ARROZ VERDE: LA METIDA DE MANO EN LA JUSTICIA

Archivos de Arroz Verde revelan la intervención de Rafael Correa en la Función Judicial para ganar casos emblemáticos, que después serían disfrazados de fallos trasparentes por el Estado de propaganda.

Arroz Verde es una receta compleja cuyos ingredientes no solo exponen la colosal estructura de sobornos que armó Alianza PAÍS para financiar durante una década sus campañas. Arroz Verde también deja al descubierto la metida de mano en la justicia: un mecanismo fabricado por el correísmo para delinquir, encubrir los delitos, acomodar jueces, sentencias y perseguir a denunciantes y opositores. En nuestro poder reposan miles de documentos que dan sustento a una investigación de cómo el correísmo desde el despacho presidencial disponía el teje y maneje de las cortes, nombraba jueces y elegía a abyectos servidores para que emitan sentencias favorables al régimen.

ARROZ VERDE: LA METIDA DE MANO EN LA JUSTICIA

Primera entrega

La metida de mano en la justicia no será más un estribillo repetitivo usado por la oposición a la Revolución Ciudadana. Archivos de Arroz Verde revelan la intervención de Rafael Correa en la Función Judicial para ganar casos emblemáticos, que después serían disfrazados de fallos trasparentes por el Estado de propaganda.

Dos meses después de nuestras revelaciones del caso Arroz Verde 502, la captura de Pamela Martínez Loayza y su ex asistente Laura Terán Betancourt, el posterior apresamiento del segundo personaje más poderoso del correísmo, Alexis Mera Giler, y la solicitud de la Fiscalía General del Estado de incluir a 22 personas, entre ellas el ex presidente Correa -aunque se queden varios nombres en el tintero fiscal- el caso apenas parece aclararse y se identifica que los límites de la corrupción son tan anchos como el horizonte.

El cofre de información de Laura Terán

Como parte de su colaboración con la justicia, Laura Terán entregó a la Fiscalía General del Estado, centenares de archivos físicos entre los que se cuentan aquellos que hablan de los favores pedidos por el consejero Santiago Cuesta a Pamela Martínez y la clave de acceso a su cuenta de correo electrónico de hotmail. Un lote de 22.000 correos que son una suerte de radiografía a las actuaciones de Martínez cuando fue asesora presidencial desde 2010 y posteriormente jueza constitucional.

Pamela Martínez lo sabía todo, lo manejaba todo. Por sus manos pasaron desde los pedidos más simples (como solicitudes vía twitter de ciudadanos que pedían a Correa un empleo, ayuda económica o legal), hasta los juicios más emblemáticos del país, como el caso de El Universo, los 10 de Luluncoto, de Pepe Acacho, la querella iniciada por Correa en contra del exasambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Correa le encargó a Pamela Martínez la reparación a los familiares de las víctimas del 30S. Laura Terán y ahora la fiscalía, tienen en su poder un cofre de información que delata el control de la justicia por parte del correísmo.

Martínez también estuvo al frente de la Comisión calificadora para la conformación de la primera Corte Constitucional, en 2012.

“Asesora: favor atender”, era la orden con la que Pamela movía al aparato correísta para cumplir todas las disposiciones que Correa enviaba a través de mensajes.

Pero sus ambiciones personales no se limitaban a ser una empleada empoderada dentro del departamento de asesoría. Simultáneamente, se convirtió en un pilar para su marido Jimmy Salazar, en la carrera por la presidencia del Colegio de Abogados de Guayaquil. Estaba convencida que juntos podían llegar a lo más alto de la esfera política en el país, por eso ideó el movimiento nacional Justicia Social.

Se ocupaba de todo, incluso de escoger los colores que llevaría toda la propaganda de Salazar, supervisaba sus discursos y ejercía presión sobre el gremio guayaquileño para lograr el respaldo a favor de su marido.

