A 27 metros sobre el nivel del mar, con la temperatura y la humedad propicias y en un suelo prodigioso se extienden centenares de hectáreas de bananales, sembrados en largas filas paralelas. De los troncos de estas plantas espigadas y de anchas hojas cuelgan miles de racimos que pintan el fuerte verdor de la zona. Es la Isla de Bejucal, una parroquia rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos, que ha sido históricamente un centro agrícola importante por sus cultivos de ciclo corto y sobre todo por la plantación permanente de banano que es la que mueve la economía del sector. Este producto ocupa 7.562 hectáreas sembradas, seguido por el cacao con 3.012 hectáreas.
Los Ríos encabeza las provincias con mayor producción bananera con el 37,14%. Le sigue la provincia del Guayas con 32,25% y El Oro con 24,12%, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP).
Si bien entre enero y octubre de 2022 las exportaciones de banano tuvieron una caída del 7,5% en cuanto al volumen de cajas, respecto a igual período de 2021 (según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE), las ventas externas de este producto siguen entre los mayores rubros de las exportaciones tradicionales, pues le significaron al país ingresos por $2.609 millones, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador.
Pero en las zonas de cultivo de banano el tiempo parece haberse detenido en materia de derechos. Este portal recogió testimonios de trabajadores de haciendas de la ruralidad de Baba que se evidencia que los beneficios de la producción del oro verde se opacan con la precariedad de las condiciones laborales.
Leoncio Montes Ronquillo ha laborado en plantaciones desde hace tres décadas. Ha hecho de todo: destalle, que es el corte del tallo del racimo que queda luego de la cosecha, deshoje y limpieza de los desechos de la planta, corte y colocación de la fruta en cable vías para trasladarla hasta la empacadora. La mayor parte de sus actividades transcurrió en la hacienda María del Pilar. Sus jornadas empezaban a las 6 de la mañana sin hora fija de conclusión.
Una afección a su riñón derivó en el sometimiento a sesiones de diálisis por 8 años, el tratamiento no funcionó y debió hacerse un trasplante. “Desde hace tres años ya no estoy trabajando porque caí enfermo, tengo que hacerme las diálisis por 10 años más. Entonces no puedo hacer ninguna labor porque todo en cuanto a banano es puro químico”, lamenta Leoncio.
A partir de 2019 empezaron los atrasos de su patrono en los pagos de sueldos a los trabajadores de la hacienda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Leoncio estaba convencido que sí contaba con los beneficios como asegurado debido a que le descontaban sus aportes mes a mes. Su discapacidad por enfermedad le condujo a pedir su jubilación en 2021, pero su sorpresa fue una negativa por parte del IESS debido a que sus cánones constaban como impagos. “Resulta que ahora no puedo jubilarme, tengo solo 58 aportaciones pagadas y 60 impagas. Y ya no me querían ni atender en los hospitales porque el dueño está en mora”, enfatiza. Leoncio tampoco tiene acceso a sus fondos de reserva.
Al momento su patrono le paga $220 mensuales, Leoncio es el único sustento de su familia, tiene 2 hijos, uno de ellos aún en la escuela y para su tratamiento médico gasta mensualmente alrededor de $100. Unos pocos dólares que obtiene por unos sembríos de arroz ayudan a palear en algo sus necesidades.
Otra de las importantes tareas que demanda el cultivo del banano es el amarre, que consiste en la sujeción y anclaje de las plantas para prevenir que se doblen o se caigan por el peso o los fuertes vientos. Durante 11 años René Contreras, trabajador de la hacienda Danica, ubicada en el recinto Versalle, del cantón Baba, ha estado encargado del amarre de las plantas de banano.
Su horario es de 7:00 a 15:00 y percibe $360 mensuales, no alcanza al Salario Básico Unificado (SBU). El argumento de la empresa para no pagarle lo que manda la ley es que Contreras está a cargo de apenas 20 hectáreas y si aspira a obtener el SBU debería cubrir hasta 30 hectáreas. “Humanamente no se puede cumplir con esa extensión”, asegura Contreras, quien se queja también porque desde hace cinco años el dueño de la hacienda le ha descontado de su sueldo los aportes al IESS, pero ninguna de esas deducciones están registradas en el ente de seguridad social.
