Wilman Terán: El Rey en el Consejo de la Judicatura

Wilman Terán, un personaje clave en el entramado legal de Ecuador, emerge con un currículum que, si bien ostenta títulos y posiciones, también está marcado por decisiones que despiertan interrogantes. Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central, Terán ha demostrado ser un estratega, pero su paso por distintos roles en la función pública deja un rastro de dudas.

• Tiene posgrados en derecho penal, derechos humanos y criminología. 
• En mayo de 2007 fue coordinador de investigaciones en la Comisión de la Verdad del correísmo para investigar las violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 1988, durante el gobierno de León Febres-Cordero. 
• En 2008 fue Director Ejecutivo de la Comisión de la Verdad para investigar la incursión del ejército colombiano en Angostura. 
• En 2011 se desempeñó como Director de Asesoría Jurídica y Secretario General del Consejo de Gobiernos Parroquiales (CONAGOPARE) en la administración de Carlos Chillán, otrora vocal de la Junta Parroquial de Julcuy, Jipijapa, auspiciado por Alianza País en 2009.
• En 2013 fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas y en 2017 integró la Corte Provincial de esa provincia. 
• En 2018 fue nombrado conjuez de la sala Contencioso Administrativo de la Corte Nacional.
• Luego fue magistrado en la Sala de Civil y Mercantil, y presidió la de la Familia Niñez y Adolescencia. 
• También formó parte de la Sala de lo Penal e integró el Tribunal de Apelación del Caso Sobornos 2012-2016, finalmente en esta instancia se ratificaron los 8 años de prisión contra Rafael Correa. 
• Actualmente es Presidente del Consejo de la Judicatura y es procesado, junto al vocal Xavier Muñoz, la exvocal Maribel Barreno, el exvocal Juan José Morillo y cuatro personas más tras la ilegal suspensión del juez Walter Macías con únicamente dos votos.

Xavier Muñoz: Un Alfil Investigado

• Abogado de los Tribunales por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene maestrías en legislación tributaria y derecho procesal por la misma universidad. 
• Fue asesor de la gerencia general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asesor de la Asamblea Nacional, y director jurídico de los Créditos Hipotecarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la provincia del Guayas. 
• Trabajó como director jurídico de la Red de Negocios del Ecuador, gerente general de SERINTRIAGO S.A. (Servicio de Exportadores Bananeros). 
• En abril de 2021 ingresó al Consejo de la Judicatura tras ser escogido entre la terna que remitió el expresidente, Lenín Moreno, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
• Es investigado por lavado de activos y obstrucción a la justicia. La Embajada estadounidense le revocó su visa. 

Maribel Barreno: Un caballo que salta la justicia

• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de la República. Es magíster en Derecho Penal y Criminología. Tiene un Diplomado en Criminalística y se especializa en Derecho Penal, Procesal y Constitucional. 
• En su contra reposan dos causas abiertas: es procesada por obstrucción a la justicia y tráfico de influencias junto al también exvocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. El llamamiento a juicio por esta última causa determinó su remoción de la Judicatura. 
• Se le dictó prisión preventiva, sin embargo, logró revertir esa medida tres días después mediante un habeas corpus presentado ante un Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia mientras permaneció en la clandestinidad. 
• En principio, intentó evadir esta acción penal en su contra a través de una medida administrativa de protección concedida por la exteniente política de Nayón, Nancy Ruiz, contra la Fiscal General para detener y/o prevenir violencia contra la mujer, pero fue revocada.  

Mireya Pazmiño: La Dama de los contactos petroleros

• Es licenciada en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas por la Universidad Técnica Particular de Loja. En el mismo centro de estudios se graduó de abogada y obtuvo una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. 
• Entre 2008 y 2009 fue secretaria de la Agencia de Garantía de Depósitos. En 2012 trabajó como ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura.
• En 2013 fue asesora jurídica en el Registro Civil, Identificación y Cedulación de Bolívar. Entre 2012 y 2014 fue analista jurídica en la Dirección Provincial del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Bolívar. 
• Entre 2014 y 2017, Pazmiño fue mediadora coordinadora en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar. Luego de ello, por dos años fue docente en la Universidad Estatal de Bolívar. 
• En 2021, fue electa por Pachakutik, movimiento que la auspició hasta su expulsión oficial el 17 de noviembre de 2022, luego de mocionar la continuidad del juicio político contra cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
• Fue una permanente opositora del expresidente Guillermo Lasso. 
• En el Legislativo, presidió la Comisión de Régimen Económico y Tributario, instancia en la que aprobó conjuntamente con el correísmo y el PSC un informe no vinculante que recomendaba la continuidad de la relación contractual entre FLOPEC y Amazonas Tanker. 
• Ese documento fue elaborado en el computador de Isaac Garzón Méndez, hijo menor de Galo Garzón Játiva, procesado por las preventas petroleras junto a Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, en el caso Petrochina.
• Mario Naranjo, su entonces asesor y amigo de la infancia, elaboró ese documento fuera de la Comisión. Él es hermano de Wilson Naranjo, testaferro de los hermanos Peré Ycaza, intermediarios petroleros sentenciados en EE.UU. 
• Todo esto fue denunciado por Fernando Villavicencio el 25 de abril de 2023 ante la Fiscalía General del Estado por tráfico de influencias y uso de documento falso. En virtud de esto, el Ministerio Público abrió una investigación previa contra Pazmiño y los hermanos Naranjo Borja por cohecho, fraude procesal y otros delitos. 
• Actualmente, Pazmiño integra el Comité de Expertos que formuló las preguntas y elaboró los casos prácticos en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia organizado por la administración de Wilman Terán. La Universidad de Bolívar confirmó que Pazmiño no es una docente activa, por lo que se inscribió a título personal. 