A la par, Martínez allanó el camino para convertirse en jueza de la Corte Constitucional en 2015. Martínez supo reafirmar con hechos la frase “vamos a meter la mano a la justicia” que expresara Correa en enero de 2011. Aquí algunas demostraciones:

Así se eligió y así se emborrachó la corte cervecera

Los nombres recurrentes en los mails son: Patricio Pazmiño (expresidente de la Corte Constitucional), Tatiana Ordeñana (exjueza constitucional), María del Carmen Maldonado, actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Wendy Molina Andrade (exjueza constitucional), Antonio Gagliardo (exjuez constitucional).

En 2015, como parte de la renovación parcial de la Corte Constitucional, tres de los nueves jueces que integraban la Corte fueron reemplazados.

Un correo señala que se hizo un informe completo previo a la elección. En él se sugería que la comisión de selección esté integrada por Wilson Zamora (Los Ríos) y Bernardo Morán (Guayas); Ivet Zapata (Pichincha) Martha Zamora, Efrén Roca y Laura Rebolledo, así mismo la “propuesta de candidatos”, por el Ejecutivo iría “Pamela Martínez, Efrén Roca y uno más”, por el Legislativo Danilo Terán y por Transparencia y Control Social: “Carlos Cassanello, Pamela Aguirre y/o Pablo Alarcón y una persona más”.

Los cinco personajes más conflictivos

El documento señala las fechas para la elección y detalla varias infidencias de los “jueces a ser reemplazados”. Por ejemplo, el entonces presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, sugirió sustituir a los jueces Antonio Gagliardo, Manuel Viteri y María Maldonado. “Se queja de Marcelo Jaramillo y Tatiana Ordeñana por su afán de figurar y ejercer “liderazgo” ante los demás. Respecto a lo manifestado por Patricio, coincido que, entre los 5 personajes más conflictivos, lo más peligrosos son los 3 primeros”, dice Pamela Martínez en un informe elaborado para conocimiento de Correa.

“María del Carmen Maldonado (totalmente ajena al proyecto, agenda individual, conflictiva a carta cabal. Ha pasado viajando fuera del país por capacitación personal, no importándole faltar a sesiones de votación importante. Ha generado peleas con todas las mujeres del pleno y/o asesoras, esto en su afán de ser reconocida como la “mejor puntuada, y la sacrificada por la revolución”, reseña Martínez.

Antonio Gagliardo, “un tiro al aire”

De Gagliardo dice que es “un disparo al aire”. “No se ha integrado a ningún equipo de trabajo. Ha manifestado en diversos escenarios que él es el contacto para “negociar” los temas que los abogados del Guayas tengan en la Corte Constitucional. Yo le he medido en temas candentes, como, por ejemplo, a él le tocó conocer el pedido de acción de protección que pusimos en el caso de Mary Zamora, y textualmente le dijo al resto de su sala, “hagámonos los locos, no toquemos esta papa caliente”.

Luego al ser requerido expresó que como él fue fiscal provincial no podía admitir al trámite dicha causa. De igual manera se ha tomado el nombre del presidente y de Alexis Mera, por ejemplo, en el tema de la aprobación para concurso del Procurador”.

Manuel Viteri es un “vago”

Sobre Manuel Viteri reportó que era el que más faltaba a las sesiones de trabajo, de pleno y de admisión. Lo acusó de vago al indicar que “la mayoría de las veces se reporta enfermo, pero se lo encuentra en el complejo deportivo todos los fines de semana. Solo va cuando hay casos que le interesa votar. No tiene compromiso con el proyecto. So pretexto que ha apoyado en casos de Gobierno piensa que tiene patente de corso”.

Martínez: “Hubo una manipulación del CPCCS”

El reporte de Martínez reconoce que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de elegir a los jueces y otras altas autoridades, fue usado como una herramienta para manipular resultados y colocar autoridades a la conveniencia correísta.