La hacienda bananera donde han laborado Leoncio Montes y René Contreras, pertenece ahora a la empresa Danicafruits S.A. donde las paralizaciones de actividades han sido noticia debido a los retrasos en los pagos de sueldos y al incumplimiento de sus derechos laborales. (https://www.aldia.com.ec/trabajadores-paralizaron-el-embarque-por-falta-de-pago/)
En los registros de la Superintendencia de Compañías Danicafruits aparece constituida el 21 de marzo de 2019, sus accionistas originales fueron: Randy Ramírez Ruiz (presidente) y Danilda Zambrano Marte (gerente). Hernán Zambrano compró el 50% de las acciones en julio de 2019 a Randy Ramírez y se convirtió, junto a su esposa Danilda Zambrano, en dueño de esta compañía.
Según varios trabajadores consultados, a partir del cambio de dueño han sido despedidas al menos 25 personas de la hacienda Danica (como la denominan ahora), a quienes todavía les adeudan sus liquidaciones. Al momento 45 personas se mantienen trabajando en esa plantación, de los cuales 40 no están afiliadas al seguro social.
Danica no solo está en mora con el IESS, a nivel societario tampoco ha cumplido con la presentación de las contribuciones de 2022 a la Superintendencia de Compañías y según el informe de gerencia de la empresa las utilidades fueron de apenas $77,54 en 2021.
Los trabajadores refieren que en varias ocasiones Zambrano ha prometido actualizar sus aportaciones al IESS. El último ofrecimiento fue que hasta diciembre de 2022 pagaría todos sus pasivos laborales. René Contreras asegura que las deudas con los trabajadores suman ya $280.000.
Mujeres enfrentan mayor carga laboral y menor pago
Paulina es el nombre protegido que usaremos para una trabajadora del sector bananero a quien despidieron en septiembre del 2022 de la hacienda La Emperatriz, sin ninguna explicación, luego de casi 10 años de desempeñar las más variadas tareas. “Lo que me ponían a hacer yo me desenvolvía”, cuenta resignada.
Desde las 6:00 que empezaba sus labores Paulina se dedicaba, unas semanas a desflorar, otras a sellar y otras a lavar los protectores que se sacan de la fruta. Este lavado es para evitar la presencia de insectos como la cochinilla, una plaga que succiona la savia de las plantas y transmite el BSV (Banana Streak Virus), según el Magap y Agrocalidad. “Su presencia en la fruta de exportación es causa de rechazo en países importadores”.
Las jornadas de Paulina, muchas veces, se extendían de lunes a sábado y sin hora fija de salida. En promedio 12 horas diarias. “A veces nos pagaban $10 a las mujeres si hacíamos 1.000 cajas al día. Si llegábamos a las 2.000 cajas podíamos ganar unos $13 hasta $16”.
Es decir, en el mejor de los escenarios podía obtener $384 mensuales, pero en la práctica su ingreso mensual promedio no sobrepasaba los $280. Todo dependía de la decisión de los directivos de la hacienda, pues nadie le explicó nunca los parámetros que se usaban para calcular el monto que le pagaban.
En esta hacienda La Emperatriz, ubicada en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta (Los Ríos), Paulina no solo no percibió el salario básico, sino que tampoco accedió a ningún otro beneficio de ley y cuando fue despedida no recibió liquidación. “No tengo ningún papel que diga que yo he trabajado en esa hacienda. Nunca nos dieron un rol de pagos. El capitán coge los nombres y solo él firma”.
Al no tener contratos la desprotección es el común denominador de muchas de las trabajadoras. “Por eso a uno solo le avisan hasta hoy trabajaste y si se dice algo ellos salen más bravos. Uno siempre tiene que agachar la cabeza”, se lamenta. Hay temor de exponerse, en cierta ocasión una de sus compañeras exigió que le paguen, pero el dueño la echó de la hacienda con un revólver en mano.
La desigualdad de condiciones de trabajo respecto a los hombres es evidente para las trabajadoras de las plantaciones bananeras. Paulina asegura que una mujer puede recibir en promedio unos $15 diarios, pero los hombres ganan entre $25 y $30. El argumento de los directivos de la hacienda es que los hombres tienen mayor fuerza y producen más. Pero las mujeres no solo realizan labores similares sino incluso tienen una mayor carga de trabajo en el mismo período.
Marisela Guzmán, coordinadora de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) dice que el 80% de las mujeres que trabajan en las plantaciones están sometidas a esta forma precaria de trabajo. Las mujeres son una gran minoría en el sector, pues representan entre el 12% y el 15% de un aproximado de 200.000 trabajadores bananeros a nivel nacional, pero esta minoría está prácticamente a la deriva, a criterio de Guzmán porque está expuestas además al acoso y hostigamiento cuando están embarazadas y una vez que dan a luz las madres no pueden hacer uso del horario de lactancia.