Alembert Vera: La torre de Correa

• Es abogado y magíster en derecho empresarial. Tiene un postdoctorado en derecho administrativo y contencioso-administrativo. 
• Fue asesor jurídico de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. 
• Fue investigador de la Universidad Complutense de Madrid y profesor investigador en Ecuador. Además, es propietario del estudio jurídico Vera Paez. 
• Vera también patrocinó algunas de las más cuestionadas demandas del expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, contra periodistas como Juan Carlos Calderón, Christian Zurita y Diario El Universo. En esta última, se sentenció al articulista Emilio Palacio y a los directivos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga a tres años de prisión y al pago de una reparación de $30 millones. Adicionalmente, el fallo determinaba el pago de $10 millones y honorarios profesionales de los abogados de Correa. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2021, la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia del Palacio y de los directivos de El Universo.
• En abril de 2023, Juan Esteban Guarderas, vocal del CPCCS, presentó una denuncia contra él y Marcela Aguiñaga por presuntamente haber incurrido en una infracción electoral grave, toda vez que su candidatura tuvo el auspicio de la Revolución Ciudadana, pese a que está prohibido. El 3 de mayo fue archivada, pero el 31 de ese mismo mes, el TCE dejó sin efecto el archivo de la denuncia y, el 27 de junio, fue admitida a trámite por el juez Guillermo Ortega. El 11 de septiembre, el juez negó la demanda en primera instancia, pero el 18 Guarderas ingresó un escrito de apelación que está a la espera de resolución por la excusa presentada por dos magistrados para sustanciar el recurso.
• Entretanto, la Corte Constitucional lo destituyó, junto al coordinador general de asesoría jurídica del CPCCS, Ismael Merizalde, el 6 de octubre por incumplimiento del dictamen interpretativo 02-19-IC/19 al conformar una veeduría, dispuesta por el juez multicompetente de Montecristi, Leiver Quimis, para que evalúe la pertinencia de la designación de los jueces constitucionales por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). 
• La decisión se derivó de unas medidas cautelares concedidas a la ciudadana Betty Moreira Marcillo. Moreira originalmente solicitó este proceso al CPCCS en la administración de Gina Aguilar, pero no fue acogido. Vera acató el fallo y convocó a la ciudadanía a la integración de la veeduría que revisaría “las atrocidades del trujillato”. 
• El órgano constitucional también observó lo hecho por Vera respecto al nombramiento de Diana Salazar a raíz de la denuncia presentada por Acción Jurídica Popular en la que se la acusaba de plagiar su tesis de pregrado en audiencias públicas; imputación desestimada por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador.

María del Carmen Vera y Lyonel Calderón: Peones de la impunidad 

• Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
• Es magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un doctorado en Derecho Penal por la misma institución. 
• Ha ejercido la docencia en las Universidades de Guayaquil y Loja. Es hermana de Alembert Vera, antiguo abogado de Rafael Correa y expresidente del CPCCS destituido en octubre de 2023 por incumplimiento del dictamen constitucional que blinda las decisiones del Transitorio. 
• Integra la terna titular de materia Familiar en el Comité de Expertos que formula el banco de preguntas y los casos para los participantes en el concurso de jueces organizado por el Consejo de la Judicatura. 
• En la Función Judicial tiene un proceso por cobro de deudas de la Administración del Edificio San Francisco 300.

Lyonel Calderón 

• Es economista y abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad de Guayaquil. 
• Se especializó en Ciencias Penales y Criminología. Además, es coordinador de la Maestría de Derecho Penal en la Universidad de Guayaquil. 
• Es esposo de Maria del Carmen Vera Rivera, también miembro del Comité de expertos para el concurso de jueces, y cuñado de Alembert Vera, el exabogado de Rafael Correa y expresidente del CPCCS destituido en octubre por la Corte Constitucional. 
• En la audiencia pública de seguimiento al dictamen 02-19-IC/19, Calderón patrocinó la defensa de Vera. 
• En 2022 participó junto a otros abogados en el “Seminario del Caso Sobornos”; evento en el que se pretendió desvirtuar la fundamentación técnica presentada por la FGE y ratificada en tres instancias con la argucia del “lawfare”. 
• Actualmente, Calderón es el Viceministro de Seguridad Pública designado por Mónica Palencia, abogada del Presidente Daniel Noboa y Ministra de Gobierno. 
• Palencia también asumió la defensa técnica de Xavier Neria y Oriana Rumbea por presunta falsedad de información en el caso Isspol. Calderón registra una contravención de tránsito de 2017. 

