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El paso de Dritan Gjika, líder de la mafia albanesa, por Ecuador ha dejado un claro rastro societario y de corrupción.
Este entramado le sirvió para desplegar su red narcodelictiva y de lavado de activos en el país.
Gjika llegó procedente de Albania en noviembre del 2009 a Guayaquil. Durante 13 años iba y venía entre España, Albania, Alemania y Colombia, así como también Turquía y Emiratos Árabes Unidos, varias veces por año.
El último reporte de salida de Gjika fue el 15 de diciembre del 2022, rumbo a Dubai. Hoy es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana y tiene una difusión roja de Interpol.
Entre viaje y viaje iba armando su entramado societario, junto con sus colaboradores. Varios de ellos han sido llamados a juicio dentro del caso Pampa.
La Fiscalía acaba de abrir los chats del caso y ahí se ve cómo los socios de Gjika, Julio César Lalangui y Teresa Pillasagua discuten cómo defenderse de Fernando Villavicencio que les estaba siguiendo la pista. De lo que se conoce, ellos fueron liberados por el juez Jairo Luis Carreño, que está prófugo.
La presencia albanesa en Ecuador data del gobierno correísta pero fue monitoreada por la Superintendencia de Compañías, con énfasis, desde el 2022.
La entidad de control, pese a no contar con los recursos necesarios, llegó a generar una base de datos de al menos 71 empresas relacionadas, que fueron vigiladas, examinadas y, en ciertos casos, descartadas.
Así lo sostiene el actual superintendente, Marco López, en diálogo con La Fuente-Periodismo de Investigación.
Esta es la radiografía de las empresas de Gjika
Marco López llegó a la superintendencia de Compañías en abril del 2022, y ya en noviembre del mismo año se había hecho un estudio de la presencia albanesa en Ecuador. Se había mapeado las representaciones legales.
Se tenía un estudio de las provincias más riesgosas, y se había identificado a Manabí como una de ellas.
También se pudo establecer con mayor certeza de Dritan Gjika en al menos 17 empresas, en su papel de administrador y accionista.
Varias de ellas están disueltas, aunque algunos procesos aún no han sido registrados en el Registro Mercantil.
En la actualidad hay dos empresas que están activas y cinco más recientemente disueltas tras seguir un proceso administrativo ordenado.
Esas empresas son: Riomel Gold y Cresmark (activas) y Cannmaná, Trustal, Inmobirealstate, Drixsa, Drisdard (disueltas).
Estas, dedicadas a la construcción de casas familiares, multifamiliares, hospitales, centros comerciales, exportación de productos agrícolas como banano, frutas y vegetales, exportación de cannabis, podían extender sus tentáculos de narco y lavado en varios sectores de la economía ecuatoriana.
Hay otra empresa denominada Corpsalcorp que tuvo como administrador y accionista a Dritan Gjika, pero que ahora está en manos de una tercera persona.
Así está la radiografía de las empresas con las que la mafia albanesa armó su trama societaria, atada al narcotráfico y lavado de activos.
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El Gran Padrino, con dedicatoria y manchado por blindaje mediático
En enero del 2023, la plataforma La Posta, publica información sobre el caso “El Gran Padrino”, enfocada únicamente en tráfico de influencias del gobierno de Lasso que colocaba al entonces presidente como cabeza de un organigrama que incluía a Hernán Luque y a Danilo Carrera (cuñado de Lasso).
Lo hace con base a un testimonio brindado a ese medio por parte de Leonardo Cortázar (alias Messi), uno de los tetones de la piscina de Miami. También se mencionaba la relación estrecha entre Carrera y Rubén Cherres, quien fue socio de Dritan Gjika.
En el reportaje también se menciona a Roberto Bueno Zarria, quien habría sido un operador de la estructura, dicho por Cortázar.
Sin embargo fue justamente Bueno Zarria quien interpuso una demanda en contra de Boscán por haberle intentado hacerle “blindaje mediático”.
Esta historia fue ampliamente documentada en una nota de La Fuente-Periodismo de Investigación. Pero, en resumen, Bueno Zarria recibió sin haberlo pedido en agosto del 2022, una oferta de servicios de “blindaje mediático” por parte de la empresa Levascan (La Posta).