“Siempre me quedé con el mal sabor, hubo una manipulación del departamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (organismo que llevó los procesos de elección) que benefició a María del Carmen Maldonado y a Tatiana Odeñana, quienes, a la fecha, trabajaron en dicho institución”.

Martínez, incluso, propone un nuevo método de calificación, para “evitar esta manipulación, y todo el ruido que ha surgido en otros concursos, como, por ejemplo, el de contralor, el del CNE”.

La problemática Wendy Molina

En el mismo documento -hablando de la candidatura de Patricio Pazmiño a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ella le sugiere a Correa que Pazmiño “se quede en funciones hasta el sorteo (para la elección de los tres jueces) del 6 de noviembre de 2015, y como no va a salir sorteado, renuncia días después”, para evitar conflictos. “Si Patricio renuncia en mayo (como tiene previsto), tendría que subir uno de la actual lista de elegibles: Livia Ribas o Edgar Zárate”.

«Livia está en la Asamblea y ella al no haber sido designada jueza, renunció pues objetó el hecho de quedarse en el banco de elegibles. Esta renuncia no fue acogida por ningún ente ya que no existe esa figura en el procedimiento. Zárate, con base a esa renuncia ha venido buscando ese espacio. Patricio afirma que no es una persona de confiar”, indica.

También le informa al presidente que no le parece conveniente que, en caso de la ausencia de Pazmiño, la jueza Wendy Molina lo reemplace. “Lamento decir que Wendy no solo no tiene liderazgo hacia el resto de los jueces, sino que además tiene generado problemas personales con otras juezas: María del Carmen Maldonado y Tatiana Ordeñana, quienes manejan la tesis, de nominarse a la presidencia ante la ausencia de Patricio, generando ya cabildeos entre los demás jueces…”, explica.

Finalmente, Antonio Gagliardo, Marcelo Jaramillo y Carmen Maldonado fueron reemplazados por Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez.

“Un reconocimiento particular a la doctora María del Carmen Maldonado, al doctor Antonio Gagliardo, al doctor Marcelo Jaramillo, mi reconocimiento personal como Presidente de la Corte (…) el reconocimiento a su desempeño profesional, a su amistad, a su solidaridad y a su enorme entrega en el trabajo de la Corte Constitucional, nos dejan un legado de profesionalismo y dejan un ejemplo a seguir”, dijo públicamente Pazmiño.

Mientras en privado se quejaba de que los jueces solo “tenían afán de figurar”.

Pedidos de puestos para servidores judiciales que han “apollado”

En febrero de 2012, recibió un correo de Wilson Zamora González, a la fecha asesor 3 de la Subsecretaría del despacho presidencial, sugiriendo un listado de “servidores judiciales de la ciudad de Quevedo” para ocupar cargos dentro del sistema judicial. “Conozco que han sido responsables y han apollado (sic) el proyecto, incluso habiéndoles solicitado la ayuda desde la Procuraduría”.

Como lo detalla el correo:

Es una persona totalmente apegado al proyecto, y acoge las instrucciones como se las solicitamantuvo organizado la función judicial en dicha provincia y estaba logrando el proceso de desarrollo y optimización”, dice Zamora del funcionario que recomienda para director provincial del Consejo de la Judicatura.

Otra comunicación del 8 de enero de 2013, enviada a por Terán a Martínez evidencia una lista con “sugerencias” de nombres a ser considerados para ocupar cargos judiciales en distintas provincias. “Estimado Esteban: Acompaño a usted el siguiente listado de las personas que deben ser consideradas:

Elvis Sánchez Zambrano / Juez de Garantías Penales Vinces, Tony Reyes / Juez Penal Santa Elena, Inés Mejía Alvarado / Juez de la Niñez Guayaquil, Cecilia Rodríguez / Notaría de Samborondón, Roberth Paul Terán Matamoros / Milagro Civil”.