Patricia Veintimilla: Un alfil en prisión 

• Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales
• Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales y Juzgado de la República del Ecuador
• Especialista en Gestión de Procesos Educativos
• Master en Educación Superior Mención Ciencias Jurídicas
• Mediadora acreditada por el Consejo de la Judicatura
• Asistente Legal del Estudio Jurídico Miranda & Asociados, del Estudio Jurídico Dr. Fernando García, del Consorcio Jurídico R. E. V., fue Directora de proyectos para la Fundación para el Desarrollo Jurídico Social del Ecuador
• Docente de la Universidad Técnica de Ambato
• Se desempeñó como Conjueza de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi
• Registradora de la Propiedad del GAD Municipal del cantón Salcedo, Registradora de la Propiedad del GAD Municipal del cantón Latacunga
• Directora del Centro de Mediación adscrito a la “AMAC” y directora del Centro de Mediación de la Asociación de Mujeres Abogadas de Cotopaxi.
• El 24 de febrero fue designada, con los votos de Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, como Directora Provincial de Cotopaxi
• El 13 de octubre, como miembro del Tribunal Nro. 3 de recalificación, Veintimilla le subió 20 puntos a Magno Intriago Mejía sin justificación. Esta decisión fue revertida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura.
• El 14 de noviembre fue arrestada como parte de una investigación por tráfico de influencias. Actualmente guarda prisión preventiva.

Luis Rivera: un peón con trayectoria

• Cursa un Programa de Doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo tres Maestrías en: Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría de la Empresa. Abogado de los Tribunales de la República.
• El 3 de febrero de 2021, Rivera ingresó a la Corte Nacional de Justicia 
• En la época del correísmo, fue juez de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos y también fue Defensor Público
• Entre 2012 y 2013, Rivera fue investigador de la Secretaría de Transparencia de Gestión. Esta instancia fue creada por Correa para combatir la corrupción. En la época en la que Rivera fue parte, la Secretaría era dirigida por Edwin Jarrín y Diego Guzmán, dos personajes cercanos al expresidente.
• Además, en julio de 2017, Rivera fue nombrado director del Consejo de la Judicatura en Los Ríos. Su nombramiento y posesión estuvo a cargo de Gustavo Jalkh, quien fue secretario particular de Correa.
• También fue asesor del exasambleísta César Litardo en el período 2017-2021
• En noviembre de 2022, Rivera presidió el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional que anuló el caso Singue en el que Jorge Glas, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yanuzeli, entre otros procesados, eran acusados del delito de peculado
• Rivera también sobreseyó a 18 procesados por peculado en el caso Dhruv, entre ellos los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce. 
• Integra el Tribunal de Casación del Caso Balda y está en su conocimiento el recurso de casación presentado por Pablo Romero, exsecretario de la SENAIN sentenciado por el secuestro de Fernando Balda. En esta causa, Rafael Correa mantiene un llamado a juicio en suspenso, porque está  prófugo de la justicia.
• Rivera es el juez encargado de la formulación de cargos del caso “Reconstrucción de Manabí” en el que se acusa a Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz de un presunto peculado. Para continuar con el enjuiciamiento penal contra Glas, Rivera solicitó autorización a la Asamblea, pese a que no ostenta la vicepresidencia desde el 2 de enero de 2018, cuando se configuró la ausencia definitiva del cargo por guardar prisión preventiva por el caso Odebrecht.
• Rivera también es juez en la causa penal por cohecho seguida contra el exministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, y tres personas más. 
• Sustancia la formulación de cargos por el caso “Independencia Judicial”, en el que se investiga a Wilman Terán, Xavier Muñoz, Maribel Barreno, Juan José Morillo y otros cuatro funcionarios judiciales por presunta obstrucción de la justicia
• Recientemente, el periodo de Rivera en la Sala Penal fue extendido hasta 2030 a través de una cuestionada resolución aprobada con los votos de Terán y Muñoz.

Juan José Morillo: otro peón del tablero judicial 

• Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales 
• Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República
• Especialista Superior en Derecho Administrativo
• Secretario General de la Superintendencia de Telecomunicaciones en 2008
• Coordinador General de Relaciones Internacionales en el CPCCS-T en 2018
• Asistente Profesional – Dirección General Jurídica. Responsable de Procedimientos Administrativos Sancionatorios entre 2001 y 2004.
• Fue vocal titular propuesto por la Defensoría Pública desde enero 2019 hasta septiembre de 2023, luego de ser removido por el llamamiento a juicio por tráfico de influencias