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La noticia ha generado escozor en diversos sectores que consideran que la inclusión de Yávar —figura clave en la manipulación del sistema judicial durante el correísmo— anunciada el 27 de agosto de 2024, remarca el pacto o reencuentro entre el viejo y el nuevo poder en Ecuador.
Es que Yávar ha estado inmerso en casos como el del juicio contra Diario El Universo, Arroz Verde, contratación de obras para el Consejo de la Judicatura, entre otros. ¿No existen perfiles más adecuados en la mira del nuevo Gobierno?
Un perfil construido entre cuestionamientos y acusaciones
Fernando Yávar Umpiérrez ha transitado por los pasillos del poder judicial ecuatoriano, construyendo un historial de controversia y escándalos de corrupción. Su carrera la empezó en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como asistente legal y más tarde ascendió a Agente Fiscal del Guayas en diciembre de 2005. También fue Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas en 2009.
A pesar de un inicio aparentemente modesto y de bajo perfil, la verdadera dimensión de Fernando Yávar se revela con su ingreso al Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) en 2011.
Nombrado en un contexto de emergencia judicial, su ascenso se vio rodeado de resistencia y cuestionamientos dentro de la Judicatura, y también estuvo marcado por serias acusaciones de corrupción.
La cuestionable actuación de Yávar y Chucky Seven en caso El Universo
Yávar fue pieza central en la polémica relacionada con el sorteo (no público) que designó al juez Juan Paredes, alias “Chucky Seven” en el caso contra Diario EL UNIVERSO, el cual falló a favor del entonces presidente Rafael Correa.
El caso «Chucky Seven» es un ejemplo emblemático de la manipulación del sistema judicial durante el gobierno de Rafael Correa. En 2011, el juez Juan Paredes emitió una sentencia de 156 páginas en un tiempo inusualmente corto, condenando a Emilio Palacio, editor de opinión del diario El Universo, y a tres directivos del medio a prisión y al pago de una indemnización millonaria a favor de Correa.
Un peritaje posterior reveló que la sentencia no fue redactada en una computadora del juzgado, sino en un dispositivo externo con el nombre de usuario «Chucky Seven», lo que sugiere que el fallo fue preparado fuera del tribunal, probablemente bajo influencias políticas.
El Complejo Judicial de Guayaquil: Un caso icónico de corrupción
Fernando Yávar, junto con Tania Arias Manzano y Paulo Rodríguez, bajo la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), fueron protagonistas de lo que muchos consideran una campaña deliberada para controlar el sistema de justicia tras la consulta popular de 2011, conocida como la «metida de mano en la justicia».
Una de las observaciones más contundentes a este período es que este grupo tuvo a su disposición un presupuesto superior a los 500 millones de dólares, destinado a la construcción de «complejos judiciales». Sin embargo, dichos proyectos fueron objeto de críticas por sobreprecio y una alarmante falta de planificación.
La construcción de estos complejos judiciales generó dudas sobre su necesidad y eficiencia, y también estuvo marcada por procesos de contratación irregulares.
Uno de los episodios más representativos de la gestión de Yávar en el CJ fue el contrato del Complejo Judicial en la vía Daule, en Guayaquil. El proceso de adjudicación del proyecto -valorado en $34,7 millones-, estuvo plagado de irregularidades desde el principio.
La empresa ganadora, Alessmart, carecía de la solvencia financiera adecuada, y el proceso de licitación se realizó en un tiempo inusualmente corto. Este tipo de procedimiento, bajo un supuesto «estado de emergencia», levantó sospechas.
Además, se conoció de las conexiones de John Martínez, gerente de Alessmart, con figuras clave del correísmo, como María de los Ángeles Duarte, entonces ministra de Transporte y Obras Públicas, que hoy ha huido del país acusada de manejar coimas en obras de infraestructura.
La adjudicación de un contrato millonario a una empresa tan precaria en términos financieros reflejó la falta de rigor y la corrupción imperante en la administración de Yávar en el CJ.