“Además, le agradeceré se sirva revisar los resultados de las pruebas Psicológicas de los abogados Francisco Hurtares Izurieta y Fernando Barzola Polanco, en razón de que no aprobaron”, pide Pamela Martínez.

Yávar el buscador de embajadas

Otra comunicación llamada “DESPACHO 27 DE FEBRERO DE 2013” enviada a Martínez por Lesly Cisneros Lesly.Cisneros@presidencia.gob.ec, señala que el entonces fiscal Fernando Yávar “solicita su autorización para que le asignen el consulado de los Ángeles (Eddie Bedón) o el de Miami (Eduardo Rivadeneira). Le han ofrecido la Embajada de Italia, pero no es de su interés. De igual manera, el Viceministerio de Gobierno, pero el teme las nuevas represalias que esa gestión pueda generarle”.

Cómo se borraron las glosas de Ramiro González

Otro reporte, de marzo de 2014, dice “Me mandó a llamar para solicitar le transmita lo siguiente: a) Quiere sugerirle, en base a su experiencia, que se analice lo que en el gobierno de Jaime Roldós se hacía antes de que un funcionario de alto rango se posesione. Había un Inspector General, dependía del Presidente, quien ponía el visto bueno a dicha designación. De esta manera, se evitaría los infiltrados de otras tendencias políticas que dice hacen daño a la gestión del Presidente Correa. b) Quiere mostrarle abundantes e importantes observaciones que tiene contra la gestión de María Duarte. El afirma que la limpiará pero quiere que ud conozca”, y añade “que Ramiro González y Antonio Ricaurte son compadres. Muy unidos. Que hasta hace poco, Ricaurte fue donde el Contralor a abogar para que se le borren glosas a Ramiro G. Que en ese grupo de amigos está también Galo Chiriboga  y Paco Moncayo. Galo fue abogado de Moncayo y odia a Barrera por haberle ganado las primarias. Que él ya le está dando todo el apoyo a Barrera pero cuidado con Galo”.

Las manchas de Omar Simon y las gangas de Caupolicán

“Que pocos días de ser designado Omar Simon, asesor presidencial, lo llamó y le trasladó una instrucción del Señor Presidente de borrarle las sanciones administrativas que se le impusieron como consecuencia de su cargo electoral anterior. Que unas ya se las borró pero otras son más difíciles”.

“Caupolicán Ochoa pide ser considerado en los puestos de Alianza País, él dice tener la avidez política para ello. No requiere remuneración ni cargo, sólo que se le permita opinar. Denuncia que son los estudios jurídicos y abogados de oposición a quienes los ministros contratan para los casos importantes. Pide se le dé oportunidad a él, en BIESS, Banco del Pacífico, Banco Central”, dice el informe.

La mano de Correa en el caso Villavicencio/Jiménez/Figueroa

 Un correo de abril de 2013 reenviado por Martínez a Terán habla sobre el juicio que Rafael Correa siguió a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. En la comunicación el abogado del presidente Caupolicán Ochoa se dirige a Martínez para “recordarle que el día jueves 11 de abril del presente año, (…) está fijada la fecha para que se realice la audiencia final en el juicio penal que sigue el Señor Presidente de la República en contra del Asambleísta Cléber Jiménez, del Señor Fernando Villavicencio y de Dr. Jorge Figueroa”, señala la comunicación.

“En repetidas oportunidades he molestado la atención de algunos funcionarios con el objeto de solicitarles muy comedidamente que se dignen propiciar un acercamiento del suscrito con los testigos y peritos que deben intervenir en la causa”, dice la comunicación.

“Es mi interés preparar sus testimonios por la naturaleza que tiene este tipo de diligencia y por la importancia de la misma.

