Este martes 20 de agosto del 2024, se cumple un año de la Consulta Popular. El 68.5% de los electores, del Distrito Metropolitano de Quito, decidieron que se prohíba todo tipo de minería en el Chocó Andino, zona de alta biodiversidad en el país.
Un año después, aún no existen acciones ni respuestas claras por parte del Gobierno Nacional y del Municipio de Quito. Inty Arcos, biólogo, activista y miembro de la Mancomunidad del Chocó Andino, indica que las entidades responsables de aplicar la consulta. Al parecer, “no leen la resolución de la Corte Constitucional, ni la consulta popular” para aplicarla.
“Ahí clarito dice: Municipio de Quito, prohíba la minería en el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Ministerio de Energía y Minas, revise las concesiones cómo están, cuando se entregaron, qué licencias tienen”, señala Arcos. Además, indican que las concesiones siguen graficadas en el catastro minero y exigen que se valide la consulta popular, como un proceso democrático.
“Estamos esperando que se revisen las concesiones mineras y se desgrafiquen (eliminen) las concesiones dentro del catastro minero”, sostiene Inty Arcos.
Nuevas concesiones antes y después de la Consulta Popular
La aplicación de la consulta es de carácter retroactiva, eso quiere decir que se ejecutará desde la aprobación de la misma y no tiene aplicación en licencias o concesiones que se hayan entregado antes de la consulta.
Teolinda Calle, procuradora del colectivo Quito sin Minería, indica que la última licencia se otorgó cuatro días antes de la consulta, lo que “llama la atención”.
La primera es la concesión La Victoria Unificada, a nombre de Guido Alberto Acosta Valencia, que tiene como fecha de inscripción el 18 de agosto del 2023. Esta concesión está ubicada en Pacto y cuenta con 31 hectáreas, adjudicadas hasta el 2037.
Pero eso no es todo, dos semanas después de la Consulta Popular, se inscribió otra concesión. El 8 de septiembre, la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, inscribió la concesión Urcutambo, ubicada en Gualea y de 2.251 héctareas de extención. Al igual que La Victoria Unificada, Urcutambo está concesionada hasta el 2037.
Concesiones mineras: entre el silencio del Estado y la falta de permisos
El viernes 16 de agosto del 2024, se realizó la primera reunión entre representantes de la comunidad, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y algunas entidades del Municipio de Quito, para tratar el tema de la consulta.
Teolinda Calle, procuradora del colectivo Quito sin Minería, señaló “no he visto desde el Estado una intención clara de cumplir con el dictamen de un Quito sin Minería”. Según Calle, durante la reunión, los representantes de dichas instituciones se “lanzan la pelotita” al momento de solicitar acciones concretas. “El Estado no nos está garantizando el resultado de la Consulta”, sostiene.
Actualmente, existen 12 concesiones mineras otorgadas dentro de El Chocó Andino y 8 en trámite. Sobre las primeras, según el colectivo Quito Sin Minería, se deben analizar el proceso de cada una y no podrán pasar a la fase de explotación. Mientras que las 8 restantes no podrán ser otorgadas ninguna licencia.
“Muchas de esas concesiones no tienen licencias de explotación. Entonces a partir de ganar la consulta popular en adelante no se puede, por ley, entregar más licencias”, indica Inty Arcos. Es por eso que solicitan a las instituciones correspondientes esclarecer el estado de cada concesión para poder delimitar aquellas que cuentan con una licencia de exploración y explotación; y hasta qué año.
¿Coincidencias o grandes negocios?
Más de 11 mil hectáreas, dentro de Pacto, Nanegal y Gualea, están concesionadas. Dentro de estas concesiones, según el colectivo, están operando mineras que no cuentan con la respectiva consulta ambiental.
Una de las mineras que maneja una de las concesiones dentro de El Chocó Andino es Valle Rico Resources, que tiene como mayor accionista a SoldGold, empresa con la cuál el Estado firmó el acta final de negociaciones previas a la firma el contrato de explotación del proyecto minero a gran escala Cascabel.
“Es hora de que las autoridades actúen. El Municipio de Quito debe declarar al Chocó Andino como un territorio libre de minería metálica y proceder con la revisión de todas las concesiones mineras en la zona. Además, exigimos al Ministerio de Energía y Minas que actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras de inmediato.”, señala Ivonne Ramos, coordinadora del colectivo Quito Sin Minería.
La minería no es el único problema dentro de El Chocó Andino
El Chocó Andino tiene varios monstruos que lo acechan.
Desde la declaración del Gobierno de un estado de guerra, se cancelaron gran número de reservas y visitas al Chocó Andino. El turismo es una de las actividades económicas más importante para los moradores de este sector. Actividades como el aviturismo son las que más impacto negativo han sufrido.
Otro gran monstruo son los proyectos inmobiliarios. En los últimos meses se ha registrado la construcción de urbanizaciones dentro de la mancomunidad que no respetan el ecosistema del medio, acelerando el fenómeno del bosque vacío. Esto significa que empiezan a disminuir las especias y puede finalizar con la desertificación de la tierra.
Un claro ejemplo, según lo expone Inty Arcos, es lo que sucede en Mindo dónde actualmente se está construyendo un proyecto inmobiliario que ha generado una gran destrucción en esta zona. “Acabaron la orilla del río Mindo y hacía dentro está todo destruido a tierra”.
Marcha para proteger uno de los últimos bosques de Quito
El colectivo Quito Sin Minería, moradores de la Mancomunidad del Chocó Andino y ciudadanos en general marcharon este martes 20 de agosto, para exigir a la Corte Constitucional la vigilancia del cumplimiento de la voluntad popular sobre la prohibición de todo tipo de minería en esta zona.
Entre cantos, carros alegóricos y representación artística de las especies que son parte de esta reserva natural, activistas y voluntarios marcharon hasta las afueras de la Corte Constitucional, donde realizaron un plantón pacífico.
Esteban Barriga, jóven activista, señala que el colectivo “se ha mantenido trabajando con la esperanza de abrir puertas a los modelos económicos sostenibles, articulando a la ciudad y al campo en propuestas post extractivas” a través de talleres y otros espacios de socialización.
La Mancomunidad del Chocó Andino, se ubica a 40 minutos aproximadamente de la capital y está conformada por seis parroquias rurales de Quito: Nanegalito, Nono, Pacto, Nanegal, Calacalí, Guelea. Según información del colectivo Quito sin Minería, esta reserva alberga a 3.000 especies de plantas, 150 especies de mamíferos, 90 especies de reptiles. Además, 640 especies de aves y 120 especies de anfibios.
En el 2018, la Unesco declaró al Chocó Andino como Reserva de Biósfera. Este bosque provee de agua limpia, aire puro y productos agroecológicos tanto a las parroquias rurales de Quito como a ciertas parroquias urbanas. Además, protege a 400.000 personas de aluviones y movimientos masivos de tierra y alberga el 12% de la biodiversidad del país.
