acusado por un delito tipificado hasta con seis años de prisión. Su madre, una mujer de 75 años, pidió clemencia: “le suplico que desista de este juicio (…) le pido que lo perdone por haberle tirado una calcomanía”, sollozó dirigiéndose al mandatario. Al final, Hidalgo estuvo 23 días en la cárcel y fue liberado para alegría de su familia, sobre todo de su hijo de tres meses de nacido.

La segunda vez que Sánchez protagonizó una noticia fue unos meses más tarde, cuando lo salpicaron en el caso de los hermanos Ostaiza, sentenciados por narcotráfico y vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En febrero del 2009, el opositor Fernando Balda entregó un audio a la Fiscalía que supuestamente comprobaba la intención de los Ostaiza de financiar la campaña presidencial de Correa del 2006. Balda dijo que había entregado dicho audio a Sánchez en 2008, quien guardó el material y nunca realizó la correspondiente denuncia.

Días después, en marzo del 2009, el funcionario extranjero apareció de nuevo en la prensa, cuando se reveló que había viajado fuera del país en más de diez ocasiones, con cinco pasaportes diferentes. Para entonces, Sánchez Yánez ya era conocido como uno de los pocos asesores del círculo íntimo de Correa y el único de nacionalidad venezolana. Pero, ¿por qué tenía cinco pasaportes? El mismo Sánchez lo aclaró en una carta amenazante a diario HOY: “Exijo probar sus malintencionadas afirmaciones por medios legales y no difamando malévolamente, al mismo tiempo que los hago expresamente responsables por cualquier consecuencia negativa o perniciosa que ocurriese a mi familia o a mí”, manifestó, al tiempo de explicar que solo tenía tres pasaportes vigentes: uno venezolano ordinario Nº. 12360405; otro ecuatoriano, Comunidad Andina, Nº. 0503089658; y uno oficial Nº. OS 07.970 (diplomático). No obstante, señaló que anteriormente tuvo otro pasaporte venezolano, Nº. 07075883, que había caducado el 25 de junio de 1997, además de otro pasaporte ecuatoriano Nº. SO 94.192, expedido por la Embajada del Ecuador en Estados Unidos el 23 de mayo de 2002 y vencido seis años más tarde.

Sánchez nació en Puerto Ordaz, Venezuela, el 28 de septiembre de 1974, pero no fue sino hasta mayo del 2002 cuando decidió pedir la nacionalidad ecuatoriana, amparado en que su padre nació en este país. Su presencia en el Ecuador siempre generó dudas en los servicios de inteligencia del propio Gobierno. Una fuente consultada indicó que había la sospecha de que en realidad se trataba de un agente de inteligencia que trabajaba para Hugo Chávez, informándole de todos los movimientos que se daban en el Palacio de Carondelet. También se habla de una estrecha relación con el nicaragüense Daniel Ortega.

Para febrero del 2010 se especuló sobre su salida del Gobierno ecuatoriano. Diario El Universo publicó una nota que advertía sobre posibles cambios dentro del círculo de asesores, entre los cuales figuraba Sánchez. No obstante, meses más tarde, el 30 de septiembre de ese mismo año, durante la revuelta policial y militar generada por la aprobación de la Ley de Servicio Público, apareció de nuevo. Un informe de Fernando Garzón, entonces funcionario de la Defensoría del Pueblo, dice que Sánchez acompañó al Presidente de la República en la habitación que ocupó dentro del Hospital de la Policía y luego fue quien coordinó la llegada del vehículo que sacó a Correa de la zona de los enfrentamientos.

A Jaime Sánchez se le atribuye un rol central en el desenlace de la revuelta policial y militar del 30 de septiembre de 2010 (30S). Varias fuentes sostienen que “El Chamo“ como le dice Rafael Correa, fue el enlace entre Hugo Chávez y el Presidente de Ecuador, para definir la estrategia del presunto golpe de estado, secuestro y magnicidio, y así justificar la violenta incursión militar en el Hospital de la Policía. Los sucesos generaron la muerte de cinco ciudadanos.