La lista de los testigos que deben declarar es la siguiente:

  1. Luis Francisco Latorre Salazar
  2. Mayra Alexandra Vela Cevillano (ubicada)
  3. Miriam Yessenia Aguirre Basantes (Ubicada)
  4. Cedric Schweirzer – Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja
  5. Carmen Irina Cabezas Rodríguez
  6. José Gabriel Rivera López
  7. Ronny Vallejo Vallejo
  8. Oscar Bonilla Soria
  9. Edwin Salazar Brito
  10. Ángel Rivero

PERITOS DE CRIMINALISTA

  1. Cbop. de Policía Tlgo. Paulo Fredy Robayo Laguatasi
  2. Cbop. de Policía Boris Toapanta Asifuela”

Ochoa escribe a Martínez con el objeto de que ella pueda “viabilizar” una reunión con los antes mencionados para prepararlos para la diligencia “me facilitaría enormemente la tarea de la preparación del juicio”, señala. “En alguna oportunidad inclusive hablé con la Señora Ministra de la Política pidiéndole que tuviera la bondad de darme la oportunidad de hablar con ella para preparar esta diligencia no he tenido todavía la suerte de que esta situación se produzca”.  “Hay un asunto que me inquieta de manera particular la Señora Juez que le corresponde sustanciar esta causa fue denunciada hacia algunos meses por el Señor Cléber Jiménez  ante la Fiscalía General del Estado por el asunto de palo azul, la Fiscalía General  en su momento desestimó la denuncia y pidió al Señor Juez del derecho que lo archive.

No obstante, a pesar de los meses transcurridos la Doctora Ximena Vintimilla que es la Jueza a quien corresponde disponer este archivo no lo ha hecho.   Al no hacerlo y al mantenerse todavía este proceso sin haberse dispuesto el archivo podría abrir la posibilidad para que el denunciante Jiménez justamente en víspera de la diligencia proponga una recusación en contra la Jueza Doctora Lucy Blacio quien es la que está conociendo del caso, con lo cual dilataría la realización de la diligencia y generaría un incidente nada agradable”.

“Es necesario que la persona que está subrogando a la Doctora Ximena Vintimilla realice esta actividad que es completamente ajustada a derecho no le corresponde otra cosa que conocer de la desestimación aceptarla y ordenar el archivo, un trámite completamente sencillo pero que inexplicablemente se ha dilatado en una forma peligrosa”, dice Ochoa, y pide a Martínez “interponer sus buenos oficios” para archivar el caso y “evitar problemas dentro de la causa que particularmente nos interesa”.

Martínez responde: “Estimado Caopolicán: Me acabo de reintegrar hoy, es por ello que no te he podido responder, pero con todo gusto te llamo en el transcurso del día para tratar el tema”.  Luego envía un correo a Leonardo Barrezueta (leonardo.barrezueta@presidencia.gob.ec) indicando “Estimado Leonardo, habiéndome reintegrado al trabajo el día de hoy, viernes 5 de abril, atiendo este correo enviado el día de ayer 4 de abril por el Dr. Caupolican Ochoa, abogado patrocinador del Primer Mandatario en la querella contra Clever Jimenez que es urgente atender.

En virtud de lo expuesto, y porque asi lo dispuso el Senor Presidente, te agradeceré disponer se convoque a cada uno de los testigos señalados por el Dr. Caupolican Ochoa para que ellos cuenten con los lineamientos previos a la audiencia de juzgamiento prevista para el jueves 11 de abril a partir de las 08h00”.

Las manos de Martínez y Mera para favorecer a los amigos de SP

Otro correo que deja al descubierto la metida de mano a la justicia de Pamela Martínez es el enviado al entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera en enero de 2014. En un documento “privado y confidencial” ella informa que del Banco Nacional de Fomento solo conoce dos temas. De David Cobo, “hermano de un excompañero del ser presidente en La Salle”, quien “solicitó se agilita la instrucción fiscal 02-2013, “sobre el caso tomé contacto con el fiscal Paúl Ponce”, dice Martínez.