El costo según un mensaje que le llegó a su celular vía Signal sería de $5.000 mensuales, a fin de “evitar problemas”. Dicha factura fue registrada en el SRI.
Al negarse a pagar, pocos días después, Bueno Zarria fue asaltado y se le llevaron el celular. En enero del 2023, audios eran revelados por La Posta, justamente en El Gran Padrino.
Los servicios de Boscán: ¿Blindaje mediático y relacionista público de la mafia?
Los casos León de Troya, Encuentro y Pampa arman un gran rompecabezas
En febrero del 2023, el bloque correísta buscó generar un juicio político en contra de Lasso e hizo las gestiones para que el superintendente López explicara los hallazgos encontrados.
A la par, Fernando Villavicencio, como miembro del Frente Parlamentario publicaba un informe denominado del Caso Encuentro al caso León de Troya.
En este se mostraba la vinculación de ambos casos. León de Troya fue una investigación policial que había detectado los vínculos de la mafia albanesa con Cherres y, en un segundo plano, se lo relacionaba a Danilo Carrera. Este informe fue dado de baja por altos mandos policiales.
Aunque dicho entramado no alcanzaba directamente a Lasso, Villavicencio confirmó que el tema sí había sido conocido por el entonces Primer Mandatario.
También en febrero del 2023, López recuerda que tras la convocatoria de la Comisión Multipartidista, liderada por los correístas, pidió declarar reservada la sesión para evitar que se conozca información sensible.
Pese a que los asambleístas aceptaron esta condición, el 14 de marzo se hizo público lo reservado.
En ese momento, según recuerda López, se conoció que sí había una relación societaria entre Gjika y Rubén Cherres, pero que dicha relación no alcanzaba al presidente Guillermo Lasso, ni a sus parientes (incluido entre ellos Danilo Carrera).
En cambio quedó demostrado que Gjika tenía una relación con Fidel Alcívar con quien sí tenía sociedad, y que este a su vez, era hermano de un concejal de la Revolución Ciudadana (Pedro Alcívar). Esto habría incomodado tanto a los correístas como a Boscán.
En todo caso, Fernando Villavicencio ya los había expuesto a través de un mensaje en su cuenta X, días antes (6 de marzo del 2023).
Caso Pampa ya con autollamamiento a juicio
Adicionalmente, en el mismo mes de febrero del 2023 la Fiscalía inició la investigación del caso Pampa, que ahora se encuentra en la etapa de autollamamiento a juicio a 22 personas.
Recientemente, el 22 de agosto, Boscán se quejó en su medio de una supuesta falta de acción por parte de la Superintendencia y de la Fiscalía para el control de las empresas usadas por Gjika.
Parte de su denuncia era que una empresa se había creado en octubre del 2023, es decir que Gjika seguía campante en el país, y, por otro lado que $35 millones se habían lavado en Banco de Guayaquil.
Esto como parte de un bien orquestado ataque a la Fiscalía, aplaudido por el correísmo y apoyado por Xavier Jordán.
Sin embargo, los datos brindados por la Superintendencia de Compañías y la información recopilada de la Policía Nacional, contradicen dichas versiones.
Para Marco López, es importante tener la información de una fuente fidedigna: “esa es la diferencia entre el periodismo de Investigación y el periodismo de chisme”, comenta.
Riomel Gold, creada con una firma falsa
La empresa Riomel Gold Corporation, cuyo accionista y administrador es Dritan Gjika, líder de la mafia albanesa, fue constituida el 4 de octubre del 2023 con una firma falsa.
Así lo asegura una pericia policial realizada el pasado 31 de mayo del 2024, en medio de un presunto delito de lavado de activos. Además, como se había comentado, Dritan Gjika había salido del país en diciembre del 2022.
Para ello se comparó la documentación de la empresa Riomel, de la Notaría Sexagésima Octava del Cantón Guayaquil registrada en octubre del 2023, con documentación que incluía la firma de Gjika depositada en la Notaría Tercera de Quevedo y de una cuenta que tenía en el Banco del Austro, años antes.
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Adicionalmente se la quiso comparar con la de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre, de Salcedo, en donde también tenía cuenta, pero que nunca fue entregada.