Por si todo esto fuera poco Paulina explica que cuando apareció la pandemia de Covid 19 la hacienda La Emperatriz retuvo a los trabajadores casi la mitad del sueldo argumentando que por esta coyuntura no les pagaban completo y los demás ingresos quedaría guardados en la empresa, como una especie de ahorro hasta que todo vuelva a la normalidad. “Esa plata se quedó con ellos, nunca nos devolvieron”.
En otras palabras, durante más de 2 años no les pagaron todo el sueldo y si los trabajadores reclamaban los despedían.
Paulina tiene tres hijas que mantener. Está sobreviviendo con la cosecha de cacao un día a la semana. No concibe más opciones que volver sus ojos al campo porque dice que no hay otras actividades que pueda hacer, por eso su mayor esperanza es conseguir trabajo en alguna otra plantación bananera, en enero de 2023 en que comienzan a contratar gente.
Despedir a madres gestantes también es otra cara del drama que viven las mujeres que trabajan en las bananeras. Las historias de Isabel Oquendo Cárdenas y Yanina Vera Zambrano se conectan no solo por haber trabajado en el mismo lugar, la hacienda Marianela del grupo Banasoft (recinto Guare, vía Baba), sino porque ambas fueron despedidas casi al mismo tiempo cuando estaban embarazadas.
Isabel estuvo 8 años en la compañía Banasoft. Trabajaba desflorando, pero el pasado primero de octubre, mientras cumplía los 6 meses de gestación, la despidieron sin darle ninguna razón. Sus patronos le convencieron de que al ser una trabajadora eventual no tenía derecho al salario básico, a la afiliación, ni a los demás beneficios de ley. No obstante, ella inició en su trabajo cumpliendo jornadas a tiempo completo. No era una trabajadora eventual.
Jorge Acosta, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) explica que si luego la empresa le asignó otras tareas con otros horarios más bien ya se configuraba un despido intempestivo y que aun siendo eventual la empresa no estaba exenta de pagarle todos los beneficios de ley.
Isabel narra que había semanas en las que trabajaba todos los días desde las 07:00 hasta las 17:00 o 18:00. Su nivel de ingresos dependía del número de días trabajados y de la cantidad de cajas alcanzada. Variaba de $220 hasta $400. Esta trabajadora de 32 años no solo tiene dos hijos, también un nieto que está bajo su responsabilidad. Recibió una liquidación de apenas $2.450.
Yanina de 36 años trabajó en la hacienda como desfloradora y medidora, por 15 años, de los cuales 12 estuvo afiliada al IESS, no obstante, nunca percibió el salario básico. Alcanzaba un promedio de $300 mensuales. A inicios de octubre pasado, cuando tenía 3 meses de embarazo, le dijeron que ya no había trabajo para ella y luego de un mes junto a otros despedidos, le entregaron una liquidación de $5.500. “Nosotros firmamos que habíamos recibido el pago, pero ellos nos pusieron descuentos tras descuentos, sin ninguna razón”.
Es una modalidad de varias empresas bananeras dar liquidaciones de las que deducen supuestos créditos entregados a los trabajadores, bajo el nombre de sobregiro. Pero esta estrategia -afirma Jorge Acosta, presidente de ASTAC – solo sirve para reducirles el sueldo a los campesinos, quienes nunca reciben los supuestos préstamos.
Cuando Yanina aún trabajaba en la plantación le descontaban un rubro por vacaciones, pese a que nunca accedió a ese descanso en 12 años de trabajo y menos aún recibió el equivalente en dólares por tales vacaciones. Es decir, esta trabajadora firmaba roles de pago por ingresos que no correspondían a la realidad.
Isabel y Yanina presentaron demandas por despido ineficaz lo que implica un pedido de indemnización por despido intempestivo y un año más de sueldo por haberles separado de sus trabajos mientas estaban embarazadas. Están solicitando una indemnización de alrededor de $20 mil cada una.
En total, 64 personas fueron despedidas de la hacienda Marianela, de las cuales 14 son mujeres.
El estigma de ser parte de un sindicato
El respeto a los derechos de los trabajadores a organizarse y protestar aún es un mito en el campo y las plantaciones bananeras no son la excepción.