Cómo se armó la sentencia contra diario El Universo

   El 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, emitió un informe a favor para Emilio Palacio y los directivos de El Universo por la violación a su derecho humano a la libre expresión y acceso a garantías judiciales. Después de 8 años, los afectados han vislumbradopor la rendija un halo de justicia; una justicia que les fue negada desde el 2011, cuando Rafael Correa, después de intervenir e incidir en las cortes, les sentenció a 3 años de prisión y al pago de 40 millones de dólares de indemnización por el delito de injuria calumniosa.

La sospechosa victoria judicial de Rafael Correa en el caso El Universo se confirmó cuando se supo que la sentencia la escribió un usuario externo a la corte llamado “Chuky Seven” y no el juez Juan Paredes. Correos electrónicos intercambiados entre Ana María Rojas, asistente de Alexis Mera y Laura Terán, procesada en el caso Arroz Verde 502, demuestran la estrecha relación de Rafael Correa y Alexis Mera con el juez Juan Paredes, quien luego de beneficiar al primer mandatario con el fallo judicial, fue recomendado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas, por Gutember Vera, abogado del Presidente de la República. Correa usó su investidura para alinear y someter a la justicia, mientras aseguraba que la demanda en contra de Palacio y El Universo la interpuso como un ciudadano cualquiera.

Un correo de Ana María Rojas, entonces funcionaria del Departamento de Asesoría Jurídica de la presidencia, enviado a Laura Terán, el 14 de febrero de 2012, detalla los “nombres proporcionados por Dr. Gutemberg Vera, el viernes 10 de febrero de 2012, por instrucción del señor Presidente”. Según el documento, varios magistrados pedían ser nombrados en altos cargos, “Juan Paredes fue Juez Temporal en una Sala de lo Penal pide ser considerado como Ministro de la Corte Provincial del Guayas”, “Helen Mantilla fue conjuez en la Sala de lo Penal, pide ser como miembro del Tribunal Fiscal”. Como reseña el correo electrónico:

El correo referido es una evidencia de una suerte de connivencia organizada desde la Presidencia de la República para direccionar, primero el proceso penal hacia un juez incondicional al mandatario, y luego, en reconocimiento por la sentencia favorable, la recomendación para que ese juez (Juan Paredes) sea nombrado Ministro de la Corte Nacional del Guayas, aunque la designación jamás se dio por el efecto “chuky seven”.

La información encontrada en los archivos de Laura Terán, fortalecen el criterio de que Juan Paredes fue la mano oculta de Correa y de Mera en el caso El Universo.Gutemberg Vera, prevalido del poder que le consignaba el ser abogado del ciudadano Presidente, recomienda el 10 de febrero de 2012, que coloque como jueces en las cortes y en cargos a varios de sus aliados, “por instrucción del señor Presidente”. La recomendación de Correa para que Juan Paredes, como Juez Temporal de la Sala de lo Penal del Guayas, sea considerado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas explica la sentencia del caso El Universo.

El texto que conmocionó a Correa

Correa sintió afectada su honra por la columna de opinión escrita por Emilio Palacio y publicada en diario El Universo el 6 de febrero de 2011, llamada “No a las mentiras”. Emilio Palacio en su columna afirmó que Rafael Correa dio la orden de disparar al Hospital de la Policía durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y ordenado una intervención militar para rescatarlo. El saldo del rescate fueron 5 muertos. 

“El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”. (Extracto del artículo de Emilio Palacio)

Correa dijo en una entrevista radial en días cercanos a la presentación de su demanda: “Hace poco un periodista dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese Diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima, porque el directorio es responsable de la política editorial del Diario”.

Correa desató su ira y demandó en el Juzgado 15° de Garantías Penales de la Corte de Justicia del Guayas, a los directores de Diario El Universo, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y su editor de Opinión, Emilio Palacio. Rafael Correa presentó una demanda por injurias calumniosas patrocinado por el abogado  Gutemberg Vera el 22 de marzo de 2011. El Caso El Universo es uno de los más emblemáticos del acoso y persecución a la prensa por la connotación que implicó un fallo judicial tan drástico que castigó la publicación de una columna de opinión.

