La Constructora Hidalgo e Hidalgo ha monopolizado las obras y contratos en la vía Alóag-Santo Domingo por al menos un tercio de su existencia, llevándose contratos por USD 387 millones desde 2002 a la fecha, únicamente en esa carretera. Esto en medio de escándalos de corrupción, sobreprecios, retrasos y un proyecto a medias que está paralizado debido a su disputa legal con otra mimada del correísmo: la empresa china Sinohydro.
Apadrinados por la prefectura de Pichincha, Hidalgo e Hidalgo se consolidó como la única contratista en 20 años de la conexión más importante entre las regiones Costa y Sierra. Por esta vía circulan cerca de 13.000 vehículos cada día y un 50% de estos son de carga pesada.
Para tener una idea de la importancia de esta conexión basta recordar los últimos días de la reciente protesta indígena, pues una vez comenzaron los bloqueos de la vía, también comenzaron los problemas de desabastecimiento en Pichincha y en parte de la Costa. El 29 de junio de 2022, por ejemplo, quedó registrado cómo centenares de camiones quedaron varados en el tramo de la parroquia San José Alluriquín, sin poder entregar sus cargas en Quito y otras ciudades.
La vía Alóag- Santo Domingo es por demás clave para el eje logístico nacional; y, en contraste, también es una de las más peligrosas del país, porque ocupa el sexto lugar de siniestralidad. Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), solo en 2021 se registró 175 accidentes en esta vía. Allí los derrumbes son frecuentes y a lo largo de sus 101 kilómetros de extensión es común tropezar con baches, material suelto, maquinaria abandonada y obras inconclusas.
Desde mayo de 2017, dos prefecturas comparten la responsabilidad de esta vía. Pichincha, el tramo de 72,5 kilómetros Alóag-Unión del Toachi; y, Santo Domingo, los restantes 28,5 kilómetros, desde del tramo Unión del Toachi hasta el Redondel de los Sueños de Bolívar.
La zona con más baches y obra inconclusa está bajo responsabilidad de la prefectura de Pichincha que, irónicamente, todavía mantiene deudas y responsabilidad contractual con HeH. El descuido se debe, según la prefecta Paola Pabón a que no cuentan con los recursos para pagarle a la constructora. Risible.
Es por esto que en diciembre de 2021, a las puertas de un año electoral y luego de casi tres años a la cabeza de la prefectura, Pabón ofreció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una alternativa para financiar parte de las deudas pendientes con HeH: devolverles la delegación de la carretera para que sea la Cartera de Estado la que administre la vía y solucione sus problemas. Eso sí, condicionando el pago de una restitución en favor de la prefectura por USD 66,7 millones.
“Conociendo las dificultades financieras, estaríamos abiertos a que el Gobierno Nacional pueda entregarnos una parte en bonos o podamos asumir un plan de pagos. Lo que nos interesa es que el proyecto sea financiable y sostenible”, explicó la prefecta Pabón, en enero de 2022, ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional.
En esa ocasión, Pabón expuso cinco propuestas de “viabilidad económica para el contrato de 2015”, con la Constructora HeH. Las otras cuatro, además de devolverle la vía al MTOP, apuntaban a recaudar de USD 1,50 a USD 2 por cada vehículo que pase por los dos peajes ubicados en Alóag y en el Km. 56. Tras la comparecencia en la Asamblea, el MTOP aceptó el cobro de USD 0,50 en el peaje del Km. 56, en donde hasta esa fecha solo existían casetas vacías y sin uso.
Las cuentas de HeH, un balón que la prefectura patea desde 2007
Aumentar la recaudación por el cobro de peajes servirá en un inicio para saldar apenas una parte de las deudas de la prefectura con HeH. Tras la respuesta del MTOP, la Prefectura señaló que lo que se cobre en el peaje del Km. 56 (USD 0,50) permitiría retomar el contrato firmado en 2015, pues lo que ya se cobra del peaje en Alóag (USD 1 ) se utiliza para pagar otro contrato anterior, firmado en el 2007.
En total son cuatro los contratos adjudicados a HeH en la vía Alóag Santo Domingo. Tres de estos firmados por la prefectura de Pichincha; y, un cuarto firmado por la de Santo Domingo en 2019, que hasta la fecha no puede ejecutarse a causa de un conflicto de intereses que desató una pelea entre dos grandes empresas de la Construcción (los detalles más adelante).
El primero de los contratos del gobierno pichinchano se firmó en 2002, durante la administración del ex prefecto Ramiro González – actualmente prófugo de la justicia- por un monto de USD 17,8 millones, para la reconstrucción y mantenimiento de la vía.
Los siguientes dos contratos se firmaron en 2007 y 2015, por la administración de Gustavo Baroja, que en esos mismos años dio el camisetazo de la Izquierda Democrática a la Revolución Ciudadana junto a su compañera de militancia Paola Pabón. Ambos contratos, por USD 92 millones y USD 252,9 millones, respectivamente, se hicieron para ampliar la vía a cuatro carriles.
Únicamente el contrato de 2002 está terminado. Del contrato firmado en mayo de 2007 queda un pendiente de USD 4,7 millones. Suman otras deudas por USD 7,7 millones por las ampliaciones de la vía en abril de 2019; y USD 5,4 millones, por trabajos de mantenimiento. En total, en este momento la deuda de la prefectura de Pichincha con HeH es de USD 17´768.251,92, pero podrá aumentar pues la Constructora sigue a cargo de los mantenimientos básicos de la vía y de brindar apoyo en situaciones de emergencia. Pabón alega que son compromisos adquiridos por por administraciones anteriores a la suya; y, ofreció saldar la deuda hasta finalizar 2022.
