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Las instituciones públicas que más dinero han pagado a empresas vinculadas al crimen organizado son los GAD de Manta y de Durán. De acuerdo a una investigación de Connectas, solo entre ambos Municipios se ha entregado $ 6’952.777 en contratos de este tipo. Esto es más de la mitad de todo lo entregado en los contratos identificados.
Esta es la segunda y última entrega del especial «Contratistas y Criminales», realizado por CONNECTAS y que cuenta con el respaldo de varios medios digitales. En la primera parte de este especial se vio la penetración que hay por parte de bandas delincuenciales en contratación pública.
La investigación detectó 97 contratos públicos, que sumaron 13,5 millones de dólares, desde 2010. De esas contrataciones, 31 (por 6,5 millones de dólares) fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
En los ejemplos vimos a la empresas públicas como Celec con 22 contratos. Sin embargo, solo los dos municipios antes mencionados superan todo lo pagado por esa empresa.
El dramático caso de Durán
El 15 de agosto del 2024, la Policía desplegó un gran operativo en Durán, uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador. En esta acción detuvo a 23 personas y las señaló de pertenecer a una organización delictiva encabezada por Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, líder de los Chone Killers.
En ese momento se indicó también que esta organización contaba con la participación directa de funcionarios del Municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de ese cantón, y habría servido para lavar dinero en la contratación pública.
En rueda de prensa, la Policía mencionó una obra de 190 mil dólares otorgada a la constructora Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S., perteneciente a la esposa de alias Negro Tulio, Alexandra Estrada Aquiño.
Ella fue procesada por presuntos delitos de terrorismo y delincuencia organizada. Arkhe fue favorecida con ese contrato para regenerar un parque de Durán. Este fue firmado en mayo de 2024.
Los contratos públicos se han celebrado, con Municipios de Manta, Durán, Buena Fe, Esmeraldas, Lago Agrio, Cuyabeno, Milagro.También con el de Santa Lucía, Eloy Alfaro y Antonio Elizalde.
Pero también los tentáculos del crimen organizado han llegado hasta entidades como Celec, el Ministerio de Salud y Federación Deportiva del Guayas.
Obras para Buena Fe y Bomberos de Durán
Tras el operativo de Durán, la Fiscalía sustentó sus señalamientos en contra de los Chone Killers, describiendo hechos ocurridos en 2022 y 2023, a través de los cuales detalló los roles de dos miembros de la organización que también fueron contratistas del Estado.
Carlos Cabrera Baidal, de 39 años, posee la mitad de las acciones de Constructora & Consultora Oscimaq S.A.S., la misma que los últimos meses de 2023 se adjudicó contratos del Municipio de Buena Fe (Los Ríos) por un total de 801 mil dólares, para obras de infraestructura.
Esa empresa fue constituida pocas semanas antes de lanzados los procesos contractuales.
En el caso de Durán, la Fiscalía lo imputó como la persona que influyó en los procesos de contratos públicos a favor de los Chone Killers.
Ashley Baux, de 20 años, alcanzó a inicios de 2024 un contrato de 71 mil 400 dólares del Cuerpo de Bomberos de Durán para el mantenimiento y readecuación del cuartel. La Fiscalía la señaló como la encargada de recolectar el dinero para la organización criminal.
Alias 'Washo' y el centro de Retención Vehicular de Durán
Antes de que saltara a escena la organización liderada por alias Negro Tulio, hubo otro miembro de grupos señalados como terroristas merodeando los contratos públicos en Durán: Washington Sellán Hati, alias Washo.
En 2019, Washo trabajó como digitador en la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) y luego colocó a miembros de su círculo íntimo, incluidos amigos cercanos y familiares, en puestos en las empresas de esa misma Alcaldía.
A la vez operaba para los Latin Kings, según reveló una investigación de Insight Crime.
En julio de 2021, Sellán fue detenido en flagrancia por narcotráfico, pues un equipo de la Policía lo filmó junto con una agrupación escondiendo droga en una casa de Durán.
Un juez le dictó prisión preventiva, pero salió libre tres meses después, debido a que la Corte Nacional de Justicia le concedió un habeas corpus aduciendo que tenía cirrosis hepática, hipertensión y COVID-19.
A finales de ese mismo año, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y Sellán quedó fuera del proceso.
Casi dos años después, a mediados de 2023, cuando Sellán ya estaba fuera del foco judicial, logró un jugoso contrato. Lo hizo a través de una empresa que este tenía junto con una de sus hijas: Transporsellcar. El gran negocio acordado con la ATD fue construir el Centro de Retención Vehicular del cantón.
En el proceso de concesión, Transporsellcar fue la única oferente. Los documentos de este proceso están disponibles en el sitio web de la ATD, pero no el contrato de construcción. Este tampoco está registrado en el portal de Compras Públicas.
CONNECTAS confirmó que el contrato por 992 mil 395 dólares se firmó el 10 de mayo de 2023, en la administración del alcalde Dalton Narváez.
El 13 de ese mes, Sellán recibió un ataque armado en Guayaquil. Sicarios le dieron más de 60 tiros al vehículo en el que viajaba con sus custodios e increíblemente salió con vida. Finalmente, murió tres días después.
Contrato se terminará unilateralmente, dice alcalde Chonillo
Consultado sobre este tema, el actual alcalde de Durán, Luis Chonillo, afirmó que el contrato de construcción sí existe, aunque no esté publicado, y que están en trámite para terminarlo de forma unilateral. Esto porque la obra, hasta el momento, no muestra avances en su ejecución.
Es un desafío considerable para los municipios filtrar a los oferentes basándonos en investigaciones en curso, las cuales no son de acceso público, también refiere el alcalde Chonillo.
