Villavicencio, periodista valiente y candidato presidencial, fue asesinado en medio de su lucha contra la corrupción y el narcotráfico, poniendo al descubierto las conexiones siniestras entre estos sectores y ciertos políticos y funcionarios. El atroz crimen ocurrió 11 días antes del debate presidencial, a las afueras de un mítin político en la capital del Ecuador.
La eliminación de estos hallazgos en el informe de mayoría, propuesto por ADN y respaldado por PSC, RC y Pachakutik, constituye un intento descarado de encubrir la verdad y desviar la responsabilidad de los verdaderos culpables.
El informe de minoría, elaborado por el movimiento Construye, el cual apoyó a Villavicencio en su candidatura, ofrece una perspectiva más amplia. Este informe no solo destaca la trayectoria periodística de Villavicencio, sino que revela cómo sus investigaciones lo colocaron en la mira de una compleja estrategia narcodelictiva.
El informe inicial de la Comisión Ocasional concluyó categóricamente que el asesinato de Villavicencio fue un crimen político. Sus investigaciones, que expusieron la corrupción y el crimen organizado, lo convirtieron en un personaje incómodo para muchos sectores poderosos.
Las conclusiones y recomendaciones del informe original señalaban cómo las organizaciones criminales, apoyadas por políticos, funcionarios e incluso periodistas, conspiraron para acabar con su vida.
La participación de funcionarios del ECU 911, quienes rastrearon y facilitaron la ubicación de Villavicencio a sus asesinos, es solo uno de los muchos ejemplos de la traición y complicidad interna detallada en el informe de Construye.
Además, figuras prominentes como Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Andersson Boscán, Leandro Norero, Pablo Muentes, entre otros… vinculados al narcotráfico y corrupción, habrían jugado papeles clave en la conspiración para silenciar a Villavicencio.
Asimismo, el informe de minoría resalta la ineficacia de la protección estatal asignada a Villavicencio y la necesidad de una investigación profunda sobre su asesinato como un crimen político.
Sin embargo, el informe de mayoría, que finalmente obtuvo apoyo en la Comisión, minimiza estos hallazgos y presenta el asesinato como parte de una ola de violencia generalizada en el país.
La cultura de la impunidad
Fernando Villavicencio ya lo dijo, “La impunidad es la raíz del mal” y el Ecuador ya ha pasado por esta vergüenza. Uno de los lamentables casos en los que el Estado ensució todo el proceso de investigación fue en el caso del General Jorge Gabela, quien fue asesinado vilmente por oponerse a la compra de helicópteros Dhruv. Las investigaciones oficiales, al igual que ahora, intentaron convencer al público de que su asesinato fue un crimen de delincuencia común.
Caso Gabela: 13 años del amor y resistencia de Patricia Ochoa
Trece años después, su esposa, Patricia Ochoa, sigue resistiendo y luchando por la verdad y la responsabilidad que estos valientes merecen. Este lamentable patrón se repite en el caso de Fernando Villavicencio, cuyo asesinato también se intenta encubrir bajo la narrativa de la delincuencia común.
En el informe aprobado, el expresidente, Guillermo Lasso Mendoza, en su calidad de máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha sido responsabilizado por no evitar que sucediera el crimen con sus actos y omisiones.
Su administración no proporcionó la protección adecuada a Villavicencio, a pesar de las numerosas amenazas y el alto riesgo que enfrentaba. Esta falta de acción efectiva contribuyó significativamente a la vulnerabilidad que permitió el asesinato.
Si bien es cierto que hay responsabilidades que deben ser investigadas en los funcionarios estatales de ese tiempo, es inconcebible que el informe de mayoría pretenda desvanecer las evidencias que hacen de este un crimen político. Al hacerlo, no solo se encubre a los verdaderos culpables, sino que también se atenta directamente contra la democracia misma.
Este documento, que ha sido calificado por las hijas de Villavicencio como el «informe de la impunidad», omite cruciales conexiones y complicidades internas del Estado, reveladas en la investigación de los casos Metástasis y Purga principalmente, que seguramente llevarán a dar con los autores intelectuales del crimen.
Sin verdad ni responsabilidad las tragedias se repetirán
Este informe que concluye que el crimen fue parte de la ola de violencia, y que ante la sorpresa de la ciudadanía pendiente de la sesión obtuvo los votos necesarios, representa un retroceso en la lucha por la verdad y la justicia. El hecho de que algunas bancadas hayan introducido observaciones que desvirtuaron las conclusiones originales revela una intención clara de proteger a los verdaderos responsables y perpetuar la impunidad.
La urgencia de adoptar medidas de verdad, justicia y reparación es evidente. La memoria de Fernando Villavicencio debe ser honrada con un compromiso firme para identificar y sancionar a todos los responsables de su asesinato, desde los autores materiales hasta los intelectuales.
La depuración de las instituciones estatales y la implementación de políticas de integridad son pasos esenciales para evitar que tragedias como esta se repitan.Lamentablemente, el informe de mayoría pretende lavarle la cara a los actores políticos y narcocriminales implicados en el caso, muchos de los cuales tienen vínculos directos con los partidos que han votado a favor de este informe de la impunidad.
Esta maniobra no solo traiciona la memoria de Fernando Villavicencio, sino que también perpetúa un ciclo de corrupción y violencia que continúa dañando al país. La aprobación de este informe de mayoría es un acto de complicidad que socava la búsqueda de justicia y verdad, permitiendo que los responsables de generar al ambiente político de odio hacia Villavicencio, hacia la prensa y hacia la lucha contra la corrupción, queden impunes. Sin verdad ni responsabilidad las tragedias se repetirán.
El pleno de la Asamblea tendrá que conocer tanto el informe de mayoría como de Construye. Tras la votación de la Comisión es muy probable que esas mismas bancadas: RC, ADN, Pachakutik y PSC voten a favor de un informe que decide olvidar una gran parte de la historia.
La Fiscalía y las Cortes tienen en sus manos la responsabilidad de realizar la verdadera investigación y juzgamiento, tanto de los autores materiales como de los intelectuales.