Según dirigentes de Alianza PAIS, el asesor presidencial (Sánchez Yánez) se involucró en el proyecto político de Correa desde la campaña presidencial en el 2006 (poco tiempo después de la segunda visita de Correa a Hugo Chávez). Sánchez quien es muy cercano a Correa, formaba parte del régimen desde agosto del 2007 como asesor presidencial y no manejaba el tema de seguridad, a pesar de que siempre apareció con los miembros del equipo de seguridad presidencial. En 2011 un reporte de la estatal Agencia Andes indicaba que Jaime Sánchez, junto con Mario Latorre y Marco Mena, eran asesores personales de Correa.

Desde su llegada, el misterioso asesor venezolano nunca se ha alejado del régimen. Terminada su labor en la Presidencia de la República, entró a trabajar en el Ministerio del Interior, donde realizó al menos un viaje a Venezuela, del 26 al 29 de noviembre del 2012, para desarrollar actividades con funcionarios de ese país. Allí colaboró –según los pocos documentos disponibles– hasta febrero del 2014. En medio de todo esto, también hay registros de un paso por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, entidad cuya disolución fue anunciada en mayo del 2013. Y es precisamente su accionar en esta institución financiera pública lo que abre un abanico de dudas.

Actualmente Sánchez es Director Zonal de la Secretaría Nacional de Comunicación. A pesar de las altas funciones que ha cumplido, no tiene ningún título académico registrado en el Senescyt.

Casas populares; el punto de la polémica

El 14 de febrero del 2012, Rafael Correa fue el invitado principal a la inauguración del primer tramo de Ciudad Victoria, proyecto habitacional en las inmediaciones de Monte Sinaí, área rural de Guayaquil que alberga centenares de familias en condiciones precarias de vida. El proyecto abarca 113 hectáreas, en las que se prevé construir 8 mil viviendas. Sin embargo, hasta el momento, no levanta vuelo.

Son casas de 40 metros cuadrados de área total, a un costo de 13 mil dólares, financiadas casi en su totalidad con crédito hipotecario. Una nota de diario Expreso detalló que a pesar de que la inversión estatal rondará los $300 millones de dólares, es evidente la falta de éxito de Ciudad Victoria, principalmente por la dificultad de que sus interesados accedan a préstamos de la banca privada, al ser personas que usualmente no tienen empleo formal. Sin embargo, en el acto de presentación, Correa no desaprovechó la oportunidad de hacer alarde de la inversión; entre aplausos y arengas aseguró que constituía el inicio de un cambio cultural para beneficio de los más pobres…

Pero esta inauguración tuvo otro invitado especial: Jaime Sánchez, según consta en el reporte de viáticos de enero a marzo del 2012, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El asesor venezolano viajó por vía aérea desde Quito y recibió $316 dólares para sus gastos. Previamente realizó otro desplazamiento, el 3 de febrero, para hablar con el gobernador del Guayas sobre este mismo plan gubernamental. En su agenda había más proyectos, uno en el puerto de Manta y otro en las islas Galápagos, ambos de bajo costo.

Empero, mientras Sánchez aparecía como un diligente asesor que coadyuvaba a cristalizar los proyectos habitacionales del gobierno de Correa, paralelamente su hermano, Luis Sánchez Yánez, trabajaba en lo que posteriormente se convertiría en uno de los escándalos de lavado más grandes de los últimos años que, por cierto, también tuvo como plataforma un proyecto de vivienda popular.