En la publicación realizada por varias organizaciones sindicales del país como CEOSL, UNE y FETRAPEL, titulada `Observaciones Sindicales a la Implementación de los Convenios 87 y 98´ se concluye que Ecuador tiene una de las tasas de sindicalización más bajas, la cual se estima entre el 2% y el 3,8% de la fuerza laboral.
Desde su conformación en febrero de 2014, hasta mayo de 2021 en que fue reconocida como organización sindical, han pasado 6 años y medio en que ASTAC ha enfrentado varios embates desde el empresariado bananero y del mismo Estado. Los obstáculos para actuar en representación de los trabajadores no han terminado. Y para informar sobre ellos ASTAC hizo un encuentro en noviembre pasado con sus afiliados.
Junto a uno de los caseríos que se levantan a un lado de la carretera en el sector de la Isla de Bejucal (cantón Baba-Los Ríos), se congregó un grupo de trabajadores bananeros a quienes Jorge Acosta y Marisela Guzmán, presidente y coordinadora de ASTAC respectivamente, expusieron un nuevo capítulo de los últimos escollos jurídicos impuestos a la organización: el Ministerio del Trabajo negó el registro de su nueva directiva.
La negativa provocó la reacción de ASTAC y presentó una apelación a lo resuelto por el Ministerio del Trabajo con el argumento de que el Ministerio de Trabajo no puede solicitar requisitos que no están establecidos en la ley, pues restringe derechos, como el de libertad sindical y libertad de organización de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo aún no ha resuelto ni contestado la apelación de ASTAC.
No solo comercio justo, también pago justo con respeto a los DD.HH.
Con este panorama de explotación laboral, el sector bananero ecuatoriano deberá encarar nuevas reglas de juego en el mercado alemán, al que se exportaron 148.866 toneladas de fruta entre enero y octubre de 2022, por $71,5 millones, siendo el cuarto destino más importante de venta de banano a la Unión Europea, de acuerdo con las estadísticas del BCE.
Desde el primero de enero de 2023 entrará en vigencia una ley en Alemania que obliga a las grandes cadenas de supermercados a que antes de comprar el banano ecuatoriano tomen en cuenta las condiciones de trabajo con las que se lo produce. Tanto estos centros de expendio como el consumidor alemán han ignorado que detrás de la producción y la comercialización del banano hay precarias realidades laborales de esta cadena productiva.
Con el objetivo de prevenir las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro de productos que se comercialicen en Alemania el parlamento de ese país, aprobó en junio de 2021 la ´Ley sobre los deberes de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro´ (Lieferkettengesetzes).
Esta norma se aplicará a todas las empresas que mantengan operaciones en Alemania o que tengan una filial en cualquier parte del territorio alemán. En consecuencia, la ley también alcanza a sectores como banca, servicios financieros o servicios de auditoría.
Solo Francia y Países Bajos antecedieron a Alemania con este tipo de normativa que regirá para empresas de más de 3.000 trabajadores y para sus proveedores directos e indirectos. En este universo de empresas también están los supermercados que compran el banano ecuatoriano. Uno de cada tres bananos que se consume en Alemania viene de Ecuador.
Según constan en esta Ley, la cadena de suministro a la que las empresas alemanas deberán analizar incluye todas las etapas necesarias para la fabricación de productos y la prestación de servicios, desde la extracción de materias primas hasta la entrega al cliente final.
Para efectos de esta norma se consideran riesgos para los derechos humanos cuando las empresas violan 12 tipos de prohibiciones. Algunas de ellas son: la esclavitud, servidumbre y otras formas de opresión en el lugar de trabajo. Implica además la prohibición de ignorar las obligaciones en materia de salud y seguridad, la falta de medidas de protección adecuadas para evitar los efectos de las sustancias químicas, físicas o biológicas, entre otras.
Considera además la prohibición de no respetar la libertad de asociación, la desigualdad de trato en el empleo o privar al trabajador de un salario adecuado que es al menos el salario mínimo.
Las sanciones económicas para las empresas alemanas que incumplan pagarán entre los 100 mil y los 800 mil euros dependiendo del tipo de infracción. En una entrevista concedida en junio de 2021 por el economista profesor Achim Truger al portal alemán Deutschland, dijo que las empresas hicieron un compromiso voluntario de cumplir este tipo de normas desde 2011. Sin embargo el 80 % de esas compañías aún no han aplicado su promesa y por eso se ha tenido que tomar medidas políticas.