El cobro de peajes
Solo en 2020, la prefectura recaudó USD 12,7 millones por el cobro de peajes; y, en 2021, recaudó otros USD 13,5 millones. Esta cifra corresponde al cobro de peajes en las carreteras Alóag-Santo Domingo, Rumiñahui e Intervalles.
De esos USD 26 millones, se destinó cerca del 4% para mantenimiento vial en dos años (USD 989.283). A la CAF se pagó otros USD 12 millones por una deuda ligada al programa vial para el Valle de los Chillos; USD 11,4 millones, para deudas con la Constructora HeH; y, USD 1,91 millones, al pago de una empresa fiduciaria encargada del fideicomiso usado para los dineros del peaje Alóag-Santo Domingo.
HeH y Sinohydro se pelean el tramo de Santo Domingo
Existió un cuarto contrato por USD 26’387.453 millones, que el ex prefecto de Santo Domingo Geovanny Benítez (Alianza País) le adjudicó al Consorcio Multinacional Tsáchila, conformado por la firma ecuatoriana Eufratesinvest, que ya ha tenido otros contratos de vialidad en Santo Domingo; y, la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de la polémica y sobre preciada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la que se hallaron graves fallas estructurales (unas 7.600 fisuras y daños irreversibles en los sistemas de generación) y cuyo funcionamiento causó problemas geológicos en la cuenca del río Coca como es la erosión regresiva.
El asunto es que el ex prefecto Benítez entregó la obra “a dedo”, usando la figura de la Contratación Directa, a menos de dos semanas de dejar su cargo, el 26 de noviembre de 2018, pero el acuerdo se fue abajo una vez dejó la Prefectura y asumió en el cargo Andrea Maldonado, que apenas llegó tumbó el contrato de forma unilateral y anticipada, para después entregar la obra a la constructora Hidalgo e Hidalgo, en las mismas condiciones: vía contratación directa.
Maldonado entregó el contrato por 24’190.152,35 el 23 de abril de 2019. La Constructora HeH no perdió el tiempo y ese mismo día comenzó con los trabajos en el tramo de la vía delegada a Santo Domingo.
Aquí inició una batalla legal entre dos gigantes de la construcción antes aliadas y con una historia en común: ambas han sido investigadas y señaladas por separado en diferentes entramados de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa; y, también fueron investigadas en conjunto por pagar sobornos para llevarse el millonario contrato de la Hidrovía en la Amazonía peruana.
El Consorcio Tsáchila (Sinohydro) no estuvo de acuerdo con dejarle el contrato a la Constructora HeH y presentaron una acción de protección contra el gobierno provincial. Resultado de esto, el 26 de septiembre de 2019, el juez del caso dejó sin efecto todo el proceso de terminación unilateral del contrato. El fallo fue ratificado el 17 de diciembre siguiente por la Sala de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Para entonces Santo Domingo ya tenía una nueva prefecta: Johana Nuñez. Hidalgo e Hidalgo no tuvo más opción que suspender los trabajos; y, el 28 de junio, la flamante prefecta dispuso la terminación del contrato con HeH. En respuesta, HeH interpuso una acción de protección y solicitó una indemnización de USD 4,8 millones por los gastos que efectuó en los primeros trabajos de ampliación. El 13 de septiembre de 2019, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas dejó sin efecto las decisiones de la autoridad provincial.
Desde entonces y hasta que la justicia ecuatoriana resuelva la disputa, ningún avance de obra será posible en un tramo de 15 km., desde KFC hasta la Unión del Toachi. “Ambas empresas han amenazado con destituirme desde el momento en que asumí la prefectura de Santo Domingo”, cuenta Nuñez. “Yo no puedo decidir a qué empresa le entrego el contrato, eso lo determinarán los jueces”, agrega y asegura que mientras esto sucede, es el gobierno provincial el que asume los gastos de mantenimiento en los 28,5 kilómetros de la vía bajo su delegación.
Nuevos contratos en Guayaquil y Cuenca
La reputación de Hidalgo e Hidalgo no le impide llevarse nuevos contratos públicos. Pese a su vinculación con escándalos de corrupción, entre 2015 y 2019 se llevó con cuatro contratos estatales: dos de estos con la Empresa de Agua Potable de Guayaquil, uno con la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y el antes señalado contrato con la prefectura de Santo Domingo. Estos contratos suman USD en total 47’487.224,07, según detalla la base de datos abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública.
H&H ha sido investigada y sentenciada por la justicia ecuatoriana porsu participación en la red de corrupción del Caso Sobornos 2012-2016. La investigación periodística fue publicada por este medio digital y reveló cómo la mencionada empresa obtuvo contratos estatales a cambio de aportes para las campañas presidenciales de Alianza PAIS entre 2012 y 2017, para binomios Rafael Correa-Jorge Glas y Lenín Moreno-Jorge Glas.
Usando ese mecanismo, entre 2008 y 2016 obtuvo al menos 16 contratos, por USD 814 millones. Uno de ellos es la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo por USD 252 millones, otorgado por la prefectura de Pichincha, a cargo de Gustavo Baroja.
Como resultado de esta relación, el costo inicial de la vía se incrementó y superó los USD 100 millones. Es decir, que a los USD 54 millones del presupuesto inicial se sumaron otros USD 15,9 millones, por mantenimiento rutinario; USD 21,6 millones por mantenimientos periódicos; y, USD 13,6 millones, por contratos complementarios.
