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La Asamblea acaba de aprobar una ley que castiga con hasta 26 años de prisión a quienes recluten, utilicen o involucren a niños y adolescentes en estructuras criminales.
88 asambleístas votaron a favor. 57 se abstuvieron. La bancada de la Revolución Ciudadana estuvo entre quienes se abstuvieron de respaldar la reforma.
Y mientras veía esa votación pensaba en una palabra que Ecuador debería volver a mirar de frente: pacificación.
Porque las palabras también tienen memoria.
Hace casi dos décadas, el Estado decidió que las pandillas podían dejar de ser pandillas si eran reconocidas, regularizadas y llevadas hacia la política y las instituciones. El proceso impulsado durante el gobierno de Rafael Correa fue presentado como una experiencia de reinserción y pacificación. Latin Kings y Ñetas fueron parte de ese proceso.
Y es que hay historias que no terminan cuando termina un gobierno. Ronny Aleaga fue parte de los Latin Kings. Después llegó a la Revolución Ciudadana y a la Asamblea Nacional. Leandro Norero perteneció a los Ñetas y terminó convertido en uno de los principales narcotraficantes del país, líder de estructuras como Los Lobos y de la llamada Nueva Generación, con conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
No estoy diciendo que una política de pacificación produzca inevitablemente delincuentes.
Estoy diciendo algo mucho más concreto: que el Estado tiene la obligación de mirar qué ocurrió después con aquellos procesos, quiénes fueron sus protagonistas y cómo algunas de esas trayectorias terminaron conectándose con las estructuras criminales que hoy tienen capacidad para reclutar, matar, corromper y penetrar las instituciones.
Porque en esa historia aparece también mi padre. Fernando Villavicencio dedicó buena parte de su vida a seguir precisamente esos hilos: los que conectaban al poder político con el crimen organizado, al narcotráfico con las instituciones, a los operadores con quienes les abrían las puertas.
Y hoy, en la investigación del asesinato de nuestro padre, vuelven a aparecer algunos de los nombres de aquella historia.
Ronny Aleaga es uno de los siete procesados como presuntos autores intelectuales del Magnicidio FV. La Fiscalía lo ha señalado como un supuesto nexo entre actores políticos y estructuras criminales en la planificación del asesinato de Fernando. Todo ello deberá ser determinado por la justicia mediante sentencia.
Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022, aparece en las investigaciones sobre las redes criminales que rodearon el crimen y en los chats que dieron origen al caso Metástasis. Su nombre forma parte de esa trama que Fernando llevaba años investigando: la narcopolítica.
Por eso no puedo mirar esta nueva ley como una simple reforma al Código Penal.
La miro desde el lugar de una hija que lleva años leyendo expedientes, chats, pericias y testimonios para intentar entender quiénes mataron a su padre y qué permitió que el crimen organizado llegara tan lejos.
Y encuentro una línea que resulta imposible ignorar.
Primero fueron las pandillas. Después, su regularización. Luego, su entrada en espacios de poder. Después, el crecimiento de estructuras criminales cada vez más sofisticadas. Y ahora tenemos niños y adolescentes convertidos en el nuevo recurso humano de esas organizaciones.
Los datos que reveló Arduino Tomasi en el especial “Inocencias Interrumpidas” de La Fuente, deberían quitarnos el sueño. Entre 2021 y 2025, los menores aprehendidos con armas de fuego aumentaron 163,6%, hasta llegar a 543 casos. La tenencia de armamento de guerra entre adolescentes creció 1.850% en ese mismo período. El 92,1% de las aprehensiones corresponde a adolescentes de entre 15 y 17 años.
Y su modelo estadístico estima que entre 5.866 y 18.100 menores estarían en riesgo de ser cooptados por estructuras criminales para actividades de sicariato.
Eso ya no es una amenaza futura. Es una generación en disputa. Por eso esta ley importa. Pero una ley no basta.
No basta con aumentar las penas cuando el Estado ya perdió a miles de niños frente a organizaciones que ofrecen dinero, pertenencia, poder y una identidad que muchas veces el propio Estado no supo ofrecer.
Tenemos que preguntarnos cómo llegamos hasta aquí.
¿Quién abrió las puertas? ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién convirtió la política criminal en una oportunidad política? ¿Quién permitió que los tentáculos del narcotráfico alcanzaran instituciones, cárceles, policías, jueces y políticos?
Y, sobre todo, ¿quién está dispuesto a reconocer los errores del pasado antes de repetirlos con nuestros hijos?
Porque esto ya no se trata únicamente de Fernando. Se trata de los niños que todavía podemos salvar. Se trata de que ningún adolescente ecuatoriano tenga que escoger entre convertirse en víctima o convertirse en victimario.
Se trata de que el Estado llegue antes que la pistola. Y de que, esta vez, tengamos el valor de aprender de nuestra propia historia.
Porque un país que no mira de frente las consecuencias de sus decisiones termina entregando a sus hijos para que otros escriban su destino.