En Ecuador no han sido ampliamente difundidos y debatidos los alcances de esta norma pero en foros específicos del sector bananero sí ha despertado la preocupación. En junio de 2021 el Clúster Bananero del Ecuador (representa a productores y exportadores de banano) organizó el evento online “Hacia un Banano Justo – Responsabilidad compartida entre productores y comercializadores”, donde varios de los actores involucrados directa e indirectamente en el tema expusieron sus posiciones.
El punto de mayor preocupación de todos los sectores se resume en los costos que implicará cumplir con la normativa de ´Diligencia Debida´ de la ley alemana.
José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, resaltó que la responsabilidad debe ser compartida para distribuir los costos de manera equitativa entre todos los agentes de la cadena de valor, desde los productores, hasta los consumidores.
Las iniciativas para exponer las condiciones del sector laboral de la industria bananera se han originado en organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. En noviembre de 2022, una delegación de la ONG internacional Oxfam mantuvo reuniones con decenas de trabajadores bananeros y líderes sindicales en varios sitios de las provincias de Los Ríos y Guayas para conocer de primera mano las circunstancias en las que se desenvuelve su actividad laboral.
El objetivo fue recoger y procesar testimonios, información y documentos para presentarlos a los grandes supermercados y autoridades alemanas como pruebas de la precariedad de las labores agrícolas en las plantaciones desde la perspectiva de los derechos humanos de los trabajadores.
Se le “perdió” el control al Ministerio del Trabajo
El centro de derechos humanos ABA, Asociación Americana de Abogados tras su visita al Ecuador en julio de 2022 identificó al menos una decena de violaciones a los derechos laborales de quienes trabajan en el sector bananero. Entre los principales hallazgos destaca el pago irregular de salarios, muchas veces por debajo del mínimo que para el 2022 fue de $425 mensuales. Se puntualiza que, si bien a los trabajadores bananeros se les paga según una escala basada en el tipo de actividad, tienen derecho por ley al salario básico.
Según ABA, la mayoría de los trabajadores señalaron que no han recibido los decimotercer y decimocuarto sueldos. Todos los trabajadores, con excepción de quienes trabajaban para Reybanpac, se quejaron no solo de no acceder a vacaciones sino también a la falta de licencias por enfermedad. “Al menos dos indicaron que se les exigió enviar a un familiar para que les sustituyera los días que estuvieron enfermos”.
En cuanto al derecho a organización sindical, tres trabajadores denunciaron que fueron despedidos en Reybanpac tras unirse a ASTAC y para darles una baja indemnización les pidieron firmar una renuncia.
Una de los mecanismos utilizados por las empresas como represalia a la afiliación sindical es el uso de las denominadas listas negras y ABA lo corroboró. Trabajadores, representantes de sindicatos y abogados “hablaron de bases de datos informales compartidas entre empleadores que enumeran a los trabajadores que pueden haber causado «problemas» en el pasado, por ejemplo, estar involucrados en actividades sindicales o participar en quejas contra sus empleadores”.
Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores es el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE) donde se consulta el estado de los procesos judiciales, éste proporciona información sobre los trabajadores que han demandado a sus empleadores y estos datos son usados para negarles acceso al trabajo.
El informe también señala también retrasos significativos en el registro de sindicatos. El Código del Trabajo fija 30 días para revisar la solicitud de registro, pero las organizaciones citaron varios ejemplos en los que el registro demoró meses e incluso años después de la presentación de la solicitud. También señalaron que el Gobierno tiende a solicitar documentación excesiva y que está fuera de los requisitos del Código del Trabajo.
El acceso a representación legal es otro obstáculo importante para los sindicatos que están sobre todo fuera de Quito y un desafío mayor para los trabajadores individuales. El Centro habló con 11 abogados laboralistas que señalaron que faltaban abogados especializados en esta rama, especialmente fuera de Quito. Los casos laborales tardan años en resolverse y los abogados no pueden asumir los costos por honorarios, especialmente en áreas remotas. “Algunos abogados expresaron su preocupación por su seguridad y señalaron que conocen de colegas asesinados por representar casos de derechos laborales particularmente polémicos”.
Periodismo de Investigación solicitó una entrevista al ministro del Trabajo, Patricio Donoso para conocer su posición sobre las condiciones laborales en la industria bananera, los desafíos de la ley de Debida Diligencia y el contenido del informe del Centro de DD.HH. de ABA, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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