En 2011, en primera y segunda instancia, las cortes de justicia de Ecuador fallaron a favor de Rafael Correa. El 22 de julio de 2011, el juez temporal Juan Paredes, del Juzgado XV de Garantías Penales de Guayaquil, dictó sentencia en contra de El Universo y Emilio Palacio: 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones, una multa para cada directivo y otra para el periódico. Rafael le puso precio a su honra: 80 millones. Los acusados apelan la sentencia.

El 21 de septiembre de 2011, los jueces Helen Mantilla y Henry Morán miembros de la Segunda Sala Penal del Guayas ratificaron en segunda instancia la sentencia de Paredes; el juez Guillermo Freire se abstuvo. Rafael Correa en su cuenta Twitter lo celebró: “Se ratifica la sentencia, ¡Ganamos!”, lo consideró un “hito histórico”. El dictamen determinó 3 años de prisión para los hermanos Pérez y Emilio Palacio, una multa de 40 millones.

Otro favor, ahora para Helen Mantilla

En el correo enviado a Laura Terán, Gutenberg Vera, por orden de Rafael Correa, recomienda que Helen Mantilla, conjuez de la Sala de lo penal, sea miembro del Tribunal Fiscal. En un solo correo electrónico emitido por la asistente de Alexis Mera, se revela la intervención de Correa para remover a mejores cargos a los jueces que lo favorecieron en las dos instancias del caso El Universo: Juan Paredes y Helen Mantilla. En las dos instancias los jueces Paredes y Mantilla asumieron el caso como reemplazo. Es así que los defensores de diario el Universo presentaron un escrito alegando que en las dos instancias, el remplazo de jueces por Paredes y Mantilla carecía de validez porque ninguno ingresó a la Función Judicial por concurso de méritos y oposición.

El diario apeló y pidió la nulidad de esta sentencia desproporcionada e inédita y el 16 de febrero de 2012 los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Jorge Blum ratificaron en casación la sentencia de Juan Paredes de primera y segunda instancia y la condena de tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares. Inmediatamente, el 27 de febrero de 2012 Correa anunció en un acto público la remisión de la condena, lo que llamó un “perdón sin olvido”.

Juan Paredes se convirtió en el juez célebre del caso “Chuky Seven”, el que dictó sentencia el 20 de julio de 2011 en tiempo record después de haber recibido el proceso del caso El Universo un día antes. En 33 horas tomó posesión del cargo, con inusitada rapidez, estudió el expediente de 5000 hojas y escribió 155 páginas de una sentencia y notificó a las partes. Pasaron solo 26 horas desde que terminó la audiencia final hasta que las notificaciones de la sentencia llegaron a los casilleros judiciales de las partes. Solo una hora le quedaba a Juan Paredes como juez temporal del Juzgado de Garantías Penales antes de entregar su despacho al juez titular, Oswaldo Sierra, para notificar a las partes.

El 6 de septiembre del mismo año se reveló un análisis informático al clon del disco duro de Juan Paredes del Juzgado Décimo Quinto Penal del Guayas, donde se encontró la sentencia del caso El Universo y un archivo llamado “Correa 457-2011”, que habría sido creado el 19 de julio de 2011, a las 23:10 con el autor Chuky Seven. La sentencia fue redactada por un ordenador con Windows pirata, externo al Juzgado; en buenas cuentas, la sentencia fue escrita por Gutemberg Vera, abogado de Correa.

Después, en agosto de 2012, diario El Universo denunció al juez Juan Paredes, por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica por la sentencia emitida en su contra. El caso “Chuky Seven” se archivó en septiembre de 2012. Este caso sentó un precedente nefasto para la libertad de expresión en Ecuador, pues el proceso se llevó con inusual rapidez y hubo un total de 13 cambios de jueces en primera y segunda instancia.