El 28 de noviembre del 2011, los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos sellaron en Caracas, un acuerdo de preferencias arancelarias entre Venezuela y Colombia. Meses más tarde, en marzo del 2012, el Ministerio de Vivienda de Venezuela firmó contratos por 654 millones de dólares, para la entrega de 8.400 casas de estratos populares. Como la falta de insumos ya afectaba al país bolivariano, el gobierno también autorizó la importación de casas prefabricadas. Aquí aparecen los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, socios de la empresa Fondo Global de Construcciones, constituida en Bogotá el 24 de noviembre de 2011, apenas cuatro días antes de la suscripción del convenio de preferencias arancelarias entre los dos países.

Pasaron unos meses, pero en septiembre del 2012 Saab y Pulido concretaron un cuantioso negocio, al firmar contratos por 465 millones de dólares para exportar casas prefabricadas a Venezuela. De inmediato abrieron en Ecuador una ramificación del Fondo Global de Construcciones, a través del propio Pulido y un nuevo socio: Luis Sánchez Yánez, hermano del asesor venezolano del gobierno de Correa.

Pero los negocios bolivarianos se truncaron en poco tiempo. El 4 de junio del 2013, la Fiscalía de Pichincha abrió una indagación para investigar la actividad del Fondo Global de Construcciones. En su pesquisa detectó que esta empresa desvió 156 millones de dólares recibidos de Venezuela, hacia cuentas en paraísos fiscales. Es decir, nunca se enviaron las casas prefabricadas, a pesar de haber registrado la exportación, sino que solo se recibió el dinero para transferirlo a cuentas de terceros. Las exportaciones ficticias constituyen un mecanismo de defraudación que ha generado miles de millones de dólares en pérdidas para la economía venezolana, utilizado para esconder todo tipo de actividades ilícitas.

Actualmente, Luis Sánchez Yánez tiene orden de detención en Ecuador, pero se cree que reside en las islas Bahamas, sin muchos problemas ya que la justicia nunca solicitó a Interpol un pedido de captura internacional.

Fondo Global de Construcciones es solo una de muchas empresas dedicadas a las exportaciones irregulares de Ecuador hacia Venezuela. En octubre del 2011, la desaparecida revista Vanguardia reveló más de una docena casos que evidenciaban dos tipos de fraudes: exportaciones ficticias y sobrevaloradas. El objetivo era extraer dólares de la economía venezolana para trasladarlos a cuentas en paraísos fiscales o, en ciertos casos, ingresarlos al mercado negro de divisas del propio país bolivariano, el cual se generó a partir de las restricciones para la circulación de moneda extranjera.

El Fondo Global de Construcciones sí alcanzó a realizar pequeñas exportaciones a Venezuela, que sumaron alrededor de $3 millones de dólares, según detectó la Fiscalía. Lo llamativo es que su principal proveedor fue Electrocables, propiedad del empresario Nasib Nehme, sobre quien se abrió una indagación por lavado de activos. En el expediente fiscal constan varios cheques de Fonglocons a favor de Electrocables, incluso pagos de la empresa de Nehme a Luis Eduardo Sánchez. Pese a existir estas evidencias, sorpresivamente, cuando se esperaba se formalice la instrucción fiscal, en junio de 2016, por petición del fiscal del caso un Juez resolvió el archivo del proceso.

El Fondo Global de Construcciones también tiene representaciones en países como Perú, España y Malta, así como empresas anexas tales como el Fondo Global de Petróleo o el Fondo Global Agrícola.

En lo que respecta al capítulo ecuatoriano, existe otra figura: Luis Zúñiga Burneo, quien está sindicado y con orden de captura por las transacciones ficticias hacia Venezuela, pero que es una de las fichas importantes para entender cómo nació esta red de negocios ilícitos…

La ruta bolivariana de lavado: el inicio

Todo comenzó en el Palacio de Carondelet, el 26 de agosto del 2009. Una firma de documentos y varios apretones de manos dieron vida a Empreven Ecuador, plataforma empresarial apoyada por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, que pretendía fomentar el comercio entre sus países. Galo Mora, entonces secretario particular del mandatario ecuatoriano, fue el encargado de saludar a los visitantes y felicitarlos por crear un organismo que quizás tenía buenas intenciones, pero que en la práctica sirvió para tejer los nexos del multimillonario caso de lavado de exportaciones a la nación bolivariana.

