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Las grandes ganancias que genera la explotación ilegal de oro en la parroquia de la Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, ha enrumbado acuerdos de protección mutua entre grupos sociales que dicen proteger la naturaleza y quienes hacen minería ilícita; es un árbol de relaciones de grupos comunitarios que han aprendido a vivir del dinero de la minería y a su vez esta industria ha construido un sistema ordenado de explotación, con dinero que se reparte entre muchos y con una narrativa política que se apalanca en la supuesta defensa ambiental.
Periodismo de Investigación accedió a un cuaderno de cuentas de mineros ilegales de Buenos Aires que evidencia que las ganancias son exponenciales, por ejemplo: uno solo de los grupos mineros puede producir sobre los $600.000 diarios. El cuaderno de referencia permite entender que las operaciones de explotación se distribuye por todo el país (Loja, El Oro, Imbabura) con cronogramas de trabajos, presupuestos de sus procesos, logística de combustibles y material entre otros costos.
La ruta de El Oro
Las anotaciones del cuaderno denotan haber sido realizadas por un técnico peruano, porque en sus cálculos financieros hace referencia al pago del Impuesto General de Valores IGV, que se cobra en ese país, además porque en el registro de números móviles los anota sin el cero adelante. Quien hizo esta bitácora (al no conocer la realidad en el Ecuador) se vio obligado llevar apuntes de las relaciones de los mineros de Portovelo y Zaruma, provincia de El Oro, con quienes trabajan en Imbabura. Por ejemplo se nombra a Manuel Pacheco, dirigente de Portovelo, que lideró la actividad de traslado de material en Buenos Aires.
Otros nombres como Clever Apolo, que es minero de Portovelo o Eduardo Marten, nacido en Pastaza con supuestos antecedentes en tráfico de tierras.
Existen otros nombres como Carlos Revilla, que trabaja en las minas de Ponce Enríquez y Santa Isabel. O José Aguirre, también de Ponce Enríquez con nexos en la Merced de Buenos Aires.
No es negocio de novatos
Los apuntes de ese cuaderno evidencia las ganancias que genera la extracción de oro en Buenos Aires en base a una fórmula conocida por lo mineros que dice: ley de corte o cut off (condición mínima que se debe superar para ganar dinero), por densidad, por la ley*, por % de recuperación, por el peso de la muestra que se multiplica por la eficiencia del proceso. El parámetro ley* se determina en el terreno y representa la cantidad de gramos de oro existente por tonelada.
Si sometemos el rendimiento de la llamada ley a una menor cantidad de oro por tonelada, las ganancias también son excesivas. Por ejemplo: si la ley representara 50 gramos de oro por tonelada de material, y si una volqueta transporta 24 toneladas de de rocas mineralizadas, quiere decir que en cada transporte hay 1200 gramos de oro, que en el mercado internacional representa $77,741.84.
Pero la realidad es que cada tonelada contiene no menos de 97 gramos, eso quiere decir que cada camión que transporta material lleva 2328 gramos, que representan 84 onzas, que valen $154.344,74.
Considere que los pequeños mineros no explotan menos de 3 gramos por ley, así que ya puede entender las enormes ganancias que reciben los ilegales”, explica un ingeniero en minas que conoce Buenos Aires.
En Buenos Aires el transporte de material en bruto es del pasado porque los mineros instalaron molinos y piscinas de cianuración. El cuaderno detalla que poseen plantas que clasifican el material de manera gravimétrica, es decir que separa los materiales por peso. En una tolva separan material grueso y el fino (al menos ¼ de pulgada), luego lo trituran en un rodillo de tres metros, donde pulverizan y pasan a otra cámara.
Ese material se lleva a una piscina de cianuro. Según el cuaderno es común instalar piscinas para procesar hasta 100 toneladas por día, quiere decir que diariamente una sola de ellas podría obtener 9700 gramos de oro, es decir 342,159 onzas que se valoran en el mercado en $628.529,55.
Las ganancias son mayores porque existen otros procesos que permiten recuperar el oro (llamado oro equivalente) a partir de otros elementos con los que está mezclado en el mundo mineral. Para ser rentable, se establece en el cuaderno, que debe ser una ley mínima de 2,5% de cobre.