Añade que, por norma de Contraloría, la responsabilidad de asegurar la correcta ejecución de los proyectos recae en el fiscalizador o en el jefe de fiscalización.
Admite que la falta de cruce de información entre las entidades estatales facilita la participación de grupos de delincuencia organizada en procesos a nivel nacional. Pero dice que las herramientas de verificación a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados son limitadas.
Solicitamos una entrevista con la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, pero declinó dar declaraciones por razones de seguridad.
¿Qué hacer para el control a los Municipios?
El asambleísta Adrián Castro, proponente de las reformas vigentes a la Ley de Contratación Pública de Ecuador, insiste en que los concejales tienen el deber y la competencia de fiscalizar los contratos que se firmen en las administraciones municipales.
Efectivamente, según el Cootad (Código de Organización Territorial), los concejales y concejalas de los 221 cantones del Ecuador tienen la atribución de fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal y de intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de los municipios del país.
No solo a los oferentes sino también a las proformas porque desde ahí empieza la trampa, ahí arranca toda la corrupción", dice. Comenta que las autoridades deben empezar a controlar, con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial.
Deben observar los procedimientos que superan montos relacionados a los 100 mil dólares. "Pero además necesitamos que los concejales en cada municipio empiecen a fiscalizar sentencia.
Chonillo, el alcalde de Durán, responde que esto puede contravenir las facultades otorgadas a los fiscalizadores. Los concejales tienen la facultad y el deber de fiscalizar las acciones del ejecutivo, incluyendo los procesos de contratación pública, siempre y cuando estos ya estén finalizados.
Auge de contratos con GDO se dio entre 2021 y 2023
La mayoría de estos contratos con personajes ligados al crimen organizado se dieron entre 2021 y 2023. La infiltración del crimen organizado en la contratación pública no es reciente en Ecuador, aunque se haya agravado desde el año anterior.
Contratos a Los Fatales, en Lago Agrio
Milton Julio Quintero Angulo, alias Yilo, (señalado como miembro activo de Los Fatales) tuvo procesos por asesinato y otros delitos como robo y tenencia de drogas, desde el 2010.
En el caso de asesinato se lo llamó a juicio, pero el proceso se suspendió porque estaba prófugo. A pesar de ello, tuvo participación en contratos con el Estado entre 2010 y 2012.
En esa época, Alias Yilo presidía y tenía el 30% de las acciones de la empresa Constructora Lagodixmark Cia. Ltda., que obtuvo siete contratos por un total de 213 mil 542 dólares con el Municipio de Lago Agrio, el Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón, y con los gobiernos parroquiales de Santa Rosa y Santa Cecilia (de Sucumbíos).
La Superintendencia de Compañías disolvió esta empresa en 2016, luego de haberla declarado en inactividad.
Darwin Gómez, líder de Los Tiguerones, con tres contratos
Varias autoridades de la provincia de Esmeraldas como el municipio de Eloy Alfaro, la junta parroquial de Tonchigüe y la junta parroquial de Montalvo en Río Verde contrataron en 2018 y 2022 con Henri Darwin Gómez Abad y su empresa, Constructora y Mantenimiento Industrial Go-Abad Const.
A Gómez se lo procesó por asociación ilícita en 2012 junto con alias Chugo Porto, pero se lo declaró inocente un año después.
En abril de 2024, el Gobierno Nacional lo declaró como objetivo militar por considerarlo líder de Los Tiguerones.
Son tres contratos en total que superan los 243 mil dólares y están relacionados con obras civiles (aceras, bordillos y adoquinados).
Este fenómeno no solo pone en riesgo la integridad de los procesos de contratación, sino que también afecta a las entidades auxiliares de apoyo, como notarías, registros mercantiles, la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública. LUIS CHONILLO, ALCALDE DE DURÁN
Para esta investigación se solicitó la versión de todos los responsables de las juntas parroquiales y municipios mencionados.
Hasta el cierre, solo la Junta Parroquial de Montalvo, en la provincia de Esmeraldas, respondió y confirmó que el proceso contractual entre la Junta Parroquial y uno de los personajes identificados por esta investigación como miembro del crimen organizado se adjudicó en 2018.
Añadió que, considerando que Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por la violencia en el país y por temor a posibles represalias, les sugiero consultar directamente la información en el portal de compras públicas.
CONNECTAS también buscó la versión de cada uno de los proveedores, pero solo Segundo Agenor Guerrero Banguera contestó antes de la publicación de estos reportajes. Él negó cualquier tipo de vínculo con bandas criminales.
¡El dinero del narco se limpia en empresas!
Roberto Santamaría, quien por estos días dirige operaciones policiales en Durán, el distrito más violento de Guayaquil, considera que para generar una verdadera intervención la declaratoria de conflicto armado interno, no solamente tiene que llevarla el Ejecutivo.
También debe llevarla el legislativo, el judicial y los organismos de control".
Santamaría, quien anteriormente trabajó dos años en Nueva Prosperina, explica que a los organismos de control casi nadie los toca.
También se pregunta: ¿Cómo se registran estas compañías?.
El mejor negocio que cualquier constructor puede tener es con el Estado porque son masivas y son millonarias, y eso es lo que ha pasado durante la mayoría de las empresas que proveían servicios municipales, opina.
Las grandes cantidades de dinero que se generan del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro las limpian con empresas, ROBERTO SANTAMARIA, OPERACIONES DE DURÁN.
Las deuda en el control de los recursos públicos ha permitido que, en la peor crisis de seguridad de Ecuador, el crimen organizado fortalezca sus finanzas.
Así mientras tenemos una guerra en las calles, contratistas que son parte del crimen penetran en las instituciones.