Para muestra tres botones. Entre los invitados al nacimiento de Empreven Ecuador sobresalieron: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos y hoy prófugo de la justicia por el caso del Fondo Global de Construcciones.

Alejandro Uzcátegui, un polémico empresario y abierto simpatizante del chavismo, firmó los acuerdos para la creación de su flamante plataforma empresarial y tomó un vuelo directo hacia Caracas. Sin embargo, cuatro meses después de su breve estadía por la capital ecuatoriana, se vio envuelto en un gran escándalo. En diciembre del 2009 fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares. Uzcátegui tuvo circular roja de Interpol y se cree que anduvo escondido en Aruba mientras se resolvían sus asuntos judiciales. Sin embargo, para enero del 2011 reapareció y retomó su papel de líder empresarial. De hecho, en noviembre de ese año, Uzcátegui volvió al Ecuador para relanzar su plataforma empresarial, ahora bajo el nombre de Empreven Latinoamérica, otorgándole trascendencia regional y escogiendo Quito como su sede permanente. En esos momentos, el comercio entre Ecuador y Venezuela experimentaba un crecimiento sin precedentes, sostenido con exportaciones ficticias o sobrevaloradas; en 2011, las exportaciones hacia el país bolivariano alcanzaron los $1.474 millones de dólares, aunque para el año siguiente bajaron a 1.008 millones. El año pasado, las exportaciones ecuatorianas a ese país evidenciaron un desplome al descender a $478 millones de dólares, principalmente por el sinceramiento de las cifras luego de los varios escándalos judiciales y la crisis económica que afecta a los venezolanos.

Otra invitada al palacio de Carondelet fue Gabriela Uzcátegui, hija de Diego Uzcategui Matheus, director de la Oficina de Presidencia de PDVSA y presidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre había sonado fuerte dos años atrás, en Argentina, durante el “escándalo del maletín”. Este suceso ocurrió el 4 de agosto del 2007 y fue protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez. El problema se originó cuando Antonini Wilson aterrizó en Buenos Aires con una maleta con $790 mil dólares, la cual quiso ingresar sin declarar. Fue un caso que generó mucha controversia, al coincidir con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. El vuelo en que llegó el cuestionado empresario había sido contratado por Enarsa, la misma empresa estatal argentina que en 2008 prometió invertir en la construcción de la represa Coca Codo Sinclair y nunca cumplió.

Finalmente, otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador fue Luis Zúñiga Burneo, un profesional de origen quiteño, relacionado con proyectos agrícolas auspiciados por el Gobierno. De hecho, Zúñiga Burneo se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Creó su propia plataforma de negocios, denominada Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luego delegó la dirección de este ente a su hija, María Gabriela Zúñiga, quien también fue una comprometida impulsadora del comercio con el país latinoamericano.

No obstante, el interés que los Zúñiga dieron al comercio con Venezuela se frenó cuando la Fiscalía empezó a investigar las actividades del Fondo Global de Construcción. Luis Zúñiga Burneo era su representante legal al momento de cometerse los actos ilícitos. Actualmente sobre su cabeza pesa una boleta de captura y su paradero es desconocido.

Así fue el punto de partida de uno de los casos más grandes de lavado en los últimos años, con el Fondo Global de Construcciones ocupado un papel estelar en la trama. La actividad de esta empresa generó un reciente episodio en Venezuela, con una denuncia del diputado opositor Rober Alcalá, que mostró cinco casos de exportaciones irregulares a Venezuela e identificó al colombiano Álvaro Pulido como uno de los principales ejecutores de los negociados. Pulido también es sobrino de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba.

Esta investigación fue realizada por Fernando Villavicencio Valencia y publicada por Plan V el 13 de septiembre de 2016.