Para que los equipos de molienda funcionen el cálculo de los mineros es que se requiere energía equivalente a 34 caballos de fuerza por día. En el campo la energía es monofásica, por tanto no es suficiente. Por eso compran y mantienen plantas de generación eléctrica de 75Kw., que funcionan a diésel y requieren en promedio 36 galones diarios.
Cuánto vale extraer el oro
Datos del cuaderno dicen que el traslado de un molino a la zona de explotación se valora en $1100 y se lo hace en dos días. Los materiales como cuerdas, poleas, garruchas, tecles de cadena y otras herramientas pueden costar $1132 y la operación de cuatro personas en dos turnos por 15 días, a un valor de $70 diarios, suma $4200.
En los 15 días se deben obtener 400 bultos (no detalla el peso) y se requieren de cuatro personas para el traslado del material. El monto que gana un arriero o guía, que por lo regular es un campesino de la zona, que sabe y conoce las rutas, es de $40.
Las minas en producción son llamadas Santa Lucía, El Cristal, El Jordán, El Triunfo, Buenos Aires.
Pendientes
Los pagos
El registro de notas señala supuestos pagos a la presidenta del Gad parroquial de la Merced de Buenos Aires, Alexandra Benavides, al gobernador de la provincia de Imbabura y ex asambleísta Marcelo Simbaña y al asambleísta de Pachakutik, Mario Ruiz.
Bajo el titulo “Ya pagado” se señala: “abogado Ruiz Mario 85.000” “señora Alexandra Benavidez 8.000”. “Ramiro Cadena / Marcelo Simbaña 35000”. El asambleísta Mario Ruiz aseguró que es totalmente falso, que la información que lo relaciona no tiene lógica y que difícilmente se podrá probar porque él no tiene nexos con mineros ilegales. Al preguntarle si recibió algún tipo de colaboración económica por otra vía que no sean los mineros irregulares, por ejemplo, la organización Buproe, constantemente nombrada en el citado cuaderno, respondió que no tiene relación alguna con ellos.
“Pueden revisar todas mis cuentas, que están abiertas, todos saben que nuestra campaña electoral fue de escasos recursos y lo poco que hubo está legalmente justificado, por tanto lo expuesto allí no tienen credibilidad”.
Pi también accedió a recibos en los que supuestamente mineros ilegales habrían financiado un encuentro anti minero en Cotacachi el 19 de septiembre de este año que efectivamente sucedió.
Se hace además referencia a un supuesto pago a “campaña PK (don Yaku 3500)”. El asambleísta Bruno Segovia, que estuvo al frente de la campaña de Yaku Pérez, dijo también que esa referencia no tiene sentido y credibilidad. “Fui yo quien estuvo frente a la campaña electoral, que fue austera y que nos cuidamos de todo para no recibir recursos extraños, esa mención no es real porque nunca hubo montos de ese nivel y naturaleza en nuestra campaña, mucho peor de organizaciones con las que no tenemos relación alguna como pueden ser las de Imbabura.
La misma consulta se planteó a la oficina de comunicación del gobernador de Imbabura, sin respuesta en un principio, el gobernador se pronunció horas después de la publicación de este informe. Marcelo Simbaña dijo que el informe es un completo sin sentido. “Le quiero decir categóricamente que en la parte en la que soy mencionado no tengo nada que ver, en mi vida pública ni siquiera acepto invitaciones a comer, justamente para evitar conflicto de intereses, mucho menos pensar en una relación del tipo que menciona. Atrás de esos apuntes no hay nada que pueda sustentar mi participación, no hay recibos o facturas y es realmente ilógico que mi nombre se encuentre en un documento o escrito como el que menciona este reportaje”.
Dijo que afecta su honra y que este informe primeramente debe ser contrastado.
El cuaderno hace apuntes de pagos y adelantos por montos mucho menores a “capitán” por $2000, pagado el 1 de julio, o por el uso de un terreno, que no identifica su dueño y lugar por $ 4000
Se nombra además a miembros de la comunidad de Buenos Aires que han colaborado abiertamente con la minería ilegal como Ruperto Bolaños, Vicente Cayambe o Manuel Pacheco.
También se registra supuestos pagos a Buproe, la organización social constituida para defender Buenos Aires de la minería.
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