La elección de Galo Chiriboga: Otro golpe a la transparencia
Un episodio que no puede pasarse por alto en la trayectoria de Yávar es su papel en la elección de Galo Chiriboga como Fiscal General. Este proceso estuvo marcado por denuncias de falta de transparencia y de imparcialidad, y se percibió como una maniobra del correísmo para asegurar un aliado en una de las instituciones clave.
Bajo la dirección de Yávar en el CJ, Chiriboga fue seleccionado a pesar de las fuertes críticas y cuestionamientos sobre su independencia, lo que marcó otro golpe a la integridad del sistema judicial.
Durante este mismo periodo, el padre de Yávar fue acusado de irregularidades en la función judicial.
Fernando Yávar en Arroz Verde
El nombre de Yávar también ha sido vinculado al escándalo de «Arroz Verde», donde se reveló cómo el correísmo utilizó sobornos y financiamiento ilícito para sus campañas.
Los documentos filtrados en este caso muestran cómo figuras clave dentro de la administración de justicia buscaban beneficios personales, incluyendo puestos diplomáticos como consulados en Los Ángeles o Miami.
Esto exhibe la cultura de corrupción en la que se movía Yávar, siempre alineado con los intereses del poder, más que con los principios de justicia y legalidad.
La corrupción está en su ADN
En abril de 2012, la Fiscalía del Guayas, liderada por Paúl Ponce, inició una investigación preliminar contra Fernando Yávar Núñez, fiscal de Garantías Penales del cantón Durán y padre de Fernando Yávar Umpiérrez, miembro del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).
La investigación surgió luego de que el juez Ricardo La Mota denunciara haber sido presionado y amenazado por Yávar Núñez para que liberara a un detenido por posesión ilegal de armas, a quien se le incautaron 15 armas, joyas y un vehículo blindado. La Mota afirmó que Yávar Núñez le advirtió que debía «cuidar su puesto» debido al respaldo político que su hijo, Fernando Yávar Umpiérrez, tenía.
Además, el Colegio de Abogados del Guayas pidió que Yávar Núñez fuera investigado por presunto tráfico de influencias, ya que había manejado una denuncia contra el mismo detenido por intento de asesinato. Las acusaciones contra Yávar Núñez señalan un posible abuso de poder, utilizando su relación con su hijo y sus conexiones políticas para influir en decisiones judiciales, lo que ha generado preocupación sobre la integridad del sistema judicial en ese contexto.
Las conexiones con Daniel Noboa: Viejos actores, nuevas oportunidades
Al designar a Yávar para un papel clave en la selección de jueces de la Corte Constitucional, Noboa muestra que su Gobierno está más interesado en perpetuar las viejas mañas que en instaurar una verdadera reforma.
La relación entre Fernando Yávar y el presidente Daniel Noboa no es solo institucional, sino también profundamente personal y marcada por intereses comunes. Antes de asumir la presidencia, Noboa estuvo inmerso en conflictos legales con su exsuegro, Roberto Goldbaum.
En ese momento contó con Fernando Yávar, Edgar Lama Von Buchwald y Jandry Lindao como sus abogados en estos procesos.
Coincidentemente, tras la llegada de Noboa al poder, estos mismos abogados presentaron denuncias ante la Fiscalía contra Goldbaum, lo que evidenció que asuntos personales del presidente se entrelazan con decisiones judiciales.
Un ejemplo adicional de esta interconexión se dio con la empresa Seguros La Unión, propiedad de Goldbaum. Esta compañía fue la única en presentar una oferta para un contrato con Petroecuador en agosto de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, y le fue adjudicado el contrato en octubre del mismo año.
Sin embargo, poco después de que Noboa asumiera la presidencia, Petroecuador canceló el contrato, y Goldbaum fue denunciado, una acción que refuerza las sospechas de que Noboa está utilizando el aparato estatal para resolver vendettas personales, en lugar de ejercer un gobierno imparcial y justo.
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