Así, entre 2019 y mediados del 2024, la minería ilegal, relacionada con el crimen organizado, destruyó al menos 1.422 ha. en esa zona que se ubica en el límite entre Orellana y Napo. La cifra es equivalente a ¡2.000 canchas de fútbol!.
Desde el aire, el paisaje del sector de Punino es sobrecogedor: donde hace pocos años había selva, ahora hay heridas enormes infligidas por cientos de excavadoras (muchas de ellas recién compradas). Se ven acumulaciones de agua contaminada que irán a los ríos: los síntomas de una actividad manchada de sangre.
Es justamente en este sector en donde el 9 de mayo del 2025, el Grupo Armado Organizado denominado Comandos de la Frontera (CDF), emboscó y asesinó a los 11 militares que eran parte de un operativo del Estado para hacer controles en contra de la minería ilegal.
Esta es la primera entrega de un especial al que hemos denominado Oro y Sangre: el azote de la minería ilegal en la Amazonía. En este especial abordamos el crecimiento de la minería ilegal, los responsables de haber llegado a este momento y las posibles rutas de solución. Para ello contamos con voces expertas como las de Andrés Rojas (Napo Ama la Vida); Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la Cámara de Minería; Sandra Rueda (ex asambleísta de Napo) y Patricio Carrillo, experto en combate a la criminalidad.
También nos basamos en los datos de Ecociencia, MAAP y Amazon Watch, y varios organismos estatales y de control.
Así se expandió la deforestación minera en Punino
Gracias a la tecnología, a través del monitoreo satelital que realiza la iniciativa Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), se puede constatar el avance de la actividad criminal. De acuerdo a los reportes, el impacto comenzó en 2019 con 32 hectáreas. Sin embargo, para finales del 2023 ya eran 1.000 hectáreas afectadas por la deforestación a causa de la actividad minera. Para junio del 2024, la afectación alcanzó las 1.422 hectáreas antes mencionadas.
Pero esto no es todo. De lo que se conoce solo en Napo la devastación alcanzaría más de 7.000 ha. El programa de Monitoreo de los Andes Amazónicos es un proyecto regional financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y que cuenta con la participación de Conservación Amazónica de EEUU y Fundación Ecociencia en Ecuador.
Aunque la minería ilegal ha penetrado en varias provincias del Ecuador, esta serie de entregas busca mostrar la realidad de lo que sucede en Orellana y Napo, claras víctimas de la minería ilegal.
Oro ilegal, el financista preferido de la actividad criminal
La minería ilegal ha ido creciendo en los últimos años, al mismo ritmo que el del alza del precio del oro a nivel mundial. Es que el crimen organizado encontró en el oro su nueva forma de financiamiento y de lavado de dinero.
Con el oro subiendo de precio, esta actividad criminal se ha vuelto más rentable, que el propio tráfico de cocaína.
Se calcula que un kilo de oro cuesta $108.000, sin embargo el kilo de cocaína en puerto ecuatoriano podría costar $27.000. El costo del oro es 4 veces más rentable.
La Cámara rechaza de manera contundente la violencia que se ha ido generando en la Amazonía y que recientemente cobró la vida de 11 militares. También considera que la minería responsable puede ser una barrera de contención ante la minería ilegal.
Sin embargo, reconoce el avance de esta actividad criminal a la que ella prefiere llamar “extracción minera ilegal”. Además advierte que lo que le hace tan atractiva a la extracción de minerales como el oro, es que este puede ser considerado legal desde el día uno.
Se refiere a que por ejemplo, el transporte del oro, no tiene tantos controles. Efectivamente, la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT, por sus siglas en inglés) explica que el transporte aéreo privado y viajeros que llevan oro como joyería o equipaje, no es considerada una actividad ilegal. Los viajeros aprovechan los requisitos laxos de declaración en muchos aeropuertos.
Además, Orozco explica que el fenómeno del negocio del oro -atado a las economías criminales- se repite en varios países de la región. De rebote, esto hace que las economías de los países no logren aprovechar los precios altos del oro. Esos recursos que deberían ser del Estado y de los ciudadanos van hacia los bolsillos de la criminalidad.
Hace pocos días, una publicación de Bloomberg dio más pistas sobre este tema. Se estima que la minería ilegal es la que genera el 80 % del oro extraído en Colombia, el 50% en Bolivia, el 40% en Perú y el 30% en Brasil, mientras que, en Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales. La publicación periodística cita los datos de FACT.
“La minería ilegal genera más de $7.000 millones al año en ingresos ilícitos en Sudamérica”, dijo Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT, según cita Bloomberg.
Esta misma organización ha dicho que el valor financiero del oro ilegal sería de $4.800 millones al año en Perú; de entre $1.000 y $2.000 millones anuales en Venezuela y aproximadamente de $1.000 millones en Ecuador.
Grupos Armados Organizados se disputan territorio
Comandos de la Frontera es el grupo criminal responsabilizado por el Ejército ecuatoriano del asesinato de 11 militares ecuatorianos en la zona del Alto Punino. De lo que se conoce este grupo está conformado por disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Justamente Comandos de la Frontera (CDF), junto con otras estructuras como el Frente Oliver Sinisterra y Disidencias de Comuneros del Sur, acaban de ser identificadas vía Decreto Ejecutivo 632, por el Gobierno del Ecuador, como Grupos Armados Organizados (GAO).
A más de CDF, Amazon Watch cita reportes sobre que en la zona también estarían Los Choneros y recientemente también Los Lobos. A estos dos últimos, también se los ha determinado como GAO.
