El premio mayor se llama Muyuyacu, una rica concesión de oro y cobre que se extiende bajo los suelos de 1176 hectáreas en el cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay. Las ganadoras del millonario premio son dos empresas Off Shore constituidas en Panamá.
¿Cómo es que se regaló esta concesión?
Todo inició con una acción de protección, luego una sentencia ratificada y una serie de decisiones irregulares en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y en la Empresa Nacional Minera, Enami. La concesión Muyuyacu unificada, produce dos millones de dólares mensuales en oro y cobre y su adjudicación, a los “fantasmas panameños”, generó el desplazamiento de otros operadores mineros que, impotentes, se rascan la cabeza sin saber qué hacer .
Hasta 2012 la Concesión Muyuyacu fue operada por cinco empresas, una de ellas era Guadalupe Mining Corporation; cada compañía participante tenía claramente delineadas las áreas en las que trabajaba.
Para entonces el gobierno de Rafael Correa pensaba que esa concesión estaba en poder de la familia Isaías Dassum y ordenó la incautación a través del Fideicomiso AGD–No más Impunidad. En 2013 los abogados de la empresa iniciaron sendos juicios para recuperar su explotación.
No lo lograron hasta 2019, en ese año el abogado Ricardo Noboa Bejarano inició un recurso de protección y Nelly Parrales Córdova, Jueza de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2 Guayaquil, aceptó el recurso de protección y se ordenó restituir nuevamente los derechos vulnerados de Guadalupe Mining Corporation.
Pero luego de seis años, ni Guadalupe Mining Corporation, ni la concesión minera Muyuyacu son las mismas. La empresa panameña es representada en Ecuador por Oromining, que tiene por accionistas a Corporación Gaby Panamá y Corporación Minera Guadalupe, también de Panamá; la recurrente historia del grupo empresarial que se esconde en empresas de papel fuera del Ecuador.
Orominig está representada por el peruano Carlos Huerta y el colombiano Carlos Flores. Huerta fue también apoderado de otra empresa panameña: Minera Quebrada Fría.
Este portal intentó comunicarse con Huerta, incluso dejó un mensaje en su cuenta de Whatsapp, pero no hubo respuesta. Flores a su vez aparece como gerente de Oromining y como referencia laboral en su Registro Único de Contribuyentes incluyó el correo electrónico [email protected], una cuenta que cualquier hijo de vecino puede crear.
La mina Muyuyacu a su vez dejó de existir como tal; en un inicio tenía 800 hectáreas y con los años se anexaron otras concesiones hasta sumar 1176 hectáreas; el Ministerio de Recursos Naturales la convirtió en un área unificada, es decir un solo cuerpo inseparable y llegaron otros mineros a explotar la zona.
El representante de Orominig Carlos Huerta, junto a su abogado Ricardo Noboa Bejarano, le solicitó a la misma jueza que sentenció el caso, la abogada Nelly Parrales Córdova, la modulación de la sentencia y que extienda la restitución de derechos mineros a la empresa Gaby Panamá Corporation, que nunca fue parte de la acción de protección.
El 18 de febrero de 2020 la jueza aceptó y puso a conocimiento de la Enami que la compañía Gaby Panamá Corporation era parte de la restitución de derechos y por tanto beneficiaria de las ganancias futuras de la explotación de la mina.
La modulación además estableció como reparación la restitución del 55% de los derechos de propiedad sobre la concesión Muyuyacu. Fue entonces cuando los problemas acrecentaron porque no se puede devolver lo que ya no existe.
La concesión tal como se encontraba al año 2012 desapareció y todas esas áreas que fueron explotadas por cinco empresas operadoras, ahora son un solo cuerpo cierto; por eso la devolución tal como propuso la jueza es inviable porque la ley establece que debe existir una división material, es decir que la Enami debía volver a graficar todas las áreas tal y como se encontraban operando en ese momento, al año 2012, y devolver los títulos que les correspondía, por tanto lo actuado fue técnica, económica y legalmente imposible.
Pese a la realidad el Ministerio se vio abocado a tomar decisiones y una de ellas fue dividir las participaciones de la mina con una regla de tres: dos tercios para las empresas panameñas y el tercio restante para el Estado.
Es decir, una sentencia -inejecutable- que ordenó entregar el 55% de derechos, ahora ya había adjudicado mas del 60% a las dos off shore.
Esto se estableció en el memorando del 18 de mayo del 2021, María Elena Hurtado Muñoz viceministra encargada, emitió directrices para la reparación integral de Oromining y estableció el cálculo bajo la fórmula señalada.
Luego la coordinadora zonal centro sur, encargada, del Ministerio de Recursos Naturales, Gabriela Elizabeth Jaramillo Cueva, basada en la resolución MERNNR-CZCS-2021-0135-RM del 10 de junio de 2021, varió los porcentajes de la sentencia y aumentó al 67% los derechos mineros de Muyuyacu a las empresas panameñas.
A su vez redujo al 33% la participación de Enami ¿La razón? Ninguna, se trató de una decisión arbitraria, porque en la sentencia y su posterior modulación nunca se extendió los derechos mineros en favor de las panameñas mas allá del 55%. Es decir la resolución fue completamente distinta a la sentencia.,En ese documento Gabriela Jaramillo Cueva firmó como ingeniera pero según información de la Secretaría de Educación Superior, su profesión es abogada.
El caso no terminó allí porque el 4 de agosto de 2021 la Empresa Nacional Minera, representada por Rodrigo Aguayo Zambrano, sin el conocimiento del Directorio y sin informes sobre la pertinencia de delegar la administración de un activo estatal a terceros, firmó un contrato de mandato con Orominig para que esta asuma la administración del 33% de derechos mineros de Enami.
Entonces lograron el premio gordo: el 100% de la concesión minera terminó en manos de un grupo de empresas de las que nadie puede dar razón de sus accionistas o beneficiarios finales.