Correa no solo que intervino en la designación de jueces para que lo favorecieran en las cortes, como demuestran los correos a Laura Terán, sino manejó hábilmente la justicia para dejar en la impunidad el caso “Chuky Seven”. El correo enviado por la asistente de Alexis Mera, Ana María Rojas, ratifica  la serie de irregularidades cometidas en el caso El Universo, es una prueba más que robustece el informe de la Comisión Interamericana.

CONTEXTO: ASÍ SE ARMÓ ARROZ VERDE

Los registros de sobornos empiezan a manejarse desde el inicio del regimen correísta en 2007, como Fondo Solidario (FS)nombre tomado del Fondo de Solidaridad, institución que lideró a esa fecha, Jorge Glas Espinel.

Según información revisada, al comienzo los ministros eran los que alimentaban las nacientes cajas chicas de la Revolución Ciudadana. Existía una caja personal de Pamela Martínez y una tercera para gastos del despacho presidencial.

En 2010, luego de una reunión entre Rafael Correa, Jorge Glas y Pamela Martínez, se toma la decisión de unificar y centralizar la recaudación económica y se entrega el control a Martínez, por su grado de confianza con el primer mandatario, la responsable de los registros era su asistente Laura Terán, quien tendría en sus manos no solo el detalle de los sobornos y su distribución, sino las más importantes actividades de las dos oficinas controladas por Pamela Martinez en Quito: la del despacho presidencial y aquella del edificio Concorde (12 de Octubre y Salazar), convertida en cuartel general de los sobornos. En esa fecha, Martínez entrega a Terán un pendrive con los registros anteriores de ingreos y egresos desde el 2007.

En ese mismo encuentro de 2010, nació Arroz Verde o los archivos verdes, como parte de una receta de cocina asociada al color del partido gobernante, según relata Luis Muñoz Pasquel, abogado defensor de Laura Terán. Otra decisión asumida por Rafael Correa, señala Muñoz, habría sido delegar a Jorge Glas, el manejo de las recaudaciones de dinero en efectivo y el cruce de facturas.

Llegó un momento, señala nuestra fuente, en que los ingresos rebasaban a los egresos, en ese punto empiezan a crearse cuentas específicas con los excedentes, la primera por pedido de Alexis Mera, para el pago de abogados en el caso Chevron.

La mayor caja con dinero en efectivo fue instalada en el edificio Concorde, la cual medía 1.70 metros de alto. Cuando Pamela Martínez es nombrada jueza constitucional, se cierra la oficina del edificio Concorde y la caja fuerte es llevada a uno de los departamentos de Martínez. A inicios de 2017, cuando el periodismo de investigación y la justicia empiezan a investigar a Jorge Glas, Pamela Martínez dispone destruir todos los archivos verdes. Pero, el destino le jugó una mala pasada, algunas copias sobrevivieron y hoy estremecen al país.

Un personaje oculto en esta trama es Zaira Guerrero, la mano de Pamela Martínez que operaba desde Guayaquil. Guerrero no estaba enrolada en el gobierno aunque tenía poderes otorgados por Martínez, era la persona de absoluta confianza que manejaba sus temas más reservados e incluso, según se conoce, habría prestado su nombre para ocultar bienes de la ahora procesada.

Una información que aún permanece en reserva es aquella encontrada en uno de los teléfonos de Alexis Mera Giler. Son varios centenares de páginas con registros de mensajes, en especial los de su ex asistente Pedro Espinoza, aquel que recogió el sobre con el dinero de Odebrecht. Estas serán piezas que sacarán chispas y lágrimas.

El cofre de documentos en poder de Laura Terán, a decir de su abogado defensor, Luis Muñoz, constituye evidencia trascendental que permitiría desmontar la corrupción judicial organizada por el correísmo, por ello insiste en la necesidad de proteger la seguridad y la vida de su defendida.

 

 

 

 

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