Con base a la documentación que reposaba en estas entidades, se pudo determinar que la firma examinada era falsa.
En todo caso, desde el 9 de febrero de 2024, se iniciaron los controles aplicados por parte de la Superintendencia a Riomel Gold.
El 21 de febrero se puso en conocimiento de la Fiscalía informes de los Departamentos de Lavado de Activos y el Departamento de Actos Societarios y Disoluciones de la Superintendencia.
Un caso de un traspaso de acciones data de marzo de 2022
Construecuador EC. empresa relacionada con Gjika tuvo su disolución en 2017. Sin embargo, ha sido noticia en estos días, porque siendo una empresa administrada por Dritan Gjika y teniendo como accionista a Rubén Cherres, se realizó un dudoso traspaso de acciones a la hija del liquidador de la misma empresa.
Construecuador, según la Superintendencia, tuvo su cancelación definitiva, el 7 de marzo del 2022, antes de la actual administración. En el intermedio, Cherres (asesinado en marzo del 2023), había hecho un traspaso de acciones a la hija del liquidador.
La Superintendencia reconoce que fue una operación extraña, pero aclara que no ocurrió en la actual administración.
Explica que no se trata de defender la actuación del liquidador de ese tiempo, pero la figura es distinta pues en la plataforma digital La Posta se había dicho que fue el liquidador nombrado por la Superintendencia el que hizo el traspaso a la hija.
La Superintendencia acaba de disolver, el 22 de agosto, la empresa Agricomtrade, parte del entramado de Gjika.
Se lo hizo como parte de un proceso de meses, tras la emisión de los acuerdos jurídicos y de control previos correspondientes.
Finalmente, la empresa Cresmark sigue activa y se ha investigado los supuestos vínculos y contratos con empresas eléctricas, pero no ha habido hallazgos en este sentido.
La Superintendencia, sin liquidadores para las polémicas empresas y sin recursos
En diálogo con La Fuente-Periodismo de Investigación, el superintendente de Compañías, Marco López, reconoce que esta entidad de control tiene algunas limitantes tanto presupuestarias como legales.
Así mismo, aún no consiguen los liquidadores para las empresas de Gjika, pues existe un miedo lógico en torno a ellas, y no hay personas dispuestas a realizar dicha tarea.
“Aquí hacemos lo que podemos. Nosotros somos una instancia secundaria, la ley indica que cuando un tema está judicializado, no podemos emitir criterio”, dice.
- Un factor que les ha impedido aplicar medidas restrictivas a ciertas empresas de Dritan Gjika es que esta persona no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada y en ejecución, en este sentido aún no se puede impedir que en ciertos casos pueda mover sus acciones.
- De todas maneras, la Superintendencia puede poner alertas, pero no establecer delitos. “Nosotros podemos decir: gruñe, tiene lana, tiene cuatro patas. Pero, no podemos decir es perro…. Mañana pueden decir que es lobo…”, ejemplifica.
- Adicionalmente, el número de personas que trabajan en la Superintendencia es muy reducido para la enorme tarea a cumplir. “Somos 40 personas para controlar 180.000 sociedades, en un sistema ampliamente desregularizado”, explica López. “Cuando hay desregulación, que es positivo para brindar más oportunidades para hacer negocios, debe haber fortalecimiento de los controles posteriores”, acota. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Explica que la Superintendencia sí genera recursos, pero lamentablemente no se revierten en robustecer sus controles. La Superintendencia generó el año pasado $236 millones, pero se le asignó $21 millones.
- Esto es pelear de manera desigual, ya que “el rival” (las mafias) está trabajando con tecnología de punta y recursos ilimitados. “De parte nuestra hay técnica aprendida, experiencia y ganas de ponernos realmente la camiseta de lucha contra la corrupción”, asegura.
- Otro tema a superar es la falta de liquidadores para las empresas de estos sectores. “Tenemos un miedo lógico a enfrentar este tipo de procesos, realmente no encontramos personas que estén dispuestas a ir a liquidarlas aún”, explica. Existe un miedo lógico, comenta, sobre todo cuando todo el mundo dice que son empresas de la mafia albanesa.