CDF aparece en varios reportes de prensa como responsable de otros tantos capítulos sangrientos en Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, el silencio ha hecho presa de estas zonas.
En todo caso, según un reporte colaborativo de varios medios independientes (Armando.Info de Venezuela; La Liga Contra el Silencio de Colombia; Plan V de Ecuador y la Red Ambiental de Información de Bolivia), de octubre de 2022 hasta mayo de 2024 se han incautado 82 retroexcavadoras en San Lorenzo, enl Alto Punino y San José de Guayusa, valuadas en más de 10 millones de dólares.
La violencia fue denunciada hace varios años
Las comunidades de la zona de Napo y de Orellana viven la violencia y la denuncian desde hace más de 20 años. A lo largo del tiempo obtuvieron una respuesta ineficiente, tibia y hasta cómplice, por parte de las propias autoridades de la zona y del propio Estado. Sin embargo, producto de las intervenciones de militares en la zona, se dio la emboscada de 11 militares, lo que cambió el panorama.
El abogado Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Napo y parte del colectivo Napo Ama la vida, explica que el episodio condenable y cobarde del asesinato a 11 militares dio más visibilidad al problema, que ya se había denunciado antes por la comunidad.
Ese asesinato enlutó al país, a las familias de los militares emboscados y llenó de indignación a las autoridades ecuatorianas, que han prometido encontrar a los responsables y “acabarlos”.
En este sentido se han hecho varios operativos y no solamente en Orellana y Napo, sino en Sucumbíos y en varias provincias del país. Entre tanto, el 23 de mayo, los militares asesinados fueron condecorados como héroes post mórtem.
Rojas cuenta que desde el 2022 las comunidades han reportado este tipo de enfrentamientos y conflictos relacionados con la minería ilegal. También dice que en 2023 se alertó que existía una especie de fosa común donde las personas que se oponen a las actividades mineras son enterradas.
De hecho, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio reveló la complicidad de varias autoridades en el tema. Sus denuncias fueron recogidas en varios medios de comunicación. Entre ellos, el propio medio La Fuente-Periodismo de Investigación.
Minería ilegal en Napo: Se llevaron el oro mientras sembraban un cementerio
Sobre el tema, Rojas indicó que en la zona los conflictos que existen entre mineros ilegales se solucionan en el territorio: “se cava un hueco y ahí se deposita el cuerpo”, asegura.
Explica que la presencia de grupos armados de paramilitares en la provincia de Orellana, Sucumbíos y Napo es de más de cinco años y directamente relacionados con temas de minería.
Además si se habla de narcotráfico, la presencia de paramilitares y de grupos guerrilleros, data de muchos años antes.
Carolina Orozco reconoce también que hace dos años ya se vio cómo cambiaba la dinámica en territorio: «entraba gente externa a las comunidades a extorsionar», recuerda.
Pero además, Rojas revela que comunidades Kichwas están pidiendo a las autoridades ayuda para una reubicación territorial. Esto significa el inicio de una generación de desplazados indígenas en el Ecuador
De acuerdo con el MAAP, la actividad criminal ya ingresó en los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco. Además, la deforestación minera se está expandiendo activamente dentro de territorios indígenas de la nacionalidad Kichwa.
La respuesta del Gobierno en lo militar y lo ambiental
En estos días, el Ejército Ecuatoriano realiza operaciones militares en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana, en un área que fue bautizada como “Punto Cero”, luego del asesinato de los 11 militares.
Las unidades militares lograron ingresar al área conflictiva, y hallaron: armas letales entre fusiles, revólveres, pistolas, carabinas, alimentadoras, municiones, cartuchos, granadas, explosivos, móviles, combustible, las excavadoras, bombas de presión, balanzas, entre otros.
También se halló un dron, dos casas abandonadas para descanso, 30 kg de sustancias sujetas a fiscalización. El Ejército también reportó la destrucción de 6 campamentos mineros.
El mismo día de la posesión presidencial, la Policía reportó que se encontró una bodega en la que presumiblemente la estructura Comandos de la Frontera procesaba droga y elaboraban explosivos. Lo más impresionante es que funcionaban bajo la fachada de una agencia de las Naciones Unidas.
El Gobierno también hizo un anuncio en el tema ambiental. Este 28 de mayo, el Ministerio de Ambiente informó que suspendió las actividades de exploración y explotación en las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, que forman parte del proyecto minero Tena, ubicado en Napo.
Se trata de un grupo de concesiones manejadas por la polémica empresa china Terraearth. Esta, a pesar de ser una empresa legal, ha permitido la actividad ilegal en sus concesiones y no ha cumplido los estándares ambientales. Incluso, recientemente pidió poder utilizar más agua del río Jatun Yaku, lo cual fue rechazado por la comunidad.
Lo que sí se sabe es que desde hace varios años, estas concesiones no debieron ser usadas por no tener permisos ambientales. La empresa Terraearth tiene una trayectoria muy opaca. Fernando Villavicencio, por ejemplo, acusó a la empresa de permitir el ingreso de la minería ilegal y luego les compraba el oro. Acá la nota para recordar.
El crimen organizado extiende una vez más sus tentáculos A su paso solo trae muerte y devastación. Pero cómo se permitió que esto sucediera. Tal vez la respuesta se encuentra en una frase que Fernando Villavicencio la expresaba a menudo para entender la dinámica de la criminalidad: el crimen organizado no es posible sin el pode político. Este tema lo abordaremos en nuestra siguiente entrega, en los próximos días.
